martes, 25 de mayo de 2010

23/05/10: La corrupción planea sobre Almería

Casi una veintena de instituciones públicas de la provincia conviven con una investigación por corrupción o cuentan con algún investigado, imputado o incluso condenado entre los mandos políticos que rigen los designios públicos. Y muy pocas formaciones -de hecho suelen ser de carácter independiente- se libran de la quema. Y la gran mayoría son casos que se investigan en pueblos (municipios de menos de 10.000 habitantes). Tras las investigaciones suele haber un denominador común: adjudicaciones irregulares de contratos municipales o decisiones urbanísticas contrarias a la Ley. De norte a sur y de este a oeste, las investigaciones por presuntas decisiones irregulares no conocen de tamaño, de partido, o de localización. Estos son algunos de los casos más paradigmáticos.

Lúcar (PSOE)

El alcalde de Lúcar, del PSOE, José Antonio González, fue condenado por acoso laboral en su Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. La empleada acosada, que disponía de una antigüedad laboral de 15 años, es, según los socialistas, la esposa de un candidato de la oposición a la cual se le retiraron algunas tareas en su labor cotidiana.

Sorbas (PP)

El alcalde de la localidad, José Fernández (PP) está imputado en dos procedimientos penales que están actualmente en instrucción. En ambos casos la acusación la ejerce el Ministerio Fiscal después de que la oposición aportara documentación relativa a las presuntas decisiones irregulares. Actualmente se le imputan los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, su partido le mantiene en todos los cargos políticos que desempeñaba antes de su imputación.

Huércal-Overa (PSOE)

Luis García Collado, alcalde de la localidad, y seis concejales del Ayuntamiento -todos socialistas- han sido investigados desde el año 2007 por un presunto caso de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. La Fiscalía ha dado instrucción para que se practiquen nuevas pruebas en un caso en el que García Collado ya prestó declaración en calidad de imputado. Según informan desde el PSOE, el caso, que se abrió por una denuncia del PP, se encuentra aún en diligencias previas y los socialistas confía en su archivo.

Gádor (PP)

El Tribunal Supremo está actualmente tomando declaración a testigos e imputados en una investigación por prevaricación en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Gádor. Eugenio Gonzálvez, alcalde de la localidad y senador del PP está imputado en el caso, igual que su ex compañero en el equipo de Gobierno, el antes concejal de Urbanismo Onofre Martínez. El caso, que ha tenido que trasladarse al Supremo por ser Gonzálvez aforado, se abrió por la denuncia de la oposición.

Gérgal (PSOE)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nulo un convenio urbanístico con la Junta de Andalucía firmado en diciembre de 2001 y ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Gérgal en julio de 2002. Además, los partidos de la oposición han amenazado con llevar ante los tribunales de justicia la aprobación del PGOU que contempla la recalificación de algunos terrenos propiedad de la propia alcaldesa y cuyo pronunciamiento no contó con su abstención en el voto de aprobación. No obstante, la primer edil, Leonor Membrive, no se encuentra imputada.

Berja y Balanegra (PP)

El diputado autonómico y alcalde de la localidad de Berja, Antonio Torres, mantiene abierto un procedimiento penal en instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por presunta prevaricación a raíz de una querella criminal interpuesta por el PSOE de Berja por el trato laboral que el regidor dio al subinspector jefe de la Policía Local. Además de este caso, hace apenas un mes, Torres y su compañera de partido, la alcaldesa de la Entidad Local Autónoma de Balanegra, Mercedes Tapia, han resultado imputados por delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un espigón presuntamente en situación irregular con ocupación del dominio público marítimo terrestre. Una imputación que ha confirmado, hace apenas un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ohanes (PSOE)

