domingo, 10 de julio de 2011

07/07/11: El Distrito Macarena, cuartel general de la corrupción sevillana.

El primer gran caso de corrupción que puso en entredicho la gestión de Monteseirín en los tribunales de Justicia fue el de las facturas falsas de la Macarena, el único que ya ha sido juzgado y que ha terminado con dos personas del entorno directo del exalcalde en la cárcel: el socialista José Marín, secretario del Distrito, y el empresario José Pardo, jefe de seguridad de numerosos actos de partido de Monteseirín. Ambos fueroncondenados por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial al pagar seis facturas falsas por obras menores que «no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente», según la sentencia de la Audiencia de Sevilla posteriormente confirmada por el TSJA. Pardo, por cierto, está en busca y captura.
Sin embargo, no ha sido éste el único escándalo que se ha producido en este Distrito, claramente señalado como el principal punto de la corrupción de la era Monteseirín. Además de las facturas falsas, en la Macarena ha habido dos robos anteriores al denunciado ayer. Y en los dos casos desapareció material informático con información confidencial. En 2002, tras ser cesado el socialista Carmelo Gómez como delegado del Distrito, los nuevos responsables denunciaron la desaparición de ordenadores. Gómez alegó que lo que se hizo fue cambiar los terminales y el caso no fue a más. Sin embargo, en marzo de 2004 volvió a denunciarse un robo en la sede del Distrito. En este caso desapareció material informático que, según expuso el concejal de la oposición entonces Gregorio Serrano, «contenía información muy importante relativa al libramiento de 600.000 euros que se le concedió a este departamento en mayo de 2003» y que en aquella época estaba siendo investigado por la aparición de suspuestas facturas falsas. Serrano señaló entonces al socialista Domingo Vera Goñi, ya que era secretario del Distrito cuando se produjo este robo. Curiosamente, la juez Mercedes Alaya preguntó la semana pasada a Manuel Marchena por su relación con Vera Goñi durante el interrogatorio que le hizo al exgerente de Urbanismo y hombre de la máxima confianza de Monteseirín con motivo de la instrucción del caso Mercasevilla.
Hablando de la lonja, en la agrupación socialista Macarena militaron precisamente los dos principales imputados por este caso de corrupción, Fernando Mellet y Daniel Ponce, protagonistas de la grabación que dio origen a todo el escándalo. Ellos son el nexo de unión con otro de los hechos que se investigan en los juzgados: las aportaciones al Patín Macarena. El dueño de la constructora Larena 98, Antonio Pardal, denunció que «desde el Distrito Macarena y la dirección de Mercasevilla» se le instó entre 2003 y 2004 a poner dinero para el patrocinio del club Patín Macarena con el fin de «agilizar» las licencias urbanísticas que esperaba del Ayuntamiento para construir naves en Mercasevilla. Pardal aclara incluso que a una de esas reuniones asistió José Marín, el hoy condenado por las facturas falsas. A raíz de esta declaración, la juez instructora, Mercedes Alaya, aseguró que Ponce, «en connivencia con Mellet, se apropiaron indiciariamente de 24.000 euros que entregó Pardal en concepto de patrocinio al club Patín Macarena, ya para ellos directamente o para Mercasevilla».
Y aún queda otra conexión: Domingo Enrique Castaño, el asesor de Monteseirín que trabajó en el famoso Distrito hasta que saltó el escándalo del caso Unidad. Castaño está también imputado en Mercasevilla. Porque el lado oscuro de la etapa de Monteseirín está plagado de vasos comunicantes. (Fuente: ABC)

06/07/11: Oliart dimite por su hijo.

El presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, ha comunicado este miércoles al Consejo de Administración de RTVE su decisión de dimitir como presidente por motivos de salud y ha asegurado que su dimisión es con «efecto inmediato» y de forma «irrevocable».
Por otro lado, el Consejo de Administración de RTVE ha aceptado la dimisión del presidente de la corporación, Alberto Oliart
Oliart ya comunicó este martes al Gobierno su intención de dimitir por «razones de salud» y ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en la que explica sus motivos. También se lo ha comunicado este viernes a Mariano Rajoy, según fuentes cercanas al presidente del PP.
En su misiva a Bono, institución de la que depende la corporación, el presidente de RTVE asegura que su decisión es «irrevocable y de efecto inmediato» y destaca que su objetivo al frente de la corporación ha sido desde siempre «que RTVE fuera plural, independiente y de la mayor calidad posible, dentro de una exigencia continua de austeridad y ahorro, dirigida a informar y también entretener a todos los ciudadanos».
En las últimas horas se ha sabido que la empresa dirigida por su hijo Pablo ha sido la adjudicataria de un contrato de servicio público para realizar servicios en el programa «La mañana de La 1».
Así, TVE ha adjudicado a Telefónica Broadcast Services (TBS) el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa «La mañana de La 1», tras un concurso al que se habían presentado ambas empresas.
De estas seis empresas, dos de ellas desistieron de presentarse alegando que «no tenían capacidad para cumplir con el servicio que se les pedía» y otras dos «se habían fusionado en una que desistió de presentarse», por lo que al concurso finalmente solo concurrieron Overon y TBS, según las mismas fuentes. (Fuente: ABC)

