jueves, 21 de enero de 2010

20/01/10: Sisas en el ejército

El Ministerio de Defensa ha suspendido en sus funciones y ordenado el cese en sus destinos de los comandantes del cuerpo de Intendencia Cristóbal Colón Gómez y Blas Monerris Alcaraz, ex máximos responsables de la Factoría de Subsistencias y Almacén de Vestuario de la Armada en Madrid, desde la que se suministran víveres y prendas de vestir a todos los cuarteles y dependencias de la antigua Jurisdicción Central de la Marina. La medida es consecuencia directa de la apertura de un proceso penal contra ellos por parte del Juzgado Togado Militar Central de Madrid, que les acusa de un delito contra la Hacienda en el ámbito militar, equivalente a la malversación de fondos públicos, y castigado con hasta 10 años de cárcel.

La auditoría realizada por la propia Armada en la contabilidad de la factoría, entre los años 2007 y 2009, ha revelado un "desfase" entre los ingresos obtenidos y el dinero entregado al Tesoro público de casi 300.000 euros, aunque la cifra podría ser superior, ya que las cuentas del año pasado aún no están cerradas. Entre la mercancía desaparecida, y supuestamente desviada para fines particulares, figura una partida de 340 kilos de langostinos por la que se pagaron casi 5.000 euros en 2008. (Fuente: El país)

domingo, 17 de enero de 2010

17/01/10: El dorado de la política europea.

La inminente entrada en funciones del nuevo Ejecutivo comunitario supone la salida de otros comisarios que no renovarán mandato, lo cual trae consigo indemnizaciones doradas, un monto total que podría superar los 15 millones de euros. Aunque los pagos se ciñen a la normativa actual, la crisis económica por la que atraviesa Europa y el hecho de que los comisarios no sean designados por votación democrática, hace que no estén exentos de cierta controversia.

La normativa actual establece que los funcionarios salientes se beneficiarán durante tres años de una “indemnización transitoria” equivalente a entre el 40% y el 65% de su salario bruto que estará sujeta a los impuestos comunitarios. El monto total también depende de la duración del mandato. Aquellos titulares que hayan ocupado el cargo por un periodo inferior a cinco años (el estándar) obtendrán primas proporcionalmente reducidas. En el caso de haber cumplido cinco años, el ex comisario percibirá 116.804,68 euros anuales.
Actualmente el salario básico de un comisario europeo es de 19.909,89 euros brutos mensuales, a lo que se suman otros complementos, como el pago de la residencia. En el caso de un vicepresidente, como será el caso del español Joaquín Almunia, el salario base está fijado en 22.122,10 euros mensuales. El del presidente de la CE, en 24.422,80 euros.
La indemnización transitoria está diseñada para facilitar la “reinserción profesional” de los políticos salientes, dada supuesta dificultad de que el sector privado les abra sus puertas. La regulación actual también estima un tope para esta indemnización. En caso de que el comisario saliente adquiera una función remunerada, la suma total de su nuevo salario junto a la indemnización de Bruselas no podrá exceder el monto que percibía mientras trabajaba en la CE.
El Ejecutivo comunitario también otorga una pensión vitalicia a sus ex comisarios, que reciben a partir de los 65 años. Así, los ex titulares tienen derecho a una jubilación que supone el 4,275% del salario básico de cada año de servicio prestado en la CE, y sin que nunca pueda exceder del 70% de su salario de base. Esto se traduciría en un monto de 51.068,76 euros anuales en el caso de haber cumplido con un mandato de cinco años.
En el caso del ex titular español, Pedro Solbes, la prensa recogía en abril del año pasado que su pensión como ex comisario europeo se suma a la de ex diputado y ex ministro, lo que significa unos 13.500 euros al mes.
Ante la polémica desata por estas cifras, la portavoz comunitaria de Asuntos Administrativos, Valérie Rampi, ha querido dejar claro que son las que fija la regulación actual, un reglamento aprobado por los Estados miembros en el Consejo Europeo. La CE se limita a “aplicar las reglas”, concluye. (Fuente: El Confidencial)

15/01/10: Chaves, suma y sigue.

