La Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha contra Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995. Es decir, en la última etapa del anterior Gobierno socialista. Lo acusa de un doble delito: tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de ocho patrulleros a Venezuela. La operación se firmó en Caracas en noviembre de 2005.
La denuncia está relacionada con el cobro de comisiones no declaradas al fisco, para lo cual Salas pudo aprovechar tanto sus contactos como su capacidad de influencia. Navantia, una empresa pública dependiente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), firmó en noviembre de 2005 en Caracas un contrato con la Marina de Venezuela para la construcción de 4 patrulleros oceánicos para vigilancia y protección de la zona económica exclusiva y 4 patrulleros de vigilancia del litoral.
La denuncia afecta también a otra persona cuya identidad de momento se desconoce, y surge a instancias del Banco de España, que hace más de un año presentó toda la documentación que obraba en su poder a la Fiscalía Anticorrupción. Durante ese tiempo, los servicios de la fiscalía han acumulado nuevas pruebas y verificado las entregadas en su día por el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), un organismo dependiente funcionalmente del banco central. Finalmente, decidió presentar la denuncia ante el juzgado de guardia, que ahora es quien debe continuar con las pesquisas. (Fuente: El confidencial)
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