lunes, 28 de febrero de 2011

28/02/11: Andalucía: hasta la salud bajo sospecha

La Fiscalía Provincial de Granada ha decidido investigar a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), sociedad anónima dependiente de la Consejería de Salud del Gobierno andaluz, por un posible delito de corrupción
La razón: existen indicios de que dicho organismo contrató y pagó a dos funcionarios argentinos con el único objetivo de obtener la adjudicación de un proyecto en este país.
Los hechos se remontan al año 2006. Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía, la EASP contrató a Enrique Rozenbrat y Carlos Laje, como profesor asociado y consultor, respectivamente, de una nueva sede que abriría en Montevideo (Uruguay), y con el «fin primordial» de que la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiación (ACIF) los seleccionara para la ejecución de un proyecto en Argentina. Curiosamente, los dos funcionarios contratados ocupaban puestos de relevancia en el organismo argentino que debía tomar la decisión.

El escrito del Ministerio Público señala que la decisión de contratar a estos ciudadanos argentinos para asegurarse la adjudicación del proyecto «Estudios de Evaluación de la Canasta Básica de Prestaciones» fue tomada por el entonces consejero delegado de EASP, Gabriel Pérez Cobo, y el gerente, Juan Manuel García Fernández. Así, los contratos fueron firmados en Granada en marzo de 2006, por un año prorrogable y una cuantía de 6.000 euros. Cantidad por la que, según alegan en su defensa los denunciados, no era necesaria la convocatoria de concurso público ni procedimiento de selección.
Y los frutos no tardaron en llegar. Siete meses después de la firma, en octubre, la EASP obtenía la adjudicación del proyecto. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Cuando llegó el vencimiento de los contratos (marzo de 2007), la empresa dependiente de la Junta de Andalucía intentó renovar a los dos funcionarios argentinos.
Hecho, este último, al que se opuso el director de la sede en Montevideo, José Castro Sánchez, ya que, a su juicio, y según consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía, no cumplían con el trabajo para el que fueron contratados. Así, Rozenbrat y Laje cesaron en sus cargos el 28 de mayo de 2007. Y, apenas un mes después, se le rescindía el contrato a Castro.
Por todo ello, la Fiscalía ve indicios de un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445 del Código Penal), y cree que el pago a cada uno de los funcionarios argentinos de 6.000 euros se hizo «bajo la apariencia de unos contratos» que en realidad «encubrirían la retribución por la adjudicación» de un proyecto a una empresa vinculada a la Junta.
Asimismo, establece que «parece claro» que los dos funcionarios argentinos «tenían cargos relevantes» en el organismo público argentino encargado de asignar el proyecto y, salvo que la investigación judicial constate otra cosa, tenían «funciones decisorias». Un elemento clave para determinar si el objetivo de la EASP era «corromper» a los dos funcionarios argentinos. (Fuente: La Razón)

domingo, 27 de febrero de 2011

26/02/2011: Comisarios políticos por técnicos en Palma

El tradicional partido «bisagra» de Baleares, Unión Mallorquina (UM), se vio ayer afectado por una nueva operación policial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión, y por primera vez en su historia, fue la propia sede del partido —situada en Palma de Mallorca— la que fue objeto de un registro, que se prolongó por espacio de unas siete horas. Asimismo, fueron registradas por la mañana las oficinas del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof) y las de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, áreas que entre 2007 y 2010 estuvieron gestionadas por UM.

Hasta el momento, han sido detenidas tres personas en el marco de esta nueva operación policial, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma de Mallorca. Los detenidos hasta ahora son la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, que quedó en libertad con cargos ya el pasado jueves; la ex directora general de la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés; y un ex asesor de dicha área, Salvador Maimó. Cortés ya había sido imputada en el llamado «caso Maquillaje», en el que se investiga una supuesta malversación de fondos públicos en el Consejo de Mallorca en la pasada legislatura.

