El juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por una presunta trama de corrupción en la Policía Nacional a la hora de conceder obras durante los años 2010 y 2011, durante el periodo de mandato de Pérez Rubalcaba y de Antonio Camacho. La denuncia llegó en un sobre anónimo a la Delegación de Hacienda, que se la remitió a la Dirección General de la Policía. Ayer mismo, el SUP trasladó esa misma información a la Fiscalía Anticorrupción.
Según la denuncia anónima, multitud de grandes contratos realizados durante los ejercicios de 2010 y 2011 se troceaban en varias adjudicaciones separadas para poder ser concedidos sin publicidad, es decir, a dedo, y los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30 % del coste del proyecto.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que también le llegó la denuncia anónima, la remitió este martes a la Fiscalía Anticorrupción, si bien el asunto ya estaba siendo instruido, cosa que el SUP no sabía dado el secreto con el que el titular del Juzgado número 26 lo está investigando.
En la denuncia se dice que durante los últimos años se han adjudicado contratos a "empresas amigas o compinchadas", simulando adjudicaciones menores, o bien fraccionando un presupuesto en varios menores y así adjudicarlos a otro amigo, o bien inflando los honorarios facultativos hasta llegar a más del 30 % de la ejecución material de una obra.
Según esa misma denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico, durante al menos los ejercicios de 2010 y 2011 -es decir, en la última etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y la de su sucesor en el cargo, Antonio Camacho-, se habrían amañado concursos de obras para que determinadas empresas y personas se beneficiaran de forma supuestamente ilícita.
"En todos los casos estas irregularidades están bien dirigidas siempre a las mismas empresas, que son bastantes, y a los mismos técnicos, circunstancias que implican la connivencia del técnico que lleva la zona geográfica y el jefe del Área, que tienen en común que ninguno de los dos son policías, y al parecer su código de compromiso con la institución deja mucho que desear", dice la denuncia, que lleva por encabezamiento el siguiente título: "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía".
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