El ex alcalde socialista de la localidad onubense de Ayamonte Rafael
González se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar como
imputado ante el juez por presunta corrupción urbanística bajo su mandato
alegando que desconocía los hechos de los que se le acusa, al serle notificado
el auto hace dos días. Por su parte, el actual regidor, Antonio Rodríguez
Castillo, también del PSOE, ha negado irregularidades, pese a que han sido
corroboradas por la Junta
de Andalucía en el juzgado.
Las citaciones de los dos últimos alcaldes socialistas ayamontinos responden
a la investigación judicial puesta en marcha en 2010 a raíz de una denuncia
anónima presentada en la
Fiscalía de Huelva que destapó el abuso de la figura
del estudio de detalle urbanístico por parte del Ayuntamiento para
favorecer a algunas constructoras que desarrollaron la superurbanización de
Isla Canela.
También han declarado este jueves como imputados varios técnicos
municipales (este viernes están citados otros cuatro) que han
justificado las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento y han
hecho hincapié en que "en ningún momento se ha realizado ningún cambio de
uso ilegal", así como que la actuación en Isla Canela ha sido "legal
en todo momento". Aseguran sentirse "aliviados" al poder
declarar y aclarar las cosas ante el juez.
Como adelantó EL MUNDO, dos promotores urbanísticos fueron los
primeros en 'tirar de la manta' de la corrupción urbanística de Ayamonte y
denunciar que, durante los años en que Rafael González estuvo como alcalde, el
Ayuntamiento costero habría cobrado una especie de "impuesto
revolucionario" a todo el que quería construir.
"Era la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte", afirmó ante la Guardia Civil uno de
los empresarios, que llegó a asegurar que no había denunciado 'motu proprio' la
presunta extorsión porque le habría sido "imposible trabajar en Ayamonte y
en ningún otro lugar donde gobernase el partido que gobernaba en
Ayamonte".
La segunda ex mujer de Rafael González también ha testificado ante los
agentes que, cuando se casaron en 2000, el regidor estaba tan endeudado que llegaron
"a tener al cobrador del frac" tras ellos. Sin embargo, a
partir del año siguiente "empezó
a mover dinero", afrontando pagos importantes (por ejemplo, 20
millones de pesetas a los proveedores de la ferretería que gestionaba su
primera esposa), adquiriendo bienes inmuebles y yéndose de viaje al extranjero
cada año.
La ex de González aseguró también a la Guardia Civil que su
hija llegó a ver un día "bloques de dinero en hileras" del antiguo
alcalde, guardados en "una caja fuerte" oculta en el sótano de la
casa. También una histórica concejal socialista como Herminia Gómez
declaró ante la Guardia
Civil que sabe que el anterior alcalde "tiene un
capital", pero que ignora "cómo lo ha hecho". (Fuente: El Mundo)
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