miércoles, 29 de diciembre de 2010

28/12/10: TVE presta tarjetas Visa, “cargaditas”.

La austeridad para RTVE que proclama su presidente, Alberto Oliart, todavía no parecía presidir la casa en 2009, antes de su llegada. Y la falta de control incluso alcanzaba al uso de las tarjetas de crédito de la empresa. Según denuncia el borrador de Auditoría correspondiente al pasado ejercicio, una de esas tarjetas “ha sido utilizada por una persona cuya relación con la Corporación es mediante un contrato de asistencia y consultoría”. Una práctica irregular en tanto la normativa interna deja claro que únicamente los directivos de la televisión pública y de sus sociedades estatales podrán utilizar el plástico corporativo.

El informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) no se queda ahí. Añade que, incluso en el caso de los directivos con derecho a utilizar las tarjetas de crédito, “en algunos gastos de la muestra realizada no se detalla la explicación del gasto (motivo, comensales, etcétera)”. Un procedimiento que lleva al auditor a lamentar que parte de esos desembolsos “parecen no cumplir el principio de austeridad”. La Auditoría se encuentra todavía en fase provisional y, por tanto, RTVE puede presentar alegaciones. (Fuente: El confidencial)

27/12/10: Se hila fino en Orxeta (Alicante).

La instrucción de la querella de un particular contra el alcalde y el concejal de urbanismo de Orxeta (Marina Baixa), ambos del PSPV, por supuesta corrupción en la recalificación de un terreno rústico está estancada, tres años después. La magistrada, la titular del Juzgado número 2 de La Vila, tras admitir a trámite y tomar declaración a los dos políticos como imputados, ha remitido, ahora, la causa al fiscal para que vuelva a informar por la "complejidad" jurídica de la denuncia. Esta iniciativa ha provocado la reacción del querellante, que ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Alicante ante la paralización de la instrucción.

La investigación judicial al alcalde de Orxeta y el edil de Urbanismo, Vicente Llinares y José Olcina, respectivamente se remonta a finales de 2007, cuando una propietaria de suelo rústico en el municipio presentó una querella contra ambos por supuesta estafa y tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret, hermanos del entonces concejal de Urbanismo, y también cuñados del alcalde. Un año más tarde los cuatro compradores vendieron la finca a la mercantil Balcón de la Florida por 2,6 millones de euros. El suelo continuaba siendo rústico, pero el contrato estaba sometido a una serie de cláusulas, entre ellas la posible recalificación del suelo. La denunciante mantiene que, previamente a la escritura de compraventa, el alcalde firmó un convenio con la mercantil en el que se acordaba la recalificación de ese suelo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Unos meses después, la querellante presentó una ampliación de la denuncia por unos hechos similares, aunque en este caso vinculados con la madre del primer edil de Orxeta. La familiar del alcalde vendió un suelo rústico (109.438 metros cuadrados) a la mercantil Construcciones Valencia Constitución, S L (CVC), por un total de 1,6 millones de euros. Esta firma también impulsó un PAI en la zona donde la madre del alcalde era propietaria. El PAI se incorporó al PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 por el PSOE, que entonces gozaba de mayoría absoluta. (Fuente: El Pais)

26/12/10: Las adjudicaciones de TV de Castilla la Mancha, bajo sospecha.

Las adjudicaciones de TDT están revelando una serie de posibles tratos de favor que podrían ser constitutivos de delito, sobre todo en las concesiones llevadas a cabo en cada Comunidad Autónoma. El foco de mayor sospecha se sitúa en Castilla-La Mancha, cuyas adjudicaciones serán investigadas por la Unión Europea ante la sospecha de posibles ayudas ilegales a los proveedores.
Desde Bruselas se ha enviado un escrito al Gobierno español en el que se le comunica que investigará las adjudicaciones de TDT en Castilla-La Mancha ante la sospecha de que se hayan llevado a cabo posibles ayudas ilegales a empresas sin la notificación previa a la Comisión Europea ni su consentimiento posterior.
En el principal foco de las sospechas a nivel nacional se encuentran las empresas Abertis y Telecom Castilla-La Mancha, las dos mayores contratistas de España con un 57,18% y un 13,72% del importe financiado por el Gobierno español, respectivamente. Los contratos adjudicados a estas empresas, según la Comisión Europea, podrían ser irregulares, ya que “el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores e instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional”.
Al margen de las consideraciones generales sobre la competencia desleal de los operadores de TDT en toda España, la Comisión Europea ha anunciado un procedimiento exclusivo para Castilla-La Mancha, que destinó ayudas económicas directas a Telecom Castilla-La Mancha sin llevar a cabo una licitación previa, como hicieron el resto de regiones: “Las Comunidades Autónomas (a excepción de Castilla-La Mancha, que ha concedido ayuda económica directamente al operador de la plataforma) organizaron licitaciones para el suministro e instalación de los equipos de telecomunicación necesarios para digitalizar los centros emisores existentes o construir otros nuevos”. (Fuente: El confidencial)

