25/08/10: Corrupción en Plasencia

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Plasencia Enrique Tornero y Blas Raimundo han sido acusados por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, junto al empresario José Antonio Romero Vega, como supuestos autores de varios delitos de corrupción. El caso surge tras la investigación iniciada por los ediles del Grupo Municipal del PP en el Consistorio de Plasencia a comienzos de esta legislatura. Alertados por datos que no les cuadraban, comenzaron a recopilar documentación variada durante un año largo.

Tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos son algunos de los delitos de los que los concejales Enrique Tornero y Blas Raimundo y el empresario han sido acusados por la Fiscalía provincial. Una denuncia que la fiscal jefe, Marta Abellán, ha interpuesto tras corroborar y ampliar la investigación del Grupo Municipal del PP en el Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia. Tras la denuncia, se abre ahora un periodo de instrucción en el que los acusados tienen la oportunidad de intervenir. Será después el juez el que ponga fecha para el juicio oral o archive la denuncia si así lo determina al final del periodo de instrucción.

Según ha podido saber este periódico, además de la instrucción que se pone en marcha por la denuncia de la fiscal jefe, la investigación abierta por Marta Abellán sigue en marcha y, por tanto, se podrían deducir otras responsabilidades similares a otros concejales del Gobierno local socialista. (Fuente: Hoy.es)

17/08/10: El caso Brugal se cobra la cúpula del PP en Orihuela.

El caso Brugal, que investiga una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura al sur de Alicante, adquiere una nueva dimensión con la imputación de otras 39 personas más, entre ellas la práctica totalidad de la cúpula del PP de Orihuela (86.164 habitantes). Entre los nuevos imputados, en una de las más de 20 ramificaciones del caso Brugal, destaca la actual alcaldesa, Mónica Lorente, así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP. El juez del caso pidió hace días a través de un escrito a la policía que se informase a los 39 nuevos imputados de su condición, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.

Hasta la fecha se había hablado de la imputación en el caso Brugal de 15 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres ediles del PP en Orihuela, así como de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Pero ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en función de distintos informes que obran en la causa, ha decidido imputar a otras 39 personas.

La imputación más relevante es la de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, que fue concejal de Fomento y Turismo durante la legislatura 2003-2007, además de asumir el cargo de portavoz del PP. Pero también figura como imputado José Manuel Medina, que fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007. En la lista de nuevos ediles imputados por este nuevo caso figuran David Costa, actual concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda, y José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde pedáneo de La Murada.

El escándalo también salpica a políticos de la legislatura anterior, como Antonio Francisco Franco Andreu, ex edil de Personal del PP, o los concejales en la oposición Joaquín Ezcurra Gilabert, del Centro Liberal Renovador, fallecido en 2009, y Jesús Fernández Peñalver, edil durante la legislatura 2003-2007 del Grupo Centro Liberal. Por último, entre los políticos implicados está Francisco García Ortuño, concejal durante la legislatura 2003-2007 por el PSOE, del que fue expulsado, y candidato del Partido Socialdemócrata en los comicios del año 2007, aunque no salió elegido.

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró en septiembre de 2008 el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la Corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario fue el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno, que acabó por frustrar el primer concurso: Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente. (Fuente: El Pais)

13/08/10: Corrupción en la policía local

El caso se remonta a julio de 2008. En aquel entonces la Guardia Civil desmanteló una trama de corrupción que afectaba a varios agentes del instituto armado y de la Policía Local de El Molar. Probablemente, la mayor trama de corrupción en la historia de zona norte. El grupo se dedicaba presuntamente a la venta de droga en ese municipio y en San Agustín de Guadalix a través de una estructura perfectamente organizada. Ahora acaba de levantarse el secreto de sumario.

