miércoles, 21 de diciembre de 2011

20/12/11: Cárcel de Huelva; regalos por vista gorda.

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha destituido al director de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz, por su vinculación con una supuesta trama que ofreció sobornos a diferentes funcionarios de la prisión onubense. El Ministerio del Interior tiene previsto denunciar este miércoles ante la fiscalía los indicios delictivos de esta red relacionada con un narcotraficante interno en la cárcel y que apuntan a delitos de cohecho con regalos de diversos automóviles a cambio de tratos de favor.

Los inspectores de Interior interrogaron a Sanz el pasado viernes y tras sus explicaciones, poco convincentes para la investigación interna, Gallizo le destituyó el lunes por una “pérdida de confianza”, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. “Por diferentes vías” llegaron a Interior denuncias de “comportamientos irregulares” en la prisión, señalaron dichas fuentes. La investigación de los inspectores de Instituciones Penitenciarias está aún abierta y puede afectar al menos a otros tres funcionarios. Interior baraja que uno de los inspectores asuma la dirección del centro en los próximos días.

Entre los internos implicados en la investigación figura el supuesto narcotraficante onubense A. S., recluido en la prisión desde el pasado agosto, cuando fue detenido en su vivienda de Estepona (Málaga) por la policía en el marco de la Operación Celeste. Este preso podría ser el detonante de la destitución de Sanz. Anselmo Sevillano confesó, según informó TVE, que le había regalado a Francisco Sanz dos coches de alta gama a cambio de que le ayudara a conseguir el tercer grado al preso F. E., alias El Negro, primo suyo encarcelado en la prisión onubense y que logró finalmente salir los fines de semana.

La entrega de los coches se efectuó a través de la empresa del narcotraficante, Onucar Import, ubicada en el centro de Huelva, en un solar donde actualmente se construye un edificio.

La sorpresa ante la destitución de Sanz fue mayúscula en Interior por la trayectoria del director, “un histórico”, según fuentes del Ministerio. Sanz llevaba desde 1998 al frente de la prisión de Huelva y más de dos décadas en puestos de alta responsabilidad en prisiones. (Fuente: El Pais)

sábado, 3 de diciembre de 2011

02/12/11: El caso Urdangarín arrastra a exdirectivos de la Ciudad de las Ciencias

El juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena ha imputado a dos ex directores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar, en relación con la investigación sobre el Instituto Nóos, la fundación presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Asimismo, se ha imputado a una tercera persona, cuya identidad no ha trascendido.


Los agentes judiciales se han desplazado hasta las oficinas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) para interrogar a los técnicos que participaron en la redacción de los contratos con el Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit. Por estas jornadas sobre grandes eventos deportivos y turismo, la entidad presidida por Iñaki Urdangarín recibió 3,5 millones de euros.

En paralelo, el vicealcalde de esta ciudad, Alfonso Grau ha prestado declaración este viernes ante el fiscal de Baleares. A su salida, ha aclarado que su comparecencia ha sido en calidad de testigo, aunque no ha adelantado más datos tras alegar que la causa es secreta.

Junto a Aguilar y Vela, también declaró el jueves José Salinas, el director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó con Nóos el convenio para organizar estas dos jornadas.

Salinas, preguntado por este periódico, aseguró que sólo fue requerido para certificar la veracidad de la documentación confiscada en su día por la Policía Judicial. El pasado 8 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en la Consejería de Presidencia y en Cacsa para llevarse todos los expedientes de los contratos.

A la celebración del Valencia Summit durante los años 2004 y 2005, unas jornadas sobre los efectos de los grandes eventos en el turismo por las que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia pagaron conjuntamente 3,5 millones de euros, según se ha reconocido de manera oficial, se suma otro contrato firmado por el ex presidente Francisco Camps y el propio Urdangarin, para lograr que la ciudad albergara unos hipotéticos Juegos Europeos. Por esta misión, el duque de Palma percibió 382.000 euros, aunque el montante total del convenio ascendía a tres millones de euros. (Fuente: El Mundo)

viernes, 2 de diciembre de 2011

02/12/11: Corrupción condecorada

El miércoles de la semana pasada recibió una condecoración municipal con motivo del Día de la Policía local de Sevilla. Y dos días después fue imputado por el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, junto con dos de sus hijos, por un presunto delito de cohecho con motivo de una investigación sobre una trama de corrupción policial. M.S.A., mando de la unidad de Motoristas de la Policía Local, así como dos de sus hijos, también motoristas, y otro mando con las iniciales J.A. tendrán que declarar, junto con otros cinco compañeros más y dos civiles, los próximos días 6 y 7 de febrero ante la juez que instruye el caso, Carolina Herencia. Lo que se investiga es una posible trama ilegal de cobro de tasas por transporte de mercancías que estos policías podrían haber liderado aprovechándose de esta condición y fuera del horario de trabajo. Al parecer, los agentes acudían de uniforme a prestar estos servicios y podrían haberse apropiado de manera indebida de las tasas municipales.

Igualmente, se les investiga por otra trama que consistiría en el cobro de ciertas cantidades para retirar multas, mientras que la Fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación sobre la posible falsificación de sellos judiciales por otros agentes para cobrar las dietas por asistir a juicios, según ha podido confirmar ABC de fuentes judiciales. Lo cierto es que todos los que ahora han sido imputados penalmente ya lo estaban policialmente, pese a lo cual el Ayuntamiento condecoró a uno de los supuestos cabecillas de la trama la semana pasada.  (Fuente: ABC Sevilla)

miércoles, 30 de noviembre de 2011

29/11/11: Jefe de la policía local delatado en televisión.

El Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) ha destituido este martes al jefe de la Policía Local de Valdemorillo, Francisco Paulino, por las presuntas actividades delictivas cometidas y recogidas en un reportaje de televisión emitido ayer por la noche, ha indicado el Consistorio en un comunicado.
En el programa de investigación, realizado con cámara oculta, Paulino intentó vender puntos del carné de conducir a mil euros y dijo que podía conseguir ropa falsificada. En el documento se apunta a que el jefe de la Policía podría dedicarse la cría presuntamente ilegal de pájaros y plantea dudas sobre la legalidad de la construcción de su vivienda.
Ante todo ello, la Corporación Municipal ha indicado que, además de destituir al cabo jefe de su Policía Local, ha puesto inmediatamente los hechos en conocimiento del Juzgado, le ha retirado el arma reglamentaria, el teléfono móvil y la acreditación y le ha incoado la apertura de expediente disciplinario, prohibiéndole el acceso a las dependencias policiales. (Fuente: La Vanguardia)

lunes, 28 de noviembre de 2011

27/11/11: EMARSA, la depuradora que no depuraba

Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.

En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje

1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...

2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.

3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.

4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.

5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.

6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.

7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.

8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, “con un acuerdo verbal”.

9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.

10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.

11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.

12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009. (Fuente: El Pais)

sábado, 26 de noviembre de 2011

25/11/11: Los placeres del Sr. Alcalde

El exalcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva) y actual delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE de Valverde, Miguel Ángel Domínguez, ha renunciado este viernes a los cargos que ostenta en el PSOE y en la Administración andaluza, tras la publicación sobre el supuesto pago de 3.685 euros con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento en un prostíbulo cuando aún era alcalde.

