Observatorio de la corrupción

El juzgado de instrucción número 7 de Parla ha citado a declarar al alcalde de Pinto, Juan José Martín (del PSOE), al primer teniente alcalde y concejal de Deporte, Industria, Comercio y Desarrollo Económico, Reyes Maestre (Juntos por Pinto) y al segundo teniente de alcalde y concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Carlos Penit.

El juez les ha llamado a declarar para oir su explicación de las acciones por las que el PP les ha demandado por cohecho, corrupción y tráfico de influencias después de que los tres partidos se unieran a mediados de diciembre para presentar una moción de censura contra la que era la entonces alcaldesa del municipio, Miriam Rabaneda, del PP.

Los cuatro funcionarios detenidos ayer por presuntas irregularidades en los trámites de gestión de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva han quedado en libertad con cargos y fianza, según han informado fuentes de la investigación.

Estas cuatro personas, cuya identidad no ha trascendido, han estado prestando declaración ante el juez que instruye el caso durante toda la mañana, después de que ayer por la noche lo hiciera el jefe de Tráfico de Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada, que también quedó en libertad con cargos y fianza.

A los cinco detenidos se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documentos y tráfico de influencias, a los que, en el caso del jefe de Tráfico se suma el de revelación de secretos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha creado un servicio secreto formado por un ex policía y varios ex guardias civiles dedicado a investigar a políticos y a analizar tramas de corrupción como la de Ciempozuelos o el 'caso Bloque'. Según publicó hoy 'El País', este servicio se encarga de obtener "datos reservados, al margen del control político o legal, a través de sus investigaciones y de sus contactos en la policía y la Guardia Civil".

Además, se centra en los "escándalos" que afectan al PSOE en municipios como Ciempozuelos o la trama de corrupción de Coslada destapada a raíz del 'caso Bloque', en políticos de todo signo, incluidos los del PP o el mundo de las discotecas de Madrid capital.

Los Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron ayer a Pedro Álvarez, celador de obras del Ayuntamiento de San Antonio. El equipo de Gobierno del Consistorio denunció la semana pasada "irregularidades en su actuación" y le suspendió de empleo y sueldo, según explicó a este periódico el primer teniente de alcalde, Joan Pantaleoni.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ibiza, Juan Carlos Torres, decretó ayer el ingreso en prisión del detenido, que, según fuentes municipales, "recibía dinero por no inspeccionar determinadas obras o por hacer, presuntamente, la vista gorda".

La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha abierto diligencias contra el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), para determinar si financió de manera irregular la pasada campaña electoral.

El empresario Manuel Lores, ex presidente del equipo de fútbol Racing Portuense, sostuvo el pasado diciembre que Juan José Fortes que, según él, decía hablar en nombre de Moresco, le había pedido una aportación económica de 20.000 euros destinada a la campaña del Partido Popular en las pasadas elecciones locales.

A cambio, Lores esperaba que si el PP conseguía la alcaldía, desde el Ayuntamiento se le allanara el camino para desarrollar un gran proyecto inmobiliario vinculado a un nuevo campo de futbol.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó este sábado que habría que preguntar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "a dónde han ido las ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en este tiempo", y se mostró convencido de que "igual" hay "alguna sorpresa" porque "igual, en lugar de ayudar al hogar de pensionistas está ayudando a alguna fe que a él le es muy cercana".

La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero desconocida en su verdadera dimensión.

A finales del pasado mes de noviembre, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.

En sólo un mes, la campaña de la Fiscalía ha permitido conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal.