El escándalo del Palau de la Música de Barcelona ha llegado ya al terreno político. Era cuestión de tiempo. Tras el cese del secretario de la entidad, Raimon Bergós, y de las declaraciones de éste sobre el intento de falsificar un convenio para eludir a los inspectores de Hacienda, el tema se ha agravado. Y todo porque la entidad a la que habían recurrido para falsificar el convenio por 150.000 euros con el fin de justificar este agujero era la Fundació Espai Catalunya, que impulsaba Àngel Colom, en aquel entonces recién afiliado a Convergència.
Así consta en una carta que Begós dirigió al director administrativo del Palau, Jordi Montull, en el año 2005. Montull y el ex presidente, Fèlix Millet, son los principales implicados en el affaire. En Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han saltado todas las alarmas. Tanto, que el partido y el propio Àngel Colom han desestimado hacer declaraciones públicas, aunque Bergós afirma en un comunicado que remitió al diario El País que se realizaron pagos entre 1998 y 2001 a la Fundación citada, aunque su presentación oficial no tuvo lugar hasta principios del año 2000. Según manifestó Colom al citado diario, la Fundación sólo tuvo como relación con el Palau la presentación pública que se hizo en esta institución, aunque no pasó de ser un proyecto ya que, formalmente, no llegó a constituirse.
Pero no es sólo este episodio el que ha puesto los pelos de punta a los nacionalistas catalanes. El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Joan Colom, reconoció ayer que ya se habían detectado irregularidades en el año 2002, cuando fue fiscalizado el ejercicio del año 2000. Estas irregularidades fueron ya desveladas por El Confidencial el pasado mes de julio. Según dicho informe, se habían localizado partidas “sospechosas” por valor de 193.000 euros y pedía que el patronato analizase el motivo de este agujero. También subrayaba que “las cuentas anuales no se acompañan de una memoria explicativa sobre los principios contables aplicados ni los criterios de valoración empleados para que sea posible la interpretación del balance y de la cuenta de resultados”. Por último, afirmaba el texto que el comité ejecutivo tomaba decisiones “sobre la gestión y el funcionamiento del consorcio del Palau de la Música que estatutariamente no le corresponde tomar”. Y ello se debía a la multiplicidad de cargos que tenía Millet en todas las instituciones que dependían del Palau, lo que llevaba a los fiscalizadores a concluir que “la situación de separación de funciones prevista en los estatutos no se cumple”. Una vez se le hicieron saber las salvedades a Fèlix Millet, éste no presentó documentación alguna sobre las recomendaciones que hacían los síndicos y se limitó a enviar a la Sindicatura una escueta nota en la que decía que “tomo nota de las observaciones realizadas y las solventaremos con la mayor brevedad posible. Sin embargo, ya le puedo adelantar que algunas de ellas, en estos momentos, ya están realizadas”.
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