jueves, 23 de febrero de 2012

23/02/12: Fabra “limpia” la "herencia" de Camp

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado que esta misma tarde va a destituir al director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, y al actual subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, por el caso de fraude en la concesión de subvenciones y malversación de fondos públicos.

El primero ha sido detenido la mañana de este jueves y el segundo está imputado en la misma causa, que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental, en relación a los fondos adjudicados por la Generalitat Valenciana a las fundaciones CYES (Fundación Cultural y de Estudios Sociales) y Hemisferio (antes conocida como Fundación Solidaria Entre Pueblos).

Ambos fueron nombrados durante el gobierno de Francisco Camps y fueron cargos de confianza del ex conseller de Sanidad Rafael Blasco, actual portavoz parlamentario del PP.

Además de la de Felip, ELMUNDO.es ha podido confirmar, a través de fuentes jurídicas, al menos otras cuatro detenciones. Son las de los presidentes de las fundaciones CYES y Hemisferio, Marcial López y Arturo Tauroni, así como la César Augusto Tauroni, hermano de este último. El cuarto arresto corresponde al técnico informático Marc Llinares. Fuentes conocedoras del caso, sin embargo, han elevado a 10 el número de detenidos.

Alberto Fabra ha dicho que es consciente de la "preocupación" que ha generado este caso, "muy sensible porque es sobre la gestión de fondos de cooperación" y ha asegurado que "cualquier persona del gobierno cuya actuación sea censurable será apartada de su cargo".

"Es un tema muy grave, estamos hablando de fondos de cooperación que debían ir a las personas más necesitadas", ha añadido Fabra, quien ha subrayado la necesidad de actuar con "firmeza y contundencia" porque "esos comportamientos no tienen cabida en el Gobierno valenciano".

lunes, 20 de febrero de 2012

20/02/12: Borran las huellas de los ERES falsos andaluces

La Guardia Civil ha denunciado la destrucción de pruebas de los EREs falsos en la sede de la Consejería de Empleo. Según la investigación, los hechos se produjeron el 21 de noviembre de 2010. El PP ahora acusa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de haber ordenado la eliminación de cualquier pista o documentación sobre las falsas prejubilaciones.

El número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, anima al consejero de Empleo, Manuel Recio, a reconocer si recibió “órdenes directas” de Griñán. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas”, explica Sanz, tras tildar de “muy importante” que responda Recio para saber la verdad en esta trama que acosa al Gobierno socialista andaluz.

El PP-A también denuncia las órdenes de pago sin expediente valorados en 6,5 millones de euros que conformarían un tercer fondo de reptiles en la Junta de Andalucía. Este informe y análisis económico, fechado el 22 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Trabajo y al que ha tenido acceso El Confidencial, se denomina Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009.

“Este informe es de suma gravedad puesto que en la Consejería de Empleo, ya en la etapa de Griñán como presidente se reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos”, según Sanz, quien adelantó que este documento que obra en poder de su partido se enviará a la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que se encarga de la investigación del caso de los ERE.

La juez Alaya ya advirtió en el auto del pasado martes que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de “un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios”, lo que “podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”. Y añadió el escrito judicial: “Estas ayudas podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad” de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.

domingo, 19 de febrero de 2012

16/02/12: Cadiz: las ayudas a la reindustrialización que nunca llegaron.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha advertido este miércoles de la existencia de una "estafa generalizada y sistemática" en todos los planes de empleo de la Junta en la provincia de Cádiz, considerando "inadmisible" que un territorio con 200.000 parados esté inmerso en "continuos escándalos de fraude y presunta corrupción" en materia de políticas de empleo.

En rueda de prensa, Sanz se pronunciaba así después de que el Tribunal de Cuentas haya recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las acciones que se financiaron con las subvenciones concedidas a Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó a 16 millones de euros en 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que fueron concedidos.

Según ha indicado, dicho pronunciamiento pone "en evidencia" la gestión de 600 millones en un plan de empleo especial de Cádiz, "siendo algo inaceptable porque hay una parte de ese dinero que aparece desaparecida, una parte que no se ha gastado en lo que estipulaba la norma y otra parte que no se ha justificado".

En relación al plan de reindustrialización de la Bahía, el secretario general del PP-A ha apuntado que la Diputación de Cádiz, durante su gobierno socialista, el Gobierno de la Nación de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), están inmersos en otro "monumental escándalo", investigado por juzgado número 4 de Cádiz en relación a la gestión de 25 millones.

Tras destacar que ya hay detenidos "vinculados al corazón del PSOE andaluz", haciendo así alusión al municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, el dirigente 'popular' ha apuntado el hecho de que, según la información del sumario de este caso, "prácticamente" la mayoría de las ayudas se conceden al entorno de un mismo empresario, Dávila Oviña, y sobre "un mismo territorio", Alcalá de los Gazules, "que no pertenece a la Bahía de Cádiz".