El caso de Ohanes ha sido uno de los que mayor repercusión mediática ha tenido en la provincia -a pesar del escaso peso poblacional de la localidad-. El ex alcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, dimite en enero de 2009 por «motivos de salud». Apenas un mes después de dejar el cargo y cesar de militancia, el juez le citaba a declarar como imputado por presuntos cohecho y coacciones. Antes de prestar declaración, sale a la luz pública un vídeo de una reunión mantenida con un empresario en el que aparecen unas imágenes de Sierra metiéndose dinero en el bolsillo. La grabación, datada en 2005, tiene una duración de 16,15 minutos y fue el Partido Popular quien la sacó a la luz. El empresario que aparece en el vídeo declaró que fue extorsionado por el que ex regidor de Ohanes «durante dos años». El ex alcalde calificó el vídeo de «montaje». El caso continúa en instrucción por parte de los juzgados almerienses.

Adra (PP)

José Arqueros, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adra, fue detenido en 2007 por presunto cohecho en calidad de presidente del Club Náutico de Adra -cargo que ya no ostenta-. . Tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, quedó libre pero con cargos. Según el PSOE, el caso continúa en diligencias previas. También se arrestó por el mismo caso a un funcionario de la Delegación de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía en Almería, que presuntamente colaboraba con Arqueros en la certificación de diplomas de navegación que podrían haber sido vendidos. El edil continúa formando parte de la Corporación abderitana. Además, aún es objeto de dos contenciosos administrativos por la venta de unos terrenos.

Carboneras (PSOE)

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras, fue imputado por fraude electoral en los comicios de 1999. La Audiencia Provincial le inhabilitó para ejercer cargo público por delito electoral. El Supremo ratifica la condena en abril de 2006. Sin embargo, ese mismo año fue indultado por el Consejo de Ministros.

Alsodux (PP)

El PSOE mantiene contra el Ayuntamiento de Alsodux, dirigido por un alcalde popular, un contencioso administrativo a la espera de sentencia por una construcción que ocupa viales públicos.

Garrucha (PSOE)

El PP ha interpuesto numerosas denuncias que finalmente han sido archivadas contra el equipo de Gobierno que lidera Andrés Segura por presuntas falsedad documental y prevaricación. No obstante, aún quedan dos casos abiertos, uno de ellos por una denuncia interpuesta por un promotor.

Caso Costa de Almería (PP)

La Diputación de Almería llevó a la Fiscalía las presuntas irregularidades en las subvenciones dadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular (anterior al actual) al club ciclista Costa de Almería, presidido por José Luis Aguilar, cuanto también era vicepresidente de la institución supramunicipal. El caso se inició en 2005.

Lubrín (PSOE)

El diputado provincial de Deportes y concejal del municipio de Lubrín, Juan López Camacho, dimitió de sus cargos tras ser imputado por un caso que investiga la presunta comisión de prevaricación urbanística en la localidad. (Fuente: ideal.es)



21/05/10. Ayuntamiento del Ejido: erre que erre.

El Ayuntamiento de El Ejido volvió a adjudicar ayer obras al empresario José Carlos Lirola, uno de los principales imputados en la trama de corrupción que se investiga en el municipio. Dos de las empresas que administra han sido elegidas para ejecutar actuaciones por valor de 1,53 millones de euros. Lirola y sus hermanos Gabriel y Francisco Javier lograron eludir en diciembre su ingreso en prisión por presunto cohecho y tráfico de influencias tras abonar fianzas de 50.000 euros.
La UTE formada por Movimientos de Tierra Hermanos García Motril y la sociedad mercantil Contenedores Lirola, administrada por los tres hermanos que se han visto implicados en el caso Poniente, ha resultado elegida provisionalmente para desarrollar el proyecto de conducciones de saneamiento de la costa a la depuradora de la Cañada de Ugíjar, que cuenta con un importe de 1,24 millones. A Ingeniería y Obras Lirola, la junta de gobierno local le adjudicó también, por 293.961 euros, el proyecto de vallado, limpieza y obras en el parque arqueológico Ángel Aguilera.
Sobre esta sociedad mercantil, creada por el empresario meses después de su arresto por la intermediación en la compraventa y el arrendamiento de terrenos, recayeron ya la pasada semana cuatro obras del Plan E valoradas en 243.520 euros. Entre estos trabajos se encontraban algunos como la conexión con fibra óptica y la dotación de suministro eléctrico de distintos edificios municipales.

