lunes, 26 de julio de 2010

25/07/10: Coge el dinero y corre.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a nueves meses de cárcel y a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo al ex alcalde de la localidad de Isla Mayor (Sevilla), Manuel Aviñó Navarro, por ordenar el día previo a su cese el pago de 5.701,49 euros a pesar de los informes en contra del tesorero y del interventor.
Según relata la sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 13 de junio de 2003 el entonces alcalde del municipio -al día siguiente tomaba posesión la nueva corporación municipal- ordenó el abono a la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa) -de cuyo consejo de administración era presidente- la cantidad de 5.701,49 euros.
En este sentido, el fallo asevera que el entonces primer edil actuó de esta manera "sin que existieran fondos disponibles" para hacer frente al pago y existiendo además un embargo sobre los créditos de dicha empresa por parte de la Agencia Estatal Tributaria, notificado el 10 de junio de 2003, "encontrándose la empresa en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha". (Fuente: El Economista)

miércoles, 21 de julio de 2010

18/07/10: Manual para apoderarse del dinero de fondos europeos

La Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas catalán, que fiscaliza la Administración autonómica y empresas públicas, ha detectado 522 incidencias en 37 expedientes analizados en el marco de un informe solicitado por el Parlamento catalán sobre los recursos recibidos por distintas empresas y organismos del Fondo Social Europeo (FSE). Las incidencias detectadas, que se detallan en el documento 8/2010 fechado el pasado 13 de abril y que fiscaliza los recursos gestionados por entidades públicas del FSE entre los ejercicios 1999 y 2001, consisten principalmente en la falta de documentación de los expedientes e irregularidades en las facturas presentadas para optar a los fondos que se dieron con empresas como Movilma y el grupo Pallerols (vinculado al escándalo de desvío de fondos destinados a cursos de formación a parados durante los gobiernos de CiU), entre otras empresas y entidades.
 La Sindicatura fue más allá y también analizó los procesos de recuperación de subvenciones, pero en este campo, el informe es demoledor. "Del análisis, se desprende que se han producido algunos ingresos por reintegro de las subvenciones revocadas, pero la mayor parte de los reintegros que han sido exigidos por la vía de la obligación han finalizado en baja por insolvencia". Es decir, que no existe ya ninguna posibilidad de recuperarlo.
Las incidencias detectadas motivaron en su día varios procesos judiciales que salpicaron al Ayuntamiento de Barcelona (caso Movilma) y a la Consejería de Trabajo en los últimos gobiernos de CiU, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

La relevancia del informe radica en que ha ampliado los datos de otro informe similar realizado en el 2007 con información específica sobre las empresas y entidades sometidas a algún proceso judicial o del Ministerio Fiscal. El texto hace referencia al caso Pallerols, cuyo protagonista era el empresario Fidel Pallerols, que pagó mobiliario y salarios de empleados de Unió Democràtica (UDC) con el dinero detraído de la Consejería de Trabajo. El pasado mes de febrero, el Gobierno de la Generalitat decidió no reclamar a Unió el dinero malversado. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso Pallerols, se desmarcó así de la Fiscalía, aunque pidió para el principal implicado ocho años y medio de cárcel.
En su escrito de acusación provisional, el Gobierno respalda la tesis de la Fiscalía de que el conglomerado de empresas de Fidel Pallerols recibió entre 1994 y 1999 casi 9 millones de euros en subvenciones públicas con el compromiso de entregar luego un 10% de esos fondos para la financiación de UDC. Por ese motivo, el Ministerio Público considera en su calificación provisional que esta formación fue "partícipe a título lucrativo" de la trama, por lo que reclama que pague un total de 197.000 euros, correspondientes al dinero que recibió en material para sus sedes y en nóminas de algunos empleados. El sumario revela que Unió recibió del grupo Pallerols más de 660.000 euros entre 1994 y 1999. (Fuente: El Confidencial)

10/07/10: Independencia para trincar

La última operación contra la corrupción municipal en Málaga saltó ayer en Villanueva de la Concepción, un pueblo de 3.383 habitantes del norte de la provincia que apenas lleva un año independizado de Antequera. Tras una intensa jornada de registros, la Guardia Civil detuvo a su alcalde, Ernesto Silva, acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias relacionado con varios asuntos urbanísticos. El regidor, de la formación política Foro Andaluz, preside la comisión gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones municipales.

