02/11/2012: Montoro y el lobby de la renovables

El prestigioso diario “The Wall Street Journal” (WSJ), considerado la “biblia” económica de la aldea global, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a su “jefe de gabinete”, que no identifica, pero que es Felipe Martínez Rico, de haber realizado una reforma del sector eléctrico que va a costar 1.100 millones de euros a las familias españolas para poder pagar las subvenciones a la energía solar.

“El hermano del Sr. Montoro y el hermano de su jefe de gabinete forman parte de un lobby que asesora a empresas de energía solar”, dice WSJ, que arroja como resultado el que “1.100 millones de euros de las subvenciones los pagarán las familias”. Según pudo saber DRC, la investigación del diario norteamericano da en el clavo: el hermano de Felipe Martínez Rico es Ricardo, vocal de la empresa Abengoa, el mayor promotor mundial de energía solar. Y Ricardo es socio de Ricardo Montoro, pues ambos crearon “Equipo Económico”, el consulting que se está haciendo de oro con la decidida apuesta de Cristóbal Montoro y Felipe Martínez Rico en favor de las energías renovables, y en el que trabajó como empleado de lujo un economista al que hicieron luego ministro: se llama Luis de Guindos. Y el director general que trabajó a las órdenes de Cristóbal Montoro en la Agencia Tributaria, Manuel de Vicente-Tutor, es hoy también socio de “Equipo Económico”, el lobby al que alude el WSJ y que se presenta en internet como “un conjunto de expertos, entre los que se encuentran algunos responsables del programa económico aplicado en España entre los años 1996 y 2004″.

Según recordó ABC, “Equipo Económico”, es también el despacho de abogados de Ricardo Martínez Rico, que cuando fue político desempeñó el cargo de ex secretario de Estado de Presupuestos en el último Gobierno de José María Aznar. Al perder las elecciones, asesoró al “G-14, Inmobiliarias por la Excelencia”, lobby creado por las principales empresas promotoras y cotizadas en Bolsa y cuyo principal impulsor fue el ex presidente del Real Madrid y de la concursada inmobiliaria Martinsa Fadesa, Fernando Martín. Martínez Rico relevó en el cargo a Pedro Pérez, que fue secretario de Estado de Economía en la etapa de Carlos Solchaga como ministro de Economía.

La denuncia de WSJ alude al pulso político que mantienen Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, ministro de Industria, a causa de las energías renovables. La vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría dijo que “estaba segura” de que la reforma eléctrica no afectaría a la factura de los hogares españoles, pero al final estos tendrán que pagar las subvenciones solares. Jose Manuel Soria proponía que fueran las empresas solares, eólicas y térmicas las que revirtieran la subvención en forma de impuestos, pero Montoro decidió que “no se gravara la tecnología”. (Fuente: Diariorc.com)

Enlace: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204840504578086224291581676.html

30/10/12: Over sigue devorando políticos baleares

El director insular de la Administración del Estado en Menorca, Antonio Luis Juaneda, el alcalde de Inca, Rafel Torres (PP), y  Encarnación Padilla, cuñada del ex presidente autonómico Jaume Matas, declararán la próxima semana en Palma como imputados en el caso Over, donde se investiga la presunta financiación irregular del PP balear entre los años 2003 y 2007. Los dos están entre las 13 personas citadas por el juez instructor, José Castro, en un auto en el que también levanta el secreto de sumario de esta causa de presunta corrupción derivada del caso Palma Arena y que gira en torno a las contrataciones del Gobierno balear balear de Matas con la empresa de publicidad Over Marketing, relacionada con la trama Gürtel. Juaneda ha presentado su dimisión a la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, tras su imputación.

Según sospecha la Fiscalía, estos trabajos se justificaron con facturas falsas o infladas y en realidad eran una manera de pagar a Over con dinero público sus labores para el PP, entre las que se cuentan la campaña electoral de 2003 y 2007. El director insular del Gobierno en Menorca, citado el día 7, actuó como representante en Baleares de Over Marketing, mientras que Encarnación Padilla, citada el día 5, ocupó el cargo de directora general de Tecnología y Comunicación, dependiente de la Consejería de Economía e Innovación, y firmó al menos cuatro contratos con Over. 

Ese día está asimismo citado como imputado Javier Rodrigo de Santos, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en el año 2003. Rodrigo de Santos, que está en prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores, intervino supuestamente en la contratación de Over por parte del Ayuntamiento de Palma, que requirió sus servicios para la inauguración del parque público de Sa Riera. Otro de los imputados es Antonio López (día 7), ex gerente del PP balear, que controló la financiación de la campaña de este partido en el año 2003. También está citada como imputada María Luisa Durán (el miércoles día 7), quien trabajó en tareas de publicidad de la Consejería de Salud y luego estuvo contratada por Over, empresa encargada de llevar a cabo la campaña de publicidad del nuevo hospital de Son Espases. 