"Para que una persona no pueda hacer contrataciones debe estar condenada por sentencia firme, lo que no ocurre en este caso", insistió la portavoz de un equipo de gobierno que cuenta con un alcalde titular, Juan Enciso, encarcelado, y un regidor sustituto, Ignacio Berenguel, imputado por su supuesta implicación en la trama de corrupción. Los Lirola son sospechosos de haber participado mediante el supuesto pago de comisiones de hasta 1,8 millones para ser privilegiados en los contratos con Elsur. (Fuente: El pais.com)

miércoles, 19 de mayo de 2010

18/05/2010. Bono: ley para tí, no para mí.

José Bono vulneró la legislación sobre incompatibilidades que él mismo aprobó en 1997, siendo presidente de Castilla-La Mancha, para montar la hípica familiar que se levanta a las afueras de Toledo y en la que su único hijo varón, José Bono Rodríguez, se inició en el mundo de los caballos hasta convertirse en jinete profesional.
La Ley del Gobierno de Castilla-La Mancha, que entró en vigor en 1997, señala taxativamente en su artículo 3 que el cargo de presidente de esa comunidad autónoma "es incompatible con toda actividad profesional o mercantil". Sin embargo, Bono constituyó en 2001 Hípica Almenara S. L., una sociedad mercantil con ánimo de lucro de la que posee el 80% de las acciones, y que en los últimos cuatro años ha generado unos beneficios de 1,2 milones de euros.
Hípica Almenara se constituyó el 14 de mayo de 2001 con un capital social de 15.000 euros, que Bono y su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, desembolsaron mediante la aportación de un todoterreno Jeep Gran Cherokee valorado en 9.595 euros y un remolque modelo monocasco por valor de 2.405 euros. El resto del capital -3.000 euros- fue aportado por los cuatro hijos del matrimonio: Amelia, que tenía entonces 19 años; Ana, de 18; José, que sólo contaba 16 años, y la pequeña Sofía, que en aquella época tenía siete meses. En la actualidad el presidente del Congreso atesora el 80% de las acciones de la sociedad, y el 20% restante se lo reparten sus cuatro hijos.
La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha regula en su capítulo 1, bajo el epígrafe Del Estatuto del Presidente, las funciones, prerrogativas e incompatibilidades del presidente autonómico. Y señala, en su artículo 3, que el cargo que éste ocupa "es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público, excepto el mandato de diputado regional, y con toda actividad profesional o mercantil".
Bono pidió personalmente fondos a una docena de grandes empresas para patrocinar la hípica, que en los últimos cuatro años ha generado unos beneficios de 1,2 millones de euros. De acuerdo con expertos consultados, sin el patrocinio de Banco Santander, Endesa, Beatriz Hoteles, Mahou, CocaCola, Telefónica o Iberdrola, resultaría imposible que esta empresa alcanzara unos beneficios tan elevados.
Según fuentes consultadas por este diario, el político socialista logró estos importantes contratos gracias a la tupida red de influencias que tejió como presidente de Castilla-La Mancha y, más tarde, como ministro de Defensa. Asimismo, un portavoz del empresario Francisco Hernando, El Pocero, confirmó a este diario que una de sus empresas participó en las reformas de la hípica, pero que no cobró directamente de los Bono, sino de los patrocinadores. El presidente del Congreso cifró estas obras, según confesó al diario El País, en 600.000 euros. (Fuente: El confidencial)

