El juzgado de Hellín (Albacete) ha decidido de nuevo remitir remitido al Tribunal Supremo (TS) el procedimiento abierto contra el alcalde de la localidad y senador, Diego García Caro, y otros tres imputados, por un presunto delito de falsificación de documento público.
Los hechos en cuestión se remontan a julio de 2005, cuando el alcalde hellinero y la Consejería de Sanidad firmaron un convenio de colaboración para construir un centro médico, por el que el Ayuntamiento de Hellín recibiría una subvención de 50.000 euros siempre que las obras estuviesen concluidas antes del 15 de noviembre de ese año, plazo que se prorrogó hasta el 20 de diciembre de 2005.
La jueza sostiene que hay indicios de que ante la imposibilidad de cumplir lo pactado, ya que las obras ni siquiera se habían iniciado, el funcionario municipal Juan Francisco Roldán requirió al arquitecto, Miguel Ángel Muñoz, y al contratista de la obra, Juan Carlos Rodas, -los otros tres imputados- que emitieran la certificación parcial de la edificación, haciendo constar falsamente ciertas partidas como ejecutadas para el cobro de la subvención.
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