miércoles, 8 de junio de 2011

08/05/11: La sombra del caso Brugal planea sobre la alcaldía de Alicante

El sumario del Caso Brugal revela que Enrique Ortiz pudo haber estado en posesión de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ya en el año 2008, casi un año antes de que fuera aprobado provisionalmente por el consistorio de dicha localidad, ya que el documento salió a exposición pública en primavera de 2009.
En las conversaciones grabadas por la Policía Judicial, destaca una serie de llamadas entre Enrique Ortiz, -que en ese momento se encuentra de vacaciones en las Islas Baleares, en su yate, acompañado por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi- y el constructor Bernardo Campos, interesado en invertir la zona costera de La Condomina, en el término municipal de Alicante.
Según el sumario, en una primera conversación, Ortiz comunica a este empresario que "no te he mandado nada porque no le he localizado todavía a este, pero te lo mandrarán a lo largo del día, de todas formas" y añade, "¿Qué necesitas metros y precios, no?".
El empresario le sugiere a Ortiz que "está el Plan General, un planito si tuvieran", mientras que éste se compromete a enviarle toda la información por correo electrónico.
En otra conversación posterior, el constructor le informa a Ortiz de la existencia de un inversor armenio interesado en "aportar dinero y gestionar algunas actividades para obtener beneficios", según apunta el sumario.
Para garantizar que esta colaboración fructifique, Enrique Ortiz asegura que con una inversión en esta zona podrían obtener un beneficio mínimo "de un 40% o un 50% en dos años" y lo justifica el porqué de esta rentabilidad añadiendo que "ten en cuenta que ahora están comprando ellos suelo a...suelo de rústico y está recalificado en el Plan General, el Plan General está hecho y yo tengo copia. Vamos, te puedo enseñar copia".
La pieza separada del caso Brugal relativa al PGOU apunta que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, (en aquel momento concejal de Urbanismo) y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad. (Fuente: El Mundo)

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