En la operación también fueron detenidos con los mismos cargos el profesor de la Universidad de Málaga Juan Francisco Hurtado, y un abogado del que no trascendió el nombre. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado número 2 de Antequera, encargado de la investigación, el próximo lunes. (Fuente: El Pais)

08/08/10: Detenido el presidente de la Diputación de Alicante

La confusa detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó bruscamente con el periodo de calma de que disfrutaba el líder popular en las últimas semanas.
Una vez más, como sucedió con Jaume Matas en Baleares y con las múltiples ramificaciones del caso Gürtel, las siglas del PP volvieron a ocupar la atención informativa asociadas a un caso de corrupción. Sin embargo, la espectacular detención de Ripoll apenas duró unas horas. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron en torno a las ocho de la mañana a su domicilio, y hacia mediodía se trasladaron al Palacio de la Diputación para continuar con los registros. Finalmente, fue conducido a la Comisaría Provincial y, tras declarar durante unos diez minutos en compañía de su abogado, Ripoll fue puesto en libertad.

Junto al presidente de la Diputación fueron detenidos tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela y los empresarios Enrique Ortiz (propietario del Hércules Club de Fútbol) y Ángel Fenoll, todos ellos supuestamente relacionados con la adjudicación de una planta de residuos y de los servicios de recogida de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja.

El extraño modo en que se ha ejecutado esta operación contrasta con el hecho de que, según ha podido averiguar este diario, varios dirigentes del PP supieran desde el pasado sábado que se estaban preparando detenciones importantes en Alicante. De hecho, Juan Cotino, vicepresidente del Gobierno valenciano, aprovechó el lunes su presencia en la Junta Directiva Nacional para comunicar a Rajoy que se avecinaba una acción policial de calado. Por otra parte, como este miércoles informa El Mundo y ha podido comprobar El Confidencial, Alfredo Pérez Rubalcaba también informó el lunes al presidente del PP sobre la inminente detención de Ripoll. (Fuente: El Confidencial)

07/07/10: Cárcel para el caso Son Oms

El ex diputado autonómico de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, ingresó ayer por la mañana en la prisión de Palma después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia por el caso Son Oms.
Con esta sentencia el Supremo considera probado que el Consell de Mallorca pagó en su pasada legislatura un total de 12.020 euros al contable de Vicens -que trabajaba gratis para el ex portavoz de UM- a cambio de un informe sobre el valor del suelo de la isla, que resultó plagiado de internet.
La condena consiste en tres años de cárcel y seis de inhabilitación por un delito de malversación, y en siete años de inhabilitación por uno de prevaricación.
Vicens se convierte así en el primer diputado autonómico balear que cumple una pena de prisión por un delito de corrupción. Otros políticos baleares se encuentran en la cárcel de Palma por delitos económicos, como Eugenio Hidalgo o Jaume Massot. (Ver entrada 09/12/09)

jueves, 1 de julio de 2010

30/06/10: La zorra guardando las gallinas

Es lo que tiene poner a la zorra a guardar el gallinero. Es lo que tiene poner a un aparejador, promotor y constructor, a un amigo y socio de constructores y promotores, como máximo garante del bien común en un municipio costero. Lo lógico es que la una se meriende a las gallinas y los otros al bien común.



