Murcia o la corrupción que no cesa

El juez que instruye las diligencias por presunta corrupción contra los alcaldes murcianos de Torre Pacheco, Daniel García, y Fuente Álamo, María Antonia Conesa, ambos del PP, ha hallado indicios de delito y dado 10 días al fiscal y a las defensas para que pidan abrir juicio oral o archivar las actuaciones.

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Santiago Alejandro García, al que ha tenido acceso Efe, afecta también al empresario Facundo Armero, al aparejador municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera, y al jefe de la Policía Local de ese municipio, José Mercader.

El auto indica que de las actuaciones llevadas a cabo se desprende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de tres delitos de prevaricación -uno de ellos, por omisión-, dos de malversación, uno de cohecho y dos de tráfico de influencias.

A García le atribuye haber intervenido presuntamente en una permuta de terrenos municipales con otros propiedad de la empresa Mar Menor Golf Resort, S.L. que habría supuesto unos perjuicios para las arcas municipales que el juez cifra en 3,5 millones de euros y unos beneficios para esa sociedad de 9,3 millones.

Al alcalde de Torre Pacheco le atribuye también haber pedido al jefe de la Policía Local la retirada de la multa de 1.500 euros impuesta al familiar de un amigo de aquel por conducir sin tener sin el seguro obligatorio.

El juzgado advierte indicios criminales contra García y Armero en otra operación inmobiliaria que igualmente habría sido perjudicial para las arcas municipales.

El auto vincula también el nombre de Armero con el de la alcaldesa de Fuente Álamo a raíz de la entrega de 12.000 euros que el primero hizo supuestamente a la segunda y que el juez cree que tenía como finalidad que el empresario se viera beneficiado con la adjudicación de contratos públicos. (Fuente: la información.com)

20/09/12: Operación "Pokémon"

El alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, ha sido detenido hoy, junto a otras once personas, entre ellas el primer edil de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio Vázquez, en la denominada operación Pokémon, que investiga una presunta corrupción en la ejecución de contratos públicos.

Las detenciones han sido practicadas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuatro de ellas en Lugo, una en Bueu (Pontevedra), dos en Ourense, otros dos en A Coruña, una en Santiago de Compostela, una en Madrid y otra en Asturias, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.

El regidor orensano fue detenido en la mañana de este jueves y trasladado en coche policial a Pontevedra en relación con una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según han precisado a Efe las fuentes.

Entre los arrestados en Galicia figuran el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y un funcionario del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

La operación la dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma jueza que instruye la denominada operación Carioca, encargada de investigar presuntos delitos de una supuesta trama de corrupción, blanqueo de capitales y prostitución en Lugo.(Fuente: El economista)

17/09/12: La sombra de la corrupción planea sobre el ayuntamiento de Madrid

El área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado esta mañana que el reciente relevo del director de la Cineteca se debió a posibles sombras de corrupción; que los premios Villa de Madrid pasan este año de 23 categorías a tan solo una porque los galardones estaban “obsoletos, habían crecido desmesuradamente y había que replantearse su vigencia y legitimidad”; que la programación cultural en los distritos hasta final de año se reactivará con dinero privado de la SGAE; que tratará de “no repercutir al 100% la subida del IVA para minimizar” su impacto en los precios de los espectáculos municipales; y que buscará “nuevas fórmulas” junto a la iniciativa privada para poner en marcha el centro cultural y teatro infantil Daoiz y Velarde, aún en obras pero ya “imposible”.

El concejal de Las Artes, Fernando Villalonga, destituyó hace unos días mediante burofax (“no se presentó a la cita convocada, decidió irse de viaje a China”) a Antonio Delgado, hasta entonces y desde hacía 10 años director de la Cineteca, el espacio municipal dedicado al cine documental, y del festival Documenta Madrid.

Villalonga, por su parte, “enmarcó” su decisión “dentro de la renovación del equipo de Las Artes” tras los nueve años de gestión del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y de su responsable cultural durante ese periodo, Alicia Moreno.