domingo, 19 de diciembre de 2010

18/12/10: Corrupción en la Benemerita contra el narcotráfico

La Guardia Civil quiere limpiar su imagen después de que hayan salido a la luz supuestas irregularidades dentro del cuerpo relacionadas con el narcotráfico, que vienen siendo cada vez más frecuentes en la zona del Estrecho. “Los tricornios son para llevarlos con la frente muy alta y no para esconder miserias”, apunta un miembro del Instituto Armado a El Confidencial. Desde la Unidad de Asuntos Internos de la Benemérita se están impulsando investigaciones de calibre que han dado pie a operaciones como la desarrollada esta semana en Málaga, en la que se detuvieron a varios agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Costa del Sol.
Las indagaciones policiales comenzaron hace meses. Asuntos Internos llevaba desde principios de año inmerso en una investigación abierta tras la incautación de 1.400 kilos de hachís en una playa de Marbella la pasada primavera. En aquel momento se produjeron diferentes detenciones; hubo arrestos, pero no de todos los que estaban relacionados con el alijo incautado.
El mes pasado, en otra fase de la operación, se arrestó a otros dos agentes en Málaga y en Córdoba. Éstos fueron claves para las ultimas detenciones que han tenido lugar esta semana: cuatro guardias civiles, entre ellos el jefe antidroga de la Guardia Civil en Málaga, que este viernes quedó en libertad tras declarar ante el juez de guardia, quien “no ha dispuesto para él ninguna medida cautelar, aunque tampoco ha trascendido los presuntos delitos que se le imputan”. Según ha sabido este periódico de fuentes cercanas a la Benemérita, al teniente se le atribuye, entre otras acusaciones, omisión del deber de perseguir delitos.
Las detenciones se realizaron en Málaga previo registro de los domicilios de los arrestados. Las investigaciones de Asuntos Internos están dando resultados tras las declaraciones de los primeros imputados y no se descartan nuevas detenciones. Las pesquisas que lleva el Juzgado de Málaga permitieron la intervención de un alijo el pasado 21 de septiembre en una playa de Marbella. Ese día, los investigadores del Instituto Armado interceptaron unos 1.400 kilos de hachís que unos narcotraficantes pretendían introducir en la Península; tras esta actuación se produjo una redada con una decena de detenidos. También fueron arrestados un agente adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, que en esas fechas se encontraba de baja, y dos abogadas por su presunta vinculación con la operación. Ocho de los detenidos en esa redada ingresaron por orden judicial en la cárcel de Alhaurín el 15 de octubre mientras avanzaba la investigación. (Fuente: El confidencial)

sábado, 18 de diciembre de 2010

17/12/10: La corrupción llega a los Mossos d’Esquadra.

