Un nuevo caso de corrupción ha salpicado al Ayuntamiento de Alicante. Uno de sus empleados, un ingeniero técnico de obras públicas destinado en el área de Atención Urbana, fue detenido ayer por la Policía Nacional junto a dos responsables de otras tantas empresas de construcción con los que supuestamente llegaba a acuerdos para la adjudicación de obras de la primera fase del plan E ideado por el Gobierno como medida de choque contra la crisis.
Entre las actuaciones de este plan que fueron informadas por el técnico detenido se encuentra la pavimentación parcial de la Explanada, la renovación de la plaza de la Montañeta o la mediana de la avenida de Villajoyosa.
Los arrestados, a los que se les imputan los delitos de malversación y cohecho, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y Alicante y han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial, desde donde hoy serán puestos a disposición judicial.
El juzgado del Instrucción número dos de Alicante, que lleva investigando el caso desde el año pasado, entregó ayer un escrito a la secretaria del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, en el que requiere al Ayuntamiento que le entregue los certificados de las obras adjudicadas desde enero de 2006 y con independencia de su cuantía a las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS), cuyas sedes fueron registradas ayer, además de arrestados sus responsables.
Los hechos que han dado lugar a esta actuación judicial fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace tres años por la entonces concejala socialista en la oposición Carmen Sánchez Brugal, entre cuyas funciones figuraba el control del área de Atención Urbana. La edil habría tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia anónima y, tras hacer un seguimiento de lo allí recogido, comunicó sus sospechas al fiscal Felipe Briones, quien a su vez remitió el asunto al juzgado para que se investigara.
Según ha podido saber este diario, el funcionario detenido, a cambio de prebendas, habría firmado como propios proyectos municipales redactados en realidad por los empresarios ahora arrestados que después optaban a hacer esas obras y que, con este método, se garantizaban una adjudicación a medida.
Fuentes del caso apuntaron la posibilidad de que el número de implicados pudiera ampliarse a más personas tanto de fuera del Ayuntamiento como del área que dirige Víctor López, el jefe técnico de la concejalía de Andrés Llorens que ha sido imputado en varias ocasiones en relación a contratas municipales.
Becsa, una de las mercantiles investigadas, es una filial de la antigua Lubasa, hoy rebautizada como Durantia, una empresa que ha aparecido en otros sumarios de corrupción: el caso Gürtel y la supuesta trama de facturas falsas del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. (Fuente: Información.es)
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