Era un secreto a voces entre los vecinos de ambos municipios, pero ahora el sumario deja muy claro que los habitantes de El Molar y San Agustín estaban perfectamente en lo cierto. Comprar allí droga en determinados lugares era muy fácil y había una estructura perfectamente montada que controlaba todos los puntos de venta. Asuntos Internos comenzó en 2006 una investigación después de varias denuncias vecinales y tras realizar determinados pinchazos telefónicos.

Todo ello está reflejado en decenas de páginas que muestran como presuntamente los guardias civiles Francis Yepes y César Torollo, junto al el jefe de Policía Local de El Molar Tomás Felipe Boto, controlaban y permitían la venta de droga a través de una red de camellos que actuaban con total impunidad. Las pruebas del sumario son contundentes. Varios pinchazos telefónicos demostrarían, por ejemplo, cómo la esposa de Yepes se deshizo supuestamente de varias partidas de cocaína que tenía en casa su marido. (Fuente: sermadridnorte.com)

05/08/10: La sombra del Tamayazo

Tras muchos años de trabas judiciales y oscurantismo desde los sectores cercanos al Partido Popular, finalmente la Justicia se ha puesto manos a la obra con el caso del Tamayazo que arrebató la presidencia de la Comunidad de Madrid al PSOE para brindársela poco después a Esperanza Aguirre. Según ha podido saber El Plural, un famoso urbanista vinculado a este supuesto caso de corrupción y muy cercano a las administraciones del PP ha sido imputado en una causa que implica delitos de blanqueo de dinero y tráfico de influencias entre otros.

La causa, abierta en un juzgado de Madrid, no investiga directamente el caso de transfuguismo más famoso y oscuro de la Comunidad de Madrid, sino que está dirigido hacia una de las empresas de las que es propietario uno de los urbanistas de cabecera del Partido Popular. Sin embargo, se trata del primer fleco del que tirar para alcanzar el meollo del Tamayazo.

600 millones

Fuentes de la investigación describen el caso como un entramado de muchisima complejidad, con sociedades cabecera en el extranjero. Los responsables de la investigación cuantifican el importe de los activos opacos en torno a 600 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores investigaciones fiscales de este pais.

Similitud con la Gürtel

Estas mismas fuentes señalan la similitud de dicho entramado con el de la trama Gürtel: utilización masiva de testaferros, operaciones de transmisión de las participaciones sociales en Inglaterra que ocultan la titularidad real del entramado empresarial, adquisición de activos inmobiliarios entre empresas del entramado a través de testaferros, etc. Es el mayor escándalo de corrupción que se le presenta a la justicia española tras la Trama Gurtel.

Siempre vinculado

El urbanista aparece siempre en las administraciones del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, especialmente en aquellas que acumulan más sospechas e investigaciones sobre corrupción. No en vano, su nombre está vinculado a un famoso caso de corrupción política radicado en un municipio del sur de Madrid.

Otoño caliente

La investigación y la imputación de dicho urbanista puede suponer la reapertura de un caso que nunca fue enterrado del todo, entre otras cosas por la actitud del PP en la Asamblea de Madrid (donde se celebró una comisión de investigación) y por la actuación de fiscales cercanos a Génova. En cualquier caso, todo indica que a Esperanza Aguirre le espera un otoño caliente a la vuelta de las vacaciones y unos problemas que, esta vez, difícilmente podrá superar. (Fuente: El plural.com)

25/07/10: Coge el dinero y corre.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a nueves meses de cárcel y a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo al ex alcalde de la localidad de Isla Mayor (Sevilla), Manuel Aviñó Navarro, por ordenar el día previo a su cese el pago de 5.701,49 euros a pesar de los informes en contra del tesorero y del interventor.

Según relata la sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 13 de junio de 2003 el entonces alcalde del municipio -al día siguiente tomaba posesión la nueva corporación municipal- ordenó el abono a la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa) -de cuyo consejo de administración era presidente- la cantidad de 5.701,49 euros.

