El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, del Partido Popular, por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando Cardona era concejal de Urbanismo e impulsó convenios que ahora son objeto de investigación.
El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5, 5 millones de euros a la promotora de viviendas Urbacan, que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia. La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. El intermediario de la operación, Eduardo Fernández Álvarez, y algunos trabajadores de Realia también han sido imputados.
En uno de estos solares, ubicado entre los barrios de Schamann y Escaleritas, el Ayuntamiento autorizó la edificación de dos torres de 15 plantas para albergar 120 viviendas, cuya construcción permanece hoy paralizada. Fue la asociación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las dos torres precisamente en una de las zonas más masificadas de Canarias, que, previamente, estaba destinada a ser una zona verde. (Fuente: El País)
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