lunes, 4 de julio de 2011

04/07/11: Chávez: como obtener subvenciones Express

La Junta de Andalucía concedió un préstamo de 10 millones de euros al grupo empresarial Bogaris dos días antes de que éste lo hubiera solicitado. Bogaris es una de las empresas que contrató los servicios de Iván Chaves Iborra, hijo del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, que facturó 28.188 euros por servicios de consultoría.
El 24 de noviembre de 2009, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ratificó la concesión del préstamo, financiado con fondos europeos, pero no fue hasta el 26 de noviembre, dos días después, cuando Bogaris Retail 5 SL -filial del grupo- presentó la solicitud ante la Junta. El desembolso se formalizó ante notario el 3 de diciembre.

EL MUNDO ya informó el 2 de mayo de la concesión del préstamo a Bogaris, que remitió una carta dirigida a este periódico en la que negó que el expediente se hubiera tramitado en «tiempo récord». «Antes al contrario -afirmó en su escrito el presidente de Bogaris, Rodrigo Charlo-, la tramitación se prolongó en el tiempo más de ocho meses». Curiosamente, entre la emisión de la factura de Iván Chaves a Bogaris, el 1 de abril de 2009, y la firma del préstamo ante el notario sevillano Pedro Antonio Romero Candau, el 3 de diciembre de 2009, transcurrieron exactamente ocho meses y dos días.
El presidente de Bogaris afirmaba en su carta que los técnicos de la empresa tuvieron «especial diligencia» en la tramitación de la ayuda para «evitar la caducidad del expediente». Puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que la ayuda se otorgó el 24 de noviembre, se solicitó dos días después y se firmó ante notario el 3 de diciembre.

sábado, 2 de julio de 2011

01/07/11: Operación SAGA

Dos días después de hacerse público que la gestora de derechos de autor estaba siendo investigada por desviación de fondos, y en la misma jornada en la que se conocía que el equipo de gobierno de Teddy Bautista seguirá al frente de la entidad otros cuatro años, la Operación SAGA terminaba con el propio presidente de la SGAE detenido, tras un exhaustivo registro de la sede de la entidad y de la de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), objeto principal de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil desde hacía dos años. Además de Bautista, otras ocho personas han sido arrestadas.
El presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el Director General, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad de gestión, Ricardo Azcoaga Quincoces, declararán este domingo ante el juez central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional en el marco de la 'operación Saga', han informado a fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que los seis detenidos restantes lo harán el lunes. Se trata del director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, la mujer y la cuñada de éste, Maria Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.
También declararán el lunes Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con 'Microgénesis', una de las principales empresas implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE.
El noveno arrestado es Rafael Ramos, socio director de Microgénesis. A todos ellos se les acusa de haber cometido delitos societarios y de apropiación indebida y por este motivo se les está tomando declaración este sábado en dependencias de la Guardia Civil, ha precisado las mismas fuentes.
Además de las detenciones se ha procedido a siete entradas y registros, entre ellos, las sedes de la SGAE y sDae.

El inicio del caso se remonta a hace ocho años; el 1 de septiembre de 2003, cuando la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y los autores acordaron cobrar un extra a los consumidores de soportes vírgenes. Lo hicieron con la oposición absoluta dela Asociación de Internautas (AI), que criticó que el ya famoso canon, sólo en su primer año de vigencia hiciese ganar cinco millones de euros a SGAE y perder 36 a los usuarios, y que en 2010 ya aportaba a los autores más ganancias que la propia venta de discos.
Este pasado viernes la AI ha conseguido lo que se propuso en noviembre de 2007, cuando informó a la Fiscalía de unas presuntas irregularidades por parte de los responsables de la SGAE. “El gran recaudador”, como denominan vulgarmente a la SGAE, pagaría su merecido.
La causa, que ha sido declarada secreta, arrancó con la presentación en marzo de 2010 de una denuncia por parte de Anticorrupción, que recayó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que en esos momentos todavía era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.
El informe demostraba que sociedades como Microgénesis (que jugaría un papel principal en la trama) y Coqnet, aparentemente no vinculadas a la SGAE, compartían sede social y directivos con la entidad que preside Teddy Bautista, y que el reparto de recaudaciones -incluido el canon digital- se realizaban en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios.
Casualmente, Microgénesis, que realiza trabajos de consultoría y entre cuyos clientes se encuentra la SGAE, está vinculada a José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, presunto creador de la trama societaria a través de la que se efectuaba el desvío de fondos, cuya sede también fue registrada este viernes. En el entramado también habría más compañías dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa.
Si se demuestra que la SGAE estuvo destinando su recaudación a mantener empresas privadas -con un claro ánimo de lucro-, no estaría cumpliendo la ley, que le exige repartir equitativamente los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.
Además de la AI, denunciaron estos hechos la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Josep Jover, abogado de APEMIT, estima en unos 400 millones de euros la cantidad presuntamente desviada, una parte de la cual procedería del canon digital. (Fuente: El Confidencial)

