El ex alcalde de la localidad mallorquina de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP), Jaume Massot, han ingresado en prisión este lunes, según ha confirmado una fuente del Centro Penitenciario de Palma. El ingreso en prisión de ambos se ha producido poco antes de las 15:00 horas, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que en mayo del año pasado condenó a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx por construirse un chalé ilegal en el municipio, y a Massot a tres años y seis meses por colaborar en dicho delito. (Ver entradas 23/07/09 y 28/11/06)
jueves, 31 de diciembre de 2009
29/12/09: Abuso tras abuso, hasta la cárcel
El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado al ex consejero de Industria de Cantabria Javier del Olmo (PSOE) a dos años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando presidía el Puerto de Santander.
En la sentencia, el titular del Juzgado, José Hoya, considera probado que Del Olmo despidió y amedrentó al directivo de la Autoridad Portuaria José Manuel del Río por haber declarado en un juicio laboral a favor de otro empleado de ese organismo público, Antonio Martínez, quien también sufrió por parte del acusado "un maltrato, una humillación y una afrenta totalmente indebida".
Además, el juez entiende que Del Olmo, que dimitió del cargo de consejero al ser acusado por la Fiscalía, actuó "con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia" a Del Río y "con ánimo de atentar contra el normal funcionamiento de la Administración de Justicia". (Ver entrada 12.03.2009)
lunes, 21 de diciembre de 2009
21/12/09: Caso "Dico"
El sindicato Manos Limpias ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera una querella criminal contra el alcalde del municipio almeriense de Vera, Félix López, del Partido Andalucista, por un presunto ‘pelotazo’ urbanístico. La denuncia atribuye delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos. También está dirigida contra el concejal de Urbanismo, Francisco Vázquez, el secretario general del Ayuntamiento, Pedro López, y altos directivos del grupo inmobiliario Dico.
El objeto de la querella criminal ante los juzgados es la “recalificación de 300.000 metros cuadrados en el paraje denominado El Gnomo o Media Legua” en el que se pagaron, según Manos Limpias, 600.000 euros en comisiones, “en dinero negro y en billetes de lotería premiados”. Según confirmó a El Confidencial el secretario general de este sindicato, Miguel Bernat, el Juzgado de número 2 de la localidad del Poniente de Almería ha admitido a trámite esta querella al existir diligencias informativas en este caso.
La querella especifica que los responsables del Grupo Dico Empresarial y de la sociedad Key Mare o Key Península o empresa del grupo firmaron un convenio urbanístico con los responsables del Ayuntamiento de Vera (Almería), por el que se convino el “aumento de la edificabilidad y la densidad de las parcelas, entre otras cuestiones, pasando en poco más de un año a multiplicar aproximadamente su valor por 10”.
El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias deja claro en el escrito de la querella que el Grupo Dico Empresarial construyó en la zona de El Playazo, en Vera (Almería), unos apartamentos turísticos denominados Marina Rey Resort, que la mayoría se venden “como renta libre, burlando la ley y la clasificación urbanística de la parcela, en una parcela exclusivamente hotelera”.
El llamado ‘Caso Dico’ fue denunciado por el ex director de la promotora Dico, David Merino. El pasado mes de febrero el alcalde de Vera negó "rotundamente" haber recibido comisiones de Dico y aseguró que "ni un sólo metro cuadrado" de terreno se había recalificado en un municipio que maneja un presupuesto de 12,2 millones de euros y tiene un deuda de ocho millones. Sólo en el apartado de personal gasta 5,4 millones.
domingo, 20 de diciembre de 2009
19/12/09: Las mariscadas de los políticos
La nueva y presunta irregularidad en la gestión de Mercasevilla es una factura de más de 875 euros, abonada por el mercado central, por dos cajas de marisco para la Nochebuena de 2008 destinadas, supuestamente, a dos concejales socialistas: Alfonso Mir y Francisco Fernández.
Así lo ha denunciado el PP en el transcurso de un debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de Mercasevilla, rechazada por el gobierno PSOE-IU por tercera vez. En su discurso, el portavoz adjunto de la oposición, Beltrán Pérez, pidió explicaciones al equipo municipal por una factura, con fecha 24 de diciembre de 2008, pagada por la sociedad pública y firmada por el ex director general e imputado en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y en la venta «ilegal» de los suelos, Fernando Mellet.
Dicha factura, que el PP facilitó junto con un cheque nominativo de La Caixa, se comprometía al pago de diversas cantidades por duplicado de gambas, langostinos, cigalas, nécoras, mejillones, bogavantes y langostas. Al pie del documento una nota manuscrita especifica ‘RR.PP.: Sres. Mir y Fernández’, apellidos que se corresponden con los de dos concejales del PSOE, Alfonso Mir y Francisco Fernández.
Según el documento, el pedido se realizó a la pescadería Pescados y Mariscos E.Calvo, situada en la calle León XIII, quien emitió la factura de los productos adquiridos el mismo día de Nochebuena, el 24 de diciembre 2008. Sin embargo, el abono de la misma no se realizó hasta pasado más de un mes. El ex director de Mercasevilla remitió a la pescadería un cheque de La Caixa el 28 de enero de 2009 e imputó el importe total de la factura, 875,26 euros, a la partida número 6018 de la sociedad pública. (Fuente: El Mundo)
jueves, 17 de diciembre de 2009
17/12/09: Un juez dependiente
El juez Baltasar Garzón pidió a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, que pagara las actividades que el magistrado realizó en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, por un valor de unos 260.000 euros.
Según publica hoy el diario El Mundo, el juez solicitó personalmente mediante una carta al banquero la financiación de sus coloquios -que versaban sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica-, durante varios meses de 2005 y 2006, y éste accedió a la petición, entregándole un total de 302.000 dólares.