Sin embargo, el número dos de Villalonga, Timothy Chapman, ha explicado esta mañana en la comisión municipal de Las Artes que el cese se debió “a una completa pérdida de confianza al averiguar que no se han gestionado con la debida atención los recursos” de la Cineteca. “Los costes de oportunidad han sido muy importantes, y la relación simbiótica con determinados proveedores se ha convertido más bien en parasitaria”, ha añadido. Es decir, que presuntamente Antonio Delgado habría contratado a precios superiores al de otras posibles ofertas para favorecer a determinados proveedores. Según Chapman, que ha evitado hablar, como en ocasiones anteriores al referirse a la gestión de Alicia Moreno, de irregularidades”, la gestión de Delgado ha sido “una chapuza”.

Inquirido por Unión Progreso y Democracia sobre si denunciará esas posibles irregularidades ante el Tribunal de Cuentas u ordenará una comisión de investigación o una auditoría sobre el presunto daño a las arcas públicas, Chapman ha matizado sus palabras: “Yo no le he acusado de nada, he dado una apreciación subjetiva de si había suficientes motivos para su continuidad”. Sin embargo, sí ha señalado que se está llevando a cabo una auditoría interna, y fuentes de Las Artes han añadido que, en caso de detectarse irregularidades, se denunciarán ante la justicia. (Fuente: El Pais)

06/09/12: Operación "Dársena"

 La Policía Nacional ha detenido este pasado miércoles a una persona en el marco de una operación policial por un presunto caso de corrupción en el puerto de Málaga, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   La actuación, de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado Udyco del Cuerpo Nacional de Policía, se ha producido en el marco de la denominada operación 'Dársena', llevada a cabo por la sección de blanqueo de capitales Udyco de la Costa del Sol, en coordinación con la Fiscalía.

   Al parecer, el ahora detenido es el anterior jefe de Infraestructuras en el puerto de Málaga, que fue despedido hace un año por supuestas ilegalidades en la contratación de obras, según publica diario 'SUR'. Los agentes se han incautado de diversa documentación en la vivienda del arrestado, J.P.G.F., que será analizada ahora por los responsables de la operación.

Y es que con motivo de la colisión, hace tres años, de un barco contra el atracadero sur de cruceros dañando gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado unos dos meses antes, fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados. Fue aquí cuando comenzaron a surgir interrogantes.

   Tras la inspección, se comprobó que se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa constructora. Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades que se materializó en el despido en enero de 2011 del ahora detenido. (Fuente: Europapress Andalucía)

06/09/12: La sombra de Mercasevilla, planea sobre la ministra Báñez.

Agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil han interrogado en las últimas horas a varios directivos de la firma Construcciones Juan de Robles, una de las empresas familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos de Mercasevilla, según han revelado a El Confidencial fuentes conocedoras del caso. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía.

La juez sostiene que los imputados en el caso Mercasevilla -que dio origen al escándalo de los ERE- concertaron "ofertas de relleno" con las empresas que se presentaron a ese concurso, entre ellas la de la familia Báñez, con el objetivo de "favorecer claramente" a la firma Sanma, que fue la que finalmente se llevó el gato al agua, a pesar de que su propuesta económica no era la mejor. La tesis de Alaya es que los pliegos de condiciones del concurso fueron amañados para facilitar la "venta ilegal" de los terrenos de la lonja sevillana a Sanma, que ofreció por ellos 52 millones de euros menos que una de sus competidoras.

En un auto dictado el pasado 12 de junio, la juez ordena a la Guardia Civil que investigue las "relaciones societarias" entre Sanma y sus rivales para averiguar si el concurso estuvo "predeterminado", es decir, amañado. Alaya basa sus sospechas en que Construcciones Juan de Robles -la empresa familiar de Báñez- y otras cuatro que pujaron por los terrenos de Mercasevilla -Realia, Azucarera Larios, Edamar y Prasa- no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias y dejar el camino libre a Sanma. ¿A cambio de qué? Ese es el enigma que, con ayuda de la Guardia Civil, trata ahora de resolver la juez.

