miércoles, 21 de abril de 2010

20/04/10: Operación Jable

La isla de Lanzarote sigue en primera fila en cuanto a corrupción se refiere. Esta vez, las investigaciones señalan a un ex consejero insular socialista y a una ex alcaldesa de Coalición Canaria, que junto con otras seis personas fueron detenidos ayer por la Guardia Civil.

Ha sido un año después de las primeras detenciones por la Operación Unión -la primera gran intervención policial contra la corrupción en Lanzarote, que acumula ya cerca de cuarenta imputados-, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha vuelto a golpear en la isla. Pese a contar ya con ocho detenidos, la Operación Jable sigue abierta y aparece como la que ha permitido desarticular «la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades», según señaló la Benemérita. Esta segunda ronda de detenciones nace del análisis de la documentación intervenida tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como a distintos empresarios en mayo del año pasado. Los detenidos están acusados de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Entre los detenidos figura la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que salió ayer de su casa acompañada por los agentes tras el pertinente registro. Déniz fue alcaldesa entre 2000 y 2007 por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), cuyo líder, Dimas Martín, actualmente está en prisión y está considerado como el cabecilla de la red destapada en Unión. La ex alcaldesa y ex parlamentaria regional fue la candidata por Coalición Canaria en las últimas elecciones locales y actualmente ostenta un cargo dentro de la Academia Canaria de Seguridad, organismo del Gobierno de Canarias.
Relacionadas con Déniz estarían las detenciones de dos directivos de Urbaser, el gerente de la empresa en la isla, Jacinto Álvarez y Stephani Jean Valverde, detenido en Madrid.
Urbaser es la empresa que gestiona la limpieza y los parques y jardines de Arrecife desde hace décadas. Déniz aumentó durante su mandato el contrato con Urbaser a cambio de renegociar la deuda que mantenía el Ayuntamiento con la empresa.

Por otro lado está la detención del ex consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote y ex secretario local de Arrecife de esta formación, Miguel Ángel Leal, que fue el responsable del área de residuos entre 2003 y 2007.
Todo indica que su detención está relacionada con la planta de biometanización del vertedero insular de Zonzamas. La Guardia Civil, además, registró las dependencias del área de actividades clasificadas en el Cabildo de Lanzarote. La construcción de esa planta se adjudicó en 2001 a la UTE formada por FCC-Horinsa, una empresa local de Francisco Armas, ex presidente también de la patronal hotelera insular, que fue arrestado ayer cuando salía de declarar del Juzgado número 2, también como imputado por un presunto delito de cohecho en relación con un hotel de su propiedad declarado ilegal.

Además, fue detenido el ingeniero del Cabildo y responsable de residuos, Manuel Spínola, el jefe de la Oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha, que ya fue detenido también en mayo pasado, y el ex vicepresidente del Cabildo con el CDS y ex director de La Caja de Canarias en la isla, Julio Romero. Estos tres últimos eran socios en una empresa de proyectos de ingeniería y arquitectura, Gamma 3, que podría haber estado beneficiándose de contratos públicos.
Después de más de diez millones de euros invertidos en la planta, aún no funciona. El año pasado el Cabildo tuvo que aprobar un gasto de 4,5 millones más para ponerla en marcha y la Comisión Europea ha abierto una investigación para esclarecer determinadas inversiones efectuadas en el complejo ambiental de Zonzamas, ya que se pagaron con fondos Feder. La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. (Fuente: ABC.es)

miércoles, 14 de abril de 2010

14/04/10: Operación Bonsai.

La Policía ha detenido este miércoles a Joan Pol, ex director general de Emergencias del Govern de Jaume Matas (PP), en el marco de la 'operación Bonsai', un nuevo caso de presunta corrupción en Baleares, informaron fuentes de la investigación.
Con la detención de Pol se eleva a seis el número de arrestados en esta operación que comenzó el martes con la detención del ex director general de Tributos de la comunidad Jorge Sainz de Baranda, quien también fue cargo con Matas y ahora es adjunto a la presidencia de la nueva ejecutiva del PP de Baleares.
En esta causa, la Fiscalía investiga la adjudicación de obras públicas por parte de la empresa pública autonómica Caib Patrimonio, especialmente las del parque de Bomberos de Palma y la nueva sede de la Conselleria de Salud y Consumo, según fuentes de la investigación.
En el caso del parque de Bomberos, se indaga el posible amaño del concurso de adjudicación a la Unió Temporal de Empresas (UTE) formada por Gerens Management, GPB, Llabres Feliú, Construcciones San José y Estel. Mediante esta concesión, Caib Patrimonio paga a la adjudicataria dos millones de euros al año por un periodo de 30 años.
En la pasada legislatura, Joan Pol fue director general de la Consellería de Interior, cuyo titular era José María Rodríguez, actual diputado autonómico y presidente del PP de Palma. Sainz de Baranda es adjunto a la presidencia de la recién elegida dirección de la nueva ejecutiva del PP de las islas. (Fuente: 20minutos.es)

jueves, 8 de abril de 2010

07/04/10: José Bono, padre ideal

Ha cumplido 25 años y su única ocupación conocida es la equitación y su participación del 5% en el accionariado familiar de la Hípica Almenara. José Bono Rodríguez es un joven afortunado que ya posee un chalé en Bargas (Toledo), hipotecado por 120.500 euros, en una urbanización construida por Aurelio González Villarejo, uno de los principales deudores de la Caja Castilla-La Mancha. Esta vivienda se añade a la que su padre le ha regalado en uno de los barrios más caros de Madrid, aún en proceso de reforma y valorada en 1.800.000 euros, tal y como ya informó este periódico.

