La sangre de Puyol, en evidencia.

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, no solo ayudó, presuntamente, a una red de corrupción: participó en ella con ánimo de lucro. Un reciente informe de la Agencia Tributaria señala que el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, forma parte de una iniciativa empresarial que pretendía lograr, de forma fraudulenta, la adjudicación de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energética gracias a sus contactos en la esfera política. Pujol “proporciona el impulso y el apoyo necesario” para que el proyecto “llegue a buen fin” y, presuntamente, “tendría indirectamente participación accionarial en Upprime Energy a través de Sergi Alsina”, señala el informe.

Upprime Energy es la empresa creada por dos de los empresarios imputados en la investigación judicial —Alsina, amigo íntimo de Pujol, y Sergi Pastor— y por responsables de Ficosa —multinacional de componentes para el automóvil— para y hogares. Uno de los implicados llega a proponer, en una conversación que figura en el sumario, que el consumidor pague 50 euros por inspección. Hacienda remarca que la participación de Pujol es “indirecta”, ya que su nombre no figura ni en Upprime ni en ninguna de las empresas interpuestas en torno a esta.

Los funcionarios de Hacienda no aclaran cuál es la vía por la que se preveía que el dinero llegase a manos de Pujol. Pero subrayan que su papel en ese engranaje es clave y que es él quien definió, supuestamente, “los porcentajes de participación” de cada uno de ellos. “Oriol le ha dicho a Alsina que apriete”, dice el empresario Pastor, en alusión a las negociaciones. Se da la circunstancia de que la esposa de Pujol, Anna Vidal, emite facturas de forma regular a través de su empresa (Avima) a una firma de Alsina. Una de ellas, del pasado octubre, asciende a 200.000 euros. Hacienda sospecha que se trata de facturas fraudulentas porque no se corresponden, en realidad, con ningún trabajo realizado.
El proyecto empresarial viene de lejos, pero se concretó en 2011. Hace exactamente un año, Alsina envió un revelador SMS a su amigo político: “Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Será un buen proyecto”. Esa misma noche, todos los implicados cenan en casa de Alsina, en Barcelona. La felicidad embarga al empresario aún al día siguiente, cuando vuelve a comunicarse por mensaje de texto con Xavier Pujol, de Ficosa: “Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto juntos. Un abrazo”. Ese verano constan al menos tres encuentros entre Pujol y los imputados. Estos son conscientes de que las empresas deben crearse “con la máxima opacidad”, dice Alsina, al que llegan a sugerirle incluso que no figure su nombre “para que no le vinculen con Oriol”.

Las sospechas de la Agencia Tributaria sobre Pujol son compartidas, en parte, por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. En un auto dictado el mes pasado, la juez pide al organismo público que elabore “un informe recopilatorio de la intervención en los hechos de Oriol Pujol Ferrusola”. La magistrada explicita que “se hagan constar todas las referencias y conversaciones relativas al mismo con las correspondientes transcripciones, así como cualquier documental relacionado”. La decisión es significativa, ya que Pujol es diputado en el Parlamento catalán y, por su condición de aforado, si hay indicios de delito es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que debe decidir sobre su imputación. Y para ello necesita que la juez instructora le envíe ese informe.

No es la primera vez que la juez alude al papel de Pujol en la trama. Lo hace también en un auto del pasado marzo, cuando ordenó la entrada y registro en los pisos de los detenidos: Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, del que depende el sector de las ITV; Josep Tous, el hombre de las ITV de Convergència que fue fichado como mediador con los operadores; y Ricard Puignou, empresario de las ITV, además de Alsina y Pastor. La trama es una derivada del caso Campeón, de presunta corrupción. En el auto, López señala que Alsina “es el encargado de utilizar los contactos políticos necesarios, que básicamente se concretan en la figura de Pujol”. El empresario “no duda en utilizar su amistad” con el secretario de CDC ante las “dificultades” para conseguir los objetivos que persigue la trama: anular un concurso de ITV para crear otro a su medida e impulsar un proyecto de certificaciones energéticas bajo la protección del partido que comanda la Generalitat.(Fuente: El Pais)

16/07/12: Dimite delegado de gobierno en Baleares

El delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, ha dimitido este lunes como máximo responsable del ejecutivo central en las islas a causa de una investigación judicial por supuesta corrupción cuando era conseller de Interior en el gobierno de Jaume Matas entre los años 2003-2007.

