Las adjudicaciones de TDT están revelando una serie de posibles tratos de favor que podrían ser constitutivos de delito, sobre todo en las concesiones llevadas a cabo en cada Comunidad Autónoma. El foco de mayor sospecha se sitúa en Castilla-La Mancha, cuyas adjudicaciones serán investigadas por la Unión Europea ante la sospecha de posibles ayudas ilegales a los proveedores.
Desde Bruselas se ha enviado un escrito al Gobierno español en el que se le comunica que investigará las adjudicaciones de TDT en Castilla-La Mancha ante la sospecha de que se hayan llevado a cabo posibles ayudas ilegales a empresas sin la notificación previa a la Comisión Europea ni su consentimiento posterior.
En el principal foco de las sospechas a nivel nacional se encuentran las empresas Abertis y Telecom Castilla-La Mancha, las dos mayores contratistas de España con un 57,18% y un 13,72% del importe financiado por el Gobierno español, respectivamente. Los contratos adjudicados a estas empresas, según la Comisión Europea, podrían ser irregulares, ya que “el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores e instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional”.
Al margen de las consideraciones generales sobre la competencia desleal de los operadores de TDT en toda España, la Comisión Europea ha anunciado un procedimiento exclusivo para Castilla-La Mancha, que destinó ayudas económicas directas a Telecom Castilla-La Mancha sin llevar a cabo una licitación previa, como hicieron el resto de regiones: “Las Comunidades Autónomas (a excepción de Castilla-La Mancha, que ha concedido ayuda económica directamente al operador de la plataforma) organizaron licitaciones para el suministro e instalación de los equipos de telecomunicación necesarios para digitalizar los centros emisores existentes o construir otros nuevos”. (Fuente: El confidencial)
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