lunes, 14 de diciembre de 2009

14/09/09: Corrupción en Hacienda en Cataluña

Tras una década de ardua investigación, la Audiencia de Barcelona abrirá el día 15 el macrojuicio por la trama de corrupción en Hacienda destapada a finales de los 90, el último gran caso de la época del "pelotazo" que salpicó a lo más granado del empresariado catalán, desde Javier De la Rosa a José Luis Núñez.

Durante cerca de medio año, la fiscalía sentará en el banquillo a una quincena de presuntos implicados en la trama corrupta, integrada por empresarios y ex altos cargos de Hacienda que presuntamente habrían aceptado sobornos para hacer la vista gorda en las inspecciones de sus compañías.
En total, los 14 imputados por la Fiscalía afrontan penas que suman 126 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos, en el juicio más largo y complejo que se haya celebrado nunca en la Audiencia de Barcelona.
Concretamente, el fiscal pide ocho años para el ex presidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez Clemente, para su hijo Josep Lluís Núñez Navarro y para Javier De la Rosa, calificado en su día como empresario modélico por el propio Jordi Pujol y que arrastra varias condenas por otros casos de corrupción.
También serán juzgados por esa trama de corrupción el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel, el ex inspector Manuel Abella (19 años), el abogado Juan José Folchi (12 años) y el que fue candidato de Alianza Popular a la Generalitat en 1984 Eduardo Bueno (4 años).
La presunta trama de corrupción en Hacienda en Cataluña se comenzó a investigar hace más de una década, como una pieza separada del "caso Torras", por el que De la Rosa fue condenado a siete años de prisión, al detectarse irregularidades en la inspección de algunas empresas del propio grupo Torras, así como de Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro.
Según mantiene la fiscalía, los inspectores, "excitados por las ventajas patrimoniales" que les ofrecían los empresarios imputados, "torcieron intencionadamente el ejercicio de sus funciones públicas" de inspección de Hacienda para obviar los artificios fiscales de las compañías investigadas

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