Por lo que respecta a este nuevo caso, se investiga la contratación a través del Imfof de una veintena de informadores medioambientales, quienes, supuestamente, se habrían dedicado en realidad a intentar captar militantes para la formación nacionalista en lugar de realizar el trabajo para el que fueron contratados. De hecho, no consta por ahora que llegasen a presentar nunca ningún informe medioambiental a sus superiores. La documentación inicial sobre este caso fue aportada a la Fiscalía por el propio consistorio palmesano, que dirige la socialista Aina Calvo, después de que una auditoría detectase presuntas irregularidades en la contratación de personal por parte del Imfof.
En la actualidad, siguen en marcha otras investigaciones judiciales previas que afectan igualmente a UM, que podrían tener una posible relación con la iniciada ahora por lo que respecta a una presunta financiación irregular e incluso a una posible compra de votos en las elecciones municipales de 2007. (Fuente: ABC)

25/02/11: Irregularidades en las carreteras gerundenses

Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves al gerente de carreteras de la demarcación de Girona de la empresa pública Gisa, Jordi Vergé, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en la provincia. La detención se ha producido por la mañana al salir de su domicilio. La operación puede haberse completado con la detención de otras cuatro personas, que serían empresarios implicados en las adjudicaciones.

Por la tarde, los agentes han realizado un registro en el despacho de Vergé en la sede de Gisa en Barcelona. El registro se ha prolongado durante algo más de una hora y media, según fuentes conocedoras del caso que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona.
La conselleria de Economia i Coneixement, de quien depende ahora Gisa, está ofreciendo al fiscal de delitos económicos toda la información requerida sobre adjudicaciones de obras de carreteras desde el 2007 hasta la actualidad. El departamento tiene previsto finalizar la entrega de documentación entre este jueves y mañana por la mañana. En un breve comunicado, Economia ha expresado su "completa disposición a colaborar" con la justicia con "celeridad y transparencia". (Fuente: La Vanguardia)

sábado, 26 de febrero de 2011

25/02/11: Voracidad urbanística en Piélagos

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado al alcalde de Piélagos (Cantabria), Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística.
La sentencia considera probado que Pacheco concedió entre 2004 y 2005 quince licencias de construcción a sabiendas de que "vulneraban la normativa urbanística vigente, por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", algo de lo que le advirtieron "expresamente" el arquitecto municipal y los servicios jurídicos.

La juez explica, entre los hechos probados, que el alcalde de Piélagos viene otorgando desde hace años licencias de construcción de viviendas sobre terrenos clasificados como urbanos en el plan general de urbanismo del municipio, pero a los que los tribunales han venido negando esa condición en reiteradas sentencias.
El Ayuntamiento de Piélagos ha recibido en los últimos años varios fallos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y del Tribunal Supremo que ponen en tela de juicio su gestión del urbanismo y que han ordenado la demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco.

La sentencia considera probado que el alcalde había sido advertido por los técnicos municipales de que las licencias otorgadas en 2004 y 2005 incurrían en los mismos defectos que los casos que han acabado con orden de derribo y podían ser impugnadas "con idénticos resultados", e, incluso, le habían aconsejado suspender la concesión de licencias como medida preventiva. (Fuente: 20 minutos)

jueves, 24 de febrero de 2011

23/02/11: Barreda, ¿qué pasó con Caja Castilla la Mancha?

El Banco de España ha amonestado a CCM por la comisión de infracciones muy graves y graves debido a deficiencias e incumplimientos en materia de riesgos y a una insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, entre otras conductas, con la publicación de dichas sanciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el Banco de España publica una sanción de amonestación pública por la comisión de la infracción "muy grave" tipificada en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, consistente en presentar la entidad "deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad".
Por último, publica una tercera sanción de amonestación pública por la comisión de infracción "muy grave" consistente en "incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidado en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos cuando estos se sitúen por debajo del 80% del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un periodo de al menos seis meses".

Son muchas las voces que manifiestan como evidente que el presidente socialista, José María Barreda, no puede negar por más tiempo su responsabilidad en relación con la trama, el escándalo, la corrupción y las operaciones especulativas que terminaron con Caja Castilla La Mancha.
Entre otras responsabilidades legales, se comenta que Barreda ha permitido que ni Hernández Moltó ni la responsable económica de su gobierno, Mª Luisa Araujo, comparecieran en las Cortes regionales a dar las correspondientes explicaciones.
El diario El Mundo publicó el pasado domingo un extenso reportaje -firmado por Cristina Caballero- en el que se afirma, entre otras cosas, que La Fiscalía Anticorrupción investiga más de tres millones de euros en viajes que están sin justificar. (Fuente: Noticias Castilla la Mancha)

lunes, 21 de febrero de 2011

17/02/11: El fondo de reptiles andaluz: ¿la punta del iceberg?