En un comunicado remitido tras hacer declaraciones esta mañana afirmando que no se planteaba dimitir, Domínguez ha expresado que su decisión es "personal y lo hago con el fin de poder defenderme sin poner en riesgo la imagen de mi partido ni la de la Junta de Andalucía, que están desarrollando un excelente trabajo en nuestra provincia".

Domínguez ha asegurado que "no sería justo que toda esta labor se vea ensombrecida por una situación ajena al PSOE y a la Junta", a la par que ha asegurado que se trata de "una información falsa, que atenta contra mi honor personal y por la que voy a iniciar acciones legales contra los que me acusan falsamente". (Fuente: El economista)

viernes, 25 de noviembre de 2011

25/11/11: La “hacienda” para el Duque

Ex altos cargos del Ejecutivo balear que presidía Jaume Matas han confesado a la Policía Judicial y a la Fiscalía Anticorrupción que el Govern balear confeccionó actas falsas para adjudicar 2,3 millones de euros de dinero público al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

Los declarantes apuntan al ex máximo mandatario del Ejecutivo de las islas como responsable último de la decisión.

La orden de subvencionar los ciclos de conferencias sobre Turismo y Deporte organizados por el duque de Palma se adoptó en 2005 en una reunión no oficial en el despacho de Matas a la que acudieron el duque de Palma y varios colaboradores del entonces presidente balear.

En dicho encuentro, se alcanzó el compromiso de articular un convenio para otorgar desde la Fundación Illesport fondos públicos a Nóos eludiendo el preceptivo concurso público.

Para dar apariencia de legalidad a la concesión de dinero público se elaboró un acta de la comisión ejecutiva de la Fundación Illesport, que jamás se reunió para este asunto.

Esta misma operación se repitió, según han acreditado los investigadores, un año después para otorgar los 1,1 millones de euros públicos correspondientes a la segunda y última edición del Illes Balears Forum. (Fuente: El Mundo)

24/11/11: La "hacienda" del Duque

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat valenciana.
 
Los fondos públicos (2,3 millones en el caso de Baleares y unos 3 en el valenciano) se adjudicaron a dedo al Instituto Nóos, una entidad "sin ánimo de lucro". Posteriormente la mayor parte de este dinero del contribuyente acabó en sociedades de Urdangarin y Torres.

Tanto el duque de Palma como su socio se sirvieron de otras dos empresas para confeccionar decenas de facturas falsas que les permitieron declarar menos beneficios y, consecuentemente, pagar menos a Hacienda. El fin último era que el beneficio oficial quedase reducido a una cifra cercana a los 250.000 euros .

Durante el transcurso de la investigación, la Policía Judicial cazó en el registro de las sociedades ideado por Urdangarin y Torres el plan manuscrito que diseñaron para pagar menos a Hacienda. Entre los papeles intervenidos figuraba un no muy sofisticado sistema de facturas falsas.

Este supuesto fraude fiscal gravita principalmente en torno a la sociedad con sede en Sant Cugat del Vallés Intuit Strategy Innovation Lab SL, propiedad de la familia Torres. Otro de los vértices es la empresa Nóos Consultoría Estratégica, participada directamente por el marido de la Infanta y su socio.

En el marco de esta operativa se ha detectado también la adquisición de una serie de pisos en Palma a finales de 2003 por parte de empresas controladas directamente por el duque. (Fuente: El Mundo)

lunes, 14 de noviembre de 2011

13/11/11: Chollos de partido

Carlos Mulas, ex asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero y redactor del programa electoral, dirige la Fundación Ideas, el think tank que nutre la línea argumental del PSOE. Está a las órdenes de Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de la institución, cuyo presidente es Zapatero. Cobra su sueldo en la fundación, a la que también factura estudios (supuestamente de investigación) a través de su empresa (dedicada a la producción audiovisual), que, a su vez, está subvencionada por el Ministerio de Cultura.

El economista es administrador único de la sociedad Storylines Projects, que ha recibido en dos ocasiones ayudas económicas del ministerio que dirige Ángeles González Sinde. El 4 de agosto de 2009, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales le entregó 43.794,22 para la producción del cortometraje “Buen viaje”. Dos años después, el 5 de agosto de 2011, el organismo dependiente de la ministra Sinde le concedió otra subvención similar, 43.000 euros para el corto “Uniformadas”.

Las cantidades subvencionadas, un total de 86.794,22 euros, suponen el 70 por ciento del coste total de ambas producciones, en unas convocatorias a las que acuden centenares de productoras buscando ayudas. Por otro lado, Mulas, que tiene un sueldo como autónomo de un mínimo de 5.000 euros mensuales por dirigir Ideas, también está utilizando su empresa para facturar a la Fundación unos 50.000 euros –IVA incluido- entre 2010 y 2011. Por otro lado, bajo la batuta de Sinde, Cultura también ha subvencionado directamente a la Fundación Ideas con dos millones de euros en 2011.

Fuentes internas aseguran a El Confidencial que, con las facturas de de Storylines, Mulas está cobrando un “sobresueldo” de una media de 4.000 euros al mes. El director de la fundación reconoce la relación de su empresa privada con la fundación, pero niega estar cobrando un sobresueldo por esa vía. Ha declarado a este diario que se trata de “estudios que realizan distintos docentes universitarios, que los facturo con mi empresa y luego pago a los autores”. Accedió a mostrar a este diario los trabajos que se corresponden con las facturas, pero finalmente declinó hacerlo “por motivos de agenda”, pese a la gravedad de las supuestas irregularidades que denuncian fuentes de la propia fundación.

Resulta cuando menos curioso que Mulas esté facturando estudios a la Fundación Ideas a través de Storylines Projects, cuyo objeto social es “el desarrollo de proyectos creativos cinematográficos, audiovisuales y literarios de todo tipo”. En el extenso dossier de actividades que adjuntan en su web no hay ni rastro de los estudios supuestamente elaborados para la Fundación Ideas. Tampoco hay ninguna entrada en Internet en la que aparezcan juntos el laboratorio de ideas del PSOE y la empresa de su director.

Además, según el último balance de cuentas disponible en el Registro Mercantil de Madrid, el de 2009, la productora cinematográfica sólo tuvo un empleado a tiempo parcial con un coste total para la empresa –en todo el ejercicio- de sólo 1.475 euros. Pese a ello, Storylines Projects ingresó 43.800 euros y declaró 24.182 de beneficio. Las facturas giradas a la Fundación Ideas no corresponden a ese ejercicio, sino a 2010 y 2011, de los que aún no hay información.