Por parte de Over Marketing, el juez ha citado como imputado el día 12 al director gerente, José Ignacio Rodríguez, y a la directiva de la empresa María Enriqueta Sierra, el día 5. Como testigos están citadas cinco personas, entre ellas María Luisa Ginard, ex directora general Función Pública -dependiente de la Consejería de Interior-. 

El juez también interrogará en calidad de testigo a tres encargadas de prensa de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Matas, que declararán todas ellas el día 6, y a la persona que entre 2004 y 2005 desempeñó el cargo de jefe de la Unión de Gestión Económica de la Consejería de Interior, que abrirá la ronda de declaraciones el día 5 a las 9:30 . Tras estas 13 personas, y en función a sus declaraciones, el juez podría citar a los responsables de las consejerías implicadas en este caso de supuesta corrupción. (Fuente: Diariodesevilla.es)

Murcia o la corrupción que no cesa

El juez que instruye las diligencias por presunta corrupción contra los alcaldes murcianos de Torre Pacheco, Daniel García, y Fuente Álamo, María Antonia Conesa, ambos del PP, ha hallado indicios de delito y dado 10 días al fiscal y a las defensas para que pidan abrir juicio oral o archivar las actuaciones.

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Santiago Alejandro García, al que ha tenido acceso Efe, afecta también al empresario Facundo Armero, al aparejador municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera, y al jefe de la Policía Local de ese municipio, José Mercader.

El auto indica que de las actuaciones llevadas a cabo se desprende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de tres delitos de prevaricación -uno de ellos, por omisión-, dos de malversación, uno de cohecho y dos de tráfico de influencias.

A García le atribuye haber intervenido presuntamente en una permuta de terrenos municipales con otros propiedad de la empresa Mar Menor Golf Resort, S.L. que habría supuesto unos perjuicios para las arcas municipales que el juez cifra en 3,5 millones de euros y unos beneficios para esa sociedad de 9,3 millones.

Al alcalde de Torre Pacheco le atribuye también haber pedido al jefe de la Policía Local la retirada de la multa de 1.500 euros impuesta al familiar de un amigo de aquel por conducir sin tener sin el seguro obligatorio.

El juzgado advierte indicios criminales contra García y Armero en otra operación inmobiliaria que igualmente habría sido perjudicial para las arcas municipales.

El auto vincula también el nombre de Armero con el de la alcaldesa de Fuente Álamo a raíz de la entrega de 12.000 euros que el primero hizo supuestamente a la segunda y que el juez cree que tenía como finalidad que el empresario se viera beneficiado con la adjudicación de contratos públicos. (Fuente: la información.com)

20/09/12: Operación "Pokémon"

El alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, ha sido detenido hoy, junto a otras once personas, entre ellas el primer edil de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio Vázquez, en la denominada operación Pokémon, que investiga una presunta corrupción en la ejecución de contratos públicos.

Las detenciones han sido practicadas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuatro de ellas en Lugo, una en Bueu (Pontevedra), dos en Ourense, otros dos en A Coruña, una en Santiago de Compostela, una en Madrid y otra en Asturias, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.

El regidor orensano fue detenido en la mañana de este jueves y trasladado en coche policial a Pontevedra en relación con una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según han precisado a Efe las fuentes.

Entre los arrestados en Galicia figuran el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y un funcionario del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

La operación la dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes, la misma jueza que instruye la denominada operación Carioca, encargada de investigar presuntos delitos de una supuesta trama de corrupción, blanqueo de capitales y prostitución en Lugo.(Fuente: El economista)

17/09/12: La sombra de la corrupción planea sobre el ayuntamiento de Madrid

El área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado esta mañana que el reciente relevo del director de la Cineteca se debió a posibles sombras de corrupción; que los premios Villa de Madrid pasan este año de 23 categorías a tan solo una porque los galardones estaban “obsoletos, habían crecido desmesuradamente y había que replantearse su vigencia y legitimidad”; que la programación cultural en los distritos hasta final de año se reactivará con dinero privado de la SGAE; que tratará de “no repercutir al 100% la subida del IVA para minimizar” su impacto en los precios de los espectáculos municipales; y que buscará “nuevas fórmulas” junto a la iniciativa privada para poner en marcha el centro cultural y teatro infantil Daoiz y Velarde, aún en obras pero ya “imposible”.

El concejal de Las Artes, Fernando Villalonga, destituyó hace unos días mediante burofax (“no se presentó a la cita convocada, decidió irse de viaje a China”) a Antonio Delgado, hasta entonces y desde hacía 10 años director de la Cineteca, el espacio municipal dedicado al cine documental, y del festival Documenta Madrid.