Los vídeos a los que ha accedido la emisora RAC1, con la declaración ante el juez Joaquim Aguirre de tres Mossos d’Esquadra imputados en la investigación, revelan que la comisaría de la policía autonómica en Gavà (Barcelona) era uno de los centros de operaciones de la banda narcotraficante con la que colaboraban presuntamente agentes de cuatro cuerpos policiales. El grupo de traficantes estaba liderado por un valioso confidente de la policía, Manuel Gutiérrez, que ayudó a destapar los casos Saratoga-Riviera de Castelldefels, el robo de 400 kilos de cocaína del puerto de Barcelona y la red de licencias comerciales compradas en el distrito barcelonés de Ciutat Vella.
En las imágenes, el cabo que fue detenido en la prisión Modelo de Barcelona, Mauri Llopis, asegura al juez que dos de los agentes investigados en esta población del Baix Llobregat cambiaban los paquetes de cocaína que requisaban por bolsas de cal y azúcar.
Según ha podido saber la emisora del Grupo Godó, el juez Aguirre ha decidido dejar en libertad al único Mosso que hasta ahora estaba en prisión, el subjefe de Vilanova i la Geltrú, Josep Ranea.
Ranea fue detenido el pasado octubre acusado de soborno, tráfico de influencias y un delito continuado de revelación de secretos de la base de datos policiales. Aunque la semana pasada se hizo pública la mayor parte del sumario, quedaba un 10% bajo secreto judicial. Esta parte incluiría las grabaciones en video de las declaraciones de todos los imputados. En ellas se dibuja con detalle la trama que afectaría presuntamente a la comisaría de Gavà, donde según Llopis los favores se pagaban con droga.

Según el sumario del caso, algunos de los agentes de policía investigados habrían recibido 2.000 euros al mes a cambio de favores. La trama habría estado operando desde hace cinco años, aunque los Mossos se habrían incorporado a ella más tarde.
Un total de cinco Mossos d’Esquadra, entre mandos y agentes del Baix Llobregat, Vallès Occidental y Garraf, habrían colaborado presuntamente con la red a cambio de regalos de variado valor, que incluirían dinero en efectivo, droga, descuentos en la joyería Rabat de Barcelona, cajas de puros y alcohol, una moto, un coche deportivo, una Playstation y los honorarios del abogado que defiende a uno de los imputados. También estarían investigados por la trama, según el sumario, tres cabos del Grupo ECO de la Guardia Civil, un alto cargo de la prisión de Can Brians, un agente de la Policía Nacional española y dos miembros de la Guardia Urbana de Barcelona. (Fuente: El Mundo.es)

16/12/10: Caso Mar Blau.

La Policía ha registrado este miércoles las dependencias de la Autoridad Portuaria de Baleares por el amaño de concesiones urdido por el ex presidente Joan Verger. Una comisión judicial ha sido enviada por el juzgado de instrucción número 8 de Palma y se han registrado las dependencias del director de la Autoridad Portuaria, Ángel Matías.
Los agentes también han registrado las oficinas de la Autoridad Portuaria en Menorca, así como las dependencias de Trapsa Yates en esa isla en la operación ya denominada Mar Blau.
Las pesquisas se enmarcan en el denominado caso Puertos, desvelado por ELMUNDO.es. El juez ha decretado el secreto de sumario. Los implicados en la operación Mar Blau de supuesta corrupción, entre ellos el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ex líder del PP Joan Verger, serán citados por la policía a declarar en los próximos días, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.
Según conversaciones publicadas este diario, Verger intentó amañar el concurso del Club Marítimo de Mahón. El expresidente ofreció en secreto a los responsables del club amañarlo y propuso al máximo responsable, Luis Barca, una solución al margen del dictamen de la Mesa de Contratación para propiciar que mantuviera la concesión en su poder. El acuerdo pasaba, eso sí, por que el lobby empresarial de su socio Juan Antonio Riutort, liderado en esta licitación en solitario por la empresa náutica Trapsayates, recibiera una contrapartida en forma de amarres y dinero.

Su ofrecimiento quedó inmortalizado en unas grabaciones que certifican los vínculos existentes entre el histórico líder del PP y el grupo empresarial que ha copado durante los últimos años y coincidiendo con su gestión, las principales concesiones portuarias de las Islas.
Precisamente, los hechos objeto de investigación han sido las citadas grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.