Mulas, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, fue subdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobiernodurante la primera legislatura de Zapatero, a las órdenes de Miguel Sebastián. Ha formado parte del Comité de Redacción del Programa Electoral del PSOE en 2008 y en los presentes comicios. Además, va en el número trece de las listas por Madrid.

martes, 1 de noviembre de 2011

01/11/11: La “operación arena” golpea al PP gallego

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha levantado este lunes el secreto de sumario en relación a las diligencias abiertas por supuesto delito contra el medio ambiente en el marco de la 'Operación Arena', según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La investigación de la 'Operación Arena' comenzó por delitos contra el medio ambiente, en relación con la presunta comercialización de áridos contaminados desde Holanda por parte de una empresa ferrolana. Por estos hechos, el viernes prestó declaración el empresario Fermín D., que quedó en libertad.

Sin embargo, el juzgado instructor elevó en el mes de agosto a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG una parte del sumario por la suouesta implicación de un aforado, el ya exparlamentario coruñés Javier Escribano, que formalizó su dimisión como diputado autonómico la semana pasada.

Supuestamente Escribano habría recibido regalos y se habría comprometido a interceder para que la Consellería de Medio Ambiente levantase el bloqueo que impuso a la empresa para comercializar dichos áridos por no cumplir las condiciones medioambientales exigidas.

Tras asumir la competencia de parte de la causa por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el caso del exparlamentario, el TSXG levantó la semana pasada el secreto de sumario para dar comienzo a las declaraciones.

Sin embargo, la decisión de Escribano de renunciar a su acta de diputado motivará, al perder la condición de aforado, que la causa vuelva de nuevo al Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol. ( Fuente: Europapress.es)

lunes, 31 de octubre de 2011

31/10/11: Del escándalo nocturno al cohecho.

La sombra de un presunto delito de cohecho, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos y la autorización de operaciones urbanísticas y de ingeniería, se cierne sobre el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. No en vano, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera, informó ayer el diario La Gaceta, investiga el patrimonio, las cuentas bancarias, las acciones de un entramado societario, que incluye a un "hombre de paja", y el contenido de las cajas fuertes del también ex senador socialista. De hecho, su renuncia al escaño hace meses a cuenta de un escándalo nocturno en Madrid con la policía fue lo que habilitó a dicho juzgado a investigarlo, al perder Curbelo la condición de aforado.
Siempre según dicho diario, la investigación afecta también a su entorno familiar, empresarial y político y, de hecho, se indaga en la actividad financiera entre el año 1998 y la actualidad igualmente de la mujer de Curbelo, Remedios, de sus hijos -Casimiro Adays, María y Almudena- y las empresas de la familia: Argamul Gomera, Chewy West y Caculago Gomera.

Las diligencias previas apuntan, en particular, a cuatro operaciones urbanísticas, denominadas El Lamero, Las Petroleras, El Mechal y Travesía de Hermigua. A través de éstas el presidente del Cabildo podría presuntamente haberse embolsado al menos dos millones de euros a cambio de recalificaciones. En los citados informes de la Guardia Civil y la Fiscalía se hacen continuas referencias a "extrañas operaciones mercantiles" o sin "ninguna lógica comercial".

Las pesquisas judiciales actuales son la consecuencia de los informes policiales derivados de una orden de investigación sobre Curbelo y su entorno del mencionado juzgado en 2009. La operativa investigadora, que recibió la denominación de Operación Telaraña el posterior informe que sobre lo recabado por los medios policiales elaboró la Fiscalía Provincial de Tenerife estaban terminados con apreciación de "indicios de cohecho" en febrero de 2010.

La Fiscalía envió dichos informes al juzgado el pasado 10 de mayo, un mes antes del escándalo de ex senador en Madrid, advirtiendo que, debido a su entonces condición de aforado, no podía investigarlo sino todo lo más remitirlo al Tribunal Supremo, con la consiguiente dilación del procedimiento. Pero, tras la dimisión de Curbelo, el Juzgado gomero se vio con vía libre. Y, de hecho dos días después de la citada dimisión, el pasado 20 de julio, la Fiscalía Provincial autorizó al juzgado a instruir la causa contra el también líder histórico del PSOE de La Gomera y pidió, además, que se le tomase "declaración como imputado".

jueves, 20 de octubre de 2011

20/10/11: Arroyomolinos, adjudicaciones de obras a las bravas.

El alcalde de Arroyomolinos (14.000 habitantes), Juan Velarde (PP), tendrá que declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero, que investiga si el regidor pudo haber cometido los delitos de malversación y prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La decisión judicial, que también incluye entre los imputados a otros ediles y cargos del Ayuntamiento, fue adelantada ayer por la cadena SER, que en su información asegura que el equipo de gobierno del municipio del sur de Madrid pudo haber aprobado contratos "fraudulentos" por un valor superior a los 40 millones de euros.

El caso fue denunciado inicialmente por los concejales socialistas de la oposición ante la fiscalía en 2007, y posteriormente presentada en el juzgado de Navalcarnero, que la admitió a trámite e inició sus pesquisas. En 2010 los ediles del PSM-PSOE ampliaron la denuncia, por la que deberán declarar el alcalde y su equipo de Gobierno.

Según la documentación aportada al juzgado por los socialistas, Velarde adjudicó la construcción y ejecución de obras de edificios municipales a través de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (Emuvisa), eludiendo hacerlo desde una de las concejalías del Consistorio. De esta manera, según la cadena SER que cita la denuncia, elegían a dedo las sociedades que iban a ejecutar el contrato, "saltándose así el concurso público al que está obligado el Ayuntamiento". Entre los edificios que habrían sido adjudicados de esta forma, presuntamente ilegal, estarían la casa cuartel de la Guardia Civil, el centro de artes, un recinto ferial, un aparcamiento, un centro de mayores, el vivero municipal, las dependencias de la policía local, un garaje-aparcamiento, una plaza pública y el acondicionamiento de zonas verdes. Además, los informes de la secretaría del Consistorio eran desfavorables.

martes, 18 de octubre de 2011

18/10/11: Se extiende la “operación biblioteca”

El alcalde de Aledo (Murcia), Simón Alcaraz, ha sido detenido en el marco de la 'operación Biblioteca' contra una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la localidad de Librilla, y que se extiende ahora a la vecina población de Aledo.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el regidor municipal, del PP, es uno de los ocho detenidos en esta causa, que instruye el titular del juzgado número seis de Murcia, Andrés Carrillo.

El letrado ha dicho desconocer los cargos que se le imputan a Alcaraz, quien, según Guerrero, no ha prestado declaración ante los agentes de la UCO, que han requerido documentación del área de urbanismo municipal de esta pequeña localidad de algo más de un millar de habitantes.

Los agentes han pedido documentos relacionados con una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la también localidad murciana de Librilla. En Murcia, los agentes de la UCO encargados de los registros han abandonado sobre las 22.00 horas el Palacio de San Esteban, sede de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, y el edificio de la Ronda de Levante donde está la de Sanidad y Política Social, adonde entraron sobre las 8:00 y de donde se han llevado expedientes relativos a contrataciones realizadas entre 2003 y 2007. La causa ha llevado a la detención de otras cinco personas en la provincia de Murcia y de una en la de Alicante.

La 'Operación Biblioteca', que investigó una supuesta caso de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, condujo en 2007 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja cautelar en el partido como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. (Fuente: 20 minutos)

sábado, 15 de octubre de 2011

14/10/11: Las dádivas de Fernández Vara.

