La Fiscalía Especial contra la Corrupción y criminalidad Organizada ha imputado a dos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia por un presunto delito de tráfico de influencias en relación con el caso de la balsa Yenny. Se trata de un viejo asunto que estaba parado en la fiscalía en Madrid desde el año 2006 y que ha sido retomado por las autoridades judiciales, abriendo otro nuevo frente contra la corrupción en la Región de Murcia.
La balsa Yenny estaba situada en Cartagena, concretamente en la población de El Llano del Beal y se formó con los materiales depositados por el lavadero Segunda Paz. Los estériles, procedentes de la actividad minera que desarrollaban sucesivamente el grupo de empresas Minera Celdrán, Peñarroya y Portmán Golf, comenzaron a depositarse en 1950, hasta cesar en 1970.
La balsa almacenó así, a lo largo de esos dos decenios, una enorme cantidad de materiales desechados de las minas. En concreto, en una superficie de 95.000 metros cuadrados, se amontonaban 1,085 millones de metros cúbicos de estériles. Toda esa zona fue cedida gratuitamente por la empresa Portmán Golf a la Comunidad Autónoma de Murcia, concretamente a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, en diciembre del 2001.
La cesión era, literalmente, un regalo envenenado, por cuanto en ese más de un millón de metros cúbicos, con forma de montaña de 60 metros de altura, se acumulaban metales altamente contaminantes que amenazaban gravemente a la localidad de El Llano del Beal.
De hecho, algunos informes alertaban de que el descomunal montón de estériles podía descomponerse en caso de lluvias fuertes y arrasar parcialmente esa población, con el riesgo de pérdida de vidas humanas.
Esa situación llevó a la Comunidad a actuar con urgencia y asumió el coste de la erradicación de la balsa y del traslado de estériles a una corta minera denominada Los Blancos III. Los trabajos tuvieron un coste de 5,5 millones de euros y fue asumido por mitad por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente. Los ex dueños de la balsa no sólo nada pagaron, sino que cobraron por dejar que los materiales se depositaran en sus terrenos.
Esa circunstancia llevó a la Fiscalía, en el verano del 2007, a abrir una investigación, por estimar que el Gobierno murciano no había cumplido con la máxima «quien contamina, paga», elemental en la legislación sobre medio ambiente
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