Dos días después de hacerse público que la gestora de derechos de autor estaba siendo investigada por desviación de fondos, y en la misma jornada en la que se conocía que el equipo de gobierno de Teddy Bautista seguirá al frente de la entidad otros cuatro años, la Operación SAGA terminaba con el propio presidente de la SGAE detenido, tras un exhaustivo registro de la sede de la entidad y de la de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), objeto principal de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil desde hacía dos años. Además de Bautista, otras ocho personas han sido arrestadas.
El presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el Director General, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad de gestión, Ricardo Azcoaga Quincoces, declararán este domingo ante el juez central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional en el marco de la 'operación Saga', han informado a fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que los seis detenidos restantes lo harán el lunes. Se trata del director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, la mujer y la cuñada de éste, Maria Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.
También declararán el lunes Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con 'Microgénesis', una de las principales empresas implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE.
El noveno arrestado es Rafael Ramos, socio director de Microgénesis. A todos ellos se les acusa de haber cometido delitos societarios y de apropiación indebida y por este motivo se les está tomando declaración este sábado en dependencias de la Guardia Civil, ha precisado las mismas fuentes.
Además de las detenciones se ha procedido a siete entradas y registros, entre ellos, las sedes de la SGAE y sDae.
El inicio del caso se remonta a hace ocho años; el 1 de septiembre de 2003, cuando la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y los autores acordaron cobrar un extra a los consumidores de soportes vírgenes. Lo hicieron con la oposición absoluta dela Asociación de Internautas (AI), que criticó que el ya famoso canon, sólo en su primer año de vigencia hiciese ganar cinco millones de euros a SGAE y perder 36 a los usuarios, y que en 2010 ya aportaba a los autores más ganancias que la propia venta de discos.
Este pasado viernes la AI ha conseguido lo que se propuso en noviembre de 2007, cuando informó a la Fiscalía de unas presuntas irregularidades por parte de los responsables de la SGAE. “El gran recaudador”, como denominan vulgarmente a la SGAE, pagaría su merecido.
La causa, que ha sido declarada secreta, arrancó con la presentación en marzo de 2010 de una denuncia por parte de Anticorrupción, que recayó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que en esos momentos todavía era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.
El informe demostraba que sociedades como Microgénesis (que jugaría un papel principal en la trama) y Coqnet, aparentemente no vinculadas a la SGAE, compartían sede social y directivos con la entidad que preside Teddy Bautista, y que el reparto de recaudaciones -incluido el canon digital- se realizaban en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios.
Casualmente, Microgénesis, que realiza trabajos de consultoría y entre cuyos clientes se encuentra la SGAE, está vinculada a José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, presunto creador de la trama societaria a través de la que se efectuaba el desvío de fondos, cuya sede también fue registrada este viernes. En el entramado también habría más compañías dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa.
Si se demuestra que la SGAE estuvo destinando su recaudación a mantener empresas privadas -con un claro ánimo de lucro-, no estaría cumpliendo la ley, que le exige repartir equitativamente los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.
Además de la AI, denunciaron estos hechos la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Josep Jover, abogado de APEMIT, estima en unos 400 millones de euros la cantidad presuntamente desviada, una parte de la cual procedería del canon digital. (Fuente: El Confidencial)
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