A instancias del juez del caso Palma Arena, José Castro, la Guardia Civil investiga los contratos que el departamento autonómico dirigido por Rodríguez formalizó durante esa legislatura con la empresa de publicidad Over Marketing, relacionada con la trama Gürtel.

Castro indaga en esta pieza secreta el supuesto pago irregular de dinero de varias consellerias del ejecutivo autonómico del PP a la referida agencia de publicidad.

Durante su comparecencia, Rodríguez ha dicho que se siente "cuestionado" por las informaciones que se han ido publicando últimamente sobre este asunto, lo que hace que se ponga en duda su capacidad para ejercer sus funciones ya que la representación ciudadana "debe ejercerse sin la sombra de duda y sospecha", ha dicho. (Fuente: Rtve.es)

12/07/12: Exconsejero catalán imputado por contrabando

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido al exconseller republicano de la Generalitat en la época del tripartito Jordi Ausàs, en el marco de una operación desarrollada en La Seu d'Urgell (Lleida) contra el contrabando de tabaco desde Andorra.

En la operación han sido detenidas en total siete personas, entre ellos Ausàs, que presuntamente formaban un grupo organizado especializado en el contrabando y distribución de tabaco, que desde que empezó la investigación policial en mayo habría introducido 300.000 euros de este producto.

Jordi Ausàs i Coll (Seu d'Urgell 1960) ingresó en ERC en 1986, sustituyó a Joan Puigcercós al frente de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas en 2008, y hasta entonces había sido alcalde de La Seu d'Urgell durante cuatro años. (Fuente: 20 minutos)

03/07/12: Otro alto cargo implicado en el caso de los ERES

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento, informa Ep.

De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial. (Fuente: Vozpopuli)

12/06/12: El portavoz valenciano, acusado en el “caso cooperación”

La jueza Nieves Molina, que investiga en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el llamado caso de Cooperación, sobre una presunta trama para saquear fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países pobres a través de varias ONG, ha dado el paso previo para imputar al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

Sobre Blasco, máximo dirigente de este departamento cuando sucedieron los hechos (entre 2008 y 2011), pesaban sospechas tras conocerse conversaciones incluidas en el sumario con varios supuestos cabecillas de la trama. En la providencia dictada por la magistrada, se pide a Les Corts que certifiquen la condición de diputado de Blasco y al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la posible elevación del caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) “ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a D. Rafael Blasco Castany”. La jueza da diez días a la Fiscalía para obtener su respuesta.

La causa acumula, tras dos redadas, 27 imputados entre empresarios, políticos y responsables de las ONG. El caso estalló definitivamente el pasado mes de febrero con la detención del más estrecho colaborador de Blasco en la extinta Conselleria, Josep Maria Felip, que fue fulminantemente destituido por el presidente Alberto Fabra junto a Alexandre Català, exdirigente del mismo departamento.

A partir de ahí, el círculo se fue estrechando poco a poco en torno a Rafael Blasco, pero su condición de diputado exigía remitir el caso a la Sala de lo Penal del TSJCV, algo que la jueza solo ha hecho en la última fase de la instrucción, que lleva más de un año y medio abierta. El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. (Fuente: 20 minutos)

11/06/12: Operación Pitiusa

Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores. Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco ‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a detectives o despachos de asesores de toda España.

El 5 de enero de este año, Paco se ponía en contacto con Mercedes Gómez, empleada del Inem. Casualmente, esta funcionaria, con más de 30 años de carrera en la Administración, había estado casada con un hermano del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Los miembros de la trama tomaban especiales medidas de seguridad en sus comunicaciones por si eran vigilados y hablaban en clave. Los expedientes sustraídos, por ejemplo, eran “empanadillas”, “galletas”, “fotocopias”, “teléfonos”, “hojas” o “camisetas”. Los pagos en efectivo se llamaban “referencia”. Por ejemplo, cuando un empleado decía a su interlocutor “referencia 450” era porque tenía que abonarle 450 euros.

El punto de encuentro es siempre el mismo: el parking subterráneo que hay en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la entrada de la Rambla de Cataluña. Con Montse, se detectaron continuos intercambios de documentación, a la que también se referían en ocasiones como “camisetas” o “galletas”. Todos los encuentros fueron vigilados de cerca por los agentes del grupo de Seguridad Privada de Barcelona del CNP, que se hizo cargo de las investigaciones. El día 3 de enero, por ejemplo, vendió otro paquete de datos por 414 euros. Y el día 5 de enero, otro por 384 euros. La funcionaria, además, llegó incluso a facilitarle el número directo del teléfono de la oficina del INEM “porque siempre está a mi lado” por si se olvidaba el móvil en casa.

