28/06/11: Miquel Nadal, también detenido por el caso Ibartur

Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex consejero de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco deunas pesquisas que se encuentran bajo secreto dentro del caso Ibatur, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Junto a él también se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la empresa Bahía Difusión, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje. Asimismo, han sido arrestadas otras dos personas, y no se descartan nuevas detenciones a lo largo de esta jornada.

Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).

Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.

En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP. (Fuente: El confidencial)

08/05/11: La sombra del caso Brugal planea sobre la alcaldía de Alicante

El sumario del Caso Brugal revela que Enrique Ortiz pudo haber estado en posesión de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ya en el año 2008, casi un año antes de que fuera aprobado provisionalmente por el consistorio de dicha localidad, ya que el documento salió a exposición pública en primavera de 2009.

En las conversaciones grabadas por la Policía Judicial, destaca una serie de llamadas entre Enrique Ortiz, -que en ese momento se encuentra de vacaciones en las Islas Baleares, en su yate, acompañado por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi- y el constructor Bernardo Campos, interesado en invertir la zona costera de La Condomina, en el término municipal de Alicante.

Según el sumario, en una primera conversación, Ortiz comunica a este empresario que "no te he mandado nada porque no le he localizado todavía a este, pero te lo mandrarán a lo largo del día, de todas formas" y añade, "¿Qué necesitas metros y precios, no?".

El empresario le sugiere a Ortiz que "está el Plan General, un planito si tuvieran", mientras que éste se compromete a enviarle toda la información por correo electrónico.

En otra conversación posterior, el constructor le informa a Ortiz de la existencia de un inversor armenio interesado en "aportar dinero y gestionar algunas actividades para obtener beneficios", según apunta el sumario.

Para garantizar que esta colaboración fructifique, Enrique Ortiz asegura que con una inversión en esta zona podrían obtener un beneficio mínimo "de un 40% o un 50% en dos años" y lo justifica el porqué de esta rentabilidad añadiendo que "ten en cuenta que ahora están comprando ellos suelo a...suelo de rústico y está recalificado en el Plan General, el Plan General está hecho y yo tengo copia. Vamos, te puedo enseñar copia".

La pieza separada del caso Brugal relativa al PGOU apunta que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, (en aquel momento concejal de Urbanismo) y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad. (Fuente: El Mundo)

05/06/11: Las adjudicaciones de Pedro Castro

Pedro Castro las prefiere de Getafe. Las adjudicaciones del consistorio socialista de ese municipio madrileño, han beneficiado en reiteradas ocasiones a la local Constructora de Servicios Públicos SA (Cospusa), que se ha convertido en una habitual en la lista de favorecidos por la Administración pública getafense.

Entre los años 2002 y 2011, esta constructora ha recibido 26 contratos que han generado unos ingresos de 31.649.490,8 euros, si bien no se ha publicitado el importe de tres de los encargos: las obras de reparación de la avenida de la Libertad y senda de Mafalda, y las obras en infraestructuras de centros educativos de 2008 y 2009.

Dieciséis de estos contratos (el 61,5%) fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone la exclusión de otros licitadores y afecta a la libre competencia. Según la ley, este método de contratación tiene carácter excepcional y no debe abusarse de su empleo. Además, hasta en ocho ocasiones se contrató de forma urgente la ejecución de las obras.

El Ayuntamiento de Getafe, dirigido por el socialista Pedro Castro, también adjudicó los proyectos de obras del Plan E en el municipio madrileño de forma harto desproporcionada. Y es que dos constructoras getafenses se beneficiaron de hasta nueve de los 27 millones de euros invertidos por el Estado.

Las favorecidas fueron Cospusa, con seis encargos por valor de 7.186.811 euros, y Ramón y Conchi S.A (Racosa), con cuatro proyectos por 1.705.695 euros. Los restantes 19 millones se repartieron entre una cincuentena de empresas. (Fuente: La Gaceta)

28/05/11: El alcalde de Santa Margarita y Monjós, acusado de corrupción

El fiscal de Barcelona Antoni Pelegrí ha presentado una querella contra el alcalde en funciones de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, Barcelona), el socialista Jordi Girona Alaiza, por tráfico de influencias y prevaricación. Supuestamente, Girona, que no concurrió al 22-M, concedió contratos de manera irregular a una empresa administrada por el arquitecto Josep Soler, con quien tenía una relación de amistad y que fue regidor en Vilafranca del Penedès.

