martes, 12 de junio de 2012

12/06/12: El portavoz valenciano, acusado en el “caso cooperación”


La jueza Nieves Molina, que investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el llamado caso de Cooperación, sobre una presunta trama para saquear fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países pobres a través de varias ONG, ha dado el paso previo para imputar al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

Sobre Blasco, máximo dirigente de este departamento cuando sucedieron los hechos (entre 2008 y 2011), pesaban sospechas tras conocerse conversaciones incluidas en el sumario con varios supuestos cabecillas de la trama. En la providencia dictada por la magistrada, se pide a Les Corts que certifiquen la condición de diputado de Blasco y al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la posible elevación del caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) “ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a D. Rafael Blasco Castany”. La jueza da diez días a la Fiscalía para obtener su respuesta.

La causa acumula, tras dos redadas, 27 imputados entre empresarios, políticos y responsables de las ONG. El caso estalló definitivamente el pasado mes de febrero con la detención del más estrecho colaborador de Blasco en la extinta Conselleria, Josep Maria Felip, que fue fulminantemente destituido por el presidente Alberto Fabra junto a Alexandre Català, exdirigente del mismo departamento.
A partir de ahí, el círculo se fue estrechando poco a poco en torno a Rafael Blasco, pero su condición de diputado exigía remitir el caso a la Sala de lo Penal del TSJCV, algo que la jueza solo ha hecho en la última fase de la instrucción, que lleva más de un año y medio abierta. El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. (Fuente: 20 minutos)

lunes, 11 de junio de 2012

11/06/12: Operación Pitiusa


Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores. Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco ‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a detectives o despachos de asesores de toda España.
El 5 de enero de este año, Paco se ponía en contacto con Mercedes Gómez, empleada del Inem. Casualmente, esta funcionaria, con más de 30 años de carrera en la Administración, había estado casada con un hermano del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Los miembros de la trama tomaban especiales medidas de seguridad en sus comunicaciones por si eran vigilados y hablaban en clave. Los expedientes sustraídos, por ejemplo, eran “empanadillas”, “galletas”, “fotocopias”, “teléfonos”, “hojas” o “camisetas”. Los pagos en efectivo se llamaban “referencia”. Por ejemplo, cuando un empleado decía a su interlocutor “referencia 450” era porque tenía que abonarle 450 euros.
El punto de encuentro es siempre el mismo: el parking subterráneo que hay en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la entrada de la Rambla de Cataluña. Con Montse, se detectaron continuos intercambios de documentación, a la que también se referían en ocasiones como “camisetas” o “galletas”. Todos los encuentros fueron vigilados de cerca por los agentes del grupo de Seguridad Privada de Barcelona del CNP, que se hizo cargo de las investigaciones. El día 3 de enero, por ejemplo, vendió otro paquete de datos por 414 euros. Y el día 5 de enero, otro por 384 euros. La funcionaria, además, llegó incluso a facilitarle el número directo del teléfono de la oficina del INEM “porque siempre está a mi lado” por si se olvidaba el móvil en casa.
De las investigaciones se desprende que Paco gradúa perfectamente los encargos para repartirlos entre los cuatro funcionarios que tiene a su servicio. En ocasiones, el volumen de trabajo en la oficina es tal que no tienen tiempo material de cumplir el encargo y por ello posponen los encuentros.
Otra rama de la trama de informadores tenía a otros funcionarios comprados, tanto del Inem como de Hacienda. Es lo que se desprende de los contactos que mantenían el intermediario Juan Antonio Rama, alias Juanito, con el detective barcelonés Ramón Cot.
Según fuentes del sector, Ramón Cot llegó a ser distinguido con una mención honorífica por la Policía en 2010 por su “especial dedicación e iniciativaen determinadas actuaciones relacionadas con la investigación privada”. Jugador consumado de billar, Cot fue contratado también por el Circuit de Catalunya como responsable de la seguridad dentro del recinto. Pero su verdadera especialidad parecía ser la extracción de datos confidenciales de la Administración, área donde desplegaba claramente su especial dedicación e iniciativa. En sus conversaciones con Juanito, ambos hacen referencia a las “consultas R”, es decir, a declaraciones de renta. Ramón cobra entre 1.300 y 1.500 euros por cada declaración facilitada, pero hace rebajas en el precio si se piden varias. Además, propone a su interlocutor en un momento determinado ampliar la adquisición de datos confidenciales a las empresas de alquiler de coches Hertz y Avis, donde, según asegura, puede extraer “todos los datos”. (Fuente: El confidencial)