Construcciones Juan de Robles pertenece al Grupo Báñez García, un consorcio empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo con intereses en los sectores agrícola, ganadero y de la construcción. Fátima Báñez es accionista de la empresa familiar -posee 78.523 participaciones del grupo-, según consta en la declaración de bienes y rentas que ella misma presentó en el Congreso el pasado 29 de noviembre. La consejera delegada del holding, que tiene su sede social en Huelva, es la madre de la ministra,Ana García, y figuran como consejeros sus hermanos Francisco, Juan,Eduardo, Ana y Carmen. (Fuente: El Confidencial)

16/08/12: Operación "Espartana"

Los cuatro detenidos en Galicia en la operación Espartana han pasado esta mañana a disposición judicial en el juzgado de instrucción y penal número uno de Corcubión (A Coruña), según han informado a EFE fuentes de ese juzgado.

Un sargento de la Guardia Civil destinado en Navarra, que estaba de baja desde el pasado día 1 de agosto, y que antes prestaba en servicio en Corcubión (A Coruña), se encuentra entre las cuatro personas detenidas en Galicia a raíz de esta operación, en la que la Policía se ha incautado de 3.000 kilos de cocaína y ha detenido a 31 personas.

La Policía sospecha que el guardia civil detenido era el encargado de recibir la droga en la costa gallega, junto con otro ciudadano colombiano, también detenido en Galicia, para su posterior traslado a Madrid, informaron fuentes de la investigación.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEO) abordó en alta mar, a 50 millas de la costa de Cádiz, un barco que transportaba unos 3.000 kilogramos de cocaína de gran pureza y detuvo a 31 personas, cuatro de ellas en Galicia, pertenecientes a una red internacional de traficantes de droga afincada en España.

La droga había sido cargada en Sudamérica y se dirigía a la costa de Galicia para ser transportada desde allí a Madrid.

En la comunidad gallega también ha sido detenidos otros dos colaboradores de la banda, uno de ellos en Cee (A Coruña), que trabajaba en una floristería, y otro en la comarca de Arousa (Pontevedra), con causas anteriores por contrabando. (Fuente: ABC.es)

15/08/12: La corrupción alcanza al partido de la "regeneración"

La sospecha de que el partido de Rosa Díez en Valencia había cometido fraude electoral interno para elegir a los miembros de su Ejecutiva en 2009 planeaba desde hacía tiempo, pero fueron las palabras de un afiliado, en el transcurso de una asamblea, las que levantaron la liebre.

Tras aquella denuncia, UPyD trató de zanjar el asunto con una investigación interna que aclarara la carga de corrupción que recaía sobre al partido liderado por Rosa Díez en esta comunidad. Muzzati -de quien hoy dice elsemanaldigital, “sigue en su puesto porque así lo quiere Rosa Díez”- utilizaba un argumento de legalidad: “de acuerdo al más elemental principio de seguridad jurídica, no procede revisar el resultado de un proceso electoral una vez concluido el plazo establecido para su impugnación, y ello con independencia de las responsabilidades internas que pudieran derivarse de la propia instrucción del expediente”.

Los razonamientos oficiales del actual coordinador de del Consejo Territorial de UPyD en Valencia no han sido capaces de detener la escalada de dimisiones que cuentan en su haber con la marcha de las exsecretarias de Organización, María José Ros y Lidón Ordóñez; el presidente provincial de Alicante, Faustino Salas y, otros dirigentes como Mari Carmen Caballero o David Alcoy. 
“La fractura total”, como así califica un destacado miembro del partido magenta, no ha animado sin embargo a las explicaciones de la líder de UPyD, Rosa Díez, ni tampoco la del artista y político valenciano Toni Canto, de momento callados. (Fuente: minutodigital.com)