La declaración hace unos meses del ex director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero, destapó el escándalo. Guerrero habló de la existencia de un fondo de 647 millones de euros destinados a ayudar a empresas en apuros mediante un oscuro sistema. Él mismo lo denominó "fondo de reptiles" y así comenzó a ser citado en la prensa. Mientras, comenzaba a descubrise la existencia de ERE con irregularidades en empresas de toda Andalucía, con la presencia de beneficiarios que nunca habían trabajado en la compañía o que desempeñaron cargos distintos a los que figuraban sobre el papel.

La declaración de Guerrero se hizo en el marco de la investigación de otro escándalo, el de Mercasevilla, que saltó hace dos años. En la primavera de 2009, dos empresarios, José Ignacio Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, grabaron una conversación con el director y subdirector de Mercasevilla que desvelaba el intento de cobro de comisiones ilegales a cambio de favores de la Junta. "La Junta colabora con los que colaboran", llegaron a decir. A partir de la investigación se descubrieron más casos corruptos, entre ellos el de la compra fraudulenta de terrenos y la existencia de dos ERE irregulares en dicha empresa, en 2003 y 2007. Primero se descubrieron discordancias entre el número de empleados reales y los que figuraban sobre el papel. Después, se descubrieron cinco intrusos: personas que se prejubilaron sin haber trabajado en Mercasevilla o sin tener derecho a acogerse a ellas.

Posteriormente, aparecieron intrusos en otros ERE de otras empresas andaluzas y la propia Junta de Andalucía trató de ponerse al frente de la investigación hasta detectar una treintena. Los ERE se concedían a través de organismos autónomos como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Se eludían así controles legales como la publicación en el BOJA, algo que llegó a detectar Hacienda en varios informes.

Estos son los nombres principales de la trama corrupta.

¿Quiénes lo destaparon y quiénes trataron de ocultarlo?

• Los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas: responsables del restaurante La Raza de Sevilla, fueron los que denunciaron los hechos. Fueron citados a una reunión y grabaron las conversaciones con los ex directivos de Mercasevilla.

• La juez Mercedes Alaya: titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Tuvo que investigar la denuncia formulada por los empresarios de La Raza y siguió investigando la trama de los ERE. Ha recibido numerosas presiones, incluso peticiones de recusación apoyadas por el PSOE, las defensas de los implicados socialistas y de la propia Fiscalía.

• La Fiscalía Anticorrupción: no sabe no contesta. Pese a su diligencia en casos como Gürtel por un importe de dinero infinitamente menor, no ha hecho acto de aparición en Sevilla.

• La Fiscalía de Sevilla: cuando tuvo conocimiento de la cinta, se movió como una tortuga hasta que el PP tomó cartas en el asunto.

• La Consejería de Empleo: recibió las grabaciones el 4 de febrero de 2009 y en esa fecha las remitió al Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, no llegaron a manos del fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla hasta varios días después, el 13 de febrero.

¿Cuáles son las empresas implicadas?

De momento, son las siguientes:

• Bompunt: la de mayor número de intrusos en un ERE. Hasta doce personas podrían cobrar las prejubilaciones irregularmente.

• Cárnicas Molina: empresa jienense participada por la Junta de Andalucía.

• Hitemasa: empresa malagueña en la que se incluyeron cinco falsos trabajadores para que cobrasen una prejubilación.

• Minas de Riotinto: se certificó que todo el personal afectado —más de 400 trabajadores— había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente exigido y se certificó que numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres. El expediente de extinción de contratos de Minas de Riotinto supuso más de 120 millones de euros a las administraciones.

• Dhul: se investiga si existe alguna irregularidad en el ERE que aprobó en 2004 sobre 77 trabajadores.

Además, se han registrado irregularidades en Graficromo, Saldauto, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer, Arteferro–Surcolor, SOS Cuétara, Smurfit, Germans y Cash Lepe.

Por otro lado, desde Cárnicas Molina se ha pedido la investigación de Bolidén, donde LD ha localizado ya otra prejubilación de un alto cargo del PSOE.

