El Banco de España ha denunciado que la especulación que el socialista Juan Pedro Hernández Moltó ha realizado -con fondos de Caja Castilla La Mancha (CCM)- para hacer negocios con amigos del presidente manchego José Mª Barreda, han provocado la pérdida de 305 millones de euros (más de 50.000 millones de pesetas).
En un informe se dice que el ex presidente de CCM (ex portavoz de economía del PSOE en el Congreso de los Diputados) Juan Pedro Hernández Moltó junto con su equipo, perpetraron "una operativa" en la que "se han observado indicios de tratos de favor y administración desleal que han podido redundar en pérdidas patrimoniales para Caja Castilla La Mancha".
El duro informe emitido por el órgano supervisor del Estado señala incluso que "la entidad se ha dedicado a financiar una serie de inversiones con un alto componente especulativo, siendo además partícipe del negocio. Los criterios de concesión en muchas ocasiones no han sido lo suficientemente exigentes y la caja no ha sido todo lo diligente que se debía esperar a la hora de limitar la pérdida incurrida (ejecutando la garantías de sus acreditados), y además ha tenido que seguir tomando riesgo y asumiendo las pérdidas de la sociedad frente a las otras entidades financieras".
Vamos, que se lo han llevado crudo. Dicho por el organismo -el Banco de España- que dirige un socialista, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, en relación con una Caja de Ahorros que presidía otro socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, bajo la supervisión legal y el control (la propia legislación autonómica así lo exige) de otro socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda. Tres sujetos, tres socialistas, tres responsables.
Tanto al promotor inmobiliario Domingo Díaz de Mera como a su hermano Antonio, se les menciona como "las personas representativas de la región" que recibieron trato de favor de CCM. Inciden sobre el hecho gravísimo de que aunque Antonio Díaz de Mera tenía vencidas deudas en morosidad por valor de 7,5 millones de euros, la Caja de Ahorros "no inició ningún procedimiento litigioso contra él". Qué pensará, al leer todo esto, el mileurista que por no pagar su hipoteca le han quitado el piso en el que vivía. O el empresario que se las veía y se las deseaba para conseguir un crédito que le sirviera para ampliar su nómina de trabajadores.
Díaz de Mera es el propietario, asimismo, de la televisión Canal Regional de Noticias (CRN), y junto al empresario y bodeguero ciudadrealeño Ignacio Barco, consiguieron que José Mª Barreda les concediera varias licencias de TDT, a pesar de las críticas que la Federación de Asociaciones de Periodistas de Castilla-La Mancha vertieron por los despidos que estaban ocasionando precisamente en esos medios de comunicación. Ambos tienen participaciones en el Aeropuerto de Ciudad Real -que aunque esté en quiebra ha conseguido un aval de 170 millones de euros del gobierno de Barreda- y se asociaron con el conquense Santiago Mateo -dueño de la televisión CNC y el periódico El Día de Castilla-La Mancha- para poner en marcha la cabecera de El Día de Ciudad Real. De hecho, desde el pasado mes de abril CRN y El Día se trasladaron a la misma sede física y sus trabajadores empezaron a compartir trabajo.
El ex presidente de Inmobiliaria Colonial, Luis Portillo, recibió créditos de CCM "con falta de garantías y sin aumento de la prima de riesgo". Portillo, prosigue el Informe del Banco de España, ofreció sus acciones en el Aeropuerto de Ciudad Real y su finca de caza, entre otros bienes, a CCM. El resultado final es que debe 78,5 millones de euros a la entidad y "se puede dar prácticamente por perdida esa deuda".
Con lo que respecta al socialista Juan Pedro Hernández Moltó - que presidía la Comisión ejecutiva de CCM- según el Banco de España no cumplió ni la propia normativa interna de riesgos. Hay indicios de delito. Y la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra él. Según el mencionado informe, sólo en las operaciones de Colonial "hay indicios de trato de favor y administración desleal".
Y por lo que se refiere a José Mª Barreda.... Pues eso. Silencio absoluto. Incumplimiento de su propia palabra al negar una comisión de investigación. Echar balones fuera. No cumplir con la obligación legal de supervisar y control que le viene atribuida por una ley autonómica. (Fuente: clm noticias)
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