La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga tenían constancia, al menos desde 2006, de las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Ayuntamiento de Alcaucín, afectado por la operación «Arcos» y cuyo alcalde, José Manuel Martín, permanece en prisión provisional sin fianza. Así lo aseguró ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien afirmó que su partido tiene en su poder documentos de la Junta y la Diputación que muestran que la administración autonómica «archivó sin más» las continuas denuncias sobre el urbanismo de Alcaucín.
Estas acusaciones de los populares «sobre dejación de funciones» las rechazó, sin embargo, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien, en relación al caso «Arcos», trató de eludir las responsabilidades de la Junta en este tipo de cuestiones, al decir que esta administración «no es un gendarme de los ayuntamientos». En ese sentido, dijo que los Consistorios son «responsables de todo lo que pasa en los municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística». (Fuente: ABC Sevilla)
Escrito el 13/12/2009
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