15/05/10: Siguen aflorando acusados y delitos en el caso PNV

Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe y ex concejal del PNV en San Sebastián, es uno de los tres nuevos imputados por el caso de la supuesta trama de corrupción en Álava, según recoge el sumario hecho público ayer. En total, son once las personas que están imputadas en este caso, tres de ellos cargos o antiguos miembros del PNV, como el ex diputado foral Alfredo de Miguel.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de este organismo, Miren Bilbao Larrauri.
El juez investiga dos contratos que el anterior Departamento de Cultura del Gobierno Vasco firmó en 2007 con la empresa Kataia Consulting, de la que son administradoras otras tres de las personas investigadas. Los contratos, según confirmaron fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press, se firmaron por alrededor de 12.000 euros cada uno y estaban destinados a asesoramiento. Kataia Consulting tiene como administradoras a Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Ainhoa Bilbao, tres de los once imputados en la supuesta trama de corrupción. Estas tres mujeres son, respectivamente, esposas de Aitor Telleria, ex procurador de las Juntas Generales y ex miembro del Araba Buru Batzar; Koldo Otxandiano, ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social; y Alfredo de Miguel, principal imputado, ya que fue diputado foral de Administración Local, cargo que se vio obligado a dejar su cargo en el gabinete de Xabier Agirre.
El resto de personas que fueron acusados en marzo fueron el ex director del Parque Tecnológico de Álava y ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Alfonso Arriola y el empresario de la construcción Jon Iñaki Etxaburu.
Respecto al ex responsable de la red de parques tecnológicos durante el Gobierno de Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, cuyo nombre fue difundido ayer, su relación con la trama podría situarse en supuestos delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, según fuentes jurídicas.
Asimismo, según documentación del sumario, el ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco firmó en 2006 un contrato de 471.043 euros para la ampliación del Parque de Miñano con una empresa de la que era socio el empresario Etxaburu, otro de los imputados en la causa.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a los presuntos miembros de la trama, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas. (Fuente: diariovasco.com)

martes, 11 de mayo de 2010

11/05/10: Los "cuidadosos" pagos de Bono

José Bono entregó en mano a un estrecho colaborador 100.000 euros en billetes de 500, envueltos en papel de periódico, para adquirir un caballo de competición a finales de 2005. El animal, llamado Farceur du Haul, se compró al jinete francés Robert Breul, siendo aquél ministro de Defensa, a través del marchante Guy Jonquères d'Oriola, que cuatro meses después facturó el caballo a nombre de Rafael Hoteles S. A., propiedad del empresario e íntimo amigo de Bono Rafael Santamaría, dueño también de Reyal Urbis.
Según fuentes conocedoras de la operación, el caballo fue un regalo de Santamaría a Hípica Almenara S. L., propiedad del presidente del Congreso y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, José Bono Rodríguez, jinete profesional, montó el animal durante más de tres años en multitud de competiciones nacionales e internacionales. En todas las órdenes de salida de esos torneos figura Bono Rodríguez como rider (jinete) y Rafael Hoteles S. A. como owner (propietario) de Farceur du Haul.

El ex ministro de Defensa hizo la entrega del dinero en un despacho próximo a Toledo que ocupa desde su época de presidente de Castilla-La Mancha, situado en un edificio oficial del Gobierno autonómico y muy cerca de su casa familiar de Olías del Rey. Una persona de su estricta confianza, que trabajaba a sus órdenes en Hípica Almenara, recogió los 100.000 euros de manos de Bono en billetes de 500 euros cuidadosamente envueltos en varias hojas de papel de periódico. Con ese dinero, el colaborador del ex presidente castellanomanchego viajó hasta Les Bréviaires, una localidad situada a unos 50 kilómetros al suroeste de París, para pagar el caballo al intermediario Jonquères d'Oriola.
Jonquères d’Oriola es un marchante bien conocido en España, donde cuenta con una importante cartera de clientes. Domina el castellano y se ha especializado en proveer caballos de salto europeos a jinetes de alto poder adquisitivo. En su página web presume de ser sobrino del campeón olímpico Pierre Jonquères d’Oriola, así como de recorrer 100.000 kilómetros al año para encontrar a los mejores equinos.
En esta ocasión, el marchante realizó el papel de intermediario entre el enviado de Bono y el jinete Robert Breul. A petición del primero, no expidió ninguna factura, pero cuatro meses después, en febrero de 2006, Bono exigió que se preparara un recibo con fecha de la compra real -finales de 2005- y a nombre de Rafael Hoteles.
Farceur du Haul no es el único caballo que Santamaría regaló a la familia Bono. El hijo del ex presidente castellanomanchego también compitió con Jikael de la Babette, igualmente registrado a nombre de Rafael Hoteles, pero, a todos los efectos, parte de Hípica Almenara. De hecho, cuando el joven jinete se cansó de este animal, Bono decidió cambiarlo por otro más caro que ya no figuró a nombre de Santamaría.