El cambio de color político en Extremadura no ha sido precisamente tranquilo y sigue deparando sorpresas, la última de ellas por valor de medio millón de euros. Según ha averiguado El Confidencial, el ex presidente extremeño,Guillermo Fernández Vara, gastó más de 500.000 euros en una web oficial que presentó al público por todo lo alto, pero ocultó la factura a los ciudadanos, a quienes aseguró que no había “costado un euro”. La página está actualmente fuera de servicio, ya que el Gobierno extremeño debería pagar cerca de 200.000 euros adicionales para renovar su funcionamiento.

Vara se implicó personalmente en diciembre de 2010 en el lanzamiento de ‘opinaextremadura.es’, una página web con la que pretendía fomentar el diálogo entre los extremeños y su Gobierno cuando apenas restaban cinco meses para las elecciones autonómicas. “Esto hay que hacerlo porque es necesario. No porque sea moderno. Esto hay que hacerlo porque es la única manera de poder hacer y estar con toda una generación de gente”, afirmó el dirigente socialista durante la presentación del portal. No obstante, matizó queaprobó el proyecto en plena crisis porque no le había “costado un euro” a Extremadura.

“Les confieso que muy probablemente en un escenario de crisis como en el que vivimos, si no hubiera sido porque Telefónica ganó un concurso de la Junta hace unos años y se comprometió a desarrollarnos un proyecto tecnológico como mejora, y hemos elegido éste, muy probablemente no habríamos podido hacerlo”, sostuvo Vara. Sin embargo, lejos de resultar gratis a las arcas públicas, la web costó 513.300 euros.

En concreto, 19.802,47 euros en concepto de “modelización operativa”; 7.376,54 por “definición de contenidos”; 64.098,51 por “difusión y captación de participantes”; 99.400,19 por “servicio de mantenimiento estratégico y operativo”; 205.603,67 por “diseño y desarrollo de la plataforma eDemocracia”; 24.056,50 por “servicio de mantenimiento correctivo”; y 14.662,12 por “servicio de hosting y distribución de contenidos digitales”. Un conjunto de servicios que no fue objeto de contratación administrativa y a cuyas cifras hay que sumar el IVA.

Pero los gastos no terminan ahí. Si el nuevo Gobierno del popular José Antonio Monago quiere actualizar los servicios de la web y que ésta vuelva a estar disponible, deberá pagar otros 173.975 euros. De acuerdo con fuentes próximas a la administración autonómica, el Ejecutivo no tiene intención de renovar el contrato, ya que pretende reorganizar el “entramado digital” de más de 400 webs oficiales existentes en Extremadura. Además, el resultado de ‘opinaextramadura.es’ desde diciembre de 20120 no ha sido muy relevante: se registraron 2.175 usuarios, pero solo el 0,5% se mantuvo activo, y apenas se enviaron 300 iniciativas ciudadanas.

martes, 4 de octubre de 2011

04/10/11: La “operación campeón”, delata a Blanco.

El 24 del pasado mayo el Juzgado número 2 de Lugo, por orden de la juez Estela San José, ordenaba la detención de 15 personas y la realización de 12 registros en sedes empresariales y en domicilios particulares, entre los que estaban los de directivos y personal de Nupel, la empresa propiedad de Jorge Dorribo, y de otras empresas que supuestamente colaboraron en una trama de cobro ilegal de subvenciones.

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo a que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. Se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El principal implicado y, aún en prisión por este caso, es el empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel. La trama se centra, principalmente, en él porque fue quien, presuntamente, manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas.

La farmaceutica Nupel fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio y Dorribo, que pavoneaba de ser uno de los empresarios más ricos de la provincia, llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya.

El ministro portavoz y de Fomento, José Blanco, apareció en escena tras la información publicada este martes por EL MUNDO. Dorribo lo acusa de cobrar 400.000 euros a cambio de facilitarle una ayuda de más de 467.000 euros de la Dirección de Ayudas Regionales para que el Ministerio de Sanidad agilizara unos permisos de Laboratorios Nupel. Los cobros de los supuestos sobornos se realizarían a través de las empresas Proitec, registrada en el marco de la trama, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad de un primo político del ministro. (Fuente: El Mundo)

martes, 27 de septiembre de 2011

27/09/11: Siete detenidos en Ronda por corrupción inmobiliaria

El exalcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara (PSOE), ha sido detenido como presunto autor un delito de corrupción urbanística en el municipio, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan nuevas detenciones. Agentes de la Policía Nacional llevan registrando tanto la sede del Consistorio como la delegación de Urbanismo desde primeras horas de la mañana. Se trata de una investigación por presunta corrupción urbanística. La causa ya se encuentra judicializada y desde hace al menos un año la Fiscalía Anticorrupción está investigando determinadas operaciones urbanísticas.

Según ha afirmado la actual alcaldesa del municipio, María Paz Fernández(PP), las actuaciones están relacionadas con el equipo de gobierno anterior. De hecho, ha informado de que los registros comenzaron a realizarse en los despachos del este detenido, así como del ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara. Los tres han sido detenidos juntos a otras tres personas de las que todavía se desconoce su identidad.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación. Los agentes de la Policía judicial han llegado a las nueve de esta mañana con un auto que les autorizaba la entrada en las dependencias municipales rondeñas y el registro de las mismas. La Policía mantiene acordonadas las sedes del Ayuntamiento y de Urbanismo y no permite ni entrar ni salir a los trabajadores municipales. El ex alcalde rondeño Martín Lara pertenecía originalmente al PA pero se pasó a las filas del PSOE en junio de 2009.

Los escándalos urbanísticos en el municipio rondeño vienen de antiguo. En el año 2007, la Fiscalía General del Estado, a través de su sala dedicada a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, se interesó por la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el complejo urbanístico de Los Merinos, en Ronda. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido envió una carta al entonces parlamentario andaluz por IU Antonio Romero en la que se le informaba de que la sala ha pedido "información sobre el estado de las diligencias de investigación" así como "sobre la procedencia de instar medidas cautelares" sobre el proyecto, que incluye 797 villas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje protegido por la Unesco.

IU denunció varias veces en la Audiencia de Málaga la polémica macrourbanización. La coalición acusó al alcalde, Antonio María Marín Lara, entonces en el Partido Andalucista y luego ‘fichado’ por el PSOE, de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por "permitir y amparar la continuación de las obras ilegales". (Fuente: El confidencial)

sábado, 17 de septiembre de 2011

16/09/11: Debilidad en la Guardia Civil

Desaparición del dinero requisado a los detenidos, destrucción y alteración de atestados, cocaína confiscada que se sustituye por otra sustancia inocua... Una investigación judicial ha destapado esta supuesta trama de corrupción policial cuyo escenario era el cuartel de la Guardia Civil de Ibi (Alicante). Cuatro de los agentes adscritos al puesto -dos sargentos, un cabo y un guardia- han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público.