En este sentido, el fallo asevera que el entonces primer edil actuó de esta manera "sin que existieran fondos disponibles" para hacer frente al pago y existiendo además un embargo sobre los créditos de dicha empresa por parte de la Agencia Estatal Tributaria, notificado el 10 de junio de 2003, "encontrándose la empresa en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha". (Fuente: El Economista)

18/07/10: Manual para apoderarse del dinero de fondos europeos

La Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas catalán, que fiscaliza la Administración autonómica y empresas públicas, ha detectado 522 incidencias en 37 expedientes analizados en el marco de un informe solicitado por el Parlamento catalán sobre los recursos recibidos por distintas empresas y organismos del Fondo Social Europeo (FSE). Las incidencias detectadas, que se detallan en el documento 8/2010 fechado el pasado 13 de abril y que fiscaliza los recursos gestionados por entidades públicas del FSE entre los ejercicios 1999 y 2001, consisten principalmente en la falta de documentación de los expedientes e irregularidades en las facturas presentadas para optar a los fondos que se dieron con empresas como Movilma y el grupo Pallerols (vinculado al escándalo de desvío de fondos destinados a cursos de formación a parados durante los gobiernos de CiU), entre otras empresas y entidades.

 La Sindicatura fue más allá y también analizó los procesos de recuperación de subvenciones, pero en este campo, el informe es demoledor. "Del análisis, se desprende que se han producido algunos ingresos por reintegro de las subvenciones revocadas, pero la mayor parte de los reintegros que han sido exigidos por la vía de la obligación han finalizado en baja por insolvencia". Es decir, que no existe ya ninguna posibilidad de recuperarlo.

Las incidencias detectadas motivaron en su día varios procesos judiciales que salpicaron al Ayuntamiento de Barcelona (caso Movilma) y a la Consejería de Trabajo en los últimos gobiernos de CiU, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

La relevancia del informe radica en que ha ampliado los datos de otro informe similar realizado en el 2007 con información específica sobre las empresas y entidades sometidas a algún proceso judicial o del Ministerio Fiscal. El texto hace referencia al caso Pallerols, cuyo protagonista era el empresario Fidel Pallerols, que pagó mobiliario y salarios de empleados de Unió Democràtica (UDC) con el dinero detraído de la Consejería de Trabajo. El pasado mes de febrero, el Gobierno de la Generalitat decidió no reclamar a Unió el dinero malversado. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso Pallerols, se desmarcó así de la Fiscalía, aunque pidió para el principal implicado ocho años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación provisional, el Gobierno respalda la tesis de la Fiscalía de que el conglomerado de empresas de Fidel Pallerols recibió entre 1994 y 1999 casi 9 millones de euros en subvenciones públicas con el compromiso de entregar luego un 10% de esos fondos para la financiación de UDC. Por ese motivo, el Ministerio Público considera en su calificación provisional que esta formación fue "partícipe a título lucrativo" de la trama, por lo que reclama que pague un total de 197.000 euros, correspondientes al dinero que recibió en material para sus sedes y en nóminas de algunos empleados. El sumario revela que Unió recibió del grupo Pallerols más de 660.000 euros entre 1994 y 1999. (Fuente: El Confidencial)

10/07/10: Independencia para trincar

La última operación contra la corrupción municipal en Málaga saltó ayer en Villanueva de la Concepción, un pueblo de 3.383 habitantes del norte de la provincia que apenas lleva un año independizado de Antequera. Tras una intensa jornada de registros, la Guardia Civil detuvo a su alcalde, Ernesto Silva, acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias relacionado con varios asuntos urbanísticos. El regidor, de la formación política Foro Andaluz, preside la comisión gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones municipales.

En la operación también fueron detenidos con los mismos cargos el profesor de la Universidad de Málaga Juan Francisco Hurtado, y un abogado del que no trascendió el nombre. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado número 2 de Antequera, encargado de la investigación, el próximo lunes. (Fuente: El Pais)