La legalidad en la que opera el avanzado software utilizado por el Ministerio del Interior para pinchar teléfonos y acceder a datos personales está en duda. No sólo porque esa cobertura legal está recurrida ante la Comisión Europea por la Asociación de Internautas o porque la Agencia de Protección de Datos la está investigando, sino también porque el órgano encargado de velar por los intereses de los ciudadanos ha puesto el acento en la debilidad de las personas ante el potente sistema informático. Apetición de los usuarios de Internet, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha abierto una investigación con objeto de esclarecer si es adecuada o no la cobertura legal existente que regula la interceptación de las comunicaciones electrónicas (telefonía móvil fundamentalmente) y si el ciudadano está desamparado ante esta potente arma.
Múgica ha solicitado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero información además de aquella relativa al paraguas legal que lo sustenta sobre la metodología utilizada para pinchar llamadas.
Según el denunciante, el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel) almacena datos y conversaciones sine die en servidores centrales, lo cual vulnera el artículo 35b de la Ley 32/3003 General de Telecomunicaciones; los jueces no han sido informados sobre la existencia de este software y sus potencialidades, lo que lleva a pensar cómo es posible para un magistrado controlar un proceso del que desconoce completamente su funcionamiento; y la inexistencia de responsables conocidos, ya que los informes policiales se presentan ante el juez sin firmar.
Los Internautas han querido denunciar también que la ley permite a los agentes acceder a datos personales sin orden judicial, ya que las operadoras están obligadas a proporcionar esa información, entre la que destaca la identidad de los interlocutores, su dirección postal, el número de identificación del terminal móvil o la posición geográfica exacta en la que se encuentran los dos comunicantes.(Fuente: La Gaceta)
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