De las investigaciones se desprende que Paco gradúa perfectamente los encargos para repartirlos entre los cuatro funcionarios que tiene a su servicio. En ocasiones, el volumen de trabajo en la oficina es tal que no tienen tiempo material de cumplir el encargo y por ello posponen los encuentros.

Otra rama de la trama de informadores tenía a otros funcionarios comprados, tanto del Inem como de Hacienda. Es lo que se desprende de los contactos que mantenían el intermediario Juan Antonio Rama, alias Juanito, con el detective barcelonés Ramón Cot.

Según fuentes del sector, Ramón Cot llegó a ser distinguido con una mención honorífica por la Policía en 2010 por su “especial dedicación e iniciativaen determinadas actuaciones relacionadas con la investigación privada”. Jugador consumado de billar, Cot fue contratado también por el Circuit de Catalunya como responsable de la seguridad dentro del recinto. Pero su verdadera especialidad parecía ser la extracción de datos confidenciales de la Administración, área donde desplegaba claramente su especial dedicación e iniciativa. En sus conversaciones con Juanito, ambos hacen referencia a las “consultas R”, es decir, a declaraciones de renta. Ramón cobra entre 1.300 y 1.500 euros por cada declaración facilitada, pero hace rebajas en el precio si se piden varias. Además, propone a su interlocutor en un momento determinado ampliar la adquisición de datos confidenciales a las empresas de alquiler de coches Hertz y Avis, donde, según asegura, puede extraer “todos los datos”. (Fuente: El confidencial)

07/06/12: Los promotores tiran de la manta en Ayamonte

El ex alcalde socialista de la localidad onubense de Ayamonte Rafael González se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar como imputado ante el juez por presunta corrupción urbanística bajo su mandato alegando que desconocía los hechos de los que se le acusa, al serle notificado el auto hace dos días. Por su parte, el actual regidor, Antonio Rodríguez Castillo, también del PSOE, ha negado irregularidades, pese a que han sido corroboradas por la Junta de Andalucía en el juzgado.

Las citaciones de los dos últimos alcaldes socialistas ayamontinos responden a la investigación judicial puesta en marcha en 2010 a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Huelva que destapó el abuso de la figura del estudio de detalle urbanístico por parte del Ayuntamiento para favorecer a algunas constructoras que desarrollaron la superurbanización de Isla Canela.

También han declarado este jueves como imputados varios técnicos municipales (este viernes están citados otros cuatro) que han justificado las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento y han hecho hincapié en que "en ningún momento se ha realizado ningún cambio de uso ilegal", así como que la actuación en Isla Canela ha sido "legal en todo momento". Aseguran sentirse "aliviados" al poder declarar y aclarar las cosas ante el juez.

Como adelantó EL MUNDO, dos promotores urbanísticos fueron los primeros en 'tirar de la manta' de la corrupción urbanística de Ayamonte y denunciar que, durante los años en que Rafael González estuvo como alcalde, el Ayuntamiento costero habría cobrado una especie de "impuesto revolucionario" a todo el que quería construir.

"Era la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte", afirmó ante la Guardia Civil uno de los empresarios, que llegó a asegurar que no había denunciado 'motu proprio' la presunta extorsión porque le habría sido "imposible trabajar en Ayamonte y en ningún otro lugar donde gobernase el partido que gobernaba en Ayamonte".

La segunda ex mujer de Rafael González también ha testificado ante los agentes que, cuando se casaron en 2000, el regidor estaba tan endeudado que llegaron "a tener al cobrador del frac" tras ellos. Sin embargo, a partir del año siguiente "empezó a mover dinero", afrontando pagos importantes (por ejemplo, 20 millones de pesetas a los proveedores de la ferretería que gestionaba su primera esposa), adquiriendo bienes inmuebles y yéndose de viaje al extranjero cada año.

La ex de González aseguró también a la Guardia Civil que su hija llegó a ver un día "bloques de dinero en hileras" del antiguo alcalde, guardados en "una caja fuerte" oculta en el sótano de la casa. También una histórica concejal socialista como Herminia Gómez declaró ante la Guardia Civil que sabe que el anterior alcalde "tiene un capital", pero que ignora "cómo lo ha hecho". (Fuente: El Mundo)