La instrucción de la querella de un particular contra el alcalde y el concejal de urbanismo de Orxeta (Marina Baixa), ambos del PSPV, por supuesta corrupción en la recalificación de un terreno rústico está estancada, tres años después. La magistrada, la titular del Juzgado número 2 de La Vila, tras admitir a trámite y tomar declaración a los dos políticos como imputados, ha remitido, ahora, la causa al fiscal para que vuelva a informar por la "complejidad" jurídica de la denuncia. Esta iniciativa ha provocado la reacción del querellante, que ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Alicante ante la paralización de la instrucción.
La investigación judicial al alcalde de Orxeta y el edil de Urbanismo, Vicente Llinares y José Olcina, respectivamente se remonta a finales de 2007, cuando una propietaria de suelo rústico en el municipio presentó una querella contra ambos por supuesta estafa y tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret, hermanos del entonces concejal de Urbanismo, y también cuñados del alcalde. Un año más tarde los cuatro compradores vendieron la finca a la mercantil Balcón de la Florida por 2,6 millones de euros. El suelo continuaba siendo rústico, pero el contrato estaba sometido a una serie de cláusulas, entre ellas la posible recalificación del suelo. La denunciante mantiene que, previamente a la escritura de compraventa, el alcalde firmó un convenio con la mercantil en el que se acordaba la recalificación de ese suelo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Unos meses después, la querellante presentó una ampliación de la denuncia por unos hechos similares, aunque en este caso vinculados con la madre del primer edil de Orxeta. La familiar del alcalde vendió un suelo rústico (109.438 metros cuadrados) a la mercantil Construcciones Valencia Constitución, S L (CVC), por un total de 1,6 millones de euros. Esta firma también impulsó un PAI en la zona donde la madre del alcalde era propietaria. El PAI se incorporó al PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 por el PSOE, que entonces gozaba de mayoría absoluta. (Fuente: El Pais)
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