miércoles, 29 de junio de 2011

28/06/11: Miquel Nadal, también detenido por el caso Ibartur

Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex consejero de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco deunas pesquisas que se encuentran bajo secreto dentro del caso Ibatur, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Junto a él también se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la empresa Bahía Difusión, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje. Asimismo, han sido arrestadas otras dos personas, y no se descartan nuevas detenciones a lo largo de esta jornada.
Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).
Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.
En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP. (Fuente: El confidencial)

miércoles, 8 de junio de 2011

08/05/11: La sombra del caso Brugal planea sobre la alcaldía de Alicante

El sumario del Caso Brugal revela que Enrique Ortiz pudo haber estado en posesión de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ya en el año 2008, casi un año antes de que fuera aprobado provisionalmente por el consistorio de dicha localidad, ya que el documento salió a exposición pública en primavera de 2009.
En las conversaciones grabadas por la Policía Judicial, destaca una serie de llamadas entre Enrique Ortiz, -que en ese momento se encuentra de vacaciones en las Islas Baleares, en su yate, acompañado por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi- y el constructor Bernardo Campos, interesado en invertir la zona costera de La Condomina, en el término municipal de Alicante.
Según el sumario, en una primera conversación, Ortiz comunica a este empresario que "no te he mandado nada porque no le he localizado todavía a este, pero te lo mandrarán a lo largo del día, de todas formas" y añade, "¿Qué necesitas metros y precios, no?".
El empresario le sugiere a Ortiz que "está el Plan General, un planito si tuvieran", mientras que éste se compromete a enviarle toda la información por correo electrónico.
En otra conversación posterior, el constructor le informa a Ortiz de la existencia de un inversor armenio interesado en "aportar dinero y gestionar algunas actividades para obtener beneficios", según apunta el sumario.
Para garantizar que esta colaboración fructifique, Enrique Ortiz asegura que con una inversión en esta zona podrían obtener un beneficio mínimo "de un 40% o un 50% en dos años" y lo justifica el porqué de esta rentabilidad añadiendo que "ten en cuenta que ahora están comprando ellos suelo a...suelo de rústico y está recalificado en el Plan General, el Plan General está hecho y yo tengo copia. Vamos, te puedo enseñar copia".
La pieza separada del caso Brugal relativa al PGOU apunta que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, (en aquel momento concejal de Urbanismo) y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad. (Fuente: El Mundo)

05/06/11: Las adjudicaciones de Pedro Castro

Pedro Castro las prefiere de Getafe. Las adjudicaciones del consistorio socialista de ese municipio madrileño, han beneficiado en reiteradas ocasiones a la local Constructora de Servicios Públicos SA (Cospusa), que se ha convertido en una habitual en la lista de favorecidos por la Administración pública getafense.

Entre los años 2002 y 2011, esta constructora ha recibido 26 contratos que han generado unos ingresos de 31.649.490,8 euros, si bien no se ha publicitado el importe de tres de los encargos: las obras de reparación de la avenida de la Libertad y senda de Mafalda, y las obras en infraestructuras de centros educativos de 2008 y 2009.
Dieciséis de estos contratos (el 61,5%) fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone la exclusión de otros licitadores y afecta a la libre competencia. Según la ley, este método de contratación tiene carácter excepcional y no debe abusarse de su empleo. Además, hasta en ocho ocasiones se contrató de forma urgente la ejecución de las obras.
El Ayuntamiento de Getafe, dirigido por el socialista Pedro Castro, también adjudicó los proyectos de obras del Plan E en el municipio madrileño de forma harto desproporcionada. Y es que dos constructoras getafenses se beneficiaron de hasta nueve de los 27 millones de euros invertidos por el Estado.
Las favorecidas fueron Cospusa, con seis encargos por valor de 7.186.811 euros, y Ramón y Conchi S.A (Racosa), con cuatro proyectos por 1.705.695 euros. Los restantes 19 millones se repartieron entre una cincuentena de empresas. (Fuente: La Gaceta)