¿Quién ha sido detenido?

• Fernando Mellet: ex director General de Mercasevilla. Está en libertad con cargos por un delito de estafa. El informe policial concluye que desde su llegada a Mercasevilla "se suceden las irregularidades de todo tipo".

• Antonio Garrido Santoyo: ex miembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén). En libertad con cargos. Prejubilado en el ERE de Mercasevilla sin haber trabajado en la empresa.

• Juan Lanzas: el "conseguidor" de diversos ERE. Ex alto cargo de UGT, fue secretario general de la Federación de Alimentación. Es beneficiario de al menos dos pólizas de seguro, en una de las cuales la prima fue abonada por la Junta en el marco del ERE de Hytemasa -empresa para la que nunca trabajó-. Receptor de 29,6 millones de pesetas —177.000 euros—.

• Patrocinio Sierra García: esposa de Juan Lanzas. Fue arrestada por su relación con la presunta trama de cobro irregular de ERE de Hitemasa, a pesar de que nunca han trabajado en esta empresa.

• María de las Nieves Ruiz Pérez: prejubilada de Hitemasa. Percibió 109.203 euros. Según La Razón, es de UGT.

• María José Martínez Elvira: presunta perceptora de una prejubilación irregular en Hyitemasa. Es la esposa de Luis García de los Reyes, alto cargo de la UGT de Jaén durante años, prejubilado ahora de Cárnicas Molina y compañero de Manuel Pastrana. Percibió 109.050 euros.

• Francisco José González García: ex empleado de la empresa intermediadora Vitalia-Vida.

• Francisco Limón Romero: socio en la empresa Hermes Consulting con Francisco José González García.

¿Quiénes son los imputados por los ERE?

• Francisco Javier Guerrero: ex alto cargo que terminó destapando la existencia del fondo irregular de 700 millones. Es la persona que introdujo el "nuevo sistema" por el que las ayudas a empresas en crisis se tramitaban evitando los controles.

• Ismael Sierra García: hermano de la esposa de Lanzas y director de la empresa Maginae Solutions, que intermedió en el ERE de Mercasevilla de 2003, cobrando 63.800 euros por un informe que no aparece en la documentación oficial de la empresa.

• María de los Ángeles Sierra García: hermana de las esposa de Juan Lanzas. Aparece en el ERE de Dhul.

• César Braña: ex gobernador civil de Cádiz, ya fallecido, con quien Lanzas había entablado relación cuando dirigió la empresa jienense Cárnicas Molina.

• Carmen Fontela: prejubilada del ERE de Río Grande sin haber trabajado nunca en la empresa.

• María José Rosa: beneficiaria del mismo ERE aunque en su informe de vida laboral sólo se contemplan ocho meses de trabajo en esta empresa.

• Rafael Rosendo: ex alcalde socialista de El Pedroso, prejubilado en Cydeplast.

• Alejandro Millán: militante del PSOE en El Pedroso, prejubilado en Graficromo.

• Juan Rodríguez Cordobés: militante socialista y ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla, prejubilado en Calderinox.

Además de esto, están implicados tres consejeros, un número indeterminado de directores generales que tuvieron que ver con las ayudas, todos los responsables del IFA y de la Agencia IDEA que tuvieron decisión sobre los fondos y el servicio jurídico de la consejería de Empleo.

¿Sobre quién cae la responsabilidad política?

• Manuel Chaves González: con él en la presidencia de la Junta se inicia la trama de los ERE y además bajo su mandato de conceden la mayoría de ellos. Parece imposible que un presidente no se entere del destino de 647 millones de euros en sus presupuestos.

• José Antonio Griñán Martínez: era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General emitió informes que ponían en duda el procedimiento de las ayudas.

• Gaspar Zarrías: vicepresidente de Chaves desde 1996 hasta 2008, en 2009 dio el salto a Madrid con junto al ex presidente de la Junta. Ahora se estaría planteando el regreso a Andalucía coincidiendo con un escándalo acaecido con él en la cúpula del poder.

Consejeros:

• José Antonio Viera: Consejero de Empleo de 2000 a 2004 y actual secretario general del PSOE en Sevilla. En 2001 ideó y firmó el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para modificar el sistema de ayudas a empresas en crisis. Es el "supuesto" ideólogo del fondo.

