27/08/10: Caché para una alcaldesa

La concejal socialista Teresa Roca, imputada por varios delitos de corrupción, se ha convertido este viernes oficialmente en nueva alcaldesa de Moraleja (Cáceres) tras la moción de censura que ha presentado en el Pleno, abarrotado de público, el grupo socialista con la ayuda de un tránfuga expulsado del Partido Independiente.

Roca, que fue alcaldesa en la anterior legislatura, está imputada por prevaricación, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales. También lo está otro concejal socialista de esta localidad, su compañero sentimental, Felipe Mayoral, por los mismos delitos, cometidos cuando éste era en la pasada legislatura teniente de alcalde. Se sospecha que la intención de recuperar la Alcaldía tiene como intención, según fuentes popular, acceder a la documentación municipal necesaria, y hacerla desaparecer en su caso, de cara al juicio donde están imputados.

El otro protagonista es el edil que ha apoyado la moción de censura, Juan David Pérez, expulsado de su partido independiente, renunció a tomar posesión tras las elecciones y tres años después ha conseguido el acta con el objetivo de colocar en la alcaldía a una socialista imputada por corrupción.

Según consta en el registro de la propiedad, Gema Mayoral, hermana del novio de la alcaldesa, y Enrique Montero, hijo del encargado de obras del consistorio, ambos a su vez también imputados, crearon la empresa de servicios MAI, SL, que en sólo dos años facturó alrededor de unos 100.000 euros al municipio hasta que cerró una vez perdidas las elecciones.

Por si fuera poco, el domicilio social de la sociedad, es decir, desde donde se emitían las facturas al Ayuntamiento, su único cliente, coincidía con la vivienda de la propia alcaldesa y su compañero sentimental.

El pasado lunes por la alcaldesa, Concepción González, hizo pública su intención de entregar su acta de concejal si el PSOE retiraba la moción de censura contra ella, sin embargo, los socialistas rechazaron la propuesta alegando que el municipio "no necesita más mártires". (Fuente: actualidadextramadura.com)

25/08/10: Corrupción en Plasencia

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Plasencia Enrique Tornero y Blas Raimundo han sido acusados por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, junto al empresario José Antonio Romero Vega, como supuestos autores de varios delitos de corrupción. El caso surge tras la investigación iniciada por los ediles del Grupo Municipal del PP en el Consistorio de Plasencia a comienzos de esta legislatura. Alertados por datos que no les cuadraban, comenzaron a recopilar documentación variada durante un año largo.

Tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos son algunos de los delitos de los que los concejales Enrique Tornero y Blas Raimundo y el empresario han sido acusados por la Fiscalía provincial. Una denuncia que la fiscal jefe, Marta Abellán, ha interpuesto tras corroborar y ampliar la investigación del Grupo Municipal del PP en el Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia. Tras la denuncia, se abre ahora un periodo de instrucción en el que los acusados tienen la oportunidad de intervenir. Será después el juez el que ponga fecha para el juicio oral o archive la denuncia si así lo determina al final del periodo de instrucción.

Según ha podido saber este periódico, además de la instrucción que se pone en marcha por la denuncia de la fiscal jefe, la investigación abierta por Marta Abellán sigue en marcha y, por tanto, se podrían deducir otras responsabilidades similares a otros concejales del Gobierno local socialista. (Fuente: Hoy.es)

17/08/10: El caso Brugal se cobra la cúpula del PP en Orihuela.

El caso Brugal, que investiga una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura al sur de Alicante, adquiere una nueva dimensión con la imputación de otras 39 personas más, entre ellas la práctica totalidad de la cúpula del PP de Orihuela (86.164 habitantes). Entre los nuevos imputados, en una de las más de 20 ramificaciones del caso Brugal, destaca la actual alcaldesa, Mónica Lorente, así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP. El juez del caso pidió hace días a través de un escrito a la policía que se informase a los 39 nuevos imputados de su condición, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.

Hasta la fecha se había hablado de la imputación en el caso Brugal de 15 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres ediles del PP en Orihuela, así como de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Pero ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en función de distintos informes que obran en la causa, ha decidido imputar a otras 39 personas.

La imputación más relevante es la de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, que fue concejal de Fomento y Turismo durante la legislatura 2003-2007, además de asumir el cargo de portavoz del PP. Pero también figura como imputado José Manuel Medina, que fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007. En la lista de nuevos ediles imputados por este nuevo caso figuran David Costa, actual concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda, y José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde pedáneo de La Murada.

