La corrupción de los ERE fraudulentos ha llegado ya al Gobierno que preside José Antonio Griñán, con la imputación ayer por parte de la juez Mercedes Alaya del ex consejero de Empleo y actual presidente del consejo regulador de la denominación de origen de Jerez, Antonio Fernández. De esta forma, al PSOE-A y al Ejecutivo andaluz se le caen los dos argumentos que hasta ahora han ofrecido para descargar su responsabilidad en la trama: que tras el escándalo estaban cuatro «pillos» que se saltaron los controles, de un lado, y que la máxima responsabilidad política del caso se situaba en la acción del ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, también imputado.
De hecho, este último ya había asegurado a la Policía que tanto a Fernández como a su antecesor en el cargo, José Antonio Viera, tenían conocimiento de todas sus actuaciones durante esos años, en los que gestionó un fondo de 648 millones de euros para ayudar a empresas en crisis. De ese fondo se financiaron ERE donde hasta el momento se han detectado 146 casos irregulares, que incluyen a personas que cobran prejubilaciones en empresas en las que nunca han trabajado y entre los que hay nueve militantes socialistas. Tras las declaraciones del hasta ayer principal imputado en el caso, no es de extrañar que la jueza haya dado un paso más e imputado a Fernández, alcanzando ya en la trama al Gobierno andaluz.
Además, este ex consejero aparece relacionado con una serie de irregularidades del ERE de González Byass, empresa en la que trabajó y en cuyo expediente él mismo se incluyó cuando era titular de Empleo, reservándose una póliza de 400.000 euros a su favor dentro de la ayuda extra de 17 millones que concedió a la Asociación de Antiguos Trabajadores. (Fuente: ABC)
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