14/12/10: Concejal detenido en Redován

José Manuel Cartagena, concejal del PSOE de Redován (Alicante), y un miembro de la empresa Bluesa han sido detenidos por la Guardia Civil y ha procedido a prestar declaración por su presunta implicación en relación con la falsificación de documentos sobre las plicas presentadas para la adjudicación del servicio de agua potable y de alcantarillado.
El edil socialista y el directivo de Bluesa prestaron declaración en calidad de detenidos y, acto seguido, fueron puestos en libertad con cargos.
Según las investigaciones llevadas a cabo en torno a los hechos, podrían derivarse las implicaciones de los detenidos en una serie de supuestos delitos como cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
Al parecer también se encuentra imputado por los hechos un técnico del Ayuntamiento de Redován.
Las investigaciones se encuentran bajo secreto sumarial y se iniciaron el pasado mes de julio a raiz de una denuncia interpuesta por Leticia Bas, alcaldesa de Redován, después de detectarse una presunta manipulación en el documento de la plica de caracter económico y correspondiente al contrato de adjudicación del agua potable y alcantarillado del municipio durante 35 años. (Fuente: Alicanteactualidad.es)

domingo, 12 de diciembre de 2010

10/12/10: El “reparto” de Carod-Rovira.

Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y si ese amigo puede dar subvenciones a manta, mejor que mejor. El vicepresidente del gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, tiene muchos amigos, aparte de los del sur de Francia y de Valencia. Y algunos de ellos tuvieron suerte este año, porque su manga ancha puede hacer brotar el milagroso maná del dinero en cualquier momento o circunstancia. Es el caso de algunas de las ayudas que vicepresidencia entregó en los primeros nueve meses del 2010: para gastos de participación “en una feria-mercado de productos y servicios en lengua catalana en Gerona”, por ejemplo, Carod donó la nada despreciable cifra de 50.000 euros. Y si se puede alargar el beneficio, mejor. Por ello, la misma asociación recibió otros 19.000 euros por un etéreo concepto de “Proyecto de impulso”.
Se trata de la Fundación Privada Reeixida, una entidad cuyo objetivo es “ser un verdadero motor de iniciativas cívicas y culturales que tengan como eje la lengua catalana en el marco territorial que le es propio: los Països Catalans”. Eso es, al menos, lo que dice en su presentación. Curiosamente, esta fundación fue incluida en el año 2006 en el censo oficial de las entidades que tienen como finalidad el fomento de la lengua catalana, y fue excluida de la lista en el año 2008.
Pero eso no es óbice como para que, a lo largo de los últimos años, Reeixida no obtuviera diferentes ayudas públicas. En el 2004, recién llegada al poder ERC, recibió 9.000 euros para el “relanzamiento y mejora” de la revista L’Escletxa. Al año siguiente, obtuvo 12.000 euros por un taller “de espacio lingüístico que tiene por objetivo la creación de modelos de conducta lingüística y la formación de dinamizadores”. En el año 2006, el departamento de Presidencia, entonces con Pasqual Maragall al frente, le dio 20.000 euros para unos “talleres de educación para la lengua, de sensibilización y de espacio lingüístico catalán” y otros 30.000 euros para la “difusión y promoción de la lengua y la cultura catalanas”. Y en el 2007, Carod, ya en la vicepresidencia, la obsequió con 78.000 euros para el “plan de acción 2007”.
Tanta generosidad no está exenta de una curiosa vertiente personal. Su tesorero, por ejemplo, es Jordi Estalella, que había acompañado al propio Carod-Rovira en la candidatura de las elecciones autonómicas del año 1999. Otro miembro del comité directivo, Jaume Piqué, más conocido como Jimmy Jazz, fue candidato de ERC en las municipales del 2003 por Igualada. Y Jordi Gibergans, otro directivo, está adherido a la plataforma Sobirania i Progrés, impulsada por ERC. Gibergans también fue uno de los que apoyaron la candidatura de Oriol Junqueras en las elecciones europeas del año pasado

Otra entidad amiga es la Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), que este año recibió 17.000 euros para “contribuir a la financiación de los gastos de normalización de la lengua a través del etiquetaje” y otros 14.000 euros para la campaña Hagamos uso de nuestra lengua en la vida cotidiana. En total, 31.000 euros más para una asociación con fuertes vínculos con ERC. La ADEC propugna no sólo el etiquetaje en catalán, sino que “todas las empresas que reciban ayudas, subvenciones, créditos o avales de la Generalitat etiqueten en catalán los artículos comercializados en Cataluña”. Su directora, Ariadna Vidal, es partidaria, incluso, de “multar a quien no etiquete en catalán”.

