miércoles, 26 de diciembre de 2012

Otra de los Pujol, esta vez con la prensa.


El promotor de la campaña Freedom for Catalonia, Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresident de la Generalitat y líder del CDC, es protagonista de los grandes titulares de hoy; esta vez por el control de una sociedad -Drago Capital- que compró varios inmuebles al Grupo Prisa.

Las sedes históricas del Grupo en Madrid (Gran Vía y Miguel Yuste) y Barcelona (calle Caspe). Oleguer Pujol Ferrusola, narra este miércoles el diario El Mundo en portada, hizo ganar al Grupo Prisa 242 millones de euros al hacerles la compra de estas tres sedes históricas. El hijo del expresidente, continúa la información, pagó entre 300 y 315 millones de euros, según las cifras aportadas por Prisa.

La operación se realizó a través de Drago Capital, un conglomerado cuyos tentáculos deparan en el paraíso fiscal de Guernsey y que proporcionó 242 millones de plusvalia a la editora de El País, convirtiéndose así en el casero del que depende su renta, apunta El Mundo. Oriol Pujol Ferrusola figura como director general de Drago y la controla a través de una sociedad patrimonial con sede en Luxemburgo. (Fuente: El economista)

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Los negocios inescrutables de los Puyol


El más joven de los siete hijos de Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, promueve un proyecto para construir en Panamá un rascacielos de 48 plantas con hotel de lujo y oficinas, bautizado como The Quartz Tower. 

Según informa El Mundo, el hijo del expresidente de la Generalidad se incorporó entre 2008 y 2009 a la Sociedad Desarrolladora Color –SDColor BH-, radicada en Bahamas, de la que posee el 4% y controla otro 4% a través de la mercantil Baraka Trust, de un socio suyo.
El objetivo de Pujol Ferrusola y sus acompañantes, de llevarse a cabo, sería la construcción del complejo para venderlo acto seguido llave en mano por una cifra que oscile entre los 40 y los 50 millones de dólares.

La iniciativa inmobiliaria se proyecta sobre un solar denominado Quartz, el nombre que recibiría el complejo, y se extiende sobre una superficie de 2.245 metros cuadrados. El terreno se encuentra ubicado en el corazón financiero de Panamá, en la confluencia de la calle Vía España –la principal arteria comercial de la ciudad del canal-, con la Avenida de Samuel Lewis Galindo –que acoge las tiendas de lujo-.

El solar dispone de una calificación urbanística que permite albergar la máxima densidad comercial y residencial. De esta manera, podrían levantarse 77.000 metros cuadrados de techo que está previsto que acojan un hotel de 314 habitaciones sobre una superficie de 30.000 metros cuadrados y unas oficinas que se extenderían sobre una superficie de 22.000.

El hotel proyectado por la sociedad de Oleguer Pujol, que participa de manera directa con un 4% y con otro 4% a través de una sociedad denominada Baraka Trust, domiciliada en Bahamas y controlada por un socio suyo, fue diseñado además con piscina, spa, gimnasio, casino y más de 1.300 metros cuadrados de salones. Las habitaciones del hotel tienen, según el proyecto, unas dimensiones medias de 42 metros cuadrados y se construirían además 14 suites de 75 metros cada una. El precio de las primeras está previsto que ascienda a 135.000 dólares, mientras que las suites serían comercializadas por 190.000 dólares.

El precio de la inversión inicial para hacerse con el solar y el proyecto asciende a 6,2 millones de euros. En total se incorporaron a este negocio entre 30 y 40 inversores que atesoraron pequeñas participaciones aportando cada uno un capital inicial próximo a los 50.000 dólares.
En la documentación que obra en poder de los inversores se precisa que la sociedad había conseguido una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Panamá que le exime del pago de tributos durante dos décadas. (Fuente: Libertad digital)


Jordi Puyol, traficante de billetes de 500 euros


Las denuncias continúan acosando a la familia Pujol y a Felip Puig. Al margen del borrador del informe policial que salpica a la familia de Artur Mas, presidente autonómico en funciones, una declaración ante la Policía Nacional y una denuncia presentada ante la Guardia Civil ponen en duda la honorabilidad de Jordi Pujol Ferrusola y del actual consejero del Interior en funciones.
La que fuera amiga íntima durante cinco años del primogénito del ex presidente autonómico Jordi Pujol ha confesado ante la policía que Jordi Pujol Ferrusola acudía con frecuencia a Andorra con su coche repleto de billetes de 500 euros. María Victoria Álvarez Martín ha detallado ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ella misma le acompañaba en los traslados de dinero en efectivo a la Banca Mora y que en uno de estos trayectos descubrió, por casualidad, que el maletero del vehículo estaba repleto de dinero.
Según ha publicado este martes El Mundo, tras el hallazgo, Álvarez Martín ha asegurado que fue maltratada física y verbalmente por Pujol Ferrusola; y ha asegurado que se ha vuelto a poner en contacto con ella tras la publicación del borrador policial que señala que la familia Pujol podría tener 137 millones de euros en cuentas suizas. Esta declaración ante la policía ya ha sido remitida al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para decidir si es preceptivo investigar este posible delito.
Por otro lado, consta una denuncia ante el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Gerona que sitúa a Felip Puig en el centro de una posible red mafiosa de subasteros que habrían pagado al actual consejero del Interior en funciones. Según ha publicado La Gaceta, esta red habría entregado 284.850 euros en varios pagos.
Según la denuncia, se acreditan ‘ingresos y pagarés librado’ a Puig, durante 2010. En dos pagos, uno de 48.100 euros, del 19 de mayo, y otro de 135.750 euros efectuado el 24 de diciembre de 2010. El presunto cabecilla de la mafia de los subasteros, Jorge Cuxart Tarret, realizaba sobornos tradicionales a agentes de policía. El encargado de llevar físicamente los sobres con dinero era un empleado de Cuxart llamado Albert Vilches.(Fuente: lavozdebarcelona.com)




martes, 18 de diciembre de 2012

17/12/12: Conexión gallego-catalana para la corrupción sin escrúpulos


Sergio Alsina, uno de los principales implicados en la trama que buscaba concesiones de ITV en Cataluña sin respetar los trámites establecidos, era el presunto «mediador» entre los empresarios catalanes y gallegos, principalmente con José Antonio Orozco (el «amigo de la infancia» del ex ministro José Blanco) involucrados en el «caso Campeón», y el que iba a introducir a Oriol Pujol en el negocio de los medicamentos que pretendían poner en marcha Jorge Dorribo y el propio Orozco.
En una conversación mantenida entre Alsina y Sergi Pastor, uno de los supuestos factótum de la trama catalana en torno al citado dirigente nacionalista, el 14 de octubre de 2010, se alude específicamente a esta circunstancia y al papel que los «catalanes» iban a desempeñar, qué estrategia iban a desarrollar y cómo finalmente deciden no tomar parte de ese negocio. Esta relación se pone igualmente de manifiesto en otra conversación de Pastor con María Jesús M., el 12 de julio del pasado año, en la que el primero le comenta a su interlocutora que estuvo en «la cena de los empresarios gallegos y que estuvo con Oriol Pujol».