domingo, 10 de junio de 2012

07/06/12: Los promotores tiran de la manta en Ayamonte


El ex alcalde socialista de la localidad onubense de Ayamonte Rafael González se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar como imputado ante el juez por presunta corrupción urbanística bajo su mandato alegando que desconocía los hechos de los que se le acusa, al serle notificado el auto hace dos días. Por su parte, el actual regidor, Antonio Rodríguez Castillo, también del PSOE, ha negado irregularidades, pese a que han sido corroboradas por la Junta de Andalucía en el juzgado.
Las citaciones de los dos últimos alcaldes socialistas ayamontinos responden a la investigación judicial puesta en marcha en 2010 a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Huelva que destapó el abuso de la figura del estudio de detalle urbanístico por parte del Ayuntamiento para favorecer a algunas constructoras que desarrollaron la superurbanización de Isla Canela.
También han declarado este jueves como imputados varios técnicos municipales (este viernes están citados otros cuatro) que han justificado las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento y han hecho hincapié en que "en ningún momento se ha realizado ningún cambio de uso ilegal", así como que la actuación en Isla Canela ha sido "legal en todo momento". Aseguran sentirse "aliviados" al poder declarar y aclarar las cosas ante el juez.
Como adelantó EL MUNDO, dos promotores urbanísticos fueron los primeros en 'tirar de la manta' de la corrupción urbanística de Ayamonte y denunciar que, durante los años en que Rafael González estuvo como alcalde, el Ayuntamiento costero habría cobrado una especie de "impuesto revolucionario" a todo el que quería construir.
"Era la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte", afirmó ante la Guardia Civil uno de los empresarios, que llegó a asegurar que no había denunciado 'motu proprio' la presunta extorsión porque le habría sido "imposible trabajar en Ayamonte y en ningún otro lugar donde gobernase el partido que gobernaba en Ayamonte".
La segunda ex mujer de Rafael González también ha testificado ante los agentes que, cuando se casaron en 2000, el regidor estaba tan endeudado que llegaron "a tener al cobrador del frac" tras ellos. Sin embargo, a partir del año siguiente "empezó a mover dinero", afrontando pagos importantes (por ejemplo, 20 millones de pesetas a los proveedores de la ferretería que gestionaba su primera esposa), adquiriendo bienes inmuebles y yéndose de viaje al extranjero cada año.
La ex de González aseguró también a la Guardia Civil que su hija llegó a ver un día "bloques de dinero en hileras" del antiguo alcalde, guardados en "una caja fuerte" oculta en el sótano de la casa. También una histórica concejal socialista como Herminia Gómez declaró ante la Guardia Civil que sabe que el anterior alcalde "tiene un capital", pero que ignora "cómo lo ha hecho". (Fuente: El Mundo)

miércoles, 6 de junio de 2012

05/06/12: El alcalde de Valladolid, imputado


El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), declarará como imputado en próximo 12 de julio en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad por presuntas irregularidades en el PGOU de 2003, han informado fuentes próximas al caso.

Además del regidor, tendrán que prestar declaración también en calidad de imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, han precisado dichas fuentes.

El alcalde de Valladolid tendrá que prestar declaración por un golpe al urbanismo de la ciudad. No hubo "errores materiales", como dijeron en su día León de la Riva y el consejero de Fomento, Antonio Silván. Fueron "alteraciones conscientes" que tuvieron "importantes consecuencias jurídicas y económicas".

El único imputado formal fue el concejal de Urbanismo en el momento en que se aprobó el retocado PGOU, José Antonio García de Coca. El juez le interrogó por primera vez hace tres años, si bien no trascendió el contenido de su declaración. Le siguieron seis funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid.
Algunas de esas irregularidades que, al parecer podrían haberse llevado a cabo, son la recalificación como urbanizables de 2.600 hectáreas de suelos que antes estaban calificados como suelo no urbanizable protegido. (Fuente: El mundo)

martes, 5 de junio de 2012

05/06/12: De la defraudación al ministerio


Las Inspecciones de Trabajo de ocho provincias investigan a la empresa que presidió el ministro de Defensa, Pedro Morenés, antes de su incorporación al Gobierno. La compañía está acusada de haber cobrado a la Seguridad Social por bajas por enfermedad ficticias al tiempo que, presuntamente, facturaba a sus clientes las horas de los mismos trabajadores. Segur Ibérica asegura que "no hay ninguna resolución todavía".
Las Inspecciones de Trabajo de Ávila, Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia investigan a la empresa que presidió el ministro de Defensa hasta su incorporación al Gobierno, Pedro Morenés, por un presunto delito de estafa a la Seguridad Social. Las demandas han sido presentadas en algunas ocasiones por los propios empleados.
Las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo acusan a la compañía Segur Ibérica de simular enfermedades, accidentes de trabajo e incapacidades temporales. Esas enfermedades dan lugar a un pago delegado por el que la Seguridad Social termina corriendo con los gastos del empleado mientras el trabajador sigue trabajando y la empresa cobra también por la prestación de servicios. La Inspección investiga si esa práctica se ha producido, lo que constituiría un delito de estafa a la Seguridad Social.
El último de los expedientes abiertos a Segur Ibérica lo ha abierto la Comunidad de Madrid y tiene fecha 8 de mayo. Según la documentación que obra en manos de la Inspección de Trabajo, la compañía reportó 30 días de baja por enfermedad de un trabajador (David G.S.) que –según los cuadrantes que acompañan la denuncia—trabajó 22 días para el gestor ferroviario ADIF. Se trata de nóminas y cuadrantes de servicio proporcionados por la propia empresa Segur Ibérica a los tribunales en la demanda que mantuvo con la compañía Nix Universal y en la que la empresa de seguridad proporcionó 1.900 nóminas y hojas de servicio al Juzgado de Primera Instancia Número 21 de la ciudad de Valencia. (Fuente: Vozpopuli)