La Justicia está encontrando abundantes indicios de irregularidades en el desmesurado crecimiento que ha experimentado Castro Urdiales (Cantabria) en los últimos años. Con motivo del auto con el que da por cerrada la instrucción de varios presuntos delitos en las unidades de ejecución del área de Santa Catalina, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha detallado el alcance de sus numerosas investigaciones al respecto. En su escrito, advierte «evidencias sólidas» de que existe una «trama de corrupción» en la gestión del urbanismo promovida desde el Ayuntamiento. Pero sus conclusiones van más allá. Sostiene que esta red -en la que involucra a políticos, funcionarios y constructores- estaría encabezada por «personas de perfil bajo incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita». Sus pesquisas le permiten incluso cifrar en 9 millones de euros el «enriquecimiento patrimonial ilícito» que se habría producido con el urbanismo en Castro. (Fuente: El correo digital)
Sus investigaciones le han permitido desentrañar la forma en que operaban los autores de estas irregularidades y apunta a que el principal instrumento utilizado es el propio planeamiento urbanístico municipal. O, mejor dicho, de sus diversas modificaciones, que no han sido aprobadas por las instituciones competentes, lo que implica su nulidad y de todas las decisiones que sobre dicho documento se han adoptado.
«Hacían caso omiso de los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, bien prescindiendo de solicitar los que eran preceptivos porque sabían que serían desfavorables, o bien decidiendo que algunas actuaciones fuesen informadas sólo por personas de confianza o ajenas a la Administración Pública buscando así informes 'a la carta'», detalla el juez. Es más, afirma que los políticos incluso habrían «prescindido» de los funcionarios «molestos» por criticar que se actuase en contra de la legalidad.
El proceso ha seguido hasta completar un «auténtico desastre urbanístico». Según argumenta, se ha aplicado un «modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa la ausencia de una preocupación por cubrir las necesidades de la población». Y, en ese sentido, se habría cedido a las constructoras suelo correspondiente a equipamientos públicos, espacios libres e infraestructuras básicas. Materias en las que la localidad presenta «graves deficiencias».
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