La llamada «Operación Unión» se había llevado hasta ayer en el más absoluto secreto, por las numerosas implicaciones que podrían derivarse de ella. La Guardia Civil detuvo ayer a once personas en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote como sospechosos de pertenecer a una trama de corrupción. Entre los arrestados está el ex presidente del cabildo insular y veterano dirigente independentista Dimas Martín, que cumple condena por malversación de caudales públicos, dos concejales, dos funcionarios del Consistorio y varios empresarios.
Una treintena de agentes de la Unidad Central Operativa del instituto armado irrumpieron a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de la capital de la isla, desalojaron a los ciudadanos, cerraron la sede y procedieron a registrar sus oficinas. Allí detuvieron al primer teniente de alcalde, Ubaldo Becerra; al concejal delegado de Hacienda y Urbanismo, Miguel Rodríguez, ambos del Partido Independiente de Lanzarote (PIL); a la jefa de contratación del Consistorio, Elena Martín, hija de Dimas Martín; y al jefe de la Oficina del Catastro, Rafael Arrocha.
Poco después fueron detenidos el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), un empresario de Gran Canaria y dos intermediarios. Otro arrestado fue Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín, fundador del PIL, que se encontraba en un restaurante cercano al Ayuntamiento.
A todos ellos el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, que ordenó la operación, les imputa los presuntos delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio. Los delitos investigados se vinculan a la falsificación y la concesión irregular de licencias de obra.
Poco después fueron detenidos el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), un empresario de Gran Canaria y dos intermediarios. Otro arrestado fue Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín, fundador del PIL, que se encontraba en un restaurante cercano al Ayuntamiento.
A todos ellos el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, que ordenó la operación, les imputa los presuntos delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio. Los delitos investigados se vinculan a la falsificación y la concesión irregular de licencias de obra.
Escrito el 14/12/2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario