El tradicional partido «bisagra» de Baleares, Unión Mallorquina (UM), se vio ayer afectado por una nueva operación policial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión, y por primera vez en su historia, fue la propia sede del partido —situada en Palma de Mallorca— la que fue objeto de un registro, que se prolongó por espacio de unas siete horas. Asimismo, fueron registradas por la mañana las oficinas del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof) y las de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, áreas que entre 2007 y 2010 estuvieron gestionadas por UM.
Hasta el momento, han sido detenidas tres personas en el marco de esta nueva operación policial, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma de Mallorca. Los detenidos hasta ahora son la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, que quedó en libertad con cargos ya el pasado jueves; la ex directora general de la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés; y un ex asesor de dicha área, Salvador Maimó. Cortés ya había sido imputada en el llamado «caso Maquillaje», en el que se investiga una supuesta malversación de fondos públicos en el Consejo de Mallorca en la pasada legislatura.
Por lo que respecta a este nuevo caso, se investiga la contratación a través del Imfof de una veintena de informadores medioambientales, quienes, supuestamente, se habrían dedicado en realidad a intentar captar militantes para la formación nacionalista en lugar de realizar el trabajo para el que fueron contratados. De hecho, no consta por ahora que llegasen a presentar nunca ningún informe medioambiental a sus superiores. La documentación inicial sobre este caso fue aportada a la Fiscalía por el propio consistorio palmesano, que dirige la socialista Aina Calvo, después de que una auditoría detectase presuntas irregularidades en la contratación de personal por parte del Imfof.
En la actualidad, siguen en marcha otras investigaciones judiciales previas que afectan igualmente a UM, que podrían tener una posible relación con la iniciada ahora por lo que respecta a una presunta financiación irregular e incluso a una posible compra de votos en las elecciones municipales de 2007. (Fuente: ABC)
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