El juzgado de Ibi que ha investigado este asunto ha cerrado ya la fase de instrucción y ha dado traslado a las defensas, la acusación particular y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación de los hechos.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, donde el juez recopila los indicios contra los imputados, se recogen hasta cinco hechos delictivos supuestamente cometidos por estos agentes. Así, se hace referencia a la incautación, en marzo de 2010, de 325 euros que llevaban encima dos personas que fueron detenidas. La intervención de esta cantidad en metálico se hizo constar en las diligencias de la Policía Local y en el atestado que inicialmente redactó la Guardia Civil.
Entonces, uno de los imputados, el sargento que ocupaba entonces el cargo de comandante de puesto interino, «tras descalificar las diligencias de la Policía Local rompió las mismas, y por ello al juzgado se remitió un atestado que no contemplaba las actuaciones elaborados por dicho cuerpo».
Además, otro de los presuntos guardias corruptos, un cabo que estaba de jefe accidental del área de investigación, «pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto». Según relata el auto, «ante el asombro de la agente requerida», el comandante accidental «comentó que hiciese lo que considerase oportuno».
Así, aunque en las actuaciones originales de la Guardia Civil se reflejó el dinero intervenido, «se sustituyeron las mismas para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos hubiese cuantía monetaria alguna». Cuando los dos arrestados quedaron en libertad, uno de ellos echó en falta 300 euros entre los efectos personales que le devolvieron, y nadie fue capaz de explicar qué había pasado con el dinero. Dos meses después, esa cantidad fue ingresada en la cuenta del juzgado.

Uno de los imputados es el guardia que actuó como secretario del atestado y supuestamente «validó la copia manipulada». Por su parte, el juez también considera responsable de omisión del deber de perseguir delitos a la agente que «conoció las irregularidades relatadas y no procedió a denunciar los hechos».

Otro de los supuestos hechos delictivos por los que se les juzgará es la desaparición de una papelina de 'coca'. Supuestamente, el cabo investigado se dirigió a los baños con ella y después apareció sin contenido alguno. Cuando uno de los agentes del cuartel se dio cuenta y avisó a sus superiores, el propio cabo «se encargó de incorporar una bolsa distinta, que posteriormente se acreditó que no tenía sustancia estupefaciente». El sospechoso confesó haber rellenado la papelina, pero argumentó que la droga se había perdido y lo hizo para que nadie se diera cuenta. El juez considera que pudo incurrir en infidelidad en la custodia de documentos. ( Fuente: Las Provincias)

jueves, 1 de septiembre de 2011

01/09/11: Introducción a la subvención

“Consideramos al proyecto a priori como elegible, en nuestras ayudas, y deseamos a sus promotores todo el éxito del mundo, por el bien de nuestro empleo, nuestra economía y nuestro medio ambiente”. Así remató Juan Tomás Hernani,secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y presidente del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una carta con membrete oficial dirigida a Andrés Bäcker, de la empresa Sustainable Reference S.L.. Después, esta compañía pidió y consiguió financiación del organismo que preside el propio Hernani. El CDTI, dependiente del Ministerio que dirige Cristina Garmendia, se dedica a apoyar económicamente proyectos relacionados con la innovación tecnológica, el I+D+i. Este año tiene un presupuesto de 1.400 millones de euros.

El funcionario encargado de la evaluación de las solicitudes debió quedarse perplejo cuando se topó, en la solicitud cursada por Sustainable Reference S.L., con la citada carta de recomendación firmada por el mismísimo presidente del CDTI, su jefe y alto cargo del Ministerio de Ciencia, quien aseguraba que “tras haber mantenido una reunión de análisis, me complace afirmar que la economía verde es uno de los ejes de nuestra Estrategia Nacional de Innovación, y que el proyecto de Sustainable Reference S.L. es un claro ejemplo de la cultura de emprendizaje (sic) y creación de valor que el Ministerio promueve”.

El Comité de empresa del CDTI envió una nota a trabajadores y directivos en la que calificaba esta carta de recomendación como “un trato de favor inaceptable del secretario general de Innovación hacia una empresa”. El código ético del organismo público refleja en su artículo 3.1.1. que “se evitará cualquier clase de interferencia o influencia de empresas, entidades, proveedores o terceros que pueda alterar la imparcialidad y la objetividad profesional de los trabajadores del CDTI”.

Lo más rocambolesco es que Juan Tomás Hernani, hombre de confianza de la ministra Cristina Garmendia y con atribuciones propias de secretario de Estado, contraatacó con un correo al director general del CDTI, Arturo Azcorra, al que ha tenido acceso El Confidencial. Hernani daba instrucciones: “Quiero que transmitas a las partes implicadas en tu equipo que no deben admitir ningún tipo de presión o influencia en la decisión de los proyectos. Es un tema tan importante que no pueden haber medias tintas”.

Pese al revuelo que se armó, finalmente, en enero de este año, el CDTI aprobó el proyecto presentado por Sustainable Reference, después de que los técnicos consideraran que encajaba en los fines de esta institución. Pese a que los importes no son públicos, El Confidencial ha podido saber que se trata de un proyecto de 591.000 euros, de los que el organismo público aporta 350.000 en un crédito a interés cero reembolsable en varios años y otros 5.000 a fondo perdido. El resto del coste del proyecto lo tiene que asumir la empresa.

sábado, 20 de agosto de 2011

19/08/11: operación Ossifar

El ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, permanecen en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de ser interrogados por agentes del Instituto Armado y los fiscales anticorrupción, y pasarán una noche más arrestados en las dependencias de este cuerpo antes de que, previsiblemente, pasen este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia.
Los dos imputados, quienes fueron detenidos este jueves en el marco de la nueva operación abierta por un presunto desvío de 1,5 millones de euros públicos a través de la compra de contenedores soterrados en Palma de Mallorca, aún no han prestado declaración debido a que durante toda la tarde de ayer y a lo largo de esta mañana los investigadores se han dedicado a revisar la documentación incautada en el marco de estas diligencias, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
En concreto, la nueva operación anticorrupción, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A., e indaga si se produjo alguna contraprestación por parte de esta empresa. Es por ello que sobre los arrestados pesan supuestos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
Los investigadores apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. (Fuente: 20 minutos)

sábado, 6 de agosto de 2011

06/08/11: Baleares, como invertir en arte de familiares con dinero de los ciudadanos.