En la primera de esas grabaciones, interceptadas con autorización por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), se recoge literalmente:
S. Pastor: Dos cosas. Me he mirado el tema del Orozco y creo que no tiene sentido, esta es mi opinión sincera. Una inversión de ese calibre no tiene sentido, no sé cómo lo ves tú, pero yo no lo veo.
S. Alsina: Yo he estado operando con el Oriol, y si ésta es la aproximación que hacen y con este fondo de comercio y todo eso, yo creo que el planteamiento sería, digo, oye, sería: nosotros participamos nada más en Cataluña. En Cataluña sí me ha dicho el Oriol que puede hacer mucho acceso a la sanidad pública, a la sanidad privada y a las mutuas. Entonces, la opción sería, mira, nosotros tendremos el 40 por ciento, pero la sociedad catalana, de todo el conjunto, no, no es una inversión que nos estemos planteando, nosotros lo planteamos hace unos años, pero el 40 por ciento liberado, no el 40 por ciento que invertir esta cantidad.
S. Pastor: Eso es lo que he dicho yo, que ese no era el tema, porque nosotros hacemos funcionar. Es que nos lo ha girado, corremos el riesgo, digo, no, tú asumes el riesgo, nosotros ponemos la cartera.
S. Alsina: Lo que hacemos, recuerdo una cena en tu casa, Orozco, José Antonio, nos dijo: tú ponme a jugar y yo lo haré bien, pero tú ponme a jugar. O sea, de alguna manera, lo que están diciendo es que nosotros podemos ayudarlos a jugar en Cataluña, pero que eso nos cuesta un millón de euros, pues eso no tiene sentido.
S. Pastor: Así es como lo veo yo. Nada más piensa cómo le contestamos, si le contestas tú o le contesto yo.
S. Alsina: Yo estoy acabando de mirar los números, porque tengo aquí a una persona mía que está mirando los números con una persona suya de allá. Yo esperaría a este semana, que tengamos un poco la foto y a partir de aquí consensuamos tú y yo el mensaje que le damos.

De esta conversación, los investigadores deducen que «presuntamente Sergi Pastor y Sergio Alsina contarían con el apoyo del identificado como Oriol Pujol para el asunto farmacéutico, sospechándose que pudieran utilizarlo también para el tema de la concesión de las concesiones administrativas para ITV».
Tal como se ha publicado, el empresario Jorge Dorribo, que con sus declaraciones dio lugar al «caso Campeón», había previsto que un 60 por ciento fuese para los negocios y un resto para los catalanes. Asimismo, calculó que con invertir sólo un millón de euros obtendría unos beneficios cercanos a los 50 millones de euros, a través de la comercialización de medicamentos en países de África.
En relación con la segunda conversación, la mantenida el 12 de julio de 2011 entre Pastor y María Jesús M., el primero «comenta que estuvo en la cena de los empresarios gallegos y que estuvo Oriol Pujol y que de pasada comentaron el tema y que sí que está por la labor de que constituya la empresa».
Los agentes del SVA concluyen sobre estos contactos que Sergi Pastor «haría frecuentes menciones a un individuo al que identifica como Oriol, que estaría al corriente de sus actividades de negociación con José Antonio Orozco y su entorno». Ese Oriol no puede ser otro, según fuentes de la investigación, que Oriol Pujol. (Fuente: La razón)


14/12/12: Cervera, imputado


El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decidido imputar al exdiputado del PP Santiago Cervera por el supuesto intento de chantaje al presidente de Caja Navarra en el que se vio implicado y le ha instado a entregar todos sus ordenadores, móviles y tabletas. En su auto, el magistrado declara la competencia del juzgado de instrucción para enjuiciar el caso, una vez recibida la documentación que acredita la renuncia de Cervera a su acta de diputado, con lo que pierde su condición de aforado.
Asimismo, se comunica la decisión de personarse en el caso como acusación particular del presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, quien el pasado 5 de diciembre recibió un correo anónimo que le exigía el pago de 25.000 euros bajo la amenaza de publicar que estaba facturando como abogado importantes cantidades de dinero a Caja Navarra, de las que también se beneficiaba su hijo, una "acusación falsa", según el dirigente de la entidad financiera.
Cervera fue detenido por la Guardia Civil el pasado domingo al ir a recoger el sobre con la citada cantidad de dinero en efectivo, aunque el exdiputado ha explicado que él también fue objeto de "una trampa", ya que creía que el sobre contenía documentación, al haber recibido el 29 de noviembre otro correo electrónico en el que se le ofrecía información confidencial sobre Caja Navarra.(Fuente: Telemadrid)

domingo, 2 de diciembre de 2012

27/11/12: Operación Mercurio


El alcalde de Sabadell (Barcelona), el socialista Manuel Bustos, ha sido imputado por un presunto delito de corrupción urbanística en el marco de la 'Operación Mercurio' bajo la cual han sido detenidas 12 personas y otras 26 se encuentran imputadas, además de producirse 41 entradas y registros en empresas y sociedades así como en 15 domicilios particulares. El caso se encuentra bajo secreto de sumario decretado por el juzgado número 1 de la ciudad vallesana.
Entre los implicados se encuentran, además de Bustos, la concejal de Economía del Ayuntamiento, Montserrat Capdevila, y el ex concejal del PP Jordi Soriano, que ha sido detenido. Asimismo, entre los detenidos, también figura el actual concejal de urbanismo, Joan Manau. Un familiar directo de Bustos y propietario de una empresa de construcción también estaría implicado en la red.

La presunta trama corrupta tendría como epicentro el Ayuntamiento de Sabadell desde donde se condicionaban de manera irregular las adjudicaciones de contratación pública. 

Según la Fiscalía, la red organizada desde el consistorio exigía el ingreso de cantidades que variaban en función del presupuesto de la obra -desde un mínimo de 120.000 euros hacia arriba- que servía, posteriormente, para ser repartida "entre los políticos y funcionarios involucrados".
Además, se contaba con "el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" una vez se finalizaba la obra. Dichas cantidades de dinero negro, según Anticorrupción, acababan "en un despacho de abogados", desconociéndose de momento si posteriormente se ingresaba en cuentas legales, o si bien era repartido o utilizado para ser blanqueado. (Fuente: El mundo)


sábado, 17 de noviembre de 2012

16/11/12: Mas quiere pero no tiene fronteras


Un informe de la Unidad Central de Delinciencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que parte de las comisiones ilegales que las empresas pagaban a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la trama del Palau de la Música -a cambio de adjudicaciones de obra y servicios por parte de la Generalitat- se han desviado "a cuentas personales de sus dirigentes".
En dicho informe se denuncia la existencia de depósitos bancarios en Suiza y Liechtestein controladas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su padre, así como por Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y su primogétino, Jordi.
En concreto, el documento de la UDEF, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales, explica que los Pujol disponían de "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que el propio Millet [responsable del Palau] posee en el mismo establecimiento de Lausana".
El informe de la UDEF forma parte de las diligencias que se llevan a cabo para esclarecer el entramado de corrupción que coordinaba Félix Millet a través del Palau de la Música.
Los agentes sostienen que las comisiones ilegales eran del 4% sobre el importe total de la adjudicación. De ese porcentaje, un 2,5% "revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat", mientras que el 1,5% restante se destinaba "a gastos, comisiones y colaboraciones de Millet y sus colaboradoers en el Palau y a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus familiares políticos directos más allegados".(Fuente: El mundo)

domingo, 4 de noviembre de 2012

02/11/2012: Montoro y el lobby de la renovables

El prestigioso diario “The Wall Street Journal” (WSJ), considerado la “biblia” económica de la aldea global, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a su “jefe de gabinete”, que no identifica, pero que es Felipe Martínez Rico, de haber realizado una reforma del sector eléctrico que va a costar 1.100 millones de euros a las familias españolas para poder pagar las subvenciones a la energía solar.