Los contratos de asistencia y consultoría permitieron a la sociedad implicada, Estudi Helix, controlar casi de forma exclusiva todo lo relacionado con las competencias urbanísticas. Esta relación de servicios comenzó en 1997, cuando se firmó el contrato, que cuatro meses después de vencer se prorrogó por dos años y cuya vigencia finalizó en el 2003.

Como no se podía prorrogar más, el ayuntamiento aprobó un pliego de cláusulas especiales, al que el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya se opuso. El consistorio dio marcha atrás, pero adjudicó directamente a la empresa dos contratos menores cada mes, con el supuesto conocimiento de la secretaria municipal, que también figura en la querella. En total fueron 38 contratos y 1,3 millones de euros facturados. (Fuente: El periodico.com)

17/05/11: Enchufes en Telde (Gran Canaria)

REVISTATARA.COM desvela una grabación telefónica, de una conversación entre Silverio Matos y Aureliano Santiago, alcalde de Telde desde hace más de 30 años, y también miembro destacado de Nueva Canarias, que a su vez afronta otras imputaciones judiciales. En esta grabación, Matos pide a Santiago que le busque un puesto de trabajo a su hijo en el Ayuntamiento de Telde, a lo que Aureliano responde que le deje tiempo para mirar en qué departamento se puede encajar al hijo de Matos, al que tranquiliza diciendo que va a pasar el asunto a Fefina, Josefa Milán, concejala de Personal del Ayuntamiento de Telde.

05/05/11: Anticorrupción de Barcelona, la zorra guardando gallinas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado al subinspector jefe de Anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), Antoni Salleras —a cargo de la unidad que actúa como policía judicial de los Mossos—, por presuntamente revelar a una banda de narcotraficantes que estaban siendo vigilados por su unidad.

En un auto del 3 de mayo, el juez también ha imputado a dos sargentos, dos cabos y un agente por supuestamente ocultar información muy relevante al juez para proteger a la cúpula del grupo de narcos, entre los que se encuentra un importante confidente, Manuel Gutiérrez Carbajo, clave en la investigación de la trama de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga. Concretamente, el juez imputa ahora al subinspector Salleras los delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, ocultación de documentos, obstrucción a la justicia, encubrimiento o bien tráfico de estupefacientes, entre otros. En el caso ya estaban imputados otro subinspector, un cabo y otro agente. (Fuente: ABC Cataluña)

04/05/11: Se busca pelotazo en Mallén

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía registró ayer durante más de cinco horas las oficinas principales del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza), en el que los agentes intervinieron tres cajas de documentos. La intervención fue ordenada por la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, que lleva dos años investigando la presunta existencia de una supuesta trama de corrupción en el municipio.

El alcalde, Antonio Asín (PSOE), asistió a los policías y a la comitiva judicial durante su intervención en la sede municipal, que comenzó pasadas las diez de la mañana.

Las pesquisas comenzaron con la presentación de una denuncia, a principios del 2009, ante la Brigada de Blanqueo. Esa primera pista se refería a una operación de compraventa de terrenos en la que había participado el ayuntamiento. Sin embargo, las primeras averiguaciones les aportaron indicios de que podrían encontrarse ante algo de más calado que un simple pelotazo. De hecho, el contenido de la primera denuncia habría pasado a ocupar en la causa una posición de rango menor. Los investigadores comunicaron sus progresos a la magistrada encargada del caso, que declaró secretas las actuaciones.

Las pesquisas abarcan varias actuaciones municipales --tanto del ayuntamiento como de la sociedad urbanística municipal-- fechadas a partir de los primeros años de la pasada legislatura, en torno a los años 2004 y 2005.

Algunas de las gestiones que la jueza y la Brigada de Blanqueo tratan de esclarecer consistirían en el pago de actuaciones y de suministros de bienes que nunca llegaron a materializarse. El presupuesto final de varias de esas adjudicaciones superaría los 100.000 euros. Algunas guardan relación con el campo de las energías renovables, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Las pesquisas también afectan a presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de adjudicación de contratas y abarcan otras supuestas anomalías de carácter administrativo --tanto en el consistorio como en la sociedad urbanística-- así como en la gestión del dinero público.

La investigación, por último, incluye flecos relacionados con pelotazos vinculados a la promoción de la plataforma logística de Mallén, un proyecto rodeado de polémica desde que comenzó a ponerse en marcha a mediados de la década pasada. (Fuente: El periódico de Aragón)