"El PP sospecha que ese fraude vinculado a Bahía Competitiva no debió ser gratis para los gestores del PSOE, de la agencia IDEA y del Plan Bahía Competitiva", ha afirmado Sanz, quien ha preguntado dónde estaba el "centro de decisiones" de esas ayudas vinculadas al Plan Bahía Competitiva y hasta dónde alcanza la responsabilidad de los actuales dirigentes del PSOE en la toma de decisiones. (Fuente: La Vanguardia)

miércoles, 15 de febrero de 2012

15/02/12: El alcalde de Las Palmas implicado en el “caso canódromo”

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, del Partido Popular, por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando Cardona era concejal de Urbanismo e impulsó convenios que ahora son objeto de investigación.

El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5, 5 millones de euros a la promotora de viviendas Urbacan, que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia. La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. El intermediario de la operación, Eduardo Fernández Álvarez, y algunos trabajadores de Realia también han sido imputados.

En uno de estos solares, ubicado entre los barrios de Schamann y Escaleritas, el Ayuntamiento autorizó la edificación de dos torres de 15 plantas para albergar 120 viviendas, cuya construcción permanece hoy paralizada. Fue la asociación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las dos torres precisamente en una de las zonas más masificadas de Canarias, que, previamente, estaba destinada a ser una zona verde. (Fuente: El País)

14/02/12: Como llevárselo crudo en la Diputación de Barcelona

El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve (CiU), no ha aceptado este martes --14 de febrero de 2012-- la dimisión del coordinador general de la corporación, Josep Maria Matas (CiU), tras oír sus explicaciones, después de que se haya hecho público que facturó 600.000 euros a una entidad pública municipalista que él mismo controlaba como secretario general.

Es lo que se calificó en su momento como el oasis catalán. O una forma de hacer dinero más propia de otros tiempos. Así ha actuado Matas. Una empresa de su propiedad facturó más de 600.000 euros entre 2005 y 2011 a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) mientras era su secretario general. Dos años antes, Matas ya estaba detrás de la sociedad y giró facturas por otros 300.000 euros.

Tal y como ha desvelado El País --La empresa de un cargo de CiU cobró casi un millón de la Asociación de Municipios--, la facturación se realizó a través de la empresa Parés i Solé, SL, creada en 2003 y todavía operativa. La sociedad ha acumulado, desde entonces, un total activo de 921.457 euros, procedentes casi en su totalidad de los trabajos cobrados a la ACM por resúmenes de prensa, gestión de publicidad, estudios de mercado u organización de cursos, entre otros conceptos.

La empresa no cuenta con oficina alguna ni con trabajadores, más allá de un administrador único. El funcionamiento de Parés i Solé, SL consistía en facturar trabajos de los proveedores de la ACM como propios y emitir facturas por conceptos difíciles de demostrar.

En 2003, la empresa facturó 27.190 euros a la ACM. En 2004, los ingresos fueron similares y en 2005 emitió 41 facturas por 154.328 euros, todas vinculadas a la ACM. Y siguió así durante los siguientes años. Entre 2008 y 2010 declaró ventas por 863.993 euros.

Matas se hizo con la Secretaría General de la ACM --entidad municipalista que aglutina a una serie de municipios y que surgió como contrapeso a la Federación Catalana de Municipios, controlada por el PSC-- en 2000. En ese año ya era el máximo responsable de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la comarca barcelonesa de Osona.

La ACM, al estar vinculada a la Consejería de Gobernación, no pasa los controles de la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad de Cataluña, pese a que recibe una gran cantidad de subvenciones públicas de la Administración autonómica.

lunes, 13 de febrero de 2012

13/02/12: Villa PSOE tenía un precio.

El diario 'El Mundo' revela este 13 de febrero de 2012 otro episodio que refuerza las inquietantes sospechas sobre las relaciones entre José Blanco, ex ministro de Fomento, y constructores y empresarios gallegos.

El ex ministro Blanco y su mujer, Ana Isabel Mourenza García, adquirieron el 4 de mayo de 2009 un ático, con una amplia terraza, plaza de garaje y trastero en Isla de Arosa (Pontevedra).

La constructora y promotora del edificio se llamaba Residencial Illa de Arousa -hoy conocida como Villa PSOE- y uno de sus directivos era Javier Carrera.

Ese mismo ejecutivo, a través de otra de sus sociedades, Movexvial, consiguió en tres años y durante el tiempo en que José Blanco fue titular de Fomento, de 2009 a 2011, una serie de adjudicaciones y obras, algunas bajo la fórmula de UTE, que ascendió a 28,46 millones de euros.

Carrera también se vio favorecido, en ese mismo espacio de tiempo, por adjudicaciones del Ayuntamiento de Vigo, todas durante el mandato del socialista Abel Caballero y a través del Plan E. Las obras ascendieron, de forma directa o indirecta, a 30,30 millones de euros.

Entre Fomento y el Ayuntamiento de Vigo, el constructor de la residencia en Arosa de José Blanco consiguió obras por un importe de 58,76 millones de euros.