“El hermano del Sr. Montoro y el hermano de su jefe de gabinete forman parte de un lobby que asesora a empresas de energía solar”, dice WSJ, que arroja como resultado el que “1.100 millones de euros de las subvenciones los pagarán las familias”. Según pudo saber DRC, la investigación del diario norteamericano da en el clavo: el hermano de Felipe Martínez Rico es Ricardo, vocal de la empresa Abengoa, el mayor promotor mundial de energía solar. Y Ricardo es socio de Ricardo Montoro, pues ambos crearon “Equipo Económico”, el consulting que se está haciendo de oro con la decidida apuesta de Cristóbal Montoro y Felipe Martínez Rico en favor de las energías renovables, y en el que trabajó como empleado de lujo un economista al que hicieron luego ministro: se llama Luis de Guindos. Y el director general que trabajó a las órdenes de Cristóbal Montoro en la Agencia Tributaria, Manuel de Vicente-Tutor, es hoy también socio de “Equipo Económico”, el lobby al que alude el WSJ y que se presenta en internet como “un conjunto de expertos, entre los que se encuentran algunos responsables del programa económico aplicado en España entre los años 1996 y 2004″.

Según recordó ABC, “Equipo Económico”, es también el despacho de abogados de Ricardo Martínez Rico, que cuando fue político desempeñó el cargo de ex secretario de Estado de Presupuestos en el último Gobierno de José María Aznar. Al perder las elecciones, asesoró al “G-14, Inmobiliarias por la Excelencia”, lobby creado por las principales empresas promotoras y cotizadas en Bolsa y cuyo principal impulsor fue el ex presidente del Real Madrid y de la concursada inmobiliaria Martinsa Fadesa, Fernando Martín. Martínez Rico relevó en el cargo a Pedro Pérez, que fue secretario de Estado de Economía en la etapa de Carlos Solchaga como ministro de Economía.

La denuncia de WSJ alude al pulso político que mantienen Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, ministro de Industria, a causa de las energías renovables. La vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría dijo que “estaba segura” de que la reforma eléctrica no afectaría a la factura de los hogares españoles, pero al final estos tendrán que pagar las subvenciones solares. Jose Manuel Soria proponía que fueran las empresas solares, eólicas y térmicas las que revirtieran la subvención en forma de impuestos, pero Montoro decidió que “no se gravara la tecnología”. (Fuente: Diariorc.com)

Enlace: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204840504578086224291581676.html

viernes, 2 de noviembre de 2012

30/10/12: Over sigue devorando políticos baleares


El director insular de la Administración del Estado en Menorca, Antonio Luis Juaneda, el alcalde de Inca, Rafel Torres (PP), y  Encarnación Padilla, cuñada del ex presidente autonómico Jaume Matas, declararán la próxima semana en Palma como imputados en el caso Over, donde se investiga la presunta financiación irregular del PP balear entre los años 2003 y 2007. Los dos están entre las 13 personas citadas por el juez instructor, José Castro, en un auto en el que también levanta el secreto de sumario de esta causa de presunta corrupción derivada del caso Palma Arena y que gira en torno a las contrataciones del Gobierno balear balear de Matas con la empresa de publicidad Over Marketing, relacionada con la trama Gürtel. Juaneda ha presentado su dimisión a la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, tras su imputación.

Según sospecha la Fiscalía, estos trabajos se justificaron con facturas falsas o infladas y en realidad eran una manera de pagar a Over con dinero público sus labores para el PP, entre las que se cuentan la campaña electoral de 2003 y 2007. El director insular del Gobierno en Menorca, citado el día 7, actuó como representante en Baleares de Over Marketing, mientras que Encarnación Padilla, citada el día 5, ocupó el cargo de directora general de Tecnología y Comunicación, dependiente de la Consejería de Economía e Innovación, y firmó al menos cuatro contratos con Over. 

Ese día está asimismo citado como imputado Javier Rodrigo de Santos, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en el año 2003. Rodrigo de Santos, que está en prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores, intervino supuestamente en la contratación de Over por parte del Ayuntamiento de Palma, que requirió sus servicios para la inauguración del parque público de Sa Riera. Otro de los imputados es Antonio López (día 7), ex gerente del PP balear, que controló la financiación de la campaña de este partido en el año 2003. También está citada como imputada María Luisa Durán (el miércoles día 7), quien trabajó en tareas de publicidad de la Consejería de Salud y luego estuvo contratada por Over, empresa encargada de llevar a cabo la campaña de publicidad del nuevo hospital de Son Espases. 

Por parte de Over Marketing, el juez ha citado como imputado el día 12 al director gerente, José Ignacio Rodríguez, y a la directiva de la empresa María Enriqueta Sierra, el día 5. Como testigos están citadas cinco personas, entre ellas María Luisa Ginard, ex directora general Función Pública -dependiente de la Consejería de Interior-. 

El juez también interrogará en calidad de testigo a tres encargadas de prensa de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Matas, que declararán todas ellas el día 6, y a la persona que entre 2004 y 2005 desempeñó el cargo de jefe de la Unión de Gestión Económica de la Consejería de Interior, que abrirá la ronda de declaraciones el día 5 a las 9:30 . Tras estas 13 personas, y en función a sus declaraciones, el juez podría citar a los responsables de las consejerías implicadas en este caso de supuesta corrupción. (Fuente: Diariodesevilla.es)

martes, 9 de octubre de 2012

Murcia o la corrupción que no cesa


El juez que instruye las diligencias por presunta corrupción contra los alcaldes murcianos de Torre Pacheco, Daniel García, y Fuente Álamo, María Antonia Conesa, ambos del PP, ha hallado indicios de delito y dado 10 días al fiscal y a las defensas para que pidan abrir juicio oral o archivar las actuaciones.

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Santiago Alejandro García, al que ha tenido acceso Efe, afecta también al empresario Facundo Armero, al aparejador municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera, y al jefe de la Policía Local de ese municipio, José Mercader.
El auto indica que de las actuaciones llevadas a cabo se desprende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de tres delitos de prevaricación -uno de ellos, por omisión-, dos de malversación, uno de cohecho y dos de tráfico de influencias.