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) recibió, asimismo, 16.500 euros para “proyectos en el 2010” (en el 2007, para otro genérico “plan de acción” había recibido 32.000 euros). Esta entidad está presidida por Elisenda Romeu, una persona cercana a ERC que fue también presidenta de la Plataforma pel Dret de Decidir tras una dura pelea interna que acabó con dos bandos de ésta enfrentados en los tribunales el año pasado. La perdedora de este enfrentamiento fue Mònica Sabata, la portavoz hasta entonces de la plataforma, que se permitió el lujo de rechazar la oferta de ERC de encabezar la lista en las europeas del 2009. Pero no se ha quedado sin nada. Actualmente, es presidenta de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), otra de las entidades beneficiadas por Carod.

En el 2010, FOCIR recibió 75.000 euros para “contribuir a los gastos relativos al proyecto de consolidación de la FOCIR y la proyección internacional de la sociedad civil catalana durante en el ejercicio”. Estas subvenciones, sin embargo, están muy lejos de otras destinadas a entidades más directamente ligadas a ERC, como la Fundación Josep Irla, que recibió 4.000 euros por la publicación de Cap a la Democràcia Elèctrica (Hacia la Democracia Eléctrica) y 5.400 euros por su proyección internacional durante este año. Las Juventudes de ERC obtuvieron para su “promoción y proyección internacional” 3.300 euros y el sindicato Intersindical CSC, 9.000 euros por la “internacionalización del proceso de soberanía en las organizaciones sindicales internacionales”. Así, todos contentos.

Carod destinó también 205.000 euros a la Fundació Revista de Catalunya, una subvención que tiene como finalidad la edición de once números de la Revista de Catalunya, la publicación que había fundado en 1924 Antoni Rovira i Virgili como una plataforma de defensa de la cultura catalana ante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Desde el año 1986, la revista y la fundación están dirigidas por el ex consejero de Cultura de la Generalitat Max Cahner. Curiosamente, en el año 2008 el presupuesto anual de la fundación era de 157.727,66 euros, según las últimas cuentas presentadas en la la Generalitat. O sea, sólo la subvención donada por Carod este año supera con creces el presupuesto de la fundación. (Fuente: El confidencial)

09/12/10: En Plasencia, implicada hasta la alcaldesa.

La alcaldesa socialista de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido imputada por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Plasencia en el que se investiga por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Plasencia. Al igual que sus tres concejales imputados con anterioridad, los delitos de los que se le acusa son prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales. La alcaldesa prestará declaración el día 14 de enero.
La imputación de la alcaldesa responde a las declaraciones de los imputados, entre los que también se encuentra el propio empresario supuestamente favorecido, ex militante histórico socialista, el constructor José Antonio Romero Vega. También están imputados el interventor Roberto del Olmo y el secretario Antonio Santibañez.
Los tres concejales son Blas Raimundo (concejal de Obras), Francisco Barbancho (concejal de Hacienda y alcalde en funciones cuando se adjudicó una obra) y Enrique Tornero (Juventud y Deportes).
El juez investiga si las obras eran fraccionadas en su presupuesto para que éstas no salieran a concurso público (son obligatorias a partir de 50.000 euros) y así adjudicarlas directamente al empresario. Ahora se imputa a la alcaldesa como responsable final de las adjudicaciones, ya que la mayoría de ellas llevaban su firma y daba por tanto el visto bueno, según han declarado en el juzgado los imputados. (Fuente: Actualidad Extremadura)

jueves, 2 de diciembre de 2010

30/11/10: Las maniobras de un alcalde ingenioso

Aquello de defender la estabilidad laboral y fomentar los trabajos fijos no es cosa de los compañeros de siglas de Barreda. El alcalde socialista de Ontur (Albacete), Joaquín López, ha revelado algunos de los atropellos que tiende a la administración pública. La pócima del empleo público en Ontur consiste en contratar a su personal durante 6 meses, lo suficiente como para poder recibir durante otro medio año ayudas económicas de diversos tipos. Transcurrido ese tiempo, López vuelve a emplear a esas personas otro semestre más, repitiendo reiteradamente este ciclo de trabajo temporal.

