Es lo que tiene poner a la zorra a guardar el gallinero. Es lo que tiene poner a un aparejador, promotor y constructor, a un amigo y socio de constructores y promotores, como máximo garante del bien común en un municipio costero. Lo lógico es que la una se meriende a las gallinas y los otros al bien común.
José Hernández Sánchez, alcalde de San Javier (Murcia) entre los años 1999 y 2007, nunca ocultó que vivía del urbanismo. «Soy aparejador, constructor y promotor, llevo 30 años en este negocio y tengo mil socios. Si tuviera que abstenerme cada vez que tengo que votar algo sobre un amigo, no podría dar licencias. Sólo podría dárselas a los socialistas», declaró en abril del 2006, cuando 'La Verdad' comenzó a desvelar sus relaciones societarias y su amistad íntima con importantes constructores de la comarca, adjudicatarios de numerosa obra pública y beneficiarios de recalificaciones, permutas y otras operaciones urbanísticas que impulsó y avaló como alcalde, algunas de más que dudosa legalidad.
Esas peligrosas relaciones, que ya le habían costado más de un disgusto, le valieron ayer un susto morrocotudo y un amargo despertar, que sin duda tardará un buen tiempo en olvidar. Fueron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, quienes se presentaron en su domicilio muy a primera hora de la mañana y le notificaron que quedaba detenido por diversos delitos, entre los que destacaban los de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
De manera simultánea eran detenidos tres importantes constructores, Santiago Martínez Esparza (Urdemasa), Jaime Vicente Navarro (Grimanga S.A.) y Antonio Javier Sánchez (Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A.), a quienes se investiga por haber sacado tajada, supuestamente, de sus envidiables relaciones con el ya hoy ex regidor municipal. (Fuente: La verdad)
Escrito el 01/07/2010
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