A García le atribuye haber intervenido presuntamente en una permuta de terrenos municipales con otros propiedad de la empresa Mar Menor Golf Resort, S.L. que habría supuesto unos perjuicios para las arcas municipales que el juez cifra en 3,5 millones de euros y unos beneficios para esa sociedad de 9,3 millones.
Al alcalde de Torre Pacheco le atribuye también haber pedido al jefe de la Policía Local la retirada de la multa de 1.500 euros impuesta al familiar de un amigo de aquel por conducir sin tener sin el seguro obligatorio.
El juzgado advierte indicios criminales contra García y Armero en otra operación inmobiliaria que igualmente habría sido perjudicial para las arcas municipales.
El auto vincula también el nombre de Armero con el de la alcaldesa de Fuente Álamo a raíz de la entrega de 12.000 euros que el primero hizo supuestamente a la segunda y que el juez cree que tenía como finalidad que el empresario se viera beneficiado con la adjudicación de contratos públicos. (Fuente: la información.com)

sábado, 22 de septiembre de 2012

20/09/12: Operación "Pokémon"


El alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, ha sido detenido hoy, junto a otras once personas, entre ellas el primer edil de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio Vázquez, en la denominada operación Pokémon, que investiga una presunta corrupción en la ejecución de contratos públicos.
Las detenciones han sido practicadas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuatro de ellas en Lugo, una en Bueu (Pontevedra), dos en Ourense, otros dos en A Coruña, una en Santiago de Compostela, una en Madrid y otra en Asturias, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.
El regidor orensano fue detenido en la mañana de este jueves y trasladado en coche policial a Pontevedra en relación con una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según han precisado a Efe las fuentes.
Entre los arrestados en Galicia figuran el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y un funcionario del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.


La operación la dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma jueza que instruye la denominada operación Carioca, encargada de investigar presuntos delitos de una supuesta trama de corrupción, blanqueo de capitales y prostitución en Lugo.(Fuente: El economista)

viernes, 21 de septiembre de 2012

17/09/12: La sombra de la corrupción planea sobre el ayuntamiento de Madrid


El área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado esta mañana que el reciente relevo del director de la Cineteca se debió a posibles sombras de corrupción; que los premios Villa de Madrid pasan este año de 23 categorías a tan solo una porque los galardones estaban “obsoletos, habían crecido desmesuradamente y había que replantearse su vigencia y legitimidad”; que la programación cultural en los distritos hasta final de año se reactivará con dinero privado de la SGAE; que tratará de “no repercutir al 100% la subida del IVA para minimizar” su impacto en los precios de los espectáculos municipales; y que buscará “nuevas fórmulas” junto a la iniciativa privada para poner en marcha el centro cultural y teatro infantil Daoiz y Velarde, aún en obras pero ya “imposible”.
El concejal de Las Artes, Fernando Villalonga, destituyó hace unos días mediante burofax (“no se presentó a la cita convocada, decidió irse de viaje a China”) a Antonio Delgado, hasta entonces y desde hacía 10 años director de la Cineteca, el espacio municipal dedicado al cine documental, y del festival Documenta Madrid.

Villalonga, por su parte, “enmarcó” su decisión “dentro de la renovación del equipo de Las Artes” tras los nueve años de gestión del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y de su responsable cultural durante ese periodo, Alicia Moreno.

Sin embargo, el número dos de Villalonga, Timothy Chapman, ha explicado esta mañana en la comisión municipal de Las Artes que el cese se debió “a una completa pérdida de confianza al averiguar que no se han gestionado con la debida atención los recursos” de la Cineteca. “Los costes de oportunidad han sido muy importantes, y la relación simbiótica con determinados proveedores se ha convertido más bien en parasitaria”, ha añadido. Es decir, que presuntamente Antonio Delgado habría contratado a precios superiores al de otras posibles ofertas para favorecer a determinados proveedores. Según Chapman, que ha evitado hablar, como en ocasiones anteriores al referirse a la gestión de Alicia Moreno, de irregularidades”, la gestión de Delgado ha sido “una chapuza”.

Inquirido por Unión Progreso y Democracia sobre si denunciará esas posibles irregularidades ante el Tribunal de Cuentas u ordenará una comisión de investigación o una auditoría sobre el presunto daño a las arcas públicas, Chapman ha matizado sus palabras: “Yo no le he acusado de nada, he dado una apreciación subjetiva de si había suficientes motivos para su continuidad”. Sin embargo, sí ha señalado que se está llevando a cabo una auditoría interna, y fuentes de Las Artes han añadido que, en caso de detectarse irregularidades, se denunciarán ante la justicia. (Fuente: El Pais)



domingo, 9 de septiembre de 2012

06/09/12: Operación "Dársena"


 La Policía Nacional ha detenido este pasado miércoles a una persona en el marco de una operación policial por un presunto caso de corrupción en el puerto de Málaga, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
   La actuación, de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado Udyco del Cuerpo Nacional de Policía, se ha producido en el marco de la denominada operación 'Dársena', llevada a cabo por la sección de blanqueo de capitales Udyco de la Costa del Sol, en coordinación con la Fiscalía.
   Al parecer, el ahora detenido es el anterior jefe de Infraestructuras en el puerto de Málaga, que fue despedido hace un año por supuestas ilegalidades en la contratación de obras, según publica diario 'SUR'. Los agentes se han incautado de diversa documentación en la vivienda del arrestado, J.P.G.F., que será analizada ahora por los responsables de la operación.

Y es que con motivo de la colisión, hace tres años, de un barco contra el atracadero sur de cruceros dañando gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado unos dos meses antes, fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados. Fue aquí cuando comenzaron a surgir interrogantes.
   Tras la inspección, se comprobó que se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa constructora. Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades que se materializó en el despido en enero de 2011 del ahora detenido. (Fuente: Europapress Andalucía)

jueves, 6 de septiembre de 2012

06/09/12: La sombra de Mercasevilla, planea sobre la ministra Báñez.


Agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil han interrogado en las últimas horas a varios directivos de la firma Construcciones Juan de Robles, una de las empresas familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos de Mercasevilla, según han revelado a El Confidencial fuentes conocedoras del caso. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía.

La juez sostiene que los imputados en el caso Mercasevilla -que dio origen al escándalo de los ERE- concertaron "ofertas de relleno" con las empresas que se presentaron a ese concurso, entre ellas la de la familia Báñez, con el objetivo de "favorecer claramente" a la firma Sanma, que fue la que finalmente se llevó el gato al agua, a pesar de que su propuesta económica no era la mejor. La tesis de Alaya es que los pliegos de condiciones del concurso fueron amañados para facilitar la "venta ilegal" de los terrenos de la lonja sevillana a Sanma, que ofreció por ellos 52 millones de euros menos que una de sus competidoras.
En un auto dictado el pasado 12 de junio, la juez ordena a la Guardia Civil que investigue las "relaciones societarias" entre Sanma y sus rivales para averiguar si el concurso estuvo "predeterminado", es decir, amañado. Alaya basa sus sospechas en que Construcciones Juan de Robles -la empresa familiar de Báñez- y otras cuatro que pujaron por los terrenos de Mercasevilla -Realia, Azucarera Larios, Edamar y Prasa- no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias y dejar el camino libre a Sanma. ¿A cambio de qué? Ese es el enigma que, con ayuda de la Guardia Civil, trata ahora de resolver la juez.

