Interligare, la empresa de investigación que tuvo en su consejo a dos ex altos cargos de Interior y que situó una de sus oficinas apenas a 30 metros de la sede del Partido Popular en la calle Génova, recibió casi cuatro millones de euros en contratos y ayudas públicas del Gobierno socialista en apenas 19 meses.
Los contratos fueron suscritos por los ministerios de Interior, Industria, Turismo y Comercio y Ciencia y Educación en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría fue adjudicado a dedo y/o diseñado para que una empresa como Interligare, que empezó a tener graves problemas económicos a finales de 2009, pudiese hacerse con ellos eludiendo la Ley de Contratos.
Solamente en el periodo comprendido entre agosto de 2008 y noviembre de 2009, apenas 15 meses, la compañía, en la que estuvieron trabajando dos hijos de Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, recibió contratos de este departamento por más 2,7 millones.
La mayor parte de las adjudicaciones eran firmadas por el alto cargo socialista y algunos de los contratos, como el relativo al suministro de un sistema integral de inteligencia y vigilancia de internos penitenciarios –valorado en 809.000 euros y según fuentes policiales nunca funcionó– propuestos por él. La adjudicación se hizo a dedo y sin promoción de ofertas.
El primer contrato de relativa importancia suscrito con el Ministerio del Interior tiene lugar en agosto de 2008. Todavía no habían entrado en el consejo de Interligare los ex cargos de Interior Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes, pero sin duda sorprende el contrato del ministerio de Rubalcaba, que tenía por objeto la monitorización, captura y tratamiento de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación. Cuatro meses más tarde se pagó casi un millón de euros por instalar un Sistema Integrado de Análisis y Producción de Inteligencia.
Con Rancaño y Fuentes ya sentados en el consejo de administración de Interligare, Luis Luengo propuso que la empresa se hiciera con el control de visitas de las cárceles. Nuevamente el contrato, considerado secreto, fue adjudicado a dedo y por él se desembolsaron 809.000 euros. Al ser un contrato de suministros, la empresa ya en una situación crítica, pudo optar a él pese a no tener clasificación.
Medio año después, Interior fraccionó un contrato para que la empresa, ya con deudas, pudiera ejecutarlo. De esa forma, Interligare eludía la Ley de Contratos, que si superan los 120.000 euros en el caso de los de servicios debe presentar una clasificación adjunta de solvencia. La concesión, de 236.000 euros, se dividió en dos, una de 116.400 y otra de 119.500. La adjudicación tenía como objeto el mantenimiento del sistema informático y la base de datos del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que gestiona toda la información en esta materia y lo relativo a las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía.
Después del desembolso de fondos públicos por parte de Interior a Interligare, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, capitaneado por Miguel Sebastián, se interesó por el trabajo de la compañía de inteligencia y pagó casi 450.000 euros –en dos contratos– por “un sistema para erradicar y gestionar de forma unitaria el riesgo de agresión de la mujer en España”. Otro de los proyectos, de medio millón de euros, nunca se ejecutó, y se apremió a la devolución de su partida en 2012 sin resultado positivo, ya que la compañía se declaró insolvente un año antes.
Mientras, Ciencia y Educación dio 277.000 euros a Interligare para promocionar cuatro proyectos de investigación personalizados. (Fuente: La Gaceta)
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