Nuevas revelaciones sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía no sólo concedió ayudas a Matsa cuando su apoderada era la hija del presidente del Gobierno autonómico. El Ejecutivo presidido por Manuel Chaves también concedió contratos públicos por valor de 5,4 millones de euros a otra firma a la que también estuvo vinculada la primogénita del hoy vicepresidente tercero.

En concreto, se trata de Telvent, de la que también fue apoderada Paula Chaves. Además, del total de las adjudicaciones concedidas por la citada consejería entre los años 2008 y 2009, un 40% se produjo por el procedimiento de negociación con los proveedores y no por el procedimiento de adjudicación abierta que recomienda la Ley de Contratos del Sector Público. El departamento de Innovación adjudicó, de esta forma 449 contrataciones, de las que 167 se otorgaron sin procedimiento abierto y casi todas ellas sin publicidad. (Fuente: La gaceta)

jueves, 14 de enero de 2010

14/01/10: Chaves; sí sin mi hija

Minas de aguas Teñidas (Matsa), la empresa para la que trabajaba Paula Chaves Iborra –hija de Manuel Chaves– y que recibió 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía, fue favorecida por otras ayudas anteriores otorgadas por la misma Administración.

La minera de Almonaster la Real (Huelva) acumula sobre su ejecutoria un sinnúmero de inexplicables decisiones a su favor de las Administraciones públicas, difíciles de explicar sin el dedazo de la política puesto a su favor de forma continuada.
La delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, Ana María Barbeito Carrasco (luego directora general de Economía Social y Emprendedores de la Junta) resolvió tres ayudas a la empresa minera por valor de 164.250 euros en 2004, a pesar de que no consta que facturase un solo euro ese año, ni el siguiente.
En ese tiempo, la empresa Matsa –que se dedica a extracción de minerales metálicos no férreos– contaba solamente con dos empleados (uno fijo y otro eventual) y formalmente se encontraba en suspensión de pagos. la resolución de la Junta es de fecha 19 de noviembre de 2004 y concedía tres ayudas a la empresa por valor de 36.000, 56.250 y 72.000 euros, lo que suma 164.250 euros.
Tres años después (en 2007), las ventas de Matsa fueron apenas de 6.492 euros. Cuatro años después, en 2008, las ventas de Matsa ascendían a 32.813 euros. ¿Cuánto tiempo necesitaba entonces la receptora de las subvenciones para justificar –al menos en lo empresarial– lo ajustado de las ayudas públicas? (Fuente: La gaceta)

sábado, 9 de enero de 2010

09/01/10: Lobbys de desigualdad

No acaba la polémica en torno a las subvenciones del Gobierno socialista, y más en concreto, a las de la titular de Igualdad, Bibiana Aído. Si en la edición de ayer destacábamos que le dio 10.000 euros a una asociación andaluza para organizar un feminario que atacó al Vaticano pidiendo a la ONU que le retirara su estatus actual, hoy descubrimos que, en la misma partida de subvenciones del Instituto de la Mujer –publicada en el Boletín Oficial del Estado este martes–, Aído ha disparado la subvención para la Federación de Mujeres Progresistas.