Construcciones Juan de Robles pertenece al Grupo Báñez García, un consorcio empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo con intereses en los sectores agrícola, ganadero y de la construcción. Fátima Báñez es accionista de la empresa familiar -posee 78.523 participaciones del grupo-, según consta en la declaración de bienes y rentas que ella misma presentó en el Congreso el pasado 29 de noviembre. La consejera delegada del holding, que tiene su sede social en Huelva, es la madre de la ministra,Ana García, y figuran como consejeros sus hermanos Francisco, Juan,Eduardo, Ana y Carmen. (Fuente: El Confidencial)


jueves, 16 de agosto de 2012

16/08/12: Operación "Espartana"

Los cuatro detenidos en Galicia en la operación Espartana han pasado esta mañana a disposición judicial en el juzgado de instrucción y penal número uno de Corcubión (A Coruña), según han informado a EFE fuentes de ese juzgado.
Un sargento de la Guardia Civil destinado en Navarra, que estaba de baja desde el pasado día 1 de agosto, y que antes prestaba en servicio en Corcubión (A Coruña), se encuentra entre las cuatro personas detenidas en Galicia a raíz de esta operación, en la que la Policía se ha incautado de 3.000 kilos de cocaína y ha detenido a 31 personas.

La Policía sospecha que el guardia civil detenido era el encargado de recibir la droga en la costa gallega, junto con otro ciudadano colombiano, también detenido en Galicia, para su posterior traslado a Madrid, informaron fuentes de la investigación.
El Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEO) abordó en alta mar, a 50 millas de la costa de Cádiz, un barco que transportaba unos 3.000 kilogramos de cocaína de gran pureza y detuvo a 31 personas, cuatro de ellas en Galicia, pertenecientes a una red internacional de traficantes de droga afincada en España.
La droga había sido cargada en Sudamérica y se dirigía a la costa de Galicia para ser transportada desde allí a Madrid.

En la comunidad gallega también ha sido detenidos otros dos colaboradores de la banda, uno de ellos en Cee (A Coruña), que trabajaba en una floristería, y otro en la comarca de Arousa (Pontevedra), con causas anteriores por contrabando. (Fuente: ABC.es)


15/08/12: La corrupción alcanza al partido de la "regeneración"

La sospecha de que el partido de Rosa Díez en Valencia había cometido fraude electoral interno para elegir a los miembros de su Ejecutiva en 2009 planeaba desde hacía tiempo, pero fueron las palabras de un afiliado, en el transcurso de una asamblea, las que levantaron la liebre.

Tras aquella denuncia, UPyD trató de zanjar el asunto con una investigación interna que aclarara la carga de corrupción que recaía sobre al partido liderado por Rosa Díez en esta comunidad. Muzzati -de quien hoy dice elsemanaldigital, “sigue en su puesto porque así lo quiere Rosa Díez”- utilizaba un argumento de legalidad: “de acuerdo al más elemental principio de seguridad jurídica, no procede revisar el resultado de un proceso electoral una vez concluido el plazo establecido para su impugnación, y ello con independencia de las responsabilidades internas que pudieran derivarse de la propia instrucción del expediente”.
Los razonamientos oficiales del actual coordinador de del Consejo Territorial de UPyD en Valencia no han sido capaces de detener la escalada de dimisiones que cuentan en su haber con la marcha de las exsecretarias de Organización, María José Ros y Lidón Ordóñez; el presidente provincial de Alicante, Faustino Salas y, otros dirigentes como Mari Carmen Caballero o David Alcoy. 
“La fractura total”, como así califica un destacado miembro del partido magenta, no ha animado sin embargo a las explicaciones de la líder de UPyD, Rosa Díez, ni tampoco la del artista y político valenciano Toni Canto, de momento callados. (Fuente: minutodigital.com)


sábado, 11 de agosto de 2012

08/08/2012: El caso Interligare cerca a Rubalcaba

Interligare, la empresa de investigación que tuvo en su consejo a dos ex altos cargos de Interior y que situó una de sus oficinas apenas a 30 metros de la sede del Partido Popular en la calle Génova, recibió casi cuatro millones de euros en contratos y ayudas públicas del Gobierno socialista en apenas 19 meses.

Los contratos fueron suscritos por los ministerios de Interior, Industria, Turismo y Comercio y Ciencia y Educación en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría fue adjudicado a dedo y/o diseñado para que una empresa como Interligare, que empezó a tener graves problemas económicos a finales de 2009, pudiese hacerse con ellos eludiendo la Ley de Contratos.

Solamente en el periodo comprendido entre agosto de 2008 y noviembre de 2009, apenas 15 meses, la compañía, en la que estuvieron trabajando dos hijos de Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, recibió contratos de este departamento por más 2,7 millones.

La mayor parte de las adjudicaciones eran firmadas por el alto cargo socialista y algunos de los contratos, como el relativo al suministro de un sistema integral de inteligencia y vigilancia de internos penitenciarios –valorado en 809.000 euros y según fuentes policiales nunca funcionó– propuestos por él. La adjudicación se hizo a dedo y sin promoción de ofertas.

El primer contrato de relativa importancia suscrito con el Ministerio del Interior tiene lugar en agosto de 2008. Todavía no habían entrado en el consejo de Interligare los ex cargos de Interior Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes, pero sin duda sorprende el contrato del ministerio de Rubalcaba, que tenía por objeto la monitorización, captura y tratamiento de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación. Cuatro meses más tarde se pagó casi un millón de euros por instalar un Sistema Integrado de Análisis y Producción de Inteligencia.
Con Rancaño y Fuentes ya sentados en el consejo de administración de Interligare, Luis Luengo propuso que la empresa se hiciera con el control de visitas de las cárceles. Nuevamente el contrato, considerado secreto, fue adjudicado a dedo y por él se desembolsaron 809.000 euros. Al ser un contrato de suministros, la empresa ya en una situación crítica, pudo optar a él pese a no tener clasificación.

Medio año después, Interior fraccionó un contrato para que la empresa, ya con deudas, pudiera ejecutarlo. De esa forma, Interligare eludía la Ley de Contratos, que si superan los 120.000 euros en el caso de los de servicios debe presentar una clasificación adjunta de solvencia. La concesión, de 236.000 euros, se dividió en dos, una de 116.400 y otra de 119.500. La adjudicación tenía como objeto el mantenimiento del sistema informático y la base de datos del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que gestiona toda la información en esta materia y lo relativo a las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía.

Después del desembolso de fondos públicos por parte de Interior a Interligare, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, capitaneado por Miguel Sebastián, se interesó por el trabajo de la compañía de inteligencia y pagó casi 450.000 euros –en dos contratos– por “un sistema para erradicar y gestionar de forma unitaria el riesgo de agresión de la mujer en España”. Otro de los proyectos, de medio millón de euros, nunca se ejecutó, y se apremió a la devolución de su partida en 2012 sin resultado positivo, ya que la compañía se declaró insolvente un año antes.

