Algo huele a podrido en las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Tras la detención la pasada semana de varios empresarios y de Jordi Vergé, gerente de carreteras en Gerona de la empresa pública GISA, comienzan a aflorar procedimientos sospechosos tanto de la Administración como de las constructoras que optan a las adjudicaciones de contratos.
La investigación del juzgado de instrucción número cinco de Barcelona arrojan un claro indicio: algunas de estas constructoras llegan a coincidir, hasta el céntimo, en complejos presupuestos para que una firma rival se lleve un contrato. Obviamente, tanta benevolencia tiene un precio, ya que esas mismas empresas son luego favorecidas con prácticas similares para que las adjudicatarias sean ellas. Todo ello hace pensar a los investigadores en una trama con pactos secreto para repartirse entre un pool empresarial las adjudicaciones públicas, eliminando a los demás competidores que no forman parte de dicho grupo.
Pero aunque el detenido de mayor rango pertenece a GISA, las sospechas van mucho más allá de las obras que pudiese otorgar esta empresa pública y amenazan a la propia Administración, concretamente al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que hasta el pasado mes de diciembre estaba en manos del gerundense Joaquim Nadal.
Durante 2009 y 2010, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas adjudicó 43,5 millones de euros en 49 expedientes, de los que 45 fueron de mejora y conservación extraordinaria de carreteras, uno de Puertos (correspondiente al puerto de Portbou) y tres de conservación semi integral de carreteras. Las adjudicaciones se realizaron a un total de 8 empresas, de las que tres acaparan un total de 37 expedientes: Rubau Tarrés (que obtuvo obras por casi 13 millones de euros), Aglomerats Girona (que obtuvo casi 8,5 millones) y Construcciones Rubau (algo más de 7 millones de euros). (Fuente: El Confidencial)
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