La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas del Govern que presidía el socialista Francesc Antich destinó al menos 92.154,99 euros públicos a adquirir obras de arte para decorar sus despachos y agasajar a autoridades en plena crisis económica.
En época postelectoral, poco antes de que se formase el nuevo gobierno del Partido Popular y con el anterior gabinete en funciones, dirigentes del departamento dieron orden de que buena parte de esos cuadros fueran descolgados. Ante la estupefacción de algunos funcionarios los lienzos de mayores dimensiones se trasladaron a un pequeño desván ubicado en un almacén secundario de la Conselleria. Un cuarto angosto y oscuro sin ventilación ni luz natural en una calle adyacente a la plaza del Rosario de Palma. Allí han permanecido apilados y embalados como si nunca se hubieran comprado.
Durante los dos años centrales de la pasada legislatura, con la crisis demoliendo el sector del ladrillo y los índices de acceso a la vivienda por los sótanos, el área que presidía Jaume Carbonero se fue de compras a las galerías de Palma hasta en ocho ocasiones. Incorporando a su colección pinturas y litografías por cantidades que oscilan entre los 3.000 euros de la serie de serigrafías más baratas y los 22.000 euros de la obra más cara, una creación del renombrado pintor mallorquín Ramon Canet, la única que se mantiene en las paredes de Vivienda.
Al menos cuatro de esos cuadros fueron colgados entre las dependencias de la secretaría y el propio despacho del conseller. Sólo uno sobrevivió a la extraña mudanza de hace unos meses, un trasiego de obras que alarmó a algunos de los más veteranos funcionarios. Entre esos trabajadores no han dejado de circular comentarios más o menos airados en las últimas semanas acerca del episodio de los cuadros. Así como el jocoso comentario de que incluso en algún caso el hueco que dejaron las obras fue repintado para eliminar la sombra que dejan en las paredes las pinturas con el tiempo.
Se da la circustancia que varios de esos cuadros comprados por valor de 21.249,99 euros, pertenecían a María Carbonero, curiosamente prima del propio titular de la Consellería. (Fuente: El Mundo)

miércoles, 13 de julio de 2011

13/07/11: Legalizan el símbolo de la corrupción marbellí

El empresario José María Rosell, imputado en la ‘Operación Jable’ por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales y uno de los principales beneficiados del PGOU de Marbella, podrá abrir sin ningún tipo de impedimento su negocio hostelero. Se trata del polémico Hotel Senator, conocido por ser el emblema de la corrupción urbanística marbellí, que fue erigido sobre una parcela destinada, en un principio, a la ampliación del Palacio de Congresos y de equipamiento público.
El hotel acaba de ser legalizado por el Ayuntamiento, un visto bueno que, en palabras de la alcaldesa Ángeles Muñoz, “es una noticia muy positiva para Marbella, tanto por la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo que llevará aparejada la apertura del hotel Senator como por la importancia de los equipamientos que se cedan a la ciudad”.
Los marbellíes, sin embargo, no opinan igual. Especialmente la oposición municipal, que califica de “autentico escándalo la apertura de este macro hotel en una época en la que se están cerrando por la crisis mucho hoteles en la Costa del Sol”. Para compensar, el Ayuntamiento ha anunciado que los propietarios deberán ceder al municipio una parcela de 3.600 m2, que permitirá ampliar el Palacio de Congresos, y financiar el 50% del proyecto y la obra de urbanización del perímetro por el sistema de compensaciones del PGOU.
El intercambio es como un regalo para el propietario, según la oposición. Diversos frentes políticos critican que “por el avance del plan tenía que dar 90 apartamentos y esto se ha ido rebajando hasta dejarlo a precio de saldo. Todo un obsequio a los amigos del PP”. Iniciativa IMA+S ecologistas de la ciudad, por ejemplo, ha denunciado a este periódico que la alcaldesa Ángeles Muñoz es la responsable directa de que se legalizase el hotel por completo, frustrándose la cesión de 99 apartamentos para su uso como residencia de mayores, tal y como se contemplaba en el avance del PGOU. Es decir, Muñoz ha permitido que el hotel que gestiona el empresario afín a los populares, consiguiera la legalización a costa del interés general. (Fuente: el confidencial)

lunes, 11 de julio de 2011

09/07/11: “Operación Suministro” en tierras gaditanas

La Guardia Civil ha destapado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una trama de corrupción urbanística que vuelve a salpicar a responsables municipales durante la etapa de Independientes Portuenses (IP). Entre los 35 imputados en la operación Suministro, se encuentran el que fue alcalde entre 1991 y 2006, Hernán Díaz; su sucesor y antiguo compañero de partido, Fernando Gago; el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez; y el jefe de Disciplina Urbanística Fernando Jiménez Fornell.
Los implicados, entre los que hay promotores y propietarios de viviendas irregulares, están acusados de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Según la investigación, los antiguos responsables municipales otorgaron licencias para edificar en suelo no urbanizable.
Aceptaron además la inscripción de fincas con certificados que falseaban la antigüedad de las viviendas para simular que no eran casas de nueva construcción. Para dar mayor apariencia de legalidad, firmaron contratos con empresas de suministro para autorizar los enganches de luz y agua, pese a que este permiso solo es posible si existe una licencia oficial de primera ocupación.
El caso, impulsado por la Fiscalía de Medio Ambiente, está ahora en manos del titular del Juzgado número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. Hernán Díaz, quien dejó la alcaldía tras ser inhabilitado por prevaricación, tiene pendientes otras imputaciones relacionadas con operaciones urbanísticas. (Fuente: El pais)

08/07/11: El plan E, facilita la corrupción en Alicante.

Un nuevo caso de corrupción ha salpicado al Ayuntamiento de Alicante. Uno de sus empleados, un ingeniero técnico de obras públicas destinado en el área de Atención Urbana, fue detenido ayer por la Policía Nacional junto a dos responsables de otras tantas empresas de construcción con los que supuestamente llegaba a acuerdos para la adjudicación de obras de la primera fase del plan E ideado por el Gobierno como medida de choque contra la crisis.
Entre las actuaciones de este plan que fueron informadas por el técnico detenido se encuentra la pavimentación parcial de la Explanada, la renovación de la plaza de la Montañeta o la mediana de la avenida de Villajoyosa.
Los arrestados, a los que se les imputan los delitos de malversación y cohecho, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y Alicante y han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial, desde donde hoy serán puestos a disposición judicial.
El juzgado del Instrucción número dos de Alicante, que lleva investigando el caso desde el año pasado, entregó ayer un escrito a la secretaria del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, en el que requiere al Ayuntamiento que le entregue los certificados de las obras adjudicadas desde enero de 2006 y con independencia de su cuantía a las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS), cuyas sedes fueron registradas ayer, además de arrestados sus responsables.

Los hechos que han dado lugar a esta actuación judicial fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace tres años por la entonces concejala socialista en la oposición Carmen Sánchez Brugal, entre cuyas funciones figuraba el control del área de Atención Urbana. La edil habría tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia anónima y, tras hacer un seguimiento de lo allí recogido, comunicó sus sospechas al fiscal Felipe Briones, quien a su vez remitió el asunto al juzgado para que se investigara.
Según ha podido saber este diario, el funcionario detenido, a cambio de prebendas, habría firmado como propios proyectos municipales redactados en realidad por los empresarios ahora arrestados que después optaban a hacer esas obras y que, con este método, se garantizaban una adjudicación a medida.
Fuentes del caso apuntaron la posibilidad de que el número de implicados pudiera ampliarse a más personas tanto de fuera del Ayuntamiento como del área que dirige Víctor López, el jefe técnico de la concejalía de Andrés Llorens que ha sido imputado en varias ocasiones en relación a contratas municipales.
Becsa, una de las mercantiles investigadas, es una filial de la antigua Lubasa, hoy rebautizada como Durantia, una empresa que ha aparecido en otros sumarios de corrupción: el caso Gürtel y la supuesta trama de facturas falsas del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. (Fuente: Información.es)

domingo, 10 de julio de 2011

07/07/11: El Distrito Macarena, cuartel general de la corrupción sevillana.