• Antonio Fernández: fue presidente del IFA cuando se suscribió el Convenio con Empleo que creó el fondo y consejero de Empleo desde 2004 a 2010. Se incluyó en un ERE irregular: el de la empresa González Byass, en la que trabajó en tiempos muy pasados.

• Manuel Recio. Era presidente de IDEA mientras se mantenía el fondo. Consejero de Empleo desde 2010, cambió el sistema y lo eliminó.

• Francisco Vallejo Serrano: consejero de Innnovación, Ciencia y Empresas, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009.

• Martín Soler Márquez: responsable del PSOE de Almería y sucesor de Vallejo en la Consejería, que siguió con el sistema. (Fuente: Libertad Digital)

martes, 15 de febrero de 2011

15/02/11: La mujer de Garzón, ¿tapadera?

Rosario Molina, la esposa de Baltasar Garzón, creó en abril de 2010, un mes antes de que el juez fuera suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una consultora estratégica dedicada a la "intermediación comercial con toda clase de empresas nacionales y extranjeras", según consta en un informe elaborado por la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil por encargo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena.
Como ya adelantó El Confidencial, Molina ingresó más de 300.000 euros en una cuenta de Caja Madrid, de la que ella era titular, sólo un mes después de que el juez llegase a Estados Unidos, en marzo de 2005, para su estancia académica de 15 meses en la Universidad de Nueva York, que fue financiada con fondos procedentes de al menos cinco grandes empresas españolas. La mujer de Garzón, familiarmente conocida como Yayo y casada con aquél desde 1980, es profesora de instituto, profesión que abandonó temporalmente para dedicarse al cuidado de los tres hijos del matrimonio.
La consultora Mades Comunicación S. L. se constituyó el 5 de abril de 2010, aunque inició sus operaciones dos meses antes. Como administradores únicos de la sociedad figuraban, inicialmente, la esposa de Garzón y su hija, María Garzón Molina. Pero, según consta en el Registro Mercantil de Madrid, María Garzón fue nombrada el 29 de abril del pasado año administrador único de la empresa, mientras que Molina pasó a ser apoderado. Fuentes muy cercanas a la familia del juez reconocieron a este diario que Mades Comunicación S. L. "tiene muy poca actividad", pero rechazaron dar más detalles por "razones de seguridad".
Según consta en el Registro Mercantil de Madrid, el objeto social de Mades Comunicación S. L. es la "intermediación comercial como agente para toda clase de empresas y entidades, tanto nacionales como extranjeras, públicas y privadas", así como la "prestación de servicios de asesoramiento comercial y consultoría estratégica". La empresa de la esposa y la hija de Garzón, que tiene su sede en un modesto edificio de viviendas del extrarradio de Madrid, aún no ha presentado su cuenta de resultados.
La existencia de Mades Comunicación S. L. ha sido puesta en conocimiento del magistrado Marchena, instructor de la causa contra Garzón, por la Brigada de Delincuencia Económica. Marchena ordenó el pasado mes de septiembre a la Guardia Civil que investigase las cuentas bancarias del juez para aclarar "cuánto, cuándo, cómo y quién" financió sus actividades académicas en Estados Unidos durante el permiso por estudios que le concedió el CGPJ entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006. El magistrado del Supremo tiene indicios de que una parte del dinero cobrado por Garzón se ocultó al fisco estadounidense.

jueves, 10 de febrero de 2011

10/02/11: Gurtel se cobra otra víctima: el nuevo alcalde de Boadilla.

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo día 16 al actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Siguero.
En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedreira considera a Siguero presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. Además señala que le interrogará "por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se le imputan" al exalcalde de esta localidad Arturo González Panero.

El magistrado ha tomado la decisión de imputar a Siguero tras estudiar los últimos informes policiales sobre los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con empresas de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa. En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red Gürtel, aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.
La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.
En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó "la cantidad a proveer" en los documentos. (Fuente: El confidencial)

lunes, 7 de febrero de 2011

06/02/11: La operación Pretoria engorda

Una nueva investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del "caso Pretoria", destapada en 2009, cobró también presuntas comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una antigua masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, el informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para unirse a la trama del "caso Pretoria", implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García.
El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la Fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la antigua masía modernista "La Bodega" de Sant Andreu, con el que la empresa Cortijosa habría conseguido pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el consistorio.