La residencia de José Blanco en Isla de Arosa también es conocida como Villa PSOE porque allí adquirieron una vivienda y veranean un grupo de destacados dirigentes socialistas, como Gaspar Zarrias (miembro de la actual Ejecutiva del PSOE y ex secretario de Estado), Ricardo Jacinto Varela (ex senador y ex consejero gallego de Trabajo), Ventura Pérez Mariño (ex juez y ex alcalde de Vigo por el PSOE) y Edelmiro Prado (ex concejal del PSOE, que falleció en diciembre de 2011), entre otros.

domingo, 5 de febrero de 2012

04/02/12: Los favores de Chacón

El Juzgado número 2 de Madrid investiga desde hace más de un mes la adjudicación de la gestión de la Hípica Militar de Loyola (San Sebastián) en la que la candidata a secretaria general del PSOE, Carme Chacón, podría estar implicada. A través del auto firmado el pasado 24 de noviembre, el instructor Arturo Zamarriego admitió a trámite una denuncia presentada contra la ex ministra por prevaricación y ordenó la apertura de diligencias.

Junto a Chacón, también podría estar vinculada la que fuera su directora general de Infraestructuras, Mónica Melle, en el momento en que fue adjudicada la mencionada gestión. Ambas están acusadas de conceder el concurso a la oferta menos rentable para la Administración porque tras ella había intereses políticos; en concreto, la presencia de la entonces eurodiputada socialista Bárbara Dührkop.

La apertura de diligencias contra Chacón y Melle se produjo después de que la sociedad Akullarte denunciara a ambas por considerarse víctima de su decisión. Ministra y directora general se decantaron por la otra oferta (Hipikalia), a pesar de ser aparentemente más desfavorable, y la agraviada reaccionó. La acusación explica que “al acto de licitación acudieron dos entidades”. La primera, la demandante, Akullarte, que ofrecía un total de 180.000 por adjudicarse la gestión durante cinco años. La segunda, una sociedad creada poco antes del concurso, Hipikalia, cuya oferta era tres veces menor, 60.000 euros por el mismo periodo.

La entidad denunciante entiende que la concesión tuvo “un componente político”. Argumenta que la junta directiva de la sociedad ganadora del concurso, Hipikalia, “está compuesta por tres personas (Alberto Catalán, Jesús Ferreiro y Jesús María Rayo)”, las mismas que “también comparten asociación dentro de la Hípica de Loyola con la ex eurodiputada Bárbara Dührkop”. La acusación aporta también pruebas que supuestamente demuestran que la ex dirigente socialista trató de presionar a los responsables del Ministerio de Defensa. Asimismo, denuncia que la gestión de la instalación deportiva fue adjudicada en un primer momento a dedo a la Federación Guipuzcoana de Hípica, entonces compuesta precisamente por los tres socios que luego fundaron Hipikalia.

La adjudicación definitiva de la Hípica fue firmada por la ex ministra de Defensa poco antes de las pasadas elecciones generales. En concreto, Chacón y Melle concedieron la gestión oficialmente el 28 de octubre de 2011, tres semanas antes de los comicios que desplazaron a los socialistas del Gobierno. (Fuente: La Gaceta)

jueves, 2 de febrero de 2012

01/02/12: Las obras de la policía, bajo sospecha

El juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por una presunta trama de corrupción en la Policía Nacional a la hora de conceder obras durante los años 2010 y 2011, durante el periodo de mandato de Pérez Rubalcaba y de Antonio Camacho. La denuncia llegó en un sobre anónimo a la Delegación de Hacienda, que se la remitió a la Dirección General de la Policía. Ayer mismo, el SUP trasladó esa misma información a la Fiscalía Anticorrupción.


Según la denuncia anónima, multitud de grandes contratos realizados durante los ejercicios de 2010 y 2011 se troceaban en varias adjudicaciones separadas para poder ser concedidos sin publicidad, es decir, a dedo, y los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30 % del coste del proyecto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que también le llegó la denuncia anónima, la remitió este martes a la Fiscalía Anticorrupción, si bien el asunto ya estaba siendo instruido, cosa que el SUP no sabía dado el secreto con el que el titular del Juzgado número 26 lo está investigando.

En la denuncia se dice que durante los últimos años se han adjudicado contratos a "empresas amigas o compinchadas", simulando adjudicaciones menores, o bien fraccionando un presupuesto en varios menores y así adjudicarlos a otro amigo, o bien inflando los honorarios facultativos hasta llegar a más del 30 % de la ejecución material de una obra.

Según esa misma denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico, durante al menos los ejercicios de 2010 y 2011 -es decir, en la última etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y la de su sucesor en el cargo, Antonio Camacho-, se habrían amañado concursos de obras para que determinadas empresas y personas se beneficiaran de forma supuestamente ilícita.

"En todos los casos estas irregularidades están bien dirigidas siempre a las mismas empresas, que son bastantes, y a los mismos técnicos, circunstancias que implican la connivencia del técnico que lleva la zona geográfica y el jefe del Área, que tienen en común que ninguno de los dos son policías, y al parecer su código de compromiso con la institución deja mucho que desear", dice la denuncia, que lleva por encabezamiento el siguiente título: "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía".