La Fiscalía y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía analizaron decenas de expedientes de autorizaciones de explotaciones mineras en la investigación que les ha llevado a imputar por delitos de corrupción a cuatro empresarios del sector, a seis funcionarios de la DGA entre los que se encuentra el director provincial de Industria, Francisco Javier Hualde García, y a tres familiares directos de este último.
Esas decenas de expedientes les fueron facilitados por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, cuyo titular, Arturo Aliaga, ordenó a finales de septiembre del 2007 poner en marcha una investigación sobre los servicios provinciales de la consejería en Zaragoza que arrojó unos resultados estremecedores: el 25% de los más de 200 expedientes revisados tras elegirlos al azar incluía anomalías. Estas se centraban en las pequeñas explotaciones de áridos y consistían en recortes o ampliaciones de plazos administrativos, en cambios de fechas e incluso de algún documento entero y en dar el visto bueno a solicitudes que no cumplían, entre otros, los requisitos ambientales o de seguridad laboral que exige la legislación. Esa cata de expedientes aportó indicios de que, además de un desbarajuste administrativo, en la dirección provincial podría estar operando una trama de funcionarios corruptos.
En las últimas semanas, y tras casi dos años de pesquisas, la Policía ha imputado por cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a Hualde, a sus tres parientes y a cuatro empresarios, además de acusar de prevaricación a tres funcionarios y dos trabajadores públicos ya jubilados de la Sección de Minas.
Según la investigación, la trama --especialmente el director provincial-- habría obtenido dádivas de algunos industriales, ya fuera como mordidas o mediante la entrada de familiares en sus empresas, a cambio de agilizar o desatascar determinados trámites.
Los responsables del Departamento de Industria temen que las anomalías administrativas --el esclarecimiento de las penales corresponde a los tribunales-- hayan afectado a decenas --si no cientos-- de expedientes. (Fuente: El periódico de Aragón)
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