jueves, 16 de agosto de 2012

16/08/12: Operación "Espartana"

Los cuatro detenidos en Galicia en la operación Espartana han pasado esta mañana a disposición judicial en el juzgado de instrucción y penal número uno de Corcubión (A Coruña), según han informado a EFE fuentes de ese juzgado.
Un sargento de la Guardia Civil destinado en Navarra, que estaba de baja desde el pasado día 1 de agosto, y que antes prestaba en servicio en Corcubión (A Coruña), se encuentra entre las cuatro personas detenidas en Galicia a raíz de esta operación, en la que la Policía se ha incautado de 3.000 kilos de cocaína y ha detenido a 31 personas.

La Policía sospecha que el guardia civil detenido era el encargado de recibir la droga en la costa gallega, junto con otro ciudadano colombiano, también detenido en Galicia, para su posterior traslado a Madrid, informaron fuentes de la investigación.
El Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEO) abordó en alta mar, a 50 millas de la costa de Cádiz, un barco que transportaba unos 3.000 kilogramos de cocaína de gran pureza y detuvo a 31 personas, cuatro de ellas en Galicia, pertenecientes a una red internacional de traficantes de droga afincada en España.
La droga había sido cargada en Sudamérica y se dirigía a la costa de Galicia para ser transportada desde allí a Madrid.

En la comunidad gallega también ha sido detenidos otros dos colaboradores de la banda, uno de ellos en Cee (A Coruña), que trabajaba en una floristería, y otro en la comarca de Arousa (Pontevedra), con causas anteriores por contrabando. (Fuente: ABC.es)


15/08/12: La corrupción alcanza al partido de la "regeneración"

La sospecha de que el partido de Rosa Díez en Valencia había cometido fraude electoral interno para elegir a los miembros de su Ejecutiva en 2009 planeaba desde hacía tiempo, pero fueron las palabras de un afiliado, en el transcurso de una asamblea, las que levantaron la liebre.

Tras aquella denuncia, UPyD trató de zanjar el asunto con una investigación interna que aclarara la carga de corrupción que recaía sobre al partido liderado por Rosa Díez en esta comunidad. Muzzati -de quien hoy dice elsemanaldigital, “sigue en su puesto porque así lo quiere Rosa Díez”- utilizaba un argumento de legalidad: “de acuerdo al más elemental principio de seguridad jurídica, no procede revisar el resultado de un proceso electoral una vez concluido el plazo establecido para su impugnación, y ello con independencia de las responsabilidades internas que pudieran derivarse de la propia instrucción del expediente”.
Los razonamientos oficiales del actual coordinador de del Consejo Territorial de UPyD en Valencia no han sido capaces de detener la escalada de dimisiones que cuentan en su haber con la marcha de las exsecretarias de Organización, María José Ros y Lidón Ordóñez; el presidente provincial de Alicante, Faustino Salas y, otros dirigentes como Mari Carmen Caballero o David Alcoy. 
“La fractura total”, como así califica un destacado miembro del partido magenta, no ha animado sin embargo a las explicaciones de la líder de UPyD, Rosa Díez, ni tampoco la del artista y político valenciano Toni Canto, de momento callados. (Fuente: minutodigital.com)


sábado, 11 de agosto de 2012

08/08/2012: El caso Interligare cerca a Rubalcaba

Interligare, la empresa de investigación que tuvo en su consejo a dos ex altos cargos de Interior y que situó una de sus oficinas apenas a 30 metros de la sede del Partido Popular en la calle Génova, recibió casi cuatro millones de euros en contratos y ayudas públicas del Gobierno socialista en apenas 19 meses.

Los contratos fueron suscritos por los ministerios de Interior, Industria, Turismo y Comercio y Ciencia y Educación en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría fue adjudicado a dedo y/o diseñado para que una empresa como Interligare, que empezó a tener graves problemas económicos a finales de 2009, pudiese hacerse con ellos eludiendo la Ley de Contratos.

Solamente en el periodo comprendido entre agosto de 2008 y noviembre de 2009, apenas 15 meses, la compañía, en la que estuvieron trabajando dos hijos de Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, recibió contratos de este departamento por más 2,7 millones.

La mayor parte de las adjudicaciones eran firmadas por el alto cargo socialista y algunos de los contratos, como el relativo al suministro de un sistema integral de inteligencia y vigilancia de internos penitenciarios –valorado en 809.000 euros y según fuentes policiales nunca funcionó– propuestos por él. La adjudicación se hizo a dedo y sin promoción de ofertas.

El primer contrato de relativa importancia suscrito con el Ministerio del Interior tiene lugar en agosto de 2008. Todavía no habían entrado en el consejo de Interligare los ex cargos de Interior Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes, pero sin duda sorprende el contrato del ministerio de Rubalcaba, que tenía por objeto la monitorización, captura y tratamiento de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación. Cuatro meses más tarde se pagó casi un millón de euros por instalar un Sistema Integrado de Análisis y Producción de Inteligencia.
Con Rancaño y Fuentes ya sentados en el consejo de administración de Interligare, Luis Luengo propuso que la empresa se hiciera con el control de visitas de las cárceles. Nuevamente el contrato, considerado secreto, fue adjudicado a dedo y por él se desembolsaron 809.000 euros. Al ser un contrato de suministros, la empresa ya en una situación crítica, pudo optar a él pese a no tener clasificación.

Medio año después, Interior fraccionó un contrato para que la empresa, ya con deudas, pudiera ejecutarlo. De esa forma, Interligare eludía la Ley de Contratos, que si superan los 120.000 euros en el caso de los de servicios debe presentar una clasificación adjunta de solvencia. La concesión, de 236.000 euros, se dividió en dos, una de 116.400 y otra de 119.500. La adjudicación tenía como objeto el mantenimiento del sistema informático y la base de datos del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que gestiona toda la información en esta materia y lo relativo a las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía.

Después del desembolso de fondos públicos por parte de Interior a Interligare, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, capitaneado por Miguel Sebastián, se interesó por el trabajo de la compañía de inteligencia y pagó casi 450.000 euros –en dos contratos– por “un sistema para erradicar y gestionar de forma unitaria el riesgo de agresión de la mujer en España”. Otro de los proyectos, de medio millón de euros, nunca se ejecutó, y se apremió a la devolución de su partida en 2012 sin resultado positivo, ya que la compañía se declaró insolvente un año antes.

Mientras, Ciencia y Educación dio 277.000 euros a Interligare para promocionar cuatro proyectos de investigación personalizados. (Fuente: La Gaceta)