La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Vila ha asumido finalmente la nueva causa por corrupción urbanística derivada de la investigación del crimen del que fuera alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, según precisó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Están imputados siete sospechosos, entre ellos el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, ante la posible comisión de otros delitos. Como publicó ayer este diario, las nuevas pesquisas se centran en el urbanismo municipal y se tramitan inicialmente por un delito de cohecho (soborno).
Parece evidente que el propio Juan Cano y el ingeniero que llegó de su mano al Consistorio en el año 2000 para ejercer funciones de arquitecto municipal, José Vicente Martí, se encuentran en el centro de la trama.
De hecho, los agentes del Instituto Armado han constatado que Martí facturaba al Ayuntamiento por la emisión de dichos informes a través de su empresa EIA Ingeniería a la vez que controlaba otra mercantil, UEI Marina, que trabajaba para los propios agentes urbanizadores.
Desde el principio, la UCO sospechó que en el asesinato de Alejandro Ponsoda, tiroteado el 19 de octubre a las puertas de su vivienda de la pedanía de Xirles, subyacía un trasfondo urbanístico. (Fuente: La Verdad)
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