Villalonga, por su parte, “enmarcó” su decisión “dentro de la renovación del equipo de Las Artes” tras los nueve años de gestión del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y de su responsable cultural durante ese periodo, Alicia Moreno.

Sin embargo, el número dos de Villalonga, Timothy Chapman, ha explicado esta mañana en la comisión municipal de Las Artes que el cese se debió “a una completa pérdida de confianza al averiguar que no se han gestionado con la debida atención los recursos” de la Cineteca. “Los costes de oportunidad han sido muy importantes, y la relación simbiótica con determinados proveedores se ha convertido más bien en parasitaria”, ha añadido. Es decir, que presuntamente Antonio Delgado habría contratado a precios superiores al de otras posibles ofertas para favorecer a determinados proveedores. Según Chapman, que ha evitado hablar, como en ocasiones anteriores al referirse a la gestión de Alicia Moreno, de irregularidades”, la gestión de Delgado ha sido “una chapuza”.

Inquirido por Unión Progreso y Democracia sobre si denunciará esas posibles irregularidades ante el Tribunal de Cuentas u ordenará una comisión de investigación o una auditoría sobre el presunto daño a las arcas públicas, Chapman ha matizado sus palabras: “Yo no le he acusado de nada, he dado una apreciación subjetiva de si había suficientes motivos para su continuidad”. Sin embargo, sí ha señalado que se está llevando a cabo una auditoría interna, y fuentes de Las Artes han añadido que, en caso de detectarse irregularidades, se denunciarán ante la justicia. (Fuente: El Pais)

06/09/12: Operación "Dársena"

 La Policía Nacional ha detenido este pasado miércoles a una persona en el marco de una operación policial por un presunto caso de corrupción en el puerto de Málaga, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   La actuación, de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado Udyco del Cuerpo Nacional de Policía, se ha producido en el marco de la denominada operación 'Dársena', llevada a cabo por la sección de blanqueo de capitales Udyco de la Costa del Sol, en coordinación con la Fiscalía.

   Al parecer, el ahora detenido es el anterior jefe de Infraestructuras en el puerto de Málaga, que fue despedido hace un año por supuestas ilegalidades en la contratación de obras, según publica diario 'SUR'. Los agentes se han incautado de diversa documentación en la vivienda del arrestado, J.P.G.F., que será analizada ahora por los responsables de la operación.

Y es que con motivo de la colisión, hace tres años, de un barco contra el atracadero sur de cruceros dañando gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado unos dos meses antes, fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados. Fue aquí cuando comenzaron a surgir interrogantes.

   Tras la inspección, se comprobó que se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa constructora. Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades que se materializó en el despido en enero de 2011 del ahora detenido. (Fuente: Europapress Andalucía)

06/09/12: La sombra de Mercasevilla, planea sobre la ministra Báñez.

Agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil han interrogado en las últimas horas a varios directivos de la firma Construcciones Juan de Robles, una de las empresas familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos de Mercasevilla, según han revelado a El Confidencial fuentes conocedoras del caso. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía.

La juez sostiene que los imputados en el caso Mercasevilla -que dio origen al escándalo de los ERE- concertaron "ofertas de relleno" con las empresas que se presentaron a ese concurso, entre ellas la de la familia Báñez, con el objetivo de "favorecer claramente" a la firma Sanma, que fue la que finalmente se llevó el gato al agua, a pesar de que su propuesta económica no era la mejor. La tesis de Alaya es que los pliegos de condiciones del concurso fueron amañados para facilitar la "venta ilegal" de los terrenos de la lonja sevillana a Sanma, que ofreció por ellos 52 millones de euros menos que una de sus competidoras.

En un auto dictado el pasado 12 de junio, la juez ordena a la Guardia Civil que investigue las "relaciones societarias" entre Sanma y sus rivales para averiguar si el concurso estuvo "predeterminado", es decir, amañado. Alaya basa sus sospechas en que Construcciones Juan de Robles -la empresa familiar de Báñez- y otras cuatro que pujaron por los terrenos de Mercasevilla -Realia, Azucarera Larios, Edamar y Prasa- no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias y dejar el camino libre a Sanma. ¿A cambio de qué? Ese es el enigma que, con ayuda de la Guardia Civil, trata ahora de resolver la juez.

Construcciones Juan de Robles pertenece al Grupo Báñez García, un consorcio empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo con intereses en los sectores agrícola, ganadero y de la construcción. Fátima Báñez es accionista de la empresa familiar -posee 78.523 participaciones del grupo-, según consta en la declaración de bienes y rentas que ella misma presentó en el Congreso el pasado 29 de noviembre. La consejera delegada del holding, que tiene su sede social en Huelva, es la madre de la ministra,Ana García, y figuran como consejeros sus hermanos Francisco, Juan,Eduardo, Ana y Carmen. (Fuente: El Confidencial)