La jueza Nieves Molina, que investiga en el juzgado de
Instrucción número 21 de Valencia el llamado caso de Cooperación, sobre una
presunta trama para saquear fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países pobres a través
de varias ONG, ha dado el paso previo para imputar al exconseller de
Solidaridad, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en el Parlamento autonómico.
Sobre Blasco, máximo dirigente de este departamento cuando
sucedieron los hechos (entre 2008 y 2011), pesaban sospechas tras conocerse
conversaciones incluidas en el sumario con varios supuestos cabecillas de la
trama. En la providencia dictada por la magistrada, se pide a Les Corts que
certifiquen la condición de diputado de Blasco y al Ministerio Fiscal que se
pronuncie sobre la posible elevación del caso al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat
(TSJCV) “ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza
delictiva a D. Rafael Blasco Castany”. La jueza da diez días a la Fiscalía para obtener su
respuesta.
La causa acumula, tras dos redadas, 27 imputados entre
empresarios, políticos y responsables de las ONG. El caso estalló
definitivamente el pasado mes de febrero con la detención del más estrecho
colaborador de Blasco en la extinta Conselleria, Josep Maria Felip, que fue
fulminantemente destituido por el presidente Alberto Fabra junto a Alexandre
Català, exdirigente del mismo departamento.
A partir de ahí, el círculo se fue estrechando poco a poco
en torno a Rafael Blasco, pero su condición de diputado exigía remitir el caso
a la Sala de lo
Penal del TSJCV, algo que la jueza solo ha hecho en la última fase de la instrucción,
que lleva más de un año y medio abierta. El sumario, cuyo secreto quedó
levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los
supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención,
blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. (Fuente: 20 minutos)
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