Esta relación magistrado-banquero no terminó ahí, sino que, tras el regreso desde Nueva York, y ya reincorporado a la Audiencia Nacional, según explica el rotativo, el juez recibió nuevas noticias del Santander, en forma de querella contra Botín, ante la que "no se abstuvo de intervenir y la inadmitió a trámite". Las razones alegadas por el magistrado fueron que "no había relación directa, ni indirecta, ni de carácter económico con la entidad", cosa que ha quedado desmentida a tenor de las pruebas que se han descubierto.
La correspondencia entre Garzón y el Banco Santander se ha tratado hasta ahora de documentos desconocidos y que no pudieron tenerse en cuenta en la primera investigación que el Tribunal Supremo llevó a cabo al juez y los cursos por los que habría recibido unos 160.000 dólares, mientras seguía cobrando su sueldo como juez de la Audiencia Nacional. (Ver entrada 09.03.2009)
Ahora, toda esa línea de argumentación, así como la defensa del juez ha quedado en evidencia al informar el diario que ha sido esta semana, (el pasado lunes), cuando el jefe de la asesoría jurídica del Santander ha podido entregar a la Sala Penal del TS esas cartas, en las que Garzón se dirige a Botín como "Querido Emilio" y le expresa en varias ocasiones que "te agradezco la financiación".
Además, hay otra carta en la que le agradece "el fax de confirmación del patrocinio" en su propio nombre y en el director del centro, Jaime Fernández, y en la que además de el texto mecanografiado la firma se acompaña de una frase de puño y letra de Garzón: "Te mando un gran abrazo".
17/12/09: Las negociaciones dirigidas...por el presidente del Congreso
El presidente del Congreso de los Diputados ocupa un cargo institucional y, por lo tanto, debe ser neutral y no intervenir nunca en la lucha partidista. El socialista José Bono, sin embargo, ha ignorado esa ley no escrita al negociar entre bambalinas con el PNV para lograr que los nacionalistas vascos se sumasen a los partidos de izquierda y votasen a favor del proyecto de reforma de la Ley del Aborto, según han confirmado a El Confidencial fuentes parlamentarias de toda solvencia.
Los nacionalistas vascos habían advertido que sólo apoyarían la reforma si se introducían dos enmiendas que consideraban "irrenunciables": el derecho de los padres o tutores a ser informados en el caso de las menores de 16 y 17 años que decidan abortar, y el reconocimiento de la objeción de conciencia del personal sanitario que intervenga en la interrupción de un embarazo.
En las conversaciones oficiales participaron el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y los diputados nacionalistas Joseba Agirretxea y Aitor Esteban. Pero en el último tramo de la negociación, y ante la negativa del PNV a renunciar a sus enmiendas, Bono decidió tomar cartas en el asunto, rompiendo la neutralidad a la que está obligado por su cargo, para tratar de vencer la resistencia peneuvista y reforzar la imagen de consenso, dejando aislado al PP.
Las gestiones de Bono en la sombra con la dirección del Grupo Parlamentario Vasco dieron su fruto. El PSOE, finalmente, aceptó las condiciones exigidas por el PNV, pero éste también tuvo que ceder: los padres de las menores que aborten serán informados, siempre y cúando éstas no aleguen "fundadamente" que existe riesgo de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos si comunican a sus progenitores que van a interrumpir su embarazo. Esa fórmula ambigua satisfizo al PNV y, a la vez, permitió al PSOE salvar los muebles ante sus aliados de izquierda, ya que, en la práctica, cualquier joven podrá sortear fácilmente ese obstáculo, como pretendían ERC, IU y BNG.
17/12/09: Superempresa de vallas publicitarias en Badalona
El PP de Badalona denunciará ante la flamante Oficina Antifraude que creó el tripartito un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias que salpica a la empresa municipal Engestur, que preside el alcalde, Jordi Serra, del PSC.
Engestur desarrolla una parte importante del Urbanismo en Badalona. Desde la explotación y construcción de los aparcamientos municipales o la rehabilitación de edificios, hasta la explotación de las vallas publicitarias situadas en espacios públicos de la ciudad. Es en esta última tarea donde el PP ha detectado un supuesto fraude que podría ser sólo, temen, la punta del iceberg de una fraudulenta gestión urbanística que ya se ha puesto en entredicho en otro caso, la Operación Pretoria, en la que el juez Garzón investiga la empresa pública Marina Badalona SA, que gestiona el puerto de Badalona.
Los hechos que el PP denunciará ante la Oficina Antifraude son que, como mínimo desde 2003, muchos de los contratos de explotación vallas publicitarias sitas en espacios públicos se habrían adjudicado, «de manera irregular» a varias empresas que siempre, de un modo u otro, están relacionadas con una misma persona: José Luis Duran Ruiz. «¿Quién es Duran Ruiz?», se le preguntó en rueda de prensa al presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol. «No lo sabemos». Lo que sí saben es que en los últimos siete años Engestur ha adjudicado un total de 21 contratos de explotación de vallas, de los cuales 19 han ido parar a manos de distintas empresas relacionadas con Duran. Empresas tales como Mira Publicidad 2003 SL o Comunicación Publicitaria 2000, en las que Duran consta como apoderado o administrador. Incluso, se da la circunstancia de que en el algún caso Engestur invitó a dos empresas distintas a optar a la adjudicación de un contrato y el PP ha comprobado que el el administrador de ambas sociedades es el mismo, el tal Duran.
Engestur «sólo» cobró 242.000 euros de las empresas de Duran por tantos contratos, «cuando se habría podido sacar el doble o el triple». Sospecha García Albiol que, a cambio, Duran «trataba con cariño al PSC» a la hora de poner propaganda electoral en vallas publicitarias. (Fuente: ABC)
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