El recorrido de la denuncia de "La Bodega" es largo: en 2007 fue interpuesta ante la Fiscalía, que la archivó al no apreciar indicios de delito, pero SOS Llavaneres volvió a presentarla en noviembre de 2009 al descubrirse que una de las grandes operaciones fraudulentas del "caso Pretoria" derivaba de una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres, cuyo ex alcalde Víctor Ros (PP) está imputado en la trama.
La Fiscalía de Cataluña envió entonces a su homóloga de Madrid la denuncia de "La Bodega", pero ésta se la devolvió al no encontrar vínculos con la red de Pretoria, y la investigación del caso recayó en la Guardia Civil de Barcelona por encargo del ministerio público.
La operación urbanística que la Guardia Civil ha vinculado ahora a la trama de Pretoria parte de la compra de la finca que ocupa la antigua masía modernista "La Bodega" de Sant Andreu de Llavaneres, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y, un año después, vendió a Cortijosa por 3,6 millones.
Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria, y con la que el presunto cerebro de la trama consiguió embolsarse millones de euros.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición de PP y PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al consistorio a aprobar una reordenación territorial.
Gracias a esa permuta, Cortijosa habría conseguido unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.

El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compra-venta de la masía modernista ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta.
El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y que entre 1996 y 2004 fue jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.
Genís Carbó, que dimitió como coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) en noviembre de 2009 a raíz de su implicación en el "caso Pretoria", fue imputado en la trama por el juez Baltasar Garzón por haber cobrado supuestamente una comisión de 244.011 euros por su intervención en la "operación Niesma", una de las más importantes de la causa judicial. (Fuente: Lainformación.com)

domingo, 6 de febrero de 2011

04/02/11: Sigue el baile del ex presidente balear Matas

Este viernes se ha conocido la citación por el juez del caso Palma Arena del ex consejero balear de Educación y Cultura y actual parlamentario autonómico, Francisco Fiol, que se ha declarado "tranquilo" tras conocer por la prensa su implicación.
El que se ha convertido en el quinto imputado del Ejecutivo de Matas, el político y abogado Fiol, declarará en la pieza separada por la contratación directa y el pago de 1,2 millones al Santiago Calatrava, por la cesión de una miniatura y un pre proyecto de un video y una maqueta para un teatro de la ópera. El ex presidente Matas encargó el proyecto al ingeniero-arquitecto en 2007, en plena campaña preelectoral, para levantar un icono estelar en el centro del puerto y la bahía de Palma.

Calatrava también está imputado por el juez y los expertos de Hacienda desgranan las supuestas irregularidades del mundialmente conocido constructor de puentes y grandes complejos. Con el ingeniero están siendo investigados Matas y Fiol y otros ex cargos. La junta electoral vetó la presentación institucional de la ópera de Calatrava, sin plan urbanístico en Palma, sin un proyecto definido de construcción ni solar disponible sobre las aguas del Estado.
Matas perdió el poder, Calatrava cobró 1,2 millones del Ejecutivo en funciones del PP -después de las eleciones- y reclamó el retorno de la miniatura del plan urbanizador del puerto de Palma. El consejero Fiol encabezó el organismo autónomo que Matas creó para actuar con agilidad en su plan de obras y acciones estelares, el Instituto Balear de Infraestructuras, Servicios Educativos y Culturales desde el que se tramitó el pago.
Además de Matas y Fiol, del último Gobierno balear del PP están acusados en otras causas el ex consejero de Turismo y diputado en activo Juan Flaquer; el ex consejero de Economía, Luis Ramis de Ayreflor y el ex consejero de Industria, José Juan Cardona; estos dos últimos abandonaron el partido tras ser imputados y sometidos a medidas cautelares. Más de cuarenta ex altos cargos del PP están encausados, entre ellos el ex presidente balear Gabriel Cañellas (1983-1995); tres ex políticos cumplen condena en la cárcel, Rodrigo de Santos, Jaume Massot y Eugenio Hidalgo. (Fuente: El confidencial)