José Hernández Sánchez, alcalde de San Javier (Murcia) entre los años 1999 y 2007, nunca ocultó que vivía del urbanismo. «Soy aparejador, constructor y promotor, llevo 30 años en este negocio y tengo mil socios. Si tuviera que abstenerme cada vez que tengo que votar algo sobre un amigo, no podría dar licencias. Sólo podría dárselas a los socialistas», declaró en abril del 2006, cuando 'La Verdad' comenzó a desvelar sus relaciones societarias y su amistad íntima con importantes constructores de la comarca, adjudicatarios de numerosa obra pública y beneficiarios de recalificaciones, permutas y otras operaciones urbanísticas que impulsó y avaló como alcalde, algunas de más que dudosa legalidad.



Esas peligrosas relaciones, que ya le habían costado más de un disgusto, le valieron ayer un susto morrocotudo y un amargo despertar, que sin duda tardará un buen tiempo en olvidar. Fueron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, quienes se presentaron en su domicilio muy a primera hora de la mañana y le notificaron que quedaba detenido por diversos delitos, entre los que destacaban los de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
De manera simultánea eran detenidos tres importantes constructores, Santiago Martínez Esparza (Urdemasa), Jaime Vicente Navarro (Grimanga S.A.) y Antonio Javier Sánchez (Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A.), a quienes se investiga por haber sacado tajada, supuestamente, de sus envidiables relaciones con el ya hoy ex regidor municipal. (Fuente: La verdad)

Escrito el 01/07/2010

29/06/10: Operación Pasarela

La policía judicial ha iniciado hoy la "operación Pasarela" contra la corrupción con el registro de cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid relacionadas con el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), organismo del que se investiga un supuesto desvío de fondos públicos en la anterior legislatura del PP.

La instrucción del "caso Ibatur" comenzó en febrero de 2009 a raíz de la detención del entonces secretario de este instituto, Miquel Ángel Bonet, quien reconoció ante el juez haber falsificado facturas con el fin de desviar dinero público a manos de particulares.
Tras más de un año de pesquisas, el juez Lope Sola ha ordenado hoy el registro de varias empresas y una fundación en una primera fase de la operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso.

En concreto, las empresas que la policía judicial registra en Madrid son Match Golf Consulting y Over Comunicación y, en el caso de Mallorca, se ha procedido al registro de la Fundación Balears Sostenible, en Valldemossa; el club de golf de Pula, en Son Servera; la sede en Palma de la agencia de publicidad Clave, y las dependencias de su filial de organización de eventos La Moderna, en Santa Maria.
Las mismas fuentes, que han apuntado que la policía judicial también ha recabado documentación sobre actividades de Clave en Llucmajor, han indicado que no se espera que estas pesquisas deriven hoy en detenciones.
Match Golf Consulting participó durante la pasada legislatura en la organización del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en las instalaciones de Pula y que patrocinó el Ibatur con una aportación anual de 4,7 millones de euros entre 2004 y 2007.
En cuanto a Over Comunicación, ligada a Over Marketing y relacionada con el "caso Gürtel", fue la empresa encargada de publicitar la "tarjeta verde",un carné de descuentos para turistas que puso en marcha el anterior Govern de Jaume Matas para reemplazar los ingresos previstos con la ecotasa, el polémico impuesto implantado por el primer Pacto de Progreso.
La tarjeta fue gestionada por la Fundación Balears Sostenible, que dirigió de 2003 a 2007 Pau Collado, imputado en el "caso Gürtel" como consejero delegado de Easy Concept, empresa propiedad del encarcelado Francisco Correa.

El Grupo Clave fue uno de los principales adjudicatarios de contratos de publicidad de la administración durante la pasada legislatura y realizó numerosos trabajos para la Conselleria de Turismo. (Fuente: ABC)



26/06/10: La “savia” de los partidos

CDC ha negado por enésima vez ninguna relación entre el 'caso Palau' y la financiación de la Fundación CatDem -antes Ramon Trias Fargas- o del partido, en relación a unas informaciones publicadas sobre un presunto desvío de fondos de la institución a personas vinculadas a Convergència.
Las informaciones señalan supuestas comisiones del 4%, y un presunto desvío de fondos a personas vinculadas a CDC y a la entonces Fundación Ramon Trias Fargas, según detallan documentos hallados en los ordenadores de las secretarias del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull.