El primer gran caso de corrupción que puso en entredicho la gestión de Monteseirín en los tribunales de Justicia fue el de las facturas falsas de la Macarena, el único que ya ha sido juzgado y que ha terminado con dos personas del entorno directo del exalcalde en la cárcel: el socialista José Marín, secretario del Distrito, y el empresario José Pardo, jefe de seguridad de numerosos actos de partido de Monteseirín. Ambos fueroncondenados por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial al pagar seis facturas falsas por obras menores que «no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente», según la sentencia de la Audiencia de Sevilla posteriormente confirmada por el TSJA. Pardo, por cierto, está en busca y captura.
Sin embargo, no ha sido éste el único escándalo que se ha producido en este Distrito, claramente señalado como el principal punto de la corrupción de la era Monteseirín. Además de las facturas falsas, en la Macarena ha habido dos robos anteriores al denunciado ayer. Y en los dos casos desapareció material informático con información confidencial. En 2002, tras ser cesado el socialista Carmelo Gómez como delegado del Distrito, los nuevos responsables denunciaron la desaparición de ordenadores. Gómez alegó que lo que se hizo fue cambiar los terminales y el caso no fue a más. Sin embargo, en marzo de 2004 volvió a denunciarse un robo en la sede del Distrito. En este caso desapareció material informático que, según expuso el concejal de la oposición entonces Gregorio Serrano, «contenía información muy importante relativa al libramiento de 600.000 euros que se le concedió a este departamento en mayo de 2003» y que en aquella época estaba siendo investigado por la aparición de suspuestas facturas falsas. Serrano señaló entonces al socialista Domingo Vera Goñi, ya que era secretario del Distrito cuando se produjo este robo. Curiosamente, la juez Mercedes Alaya preguntó la semana pasada a Manuel Marchena por su relación con Vera Goñi durante el interrogatorio que le hizo al exgerente de Urbanismo y hombre de la máxima confianza de Monteseirín con motivo de la instrucción del caso Mercasevilla.
Hablando de la lonja, en la agrupación socialista Macarena militaron precisamente los dos principales imputados por este caso de corrupción, Fernando Mellet y Daniel Ponce, protagonistas de la grabación que dio origen a todo el escándalo. Ellos son el nexo de unión con otro de los hechos que se investigan en los juzgados: las aportaciones al Patín Macarena. El dueño de la constructora Larena 98, Antonio Pardal, denunció que «desde el Distrito Macarena y la dirección de Mercasevilla» se le instó entre 2003 y 2004 a poner dinero para el patrocinio del club Patín Macarena con el fin de «agilizar» las licencias urbanísticas que esperaba del Ayuntamiento para construir naves en Mercasevilla. Pardal aclara incluso que a una de esas reuniones asistió José Marín, el hoy condenado por las facturas falsas. A raíz de esta declaración, la juez instructora, Mercedes Alaya, aseguró que Ponce, «en connivencia con Mellet, se apropiaron indiciariamente de 24.000 euros que entregó Pardal en concepto de patrocinio al club Patín Macarena, ya para ellos directamente o para Mercasevilla».
Y aún queda otra conexión: Domingo Enrique Castaño, el asesor de Monteseirín que trabajó en el famoso Distrito hasta que saltó el escándalo del caso Unidad. Castaño está también imputado en Mercasevilla. Porque el lado oscuro de la etapa de Monteseirín está plagado de vasos comunicantes. (Fuente: ABC)

06/07/11: Oliart dimite por su hijo.

El presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, ha comunicado este miércoles al Consejo de Administración de RTVE su decisión de dimitir como presidente por motivos de salud y ha asegurado que su dimisión es con «efecto inmediato» y de forma «irrevocable».
Por otro lado, el Consejo de Administración de RTVE ha aceptado la dimisión del presidente de la corporación, Alberto Oliart
Oliart ya comunicó este martes al Gobierno su intención de dimitir por «razones de salud» y ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en la que explica sus motivos. También se lo ha comunicado este viernes a Mariano Rajoy, según fuentes cercanas al presidente del PP.
En su misiva a Bono, institución de la que depende la corporación, el presidente de RTVE asegura que su decisión es «irrevocable y de efecto inmediato» y destaca que su objetivo al frente de la corporación ha sido desde siempre «que RTVE fuera plural, independiente y de la mayor calidad posible, dentro de una exigencia continua de austeridad y ahorro, dirigida a informar y también entretener a todos los ciudadanos».
En las últimas horas se ha sabido que la empresa dirigida por su hijo Pablo ha sido la adjudicataria de un contrato de servicio público para realizar servicios en el programa «La mañana de La 1».
Así, TVE ha adjudicado a Telefónica Broadcast Services (TBS) el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa «La mañana de La 1», tras un concurso al que se habían presentado ambas empresas.
De estas seis empresas, dos de ellas desistieron de presentarse alegando que «no tenían capacidad para cumplir con el servicio que se les pedía» y otras dos «se habían fusionado en una que desistió de presentarse», por lo que al concurso finalmente solo concurrieron Overon y TBS, según las mismas fuentes. (Fuente: ABC)

lunes, 4 de julio de 2011

04/07/11: Chávez: como obtener subvenciones Express

La Junta de Andalucía concedió un préstamo de 10 millones de euros al grupo empresarial Bogaris dos días antes de que éste lo hubiera solicitado. Bogaris es una de las empresas que contrató los servicios de Iván Chaves Iborra, hijo del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, que facturó 28.188 euros por servicios de consultoría.
El 24 de noviembre de 2009, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ratificó la concesión del préstamo, financiado con fondos europeos, pero no fue hasta el 26 de noviembre, dos días después, cuando Bogaris Retail 5 SL -filial del grupo- presentó la solicitud ante la Junta. El desembolso se formalizó ante notario el 3 de diciembre.

EL MUNDO ya informó el 2 de mayo de la concesión del préstamo a Bogaris, que remitió una carta dirigida a este periódico en la que negó que el expediente se hubiera tramitado en «tiempo récord». «Antes al contrario -afirmó en su escrito el presidente de Bogaris, Rodrigo Charlo-, la tramitación se prolongó en el tiempo más de ocho meses». Curiosamente, entre la emisión de la factura de Iván Chaves a Bogaris, el 1 de abril de 2009, y la firma del préstamo ante el notario sevillano Pedro Antonio Romero Candau, el 3 de diciembre de 2009, transcurrieron exactamente ocho meses y dos días.
El presidente de Bogaris afirmaba en su carta que los técnicos de la empresa tuvieron «especial diligencia» en la tramitación de la ayuda para «evitar la caducidad del expediente». Puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que la ayuda se otorgó el 24 de noviembre, se solicitó dos días después y se firmó ante notario el 3 de diciembre.