El hijo del presidente del Congreso de los Diputados es el único apoderado de la sociedad Attack 84, domiciliada precisamente en ese chalé de Bargas y a cuyo nombre está inscrita esta vivienda. Fue adquirida en septiembre de 2008, tan sólo tres días después de que se creara la sociedad Attack. Attack, constituida con un capital social de 3.010 euros, carece de actividad comercial significativa. De acuerdo con el Registro Mercantil de Toledo, su objeto social es de lo más variado: desde “la explotación y gestión de fincas rústicas y ganaderas” hasta la “organización de eventos relacionados con la hípica”, pasando por la “comercialización de toda clase de productos de joyería” y la “compraventa de inmuebles”.

La urbanización donde se encuentra el chalé del hijo de José Bono en Toledo es obra de GV Grupo Inmobiliario, en manos del constructor y promotor Aurelio González Villarejo.

Hombre de referencia en el mundo del ladrillo en Illescas y Carranque, donde fue adjudicatario de dos polémicos PAU (plan de actuación urbanística), es conocido por su amistad con el presidente del Congreso y con José María Barreda, actual presidente de Castilla-La Mancha. González Villarejo es uno de los primeros accionistas del fracasado aeropuerto de Ciudad Real, junto con Domingo Díaz de Mera, Antonio Méndez Pozo, los hermanos Barco y la familia Sanahuja, entre otros, a través de la sociedad Inversiones Aeroportuarias del Centro .

Todos ellos están en la lista de los mayores deudores de Caja Castilla-La Mancha –a la sazón segundo accionista del aeródromo, con un 30% del capital–. De acuerdo con la lista que obró en poder del Banco de España, una vez que CCM fue intervenida, González Villarejo ocupaba el cuarto lugar entre los deudores, con créditos de 220 millones de euros. (Fuente Periodista Digital)

Escrito el 8/4/2010

lunes, 5 de abril de 2010

04/04/10: Los "olvidos" de Bono

José Bono, presidente del Congreso y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha durante seis legislaturas, omitió en su declaración de actividades su condición de propietario de una hípica de relumbrón en las cercanías de Toledo, a pesar de que ésta produjo 316.000 euros de resultados en sus cuentas de 2008 y de que en el sector hípico se la considere empresa de primera categoría en la zona. Bono (Salobre, 1950) se ufanaba hace pocas semanas de que “los políticos son el colectivo más transparente y honrado”, aunque no predique con el ejemplo.
Bono Martínez es propietario de la Hípica Almenara SL; así como apoderado de La Atalaya 52 SL, actividades que no declara entre las privadas, a pesar de que así lo exige el artículo 160, en su apartado C, que precisa: “La declaración de actividades incluirá en general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”.
Puede discutirse si ser administrador de una empresa con aspecto de patrimonial como La Atalaya 52 –con sede en su propio domicilio de Olías del Rey (Toledo)– puede proporcionar ingresos. Pero no declarar entre sus actividades la condición de propietario de un negocio boyante como la Hípica de los alrededores de Toledo, repleta –como está– de caballos de pura raza y de clientes distinguidos, suena a que Bono cree bien poco en esas declaraciones que exhibe ufano en la Cámara.
La Sociedad Hípica Almenara –situada a siete kilómetros de Toledo, dirección Ocaña– presentó una cifra de ventas en 2008 de 295.683,67 euros, sobre un activo total de 2,2 millones de euros y produjo un resultado de 316.100,3 euros. Tenía seis empleados. La sociedad se dedica a explotar fincas rústicas y ganaderas, a organizar eventos sociales, deportivos y de ocio y a todo lo que esté relacionado con la hípica: pupilaje, estancia, cuidados, transporte, doma y alquiler de equinos. En las obras de la empresa de Bono hace pocos años intervino de forma importante la empresa Onde 2000, de Francisco Hernando, el Pocero. (Fuente: La Gaceta)

03/04/10: El PP también se apunta a Estepona

La juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona ha citado a declarar como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la ex alcaldesa del PP y actual concejal Rosa Díaz, miembro del equipo de gobierno de David Valadez (PSOE), y el abogado Francisco González Valdés. La causa estudia la venta de parcelas municipales, y otras operaciones urbanísticas por la que el ayuntamiento malagueño habría dejado de ingresar 17,3 millones de euros.
Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el PP en 2002, año en el que se cerraron las operaciones.
La imputación de Díaz supone un nuevo desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado por una coalición de varios grupos en minoría y presidida por el socialista David Valadez. La concejal, actualemente de vacaciones en Marruecos, aseguró ayer que aún no había recibido citación alguna, pero que estaba "tranquila".
El ex tesorero, Félix Domínguez Pimienta, atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción , y con Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó. (Fuente: Levante-emv.com)

domingo, 4 de abril de 2010

31/03/10: Continuan los estudios de Garzón

Baltasar Garzón tendrá que aclarar ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de abril si, además de pedir dinero al Banco Santander, también reclamó a Cepsa financiación para su estancia académica en Nueva York entre 2005 y 2006.
El juez comparecerá ese día como imputado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal para responder de la querella presentada por dos abogados, que le acusan de supuesta prevaricación y cohecho por los fondos que recibió de la entidad que preside Emilio Botín para costear su año sabático en Estados Unidos.
José Luis Mazón y Antonio Panea, que ejercen la acusación popular en la querella contra Garzón, presentaron el pasado día 12 una batería de diligencias en la que solicitan, entre otras pruebas testificales y documentales, que se "libre oficio a Cepsa para que informe de los posibles patrocinios abonados a la Universidad de Nueva York".
Los abogados aseguran tener indicios de que el magistrado de la Audiencia Nacional reclamó donativos a varias entidades, entre ellas Cepsa, y han pedido al Tribunal Supremo que se dirija a la petrolera para que aclare si contribuyó con 86.000 euros a sufragar el permiso académico de Garzón en Estados Unidos.