Los documentos, que fueron entregados ayer por los abogados de la entidad cultural al juez Juli Solaz, apuntan a que los ex directivos controlaban obras públicas adjudicadas por los gobiernos de CiU, sobre todo la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro de Barcelona en incluso obras hidráulicas.
Los equipos informáticos fueron clonados por los Mossos durante el registro del 23 de julio de 2009, y el material podría estar ya en manos de Hacienda. Los documentos confirmarían los pagos por patrocinio de Ferrovial a la institución musical, y su presunta vinculación con el desvío de fondos del Palau a la Trias Fargas y a firmas proveedoras comunes del Orfeó y de CiU. (Fuente: El Mundo)

25/06/10: Como saquear las arcas municipales

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Coslada ha decidido "abrir diligencias", admitiendo la querella presentada en su momento por Juana Balas y Antonio Montes, concejales de IU destituidos en su momento de sus competencias de gestión, por denunciar graves irregularidades en el Área de Deportes.
Con esta decisión los tribunales han considerado que hay indicios suficientes para iniciar una investigación, tal y como venía solicitando IU de Velilla de San Antonio. Esta decisión judicial viene precedida de una reciente sentencia que condena por injurias al Secretario local del PSOE, José de Juan González, por acusar de malversador precisamente a uno de los concejales de IU que ha denunciado la corrupción municipal, en la que pueden estar implicados cargos públicos del PSOE de Velilla de San Antonio (Madrid).
IU de Velilla de San Antonio aportará al juzgado, a través de sus concejales Juana Balas y Antonio Montes, la documentación que prueba un auténtico saqueo de los fondos municipales, en el que están presuntamente implicadas dos empresas estrechamente relacionadas con la Ejecutiva Local del PSOE. Según cálculos todavía provisionales, el cobro irregular del IVA en la facturación de la Escuela Municipal de Tenis podría ascender a unos 120.000 euros, a los que habría que añadir el cobro por competiciones en meses en que no se realizaban, o el exceso de horas facturadas en diversas actividades deportivas (47.000 euros solo entre los meses de octubre-2008 a junio-2009), etc.

Estos y otros abusos intentaron investigarse desde IU y recibieron como respuesta la destitución de sus concejales por parte de la anterior alcaldesa, del PSOE. Ocho meses de negociaciones entre PSOE e IU solo sirvieron para confirmar que el PSOE de Velilla de San Antonio pretendía renovar el contrato a las mismas empresas y ocultar el fraude detectado. (Fuente: Madrid liberal)

24/06/10: Renace el caso Scala

La investigación judicial del "caso Scala" de supuesta corrupción volverá al juzgado de instrucción número 4 de Palma después de que el ex conseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona haya dimitido de su escaño en el Parlament perdiendo así su condición de aforado.
En el "caso Scala" se investiga presunta corrupción durante la pasada legislatura del PP, en la que se habrían inyectado fondos mediante transferencias y otros sistemas en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente de la Conselleria de Cardona, que en realidad habrían sido empleados para beneficio de particulares.
Cardona era hasta hoy diputado autonómico del grupo mixto, desde que abandonó el grupo popular para no dañar la imagen del partido dada su imputación en este caso de supuesta corrupción.
La causa se inició en el juzgado de instrucción 4 de Palma, cuya titular es Piedad Martín, pero pasó a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) tras la imputación de Cardona.
Esta sala fijó una fianza civil en su contra por 2,9 millones de euros en un auto dictado el pasado 30 de abril.

Cuando el Parlament acredite al TSJIB que Cardona ha dimitido y ya no es aforado, el caso volverá a ese juzgado de instrucción, según han indicado a Efe fuentes jurídicas. (Fuente: ABC)