La juez de primera instancia e instrucción número 3 de Dénia (Alicante) tomó hoy declaración a tres de los cinco detenidos el domingo pasado en Lliber, y acordó libertad provisional para dos de ellos, mientras que para el tercero ha ordenado el ingreso en prisión, que podrá eludir con el pago de una fianza, según informó hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.Todos ellos permanecen imputados en la causa abierta por presuntos delitos de estafa y cohecho, y que permanece bajo secreto de sumario. Mañana está previsto que pasen a disposición judicial otras tres personas en relación con esta investigación.
La vorágine urbanística que vivió Llíber, un municipio del interior de la Marina Alta de 1.001 habitantes, entre 1999 y 2003 tenía gato encerrado. Agentes de la Guardia Civil detuvieron el domingo y en la mañana de ayer a seis empresarios que en esos años ejercieron de intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables o directamente construyeron y vendieron chalés ilegales a residentes extranjeros. A los seis detenidos, se les imputa un delito de estafa y otro de asociación ilícita para delinquir. Sus promotoras y sociedades estuvieron detrás de la construcción de entre 300 y 350 viviendas en suelo protegido.
Se da la circunstancia de que el alcalde en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. Es una causa distinta, pero con el mismo origen. Ambos, supuestamente, permitieron que se edificaran los chalés ilegales. El ayuntamiento no emitió ninguna orden de paralización de obras. Por el contrario, concedió licencias para restaurar casas en ruinas o levantar almacenes agrícola con parte habitable para construcciones que, en realidad, eran chalés de nueva planta.
En algunos casos, ni siquiera existía la ruina para cuya reconstrucción se pedía permiso de obra. Sin embargo, el ayuntamiento hacía la vista gorda y permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés. Sus propietarios no pueden ahora legalizar sus casas y se ha creado en Llíber un grave problema de ordenación del territorio. La instrucción de este caso, por el que también estuvo imputado el ex edil de Urbanismo, quien ha fallecido. ya está cerrada y ahora debe celebrarse el juicio en el juzgado de Benidorm. (Fuente: El mercantil valenciano)
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