Mientras, Ciencia y Educación dio 277.000 euros a Interligare para promocionar cuatro proyectos de investigación personalizados. (Fuente: La Gaceta)







sábado, 28 de julio de 2012

La sangre de Puyol, en evidencia.

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, no solo ayudó, presuntamente, a una red de corrupción: participó en ella con ánimo de lucro. Un reciente informe de la Agencia Tributaria señala que el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, forma parte de una iniciativa empresarial que pretendía lograr, de forma fraudulenta, la adjudicación de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energética gracias a sus contactos en la esfera política. Pujol “proporciona el impulso y el apoyo necesario” para que el proyecto “llegue a buen fin” y, presuntamente, “tendría indirectamente participación accionarial en Upprime Energy a través de Sergi Alsina”, señala el informe.

Upprime Energy es la empresa creada por dos de los empresarios imputados en la investigación judicial —Alsina, amigo íntimo de Pujol, y Sergi Pastor— y por responsables de Ficosa —multinacional de componentes para el automóvil— para y hogares. Uno de los implicados llega a proponer, en una conversación que figura en el sumario, que el consumidor pague 50 euros por inspección. Hacienda remarca que la participación de Pujol es “indirecta”, ya que su nombre no figura ni en Upprime ni en ninguna de las empresas interpuestas en torno a esta.

Los funcionarios de Hacienda no aclaran cuál es la vía por la que se preveía que el dinero llegase a manos de Pujol. Pero subrayan que su papel en ese engranaje es clave y que es él quien definió, supuestamente, “los porcentajes de participación” de cada uno de ellos. “Oriol le ha dicho a Alsina que apriete”, dice el empresario Pastor, en alusión a las negociaciones. Se da la circunstancia de que la esposa de Pujol, Anna Vidal, emite facturas de forma regular a través de su empresa (Avima) a una firma de Alsina. Una de ellas, del pasado octubre, asciende a 200.000 euros. Hacienda sospecha que se trata de facturas fraudulentas porque no se corresponden, en realidad, con ningún trabajo realizado.
El proyecto empresarial viene de lejos, pero se concretó en 2011. Hace exactamente un año, Alsina envió un revelador SMS a su amigo político: “Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Será un buen proyecto”. Esa misma noche, todos los implicados cenan en casa de Alsina, en Barcelona. La felicidad embarga al empresario aún al día siguiente, cuando vuelve a comunicarse por mensaje de texto con Xavier Pujol, de Ficosa: “Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto juntos. Un abrazo”. Ese verano constan al menos tres encuentros entre Pujol y los imputados. Estos son conscientes de que las empresas deben crearse “con la máxima opacidad”, dice Alsina, al que llegan a sugerirle incluso que no figure su nombre “para que no le vinculen con Oriol”.

Las sospechas de la Agencia Tributaria sobre Pujol son compartidas, en parte, por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. En un auto dictado el mes pasado, la juez pide al organismo público que elabore “un informe recopilatorio de la intervención en los hechos de Oriol Pujol Ferrusola”. La magistrada explicita que “se hagan constar todas las referencias y conversaciones relativas al mismo con las correspondientes transcripciones, así como cualquier documental relacionado”. La decisión es significativa, ya que Pujol es diputado en el Parlamento catalán y, por su condición de aforado, si hay indicios de delito es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que debe decidir sobre su imputación. Y para ello necesita que la juez instructora le envíe ese informe.

No es la primera vez que la juez alude al papel de Pujol en la trama. Lo hace también en un auto del pasado marzo, cuando ordenó la entrada y registro en los pisos de los detenidos: Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, del que depende el sector de las ITV; Josep Tous, el hombre de las ITV de Convergència que fue fichado como mediador con los operadores; y Ricard Puignou, empresario de las ITV, además de Alsina y Pastor. La trama es una derivada del caso Campeón, de presunta corrupción. En el auto, López señala que Alsina “es el encargado de utilizar los contactos políticos necesarios, que básicamente se concretan en la figura de Pujol”. El empresario “no duda en utilizar su amistad” con el secretario de CDC ante las “dificultades” para conseguir los objetivos que persigue la trama: anular un concurso de ITV para crear otro a su medida e impulsar un proyecto de certificaciones energéticas bajo la protección del partido que comanda la Generalitat.(Fuente: El Pais)

martes, 17 de julio de 2012

16/07/12: Dimite delegado de gobierno en Baleares


El delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, ha dimitido este lunes como máximo responsable del ejecutivo central en las islas a causa de una investigación judicial por supuesta corrupción cuando era conseller de Interior en el gobierno de Jaume Matas entre los años 2003-2007.
A instancias del juez del caso Palma Arena, José Castro, la Guardia Civil investiga los contratos que el departamento autonómico dirigido por Rodríguez formalizó durante esa legislatura con la empresa de publicidad Over Marketing, relacionada con la trama Gürtel.
Castro indaga en esta pieza secreta el supuesto pago irregular de dinero de varias consellerias del ejecutivo autonómico del PP a la referida agencia de publicidad.
Durante su comparecencia, Rodríguez ha dicho que se siente "cuestionado" por las informaciones que se han ido publicando últimamente sobre este asunto, lo que hace que se ponga en duda su capacidad para ejercer sus funciones ya que la representación ciudadana "debe ejercerse sin la sombra de duda y sospecha", ha dicho. (Fuente: Rtve.es)

domingo, 15 de julio de 2012

12/07/12: Exconsejero catalán imputado por contrabando


Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido al exconseller republicano de la Generalitat en la época del tripartito Jordi Ausàs, en el marco de una operación desarrollada en La Seu d'Urgell (Lleida) contra el contrabando de tabaco desde Andorra.
En la operación han sido detenidas en total siete personas, entre ellos Ausàs, que presuntamente formaban un grupo organizado especializado en el contrabando y distribución de tabaco, que desde que empezó la investigación policial en mayo habría introducido 300.000 euros de este producto.
Jordi Ausàs i Coll (Seu d'Urgell 1960) ingresó en ERC en 1986, sustituyó a Joan Puigcercós al frente de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas en 2008, y hasta entonces había sido alcalde de La Seu d'Urgell durante cuatro años. (Fuente: 20 minutos)


martes, 3 de julio de 2012

03/07/12: Otro alto cargo implicado en el caso de los ERES


La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento, informa Ep.
De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial. (Fuente: Vozpopuli)

martes, 12 de junio de 2012

12/06/12: El portavoz valenciano, acusado en el “caso cooperación”


La jueza Nieves Molina, que investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el llamado caso de Cooperación, sobre una presunta trama para saquear fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países pobres a través de varias ONG, ha dado el paso previo para imputar al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

Sobre Blasco, máximo dirigente de este departamento cuando sucedieron los hechos (entre 2008 y 2011), pesaban sospechas tras conocerse conversaciones incluidas en el sumario con varios supuestos cabecillas de la trama. En la providencia dictada por la magistrada, se pide a Les Corts que certifiquen la condición de diputado de Blasco y al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la posible elevación del caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) “ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a D. Rafael Blasco Castany”. La jueza da diez días a la Fiscalía para obtener su respuesta.

