Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación
Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social
unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores.
Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba
la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco
‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem
de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes
Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este
intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana
María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a
detectives o despachos de asesores de toda España.
El 5 de enero de este año, Paco se ponía en contacto con Mercedes
Gómez, empleada del Inem. Casualmente, esta funcionaria, con más de 30 años de
carrera en la
Administración , había estado casada
con un hermano del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Los miembros de la trama tomaban especiales medidas de
seguridad en sus comunicaciones por si eran vigilados y hablaban en clave. Los
expedientes sustraídos, por ejemplo, eran “empanadillas”, “galletas”,
“fotocopias”, “teléfonos”, “hojas” o “camisetas”. Los pagos en efectivo se
llamaban “referencia”. Por ejemplo, cuando un empleado decía a su interlocutor
“referencia 450”
era porque tenía que abonarle 450 euros.
El punto de encuentro es siempre el mismo: el parking
subterráneo que hay en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la entrada de la Rambla de Cataluña. Con
Montse, se detectaron continuos intercambios de documentación, a la que también
se referían en ocasiones como “camisetas” o “galletas”. Todos los encuentros
fueron vigilados de cerca por los agentes del grupo de Seguridad Privada de
Barcelona del CNP, que se hizo cargo de las investigaciones. El día 3 de
enero, por ejemplo, vendió otro paquete de datos por 414 euros. Y el día 5 de
enero, otro por 384 euros. La funcionaria, además, llegó incluso a facilitarle
el número directo del teléfono de la oficina del INEM “porque siempre está a mi
lado” por si se olvidaba el móvil en casa.
De las investigaciones se desprende que Paco gradúa
perfectamente los encargos para repartirlos entre los cuatro funcionarios que
tiene a su servicio. En ocasiones, el volumen de trabajo en la oficina es tal
que no tienen tiempo material de cumplir el encargo y por ello posponen los
encuentros.
Otra rama de la trama de informadores tenía a otros
funcionarios comprados, tanto del Inem como de Hacienda. Es lo que se desprende
de los contactos que mantenían el intermediario Juan Antonio Rama, alias
Juanito, con el detective barcelonés Ramón Cot.
Según fuentes del sector, Ramón Cot llegó a ser distinguido
con una mención honorífica por la Policía en 2010 por su “especial dedicación e
iniciativaen determinadas actuaciones relacionadas con la investigación
privada”. Jugador consumado de billar, Cot fue contratado también por el
Circuit de Catalunya como responsable de la seguridad dentro del recinto.
Pero su verdadera especialidad parecía ser la extracción de datos
confidenciales de la
Administración , área donde desplegaba claramente su especial
dedicación e iniciativa. En sus conversaciones con Juanito, ambos hacen
referencia a las “consultas R”, es decir, a declaraciones de renta. Ramón cobra
entre 1.300 y 1.500 euros por cada declaración facilitada, pero hace rebajas en
el precio si se piden varias. Además, propone a su interlocutor en un momento
determinado ampliar la adquisición de datos confidenciales a las empresas
de alquiler de coches Hertz y Avis, donde, según asegura, puede extraer “todos
los datos”. (Fuente: El confidencial)
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