El escándalo también salpica a políticos de la legislatura anterior, como Antonio Francisco Franco Andreu, ex edil de Personal del PP, o los concejales en la oposición Joaquín Ezcurra Gilabert, del Centro Liberal Renovador, fallecido en 2009, y Jesús Fernández Peñalver, edil durante la legislatura 2003-2007 del Grupo Centro Liberal. Por último, entre los políticos implicados está Francisco García Ortuño, concejal durante la legislatura 2003-2007 por el PSOE, del que fue expulsado, y candidato del Partido Socialdemócrata en los comicios del año 2007, aunque no salió elegido.

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró en septiembre de 2008 el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la Corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario fue el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno, que acabó por frustrar el primer concurso: Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente. (Fuente: El Pais)

13/08/10: Corrupción en la policía local

El caso se remonta a julio de 2008. En aquel entonces la Guardia Civil desmanteló una trama de corrupción que afectaba a varios agentes del instituto armado y de la Policía Local de El Molar. Probablemente, la mayor trama de corrupción en la historia de zona norte. El grupo se dedicaba presuntamente a la venta de droga en ese municipio y en San Agustín de Guadalix a través de una estructura perfectamente organizada. Ahora acaba de levantarse el secreto de sumario.

Era un secreto a voces entre los vecinos de ambos municipios, pero ahora el sumario deja muy claro que los habitantes de El Molar y San Agustín estaban perfectamente en lo cierto. Comprar allí droga en determinados lugares era muy fácil y había una estructura perfectamente montada que controlaba todos los puntos de venta. Asuntos Internos comenzó en 2006 una investigación después de varias denuncias vecinales y tras realizar determinados pinchazos telefónicos.

Todo ello está reflejado en decenas de páginas que muestran como presuntamente los guardias civiles Francis Yepes y César Torollo, junto al el jefe de Policía Local de El Molar Tomás Felipe Boto, controlaban y permitían la venta de droga a través de una red de camellos que actuaban con total impunidad. Las pruebas del sumario son contundentes. Varios pinchazos telefónicos demostrarían, por ejemplo, cómo la esposa de Yepes se deshizo supuestamente de varias partidas de cocaína que tenía en casa su marido. (Fuente: sermadridnorte.com)

05/08/10: La sombra del Tamayazo

Tras muchos años de trabas judiciales y oscurantismo desde los sectores cercanos al Partido Popular, finalmente la Justicia se ha puesto manos a la obra con el caso del Tamayazo que arrebató la presidencia de la Comunidad de Madrid al PSOE para brindársela poco después a Esperanza Aguirre. Según ha podido saber El Plural, un famoso urbanista vinculado a este supuesto caso de corrupción y muy cercano a las administraciones del PP ha sido imputado en una causa que implica delitos de blanqueo de dinero y tráfico de influencias entre otros.

La causa, abierta en un juzgado de Madrid, no investiga directamente el caso de transfuguismo más famoso y oscuro de la Comunidad de Madrid, sino que está dirigido hacia una de las empresas de las que es propietario uno de los urbanistas de cabecera del Partido Popular. Sin embargo, se trata del primer fleco del que tirar para alcanzar el meollo del Tamayazo.

600 millones

Fuentes de la investigación describen el caso como un entramado de muchisima complejidad, con sociedades cabecera en el extranjero. Los responsables de la investigación cuantifican el importe de los activos opacos en torno a 600 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores investigaciones fiscales de este pais.

Similitud con la Gürtel

Estas mismas fuentes señalan la similitud de dicho entramado con el de la trama Gürtel: utilización masiva de testaferros, operaciones de transmisión de las participaciones sociales en Inglaterra que ocultan la titularidad real del entramado empresarial, adquisición de activos inmobiliarios entre empresas del entramado a través de testaferros, etc. Es el mayor escándalo de corrupción que se le presenta a la justicia española tras la Trama Gurtel.

Siempre vinculado

El urbanista aparece siempre en las administraciones del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, especialmente en aquellas que acumulan más sospechas e investigaciones sobre corrupción. No en vano, su nombre está vinculado a un famoso caso de corrupción política radicado en un municipio del sur de Madrid.

Otoño caliente

La investigación y la imputación de dicho urbanista puede suponer la reapertura de un caso que nunca fue enterrado del todo, entre otras cosas por la actitud del PP en la Asamblea de Madrid (donde se celebró una comisión de investigación) y por la actuación de fiscales cercanos a Génova. En cualquier caso, todo indica que a Esperanza Aguirre le espera un otoño caliente a la vuelta de las vacaciones y unos problemas que, esta vez, difícilmente podrá superar. (Fuente: El plural.com)