La causa acumula, tras dos redadas, 27 imputados entre empresarios, políticos y responsables de las ONG. El caso estalló definitivamente el pasado mes de febrero con la detención del más estrecho colaborador de Blasco en la extinta Conselleria, Josep Maria Felip, que fue fulminantemente destituido por el presidente Alberto Fabra junto a Alexandre Català, exdirigente del mismo departamento.
A partir de ahí, el círculo se fue estrechando poco a poco en torno a Rafael Blasco, pero su condición de diputado exigía remitir el caso a la Sala de lo Penal del TSJCV, algo que la jueza solo ha hecho en la última fase de la instrucción, que lleva más de un año y medio abierta. El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. (Fuente: 20 minutos)

lunes, 11 de junio de 2012

11/06/12: Operación Pitiusa


Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores. Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco ‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a detectives o despachos de asesores de toda España.
El 5 de enero de este año, Paco se ponía en contacto con Mercedes Gómez, empleada del Inem. Casualmente, esta funcionaria, con más de 30 años de carrera en la Administración, había estado casada con un hermano del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Los miembros de la trama tomaban especiales medidas de seguridad en sus comunicaciones por si eran vigilados y hablaban en clave. Los expedientes sustraídos, por ejemplo, eran “empanadillas”, “galletas”, “fotocopias”, “teléfonos”, “hojas” o “camisetas”. Los pagos en efectivo se llamaban “referencia”. Por ejemplo, cuando un empleado decía a su interlocutor “referencia 450” era porque tenía que abonarle 450 euros.
El punto de encuentro es siempre el mismo: el parking subterráneo que hay en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la entrada de la Rambla de Cataluña. Con Montse, se detectaron continuos intercambios de documentación, a la que también se referían en ocasiones como “camisetas” o “galletas”. Todos los encuentros fueron vigilados de cerca por los agentes del grupo de Seguridad Privada de Barcelona del CNP, que se hizo cargo de las investigaciones. El día 3 de enero, por ejemplo, vendió otro paquete de datos por 414 euros. Y el día 5 de enero, otro por 384 euros. La funcionaria, además, llegó incluso a facilitarle el número directo del teléfono de la oficina del INEM “porque siempre está a mi lado” por si se olvidaba el móvil en casa.
De las investigaciones se desprende que Paco gradúa perfectamente los encargos para repartirlos entre los cuatro funcionarios que tiene a su servicio. En ocasiones, el volumen de trabajo en la oficina es tal que no tienen tiempo material de cumplir el encargo y por ello posponen los encuentros.
Otra rama de la trama de informadores tenía a otros funcionarios comprados, tanto del Inem como de Hacienda. Es lo que se desprende de los contactos que mantenían el intermediario Juan Antonio Rama, alias Juanito, con el detective barcelonés Ramón Cot.
Según fuentes del sector, Ramón Cot llegó a ser distinguido con una mención honorífica por la Policía en 2010 por su “especial dedicación e iniciativaen determinadas actuaciones relacionadas con la investigación privada”. Jugador consumado de billar, Cot fue contratado también por el Circuit de Catalunya como responsable de la seguridad dentro del recinto. Pero su verdadera especialidad parecía ser la extracción de datos confidenciales de la Administración, área donde desplegaba claramente su especial dedicación e iniciativa. En sus conversaciones con Juanito, ambos hacen referencia a las “consultas R”, es decir, a declaraciones de renta. Ramón cobra entre 1.300 y 1.500 euros por cada declaración facilitada, pero hace rebajas en el precio si se piden varias. Además, propone a su interlocutor en un momento determinado ampliar la adquisición de datos confidenciales a las empresas de alquiler de coches Hertz y Avis, donde, según asegura, puede extraer “todos los datos”. (Fuente: El confidencial)

domingo, 10 de junio de 2012

07/06/12: Los promotores tiran de la manta en Ayamonte


El ex alcalde socialista de la localidad onubense de Ayamonte Rafael González se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar como imputado ante el juez por presunta corrupción urbanística bajo su mandato alegando que desconocía los hechos de los que se le acusa, al serle notificado el auto hace dos días. Por su parte, el actual regidor, Antonio Rodríguez Castillo, también del PSOE, ha negado irregularidades, pese a que han sido corroboradas por la Junta de Andalucía en el juzgado.
Las citaciones de los dos últimos alcaldes socialistas ayamontinos responden a la investigación judicial puesta en marcha en 2010 a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Huelva que destapó el abuso de la figura del estudio de detalle urbanístico por parte del Ayuntamiento para favorecer a algunas constructoras que desarrollaron la superurbanización de Isla Canela.
También han declarado este jueves como imputados varios técnicos municipales (este viernes están citados otros cuatro) que han justificado las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento y han hecho hincapié en que "en ningún momento se ha realizado ningún cambio de uso ilegal", así como que la actuación en Isla Canela ha sido "legal en todo momento". Aseguran sentirse "aliviados" al poder declarar y aclarar las cosas ante el juez.
Como adelantó EL MUNDO, dos promotores urbanísticos fueron los primeros en 'tirar de la manta' de la corrupción urbanística de Ayamonte y denunciar que, durante los años en que Rafael González estuvo como alcalde, el Ayuntamiento costero habría cobrado una especie de "impuesto revolucionario" a todo el que quería construir.
"Era la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte", afirmó ante la Guardia Civil uno de los empresarios, que llegó a asegurar que no había denunciado 'motu proprio' la presunta extorsión porque le habría sido "imposible trabajar en Ayamonte y en ningún otro lugar donde gobernase el partido que gobernaba en Ayamonte".
La segunda ex mujer de Rafael González también ha testificado ante los agentes que, cuando se casaron en 2000, el regidor estaba tan endeudado que llegaron "a tener al cobrador del frac" tras ellos. Sin embargo, a partir del año siguiente "empezó a mover dinero", afrontando pagos importantes (por ejemplo, 20 millones de pesetas a los proveedores de la ferretería que gestionaba su primera esposa), adquiriendo bienes inmuebles y yéndose de viaje al extranjero cada año.
La ex de González aseguró también a la Guardia Civil que su hija llegó a ver un día "bloques de dinero en hileras" del antiguo alcalde, guardados en "una caja fuerte" oculta en el sótano de la casa. También una histórica concejal socialista como Herminia Gómez declaró ante la Guardia Civil que sabe que el anterior alcalde "tiene un capital", pero que ignora "cómo lo ha hecho". (Fuente: El Mundo)

miércoles, 6 de junio de 2012

05/06/12: El alcalde de Valladolid, imputado


El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), declarará como imputado en próximo 12 de julio en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad por presuntas irregularidades en el PGOU de 2003, han informado fuentes próximas al caso.

Además del regidor, tendrán que prestar declaración también en calidad de imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, han precisado dichas fuentes.