sábado, 2 de julio de 2011

01/07/11: Operación SAGA

Dos días después de hacerse público que la gestora de derechos de autor estaba siendo investigada por desviación de fondos, y en la misma jornada en la que se conocía que el equipo de gobierno de Teddy Bautista seguirá al frente de la entidad otros cuatro años, la Operación SAGA terminaba con el propio presidente de la SGAE detenido, tras un exhaustivo registro de la sede de la entidad y de la de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), objeto principal de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil desde hacía dos años. Además de Bautista, otras ocho personas han sido arrestadas.
El presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el Director General, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad de gestión, Ricardo Azcoaga Quincoces, declararán este domingo ante el juez central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional en el marco de la 'operación Saga', han informado a fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que los seis detenidos restantes lo harán el lunes. Se trata del director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, la mujer y la cuñada de éste, Maria Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.
También declararán el lunes Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con 'Microgénesis', una de las principales empresas implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE.
El noveno arrestado es Rafael Ramos, socio director de Microgénesis. A todos ellos se les acusa de haber cometido delitos societarios y de apropiación indebida y por este motivo se les está tomando declaración este sábado en dependencias de la Guardia Civil, ha precisado las mismas fuentes.
Además de las detenciones se ha procedido a siete entradas y registros, entre ellos, las sedes de la SGAE y sDae.

El inicio del caso se remonta a hace ocho años; el 1 de septiembre de 2003, cuando la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y los autores acordaron cobrar un extra a los consumidores de soportes vírgenes. Lo hicieron con la oposición absoluta dela Asociación de Internautas (AI), que criticó que el ya famoso canon, sólo en su primer año de vigencia hiciese ganar cinco millones de euros a SGAE y perder 36 a los usuarios, y que en 2010 ya aportaba a los autores más ganancias que la propia venta de discos.
Este pasado viernes la AI ha conseguido lo que se propuso en noviembre de 2007, cuando informó a la Fiscalía de unas presuntas irregularidades por parte de los responsables de la SGAE. “El gran recaudador”, como denominan vulgarmente a la SGAE, pagaría su merecido.
La causa, que ha sido declarada secreta, arrancó con la presentación en marzo de 2010 de una denuncia por parte de Anticorrupción, que recayó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que en esos momentos todavía era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.
El informe demostraba que sociedades como Microgénesis (que jugaría un papel principal en la trama) y Coqnet, aparentemente no vinculadas a la SGAE, compartían sede social y directivos con la entidad que preside Teddy Bautista, y que el reparto de recaudaciones -incluido el canon digital- se realizaban en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios.
Casualmente, Microgénesis, que realiza trabajos de consultoría y entre cuyos clientes se encuentra la SGAE, está vinculada a José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, presunto creador de la trama societaria a través de la que se efectuaba el desvío de fondos, cuya sede también fue registrada este viernes. En el entramado también habría más compañías dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa.
Si se demuestra que la SGAE estuvo destinando su recaudación a mantener empresas privadas -con un claro ánimo de lucro-, no estaría cumpliendo la ley, que le exige repartir equitativamente los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.
Además de la AI, denunciaron estos hechos la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Josep Jover, abogado de APEMIT, estima en unos 400 millones de euros la cantidad presuntamente desviada, una parte de la cual procedería del canon digital. (Fuente: El Confidencial)

miércoles, 29 de junio de 2011

28/06/11: Miquel Nadal, también detenido por el caso Ibartur

Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex consejero de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco deunas pesquisas que se encuentran bajo secreto dentro del caso Ibatur, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Junto a él también se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la empresa Bahía Difusión, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje. Asimismo, han sido arrestadas otras dos personas, y no se descartan nuevas detenciones a lo largo de esta jornada.
Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).
Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.
En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP. (Fuente: El confidencial)

miércoles, 8 de junio de 2011

08/05/11: La sombra del caso Brugal planea sobre la alcaldía de Alicante

El sumario del Caso Brugal revela que Enrique Ortiz pudo haber estado en posesión de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ya en el año 2008, casi un año antes de que fuera aprobado provisionalmente por el consistorio de dicha localidad, ya que el documento salió a exposición pública en primavera de 2009.
En las conversaciones grabadas por la Policía Judicial, destaca una serie de llamadas entre Enrique Ortiz, -que en ese momento se encuentra de vacaciones en las Islas Baleares, en su yate, acompañado por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi- y el constructor Bernardo Campos, interesado en invertir la zona costera de La Condomina, en el término municipal de Alicante.
Según el sumario, en una primera conversación, Ortiz comunica a este empresario que "no te he mandado nada porque no le he localizado todavía a este, pero te lo mandrarán a lo largo del día, de todas formas" y añade, "¿Qué necesitas metros y precios, no?".
El empresario le sugiere a Ortiz que "está el Plan General, un planito si tuvieran", mientras que éste se compromete a enviarle toda la información por correo electrónico.
En otra conversación posterior, el constructor le informa a Ortiz de la existencia de un inversor armenio interesado en "aportar dinero y gestionar algunas actividades para obtener beneficios", según apunta el sumario.
Para garantizar que esta colaboración fructifique, Enrique Ortiz asegura que con una inversión en esta zona podrían obtener un beneficio mínimo "de un 40% o un 50% en dos años" y lo justifica el porqué de esta rentabilidad añadiendo que "ten en cuenta que ahora están comprando ellos suelo a...suelo de rústico y está recalificado en el Plan General, el Plan General está hecho y yo tengo copia. Vamos, te puedo enseñar copia".
La pieza separada del caso Brugal relativa al PGOU apunta que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, (en aquel momento concejal de Urbanismo) y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad. (Fuente: El Mundo)

05/06/11: Las adjudicaciones de Pedro Castro

Pedro Castro las prefiere de Getafe. Las adjudicaciones del consistorio socialista de ese municipio madrileño, han beneficiado en reiteradas ocasiones a la local Constructora de Servicios Públicos SA (Cospusa), que se ha convertido en una habitual en la lista de favorecidos por la Administración pública getafense.

Entre los años 2002 y 2011, esta constructora ha recibido 26 contratos que han generado unos ingresos de 31.649.490,8 euros, si bien no se ha publicitado el importe de tres de los encargos: las obras de reparación de la avenida de la Libertad y senda de Mafalda, y las obras en infraestructuras de centros educativos de 2008 y 2009.
Dieciséis de estos contratos (el 61,5%) fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone la exclusión de otros licitadores y afecta a la libre competencia. Según la ley, este método de contratación tiene carácter excepcional y no debe abusarse de su empleo. Además, hasta en ocho ocasiones se contrató de forma urgente la ejecución de las obras.
El Ayuntamiento de Getafe, dirigido por el socialista Pedro Castro, también adjudicó los proyectos de obras del Plan E en el municipio madrileño de forma harto desproporcionada. Y es que dos constructoras getafenses se beneficiaron de hasta nueve de los 27 millones de euros invertidos por el Estado.
Las favorecidas fueron Cospusa, con seis encargos por valor de 7.186.811 euros, y Ramón y Conchi S.A (Racosa), con cuatro proyectos por 1.705.695 euros. Los restantes 19 millones se repartieron entre una cincuentena de empresas. (Fuente: La Gaceta)