Esta asociación, afín al PSOE y que preside desde julio de 2007 la abogada Yolanda Besteiro, portavoz también del partido socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, va a recibir este año 142.500 euros, lo que supone una cifra récord en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta misma asociación ha recibido en años anteriores 110.000 euros en noviembre de 2007, 85.000 euros en 2006 y 75.000 euros en agosto de 2004. De la partida de subvenciones de este año, la Federación de Mujeres Progresistas es la asociación que más dinero va a recibir de todas las que han solicitado la ayuda. (Fuente: La Gaceta)

08/01/10: Castro Urdiales o construir hasta en arroyos

La Justicia está encontrando abundantes indicios de irregularidades en el desmesurado crecimiento que ha experimentado Castro Urdiales (Cantabria) en los últimos años. Con motivo del auto con el que da por cerrada la instrucción de varios presuntos delitos en las unidades de ejecución del área de Santa Catalina, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha detallado el alcance de sus numerosas investigaciones al respecto. En su escrito, advierte «evidencias sólidas» de que existe una «trama de corrupción» en la gestión del urbanismo promovida desde el Ayuntamiento. Pero sus conclusiones van más allá. Sostiene que esta red -en la que involucra a políticos, funcionarios y constructores- estaría encabezada por «personas de perfil bajo incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita». Sus pesquisas le permiten incluso cifrar en 9 millones de euros el «enriquecimiento patrimonial ilícito» que se habría producido con el urbanismo en Castro. (Fuente: El correo digital)

Sus investigaciones le han permitido desentrañar la forma en que operaban los autores de estas irregularidades y apunta a que el principal instrumento utilizado es el propio planeamiento urbanístico municipal. O, mejor dicho, de sus diversas modificaciones, que no han sido aprobadas por las instituciones competentes, lo que implica su nulidad y de todas las decisiones que sobre dicho documento se han adoptado.
«Hacían caso omiso de los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, bien prescindiendo de solicitar los que eran preceptivos porque sabían que serían desfavorables, o bien decidiendo que algunas actuaciones fuesen informadas sólo por personas de confianza o ajenas a la Administración Pública buscando así informes 'a la carta'», detalla el juez. Es más, afirma que los políticos incluso habrían «prescindido» de los funcionarios «molestos» por criticar que se actuase en contra de la legalidad.
El proceso ha seguido hasta completar un «auténtico desastre urbanístico». Según argumenta, se ha aplicado un «modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa la ausencia de una preocupación por cubrir las necesidades de la población». Y, en ese sentido, se habría cedido a las constructoras suelo correspondiente a equipamientos públicos, espacios libres e infraestructuras básicas. Materias en las que la localidad presenta «graves deficiencias».




domingo, 3 de enero de 2010

03/01/10: Caso Ibercons

El alcalde socialista de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, continúa al frente del consistorio pese a estar imputado en el caso Ibercons. No es el único político implicado en este polémico escándalo que mantiene su puesto en el Ayuntamiento de Punta Umbría.

Cinco concejales más de su equipo de gobierno, así como un asesor y un funcionario, siguen con sus cargos, pese a la querella interpuesta por el dueño de la compañía Ibercons Ingeniería y Construcciones por la presunta comisión de los delitos de amenazas, alteración del precio de subastas y concursos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.
Todo empezó en junio de este año, cuando el propietario de la empresa de construcción Ibercons presentó ante los juzgados de Huelva una querella criminal contra el alcalde socialista de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, y su equipo de gobierno.
En el texto de la querella, el propietario de Ibercons denunció la presunta “trama” organizada en torno al Ayuntamiento socialista de Punta Umbría para “apartarle” de la adjudicación de unas obras en la localidad onubense en favor del grupo Punta Enebro, una pequeña compañía interesada en hacerse con el contrato pese a manejar un presupuesto supuestamente superior al ofertado por Ibercons.
Los dueños de Ibercons aseguraron haber recibido amenazas por parte del ayuntamiento si no se retiraban del citado concurso. También denunciaron la falsificación de un documento en el que supuestamente renunciaban a la adjudicación del citado contrato de obras.
El juez ha ratificado la imputación del alcalde socialista y cuatro de los ediles que forman parte de la Junta de Gobierno municipal: Aurora Aguedo, Antonia Hernández, Beatriz Roman y Manuel Castillo. Todos ellos tendrán que acudir a declarar los próximos días 16 y 18 de febrero. (Fuente: La Gaceta)