El alcalde de Valladolid tendrá que prestar declaración por un golpe al urbanismo de la ciudad. No hubo "errores materiales", como dijeron en su día León de la Riva y el consejero de Fomento, Antonio Silván. Fueron "alteraciones conscientes" que tuvieron "importantes consecuencias jurídicas y económicas".

El único imputado formal fue el concejal de Urbanismo en el momento en que se aprobó el retocado PGOU, José Antonio García de Coca. El juez le interrogó por primera vez hace tres años, si bien no trascendió el contenido de su declaración. Le siguieron seis funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid.
Algunas de esas irregularidades que, al parecer podrían haberse llevado a cabo, son la recalificación como urbanizables de 2.600 hectáreas de suelos que antes estaban calificados como suelo no urbanizable protegido. (Fuente: El mundo)

martes, 5 de junio de 2012

05/06/12: De la defraudación al ministerio


Las Inspecciones de Trabajo de ocho provincias investigan a la empresa que presidió el ministro de Defensa, Pedro Morenés, antes de su incorporación al Gobierno. La compañía está acusada de haber cobrado a la Seguridad Social por bajas por enfermedad ficticias al tiempo que, presuntamente, facturaba a sus clientes las horas de los mismos trabajadores. Segur Ibérica asegura que "no hay ninguna resolución todavía".
Las Inspecciones de Trabajo de Ávila, Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia investigan a la empresa que presidió el ministro de Defensa hasta su incorporación al Gobierno, Pedro Morenés, por un presunto delito de estafa a la Seguridad Social. Las demandas han sido presentadas en algunas ocasiones por los propios empleados.
Las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo acusan a la compañía Segur Ibérica de simular enfermedades, accidentes de trabajo e incapacidades temporales. Esas enfermedades dan lugar a un pago delegado por el que la Seguridad Social termina corriendo con los gastos del empleado mientras el trabajador sigue trabajando y la empresa cobra también por la prestación de servicios. La Inspección investiga si esa práctica se ha producido, lo que constituiría un delito de estafa a la Seguridad Social.
El último de los expedientes abiertos a Segur Ibérica lo ha abierto la Comunidad de Madrid y tiene fecha 8 de mayo. Según la documentación que obra en manos de la Inspección de Trabajo, la compañía reportó 30 días de baja por enfermedad de un trabajador (David G.S.) que –según los cuadrantes que acompañan la denuncia—trabajó 22 días para el gestor ferroviario ADIF. Se trata de nóminas y cuadrantes de servicio proporcionados por la propia empresa Segur Ibérica a los tribunales en la demanda que mantuvo con la compañía Nix Universal y en la que la empresa de seguridad proporcionó 1.900 nóminas y hojas de servicio al Juzgado de Primera Instancia Número 21 de la ciudad de Valencia. (Fuente: Vozpopuli)

martes, 29 de mayo de 2012

29/05/12: El alcalde de Murcia imputado en la “Operación Umbra”


El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, a petición de la Fiscalía para que preste declaración el próximo 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad.
Este juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como Operación Umbra que comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas para aclarar si esos convenios urbanísticos causaron perjuicios dinerarios al ayuntamiento y beneficios a conocidos empresarios como Jesús Samper (dueño del Real Murcia CF,Juan Torres-Fontes Suárez (ex gerente de Profusa inmobiliaria de ElPozo) oValentín Francisco Vera Meseguer, así como a funcionarios municipales como el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, los ex directores de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y Alberto Guerra, el ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver Motas y otros.
El fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, considera necesaria la declaración como imputado de Cámara en tanto que firmante de los convenios urbanísticos investigados.
Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban ya imputados.
El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados porque la compensación obtenida por las arcas municipales fue sensiblemente inferior a las valoraciones de acuerdo con el mercado inmobiliario de la época. (Fuente: El Confidencial)

29/05/12: La corona asoma en el caso Nóos


El Rey hizo gestiones personales ante el dueño de Louis Vuitton, Bernard Arnault, para que el emporio mundial de las marcas de lujo más exclusivas aportase fondos a las arcas del Instituto Nóos. La mediación de Don Juan Carlos dio sus frutos, y Arnault patrocinó en 2004 la primera edición del Valencia Summit, un congreso de tres días de duración sobre la influencia del deporte en el desarrollo de las grandes ciudades que reportó a Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, unos ingresos de más de 2,4 millones de euros.

Como ya adelantó El Confidencial, Urdangarín pidió en 2004 a su entonces cuñado Jaime de Marichalar, ex marido de la infanta Elena de Borbón, que le ayudase a captar clientes para el Instituto Nóos. Marichalar, que era elmáximo responsable en España de la firma LVMH (Louis Vuitton & Möet Henessy), intercedió ante Arnault para que éste financiase al duque de Palma, pero el multimillonario francés sólo accedió a aportar fondos después de las gestiones personales del Rey, según han revelado fuentes muy cercanas al ex duque de Lugo.

Urdangarín recurrió primero a Marichalar porque éste disponía de una exclusiva agenda de contactos de la que entonces carecía el marido de la infanta Cristina de Borbón. El duque de Lugo era consejero de media docena de sociedades -entre ellas LVMH-, asesoraba a algunas de las mayores fortunas de dentro y fuera de España, mantenía excelentes relaciones con poderosos empresarios y no dudaba en utilizar su condición de yerno del Rey como tarjeta de visita. Una estrategia que ya empezaba a aplicar por su cuenta el propio Urdangarín.

Marichalar, en un principio, dio largas a su cuñado, según las fuentes consultadas. Urdangarín, que ya había logrado que la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de la capital financiasen el Valencia Summit, quería además un sponsor de postín. Y ante las reticencias del duque de Lugo a que supatrón Arnault patrocinase el evento, recurrió entonces al Rey para que tratara de persuadir a Marichalar. Éste, ante la insistencia del monarca, trasladó la propuesta al dueño de Louis Vuitton y otras marcas de lujo como Loewe, Christian Dior, Möet & Chandon o Kenzo. Pero Arnault no mostró excesivo entusiasmo por el proyecto.
Urdangarín, frustrado, recurrió de nuevo a su suegro. Y Don Juan Carlos telefoneó entonces personalmente al magnate francés para que echara una mano a su yerno. Arnault, finalmente, accedió a la petición del Rey, y la firma Louis Vuitton se convirtió en la principal patrocinadora de la primera edición del Valencia Summit, que también fue regada generosamente con dinero público de la Generalitat, entonces gobernada por Francisco Camps, y del Ayuntamiento de Valencia, al frente del cual estaba la actual alcaldesa, Rita Barberá.

La mediación del Rey ante Arnault no fue, ni mucho menos, la única ayuda que el jefe del Estado prestó a su yerno. Los correos electrónicos que Torres ha entregado al juez que investiga la trama de corrupción, José Castro, prueban que el monarca y su hija, la infanta Cristina, también respaldaron a Urdangarín en sus negocios después de que éste abandonase en la primavera de 2006, al menos formalmente, la dirección del Instituto Nóos. (Fuente: El Confidencial)