La reconocida amistad entre el político socialista y el dueño de Reyal Urbis ha dado lugar a una denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado para aclarar cuál ha sido la relación de las empresas de Santamaría con la Junta de Castilla-La Mancha. Sin duda, la operación más controvertida es la de Valdeluz o ciudad del AVE. Allí, el Gobierno de Bono autorizó en 2001 a Santamaría la construcción de 10.000 viviendas próximas a la parada del tren de alta velocidad. (Fuente: El confidencial)

martes, 4 de mayo de 2010

29/04/10: La operación Bomsai se cobra al expresidente Cañellas

La corrupción sigue siendo la bestia negra del PP balear. Gabriel Cañellas, presidente balear entre 1983 y 1995, ha vuelto a ser imputado en un proceso de corrupción, esta vez el caso Bomsai. Cañellas, quien desde el año pasado está siendo investigado por el Sant Elm, un proceso relacionado con presuntos desvíos de fondos en la gestión de esta torre, es el segundo ex jefe de un Govern balear encausado.
Segundo ex presidente balear y del PP imputado por corrupción. En este caso, con reincidencia: Cañellas fue forzado a dimitir en 1995 tras ser acusado de un presunto delito de cohecho en la construcción del túnel de Sóller.

Imputaciones varias
En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Balears le absolvió al considerar que el supuesto delito había prescrito. Pero un año antes, en 1996, Cañellas ya tenía otra imputación a su espalda: la del caso Calviá. En 2009, el nombre del ex dirigente volvió a aparecer en los tribunales, esta vez por las supuestas irregularidades en la gestión de la Torre de Sant Elm en el municipio de Andratx. Y ayer, nuevamente, Cañellas volvió a los juzgados de los que salió en libertad con cargos tras prestar declaración, recoge Público.

Cobro de 50.000 euros
El ex político fue llamado a declarar en el marco del caso Bomsai, un proceso sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a través de la empresa CAIB Patrimoni. En concreto, Cañellas tuvo que explicar los 50.000 euros que la empresa Atlas Capital Close Brothers, vinculada al Bomsai, ingresó a su despacho, Cañellas Consultors, en 2006. Tal y como cuenta Diario de Mallorca, el ex presidente habría dicho al juez que percibió esa cantidad por mediar en un negocio ajeno al presunto entramado corrupto.

Contratos millonarios
En 2006, Atlas firmó un contrato por 600.000 euros para asesorar a CAIB Patrimoni en unos concursos millonarios. Su trabajo consistía supuestamente en relatar el pliego de bases y tutelar la construcción de dos instalaciones públicas: el cuartel central de bomberos y la sede de la Consejería de sanidad. Cañellas, sin embargo, se desmarcó de ambos asuntos y aseguró que sus negocios con Atlas se limitaron a una operación para vender a inversores de fuera de Mallorca una sociedad familiar de la isla. Según su versión, los honorarios los percibió por su trabajo de campo y el seguimiento de todas las negociaciones. El ex presidente, representado por el abogado Josep Perelló, habría aportado al Grupo de Delitos Económicos todos los detalles de esta supuesta asesoría, incluidos nombres de participantes que podrían avalar su versión. (Fuente: El plural.com)