Aunque suene a chiste, ese método de trabajo es el que considera oportuno y recomendable el socialista albaceteño para salir de la crisis. Sin tapujos ni vergüenzas, López ha llevado a cabo un sistema de empleo que en realidad significa una falsa potenciación del trabajo, ya que no garantiza estabilidad laboral a los empleados y supone, además, un desvergonzado y continuo desembolso de dinero público proveniente de la Seguridad Social de todos los ciudadanos que cotizan.

La burla que ha hecho el problemático alcalde a quienes pagan con su trabajo y con sus impuestos todas las ayudas y los subsidios de los desempleados, no ha pillado de sorpresa a los vecinos de Ontur. López está implicado en un presunto delito de extorsión en las diligencias abiertas por el Juzgado número 3 de Hellín, sobre irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción del Centro de Día de Ontur, proyecto creado a través de la subvención del Plan-E de Zapatero, para el que se han inyectado más de 400.00 euros.

El escándalo de las obras del centro público saltó este verano, cuando se supo que se eligió el peor de los cinco proyectos que concursaron, que además se presentó fuera del plazo. La mesa de adjudicación estuvo compuesta por un concejal del PSOE, el aparejador municipal, un administrativo "metido a dedo", un funcionario y la secretaria-interventor. Todos ellos también están imputados. Al parecer, el adjudicatario es un constructor amigo del alcalde que ha sido concejal del PSOE en un pueblo vecino, Albatana.

Las oscuras coincidencias que rodean a este asunto han hecho saltar la alarma en el pueblo albaceteño, y no por primera vez. Escandalosa es la reciente subida del 23,5% de su sueldo, lo que supone que el alcalde socialista cobra más de 44.000 euros al año. Por si esto no fuera poco, la deuda que mantiene con la Mancomunidad FAO (Fuenteálamo-Albatana y Ontur) por el servicio de recogida de basura ronda los 60.000 euros. (Fuente: Periodistadigital.com)

26/11/10: Alcaldía de Ciudad Real, catálogo ejemplar y completo.

Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento. La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.

Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.

Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.

Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.

Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.

Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.

A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.

"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.

Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales. (Fuente: El Pais)

25/11/10: Arrecife da para un diario

Guardadas en una infravivienda del barrio de Morro Angelito, en Arrecife (Lanzarote), el gerente de Urbaser tenía varias libretas que eran un fiel reflejo de lo que ocurría en torno al Ayuntamiento presidido por María Isabel Déniz. LA PROVINCIA informó sobre los diarios en junio.

Todo apuntado "por lo que pudiera pasar". Una libreta en forma de diario recoge las aventuras y desventuras de la empresa Urbaser en Lanzarote. El documento, vital para la investigación, es un verdadero diario de la corrupción y fue encontrado en uno de los registros domiciliarios efectuados al gerente de la empresa en la isla, Jacinto Álvarez, tras su detención el pasado 19 de abril junto a la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz. Tras varios meses de investigación los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han comprobado la mayor parte del contenido de la libreta, y fruto de esa investigación ayer se produjeron cuatro nuevas detenciones dentro del marco de la 'operación Unión'. Cómo, cuándo y dónde se pagaron las presuntas comisiones a políticos a cambio del servicio de limpieza de Arrecife se encuentra ampliamente detallado en el diario del gerente de Urbaser.

LA PROVINCIA reveló a lo largo de un serial de cuatro capítulos publicados entre el 19 y el 22 de junio del presente año el contenido de la libreta de Álvarez. En aquel momento, para no entorpecer la investigación, se omitieron los asuntos relacionados con las personas detenidas ayer. Al que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife, el abogado Felipe Fernández Camero, los investigadores otorgan un papel relevante en la presunta trama de corrupción, pues en las notas del gerente de Urbaser aparece su nombre inscrito en numerosas ocasiones como receptor de dádivas de la empresa de limpieza. "Llamé a Felipe Fdez. Camero e Isabel Déniz y les entregué 14.000 euros para un viaje que iban a hacer a Kenia", escribió Jacinto Álvarez en el diario en la página correspondiente al 18 de noviembre de 2003. En esa época, Urbaser trataba por todos los medios de cobrar importantes cantidades de dinero que, supuestamente, tenía pactadas con el Ayuntamiento de Arrecife.