01/02/12: Las obras de la policía, bajo sospecha

El juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por una presunta trama de corrupción en la Policía Nacional a la hora de conceder obras durante los años 2010 y 2011, durante el periodo de mandato de Pérez Rubalcaba y de Antonio Camacho. La denuncia llegó en un sobre anónimo a la Delegación de Hacienda, que se la remitió a la Dirección General de la Policía. Ayer mismo, el SUP trasladó esa misma información a la Fiscalía Anticorrupción.


Según la denuncia anónima, multitud de grandes contratos realizados durante los ejercicios de 2010 y 2011 se troceaban en varias adjudicaciones separadas para poder ser concedidos sin publicidad, es decir, a dedo, y los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30 % del coste del proyecto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que también le llegó la denuncia anónima, la remitió este martes a la Fiscalía Anticorrupción, si bien el asunto ya estaba siendo instruido, cosa que el SUP no sabía dado el secreto con el que el titular del Juzgado número 26 lo está investigando.

En la denuncia se dice que durante los últimos años se han adjudicado contratos a "empresas amigas o compinchadas", simulando adjudicaciones menores, o bien fraccionando un presupuesto en varios menores y así adjudicarlos a otro amigo, o bien inflando los honorarios facultativos hasta llegar a más del 30 % de la ejecución material de una obra.

Según esa misma denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico, durante al menos los ejercicios de 2010 y 2011 -es decir, en la última etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y la de su sucesor en el cargo, Antonio Camacho-, se habrían amañado concursos de obras para que determinadas empresas y personas se beneficiaran de forma supuestamente ilícita.

"En todos los casos estas irregularidades están bien dirigidas siempre a las mismas empresas, que son bastantes, y a los mismos técnicos, circunstancias que implican la connivencia del técnico que lleva la zona geográfica y el jefe del Área, que tienen en común que ninguno de los dos son policías, y al parecer su código de compromiso con la institución deja mucho que desear", dice la denuncia, que lleva por encabezamiento el siguiente título: "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía".

25/01/12: El dinero público para pluriempleo… y belleza

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco Lorenzo (PP), se gastó 179,82 euros en un tratamiento de belleza el 2 de abril de 2011 pagándolo con la tarjeta de crédito asociada a la cuenta que la Diputación abre a cada partido con representación para que asuma sus gastos de protocolo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso 20 minutos, el PP recibe de la Diputación entre 3.500 y 3.800 euros al mes por este concepto de protocolo. El dinero se ingresa en una cuenta de La Caixa. Los nueve diputados del PSOE y el que tiene la Unión del Pueblo Leonés también reciben sus fondos por este concepto.

Desde esa cuenta se abonó el 2 de abril a las 12.53 horas 179,82 euros a la empresa Belleza Yowe, una firma de estética con dos sedes en León que vende productos de belleza y ofrece tratamientos y masajes. Aunque la cuantía no es elevada, este diario ha intentado recabar la versión de la presidenta y ha preguntado a la Diputación si un tratamiento de belleza se encuadra dentro de los gastos típicos de protocolo y representación, unos fondos que proceden de las arcas públicas. No hubo respuesta.

Isabel Carrasco es, a sus 56 años, una de las políticas mejor remuneradas y más pluriempleadas de España. Como presidenta de la Diputación cobra 79.800 euros brutos al años. Este diario también ha pedido la aclaración de otros gastos ligados a la tarjeta.

En los últimos dos años, Carrasco ha ocupado otros 12 cargos más. Desde mayo es concejala en el Ayuntamiento de León, por lo que tiene derecho a 3.600 euros anuales en dietas. Como presidenta del Instituto Leonés de Cultura (ente autónomo dependiente de la Diputación) tiene derecho a unas dietas de 837 euros con un máximo de 16 de estas cuantías al año.

En octubre accedió a la presidencia del Consorcio Provincial Gersul, por la que tiene derecho a 380 euros de dietas por asistir a la Asamblea General (dos al año) y otros 380 por presidir las Juntas de Gobierno (12 al año). También está en el consejo de Caja España. En 2010 recibió más de 62.000 euros en concepto de dietas y desplazamientos. Importe que rebajó a 30.190 en 2011.

Además, el PSOE denunció en diciembre a Carrasco ante el Juzgado número 2 de León por supuesta malversación de fondos públicos. Carrasco utilizó el coche oficial y el chófer de la Diputación, un Audi A6, para asistir a los consejos de Caja España y de sus empresas participadas, y de luego pedir a la entidad las dietas por kilometraje "al objeto de ingresarlas en su cuenta personal". La denuncia revela que hizo más de 1.000 kilómetros y que cargó esos gastos de "forma irregular" a las arcas públicas.

09/01/12: Subvenciones para negocios, juergas, alcohol y drogas.

El antiguo Chófer del ex director general de Empleo del Gobierno andaluz, Juan Francisco Trujillo, asegura que su jefe se gastó en comprar cocaína, ropa, fiestas y copas parte de los 900.000 que percibió de ayudas de la Junta de Andalucía.Según declaró Trujillo a la Policía, la Junta le concedió en 2004 dos subvenciones por valor de 450.000 euros a dos empresas de su propiedad y que parte de ese dinero se lo dio en mano a Francisco Javier Guerrero y parte lo empleó en la compra de una parcela rústica de la que obtuvo mas de 100.000 euros de plusvalía y de un apartamento en Sevilla.

El ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, imputado por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, sostiene que es "totalmente falso" que ordenara a su chófer comprar cocaína con las ayudas y ha anunciado querellas contra él y quienes recojan sus afirmaciones. (Fuente: El mundo)

03/01/12: Cuba sirve de aclarado del “caso de las Teresitas”

Agentes de la Policía Judicial investigan al ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Miguel Zerolo, bajo sospechas de que realizó inversiones en plantaciones de tabaco y negocios inmobiliarios en Cuba con dinero ilícito procedente de una trama de corrupción.


Los hechos, bautizados como Caso de Las Teresitas, se remontan al 2001 y demuestran que hubo un cobro de comisiones millonarias en la compra y venta de terrenos situados a unos 10 kilómetros de la capital de Tenerife. En esa transacción Zerolo aparece como uno de los principales imputados.

Según la información de la que dispone la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, el ex alcalde visitó Cuba hasta 12 veces, cinco de ellas en 2004, acompañado de su principal testaferro amigo íntimo, el periodista Jorge Bethencourt, aunque la investigación judicial no especifica las operaciones en que utilizaron el dinero presuntamente ilícito.
Dada la proximidad en las fechas en que los implicados visitaron Cuba en el mismo año, los investigadores aseguran que “se podría descartar que los viajes lo fueran de placer, más bien aparentan viajes con la intención de controlar algún tipo de negocio”.

Entre los múltiples asuntos que salen a relucir en el sumario judicial se documenta que en marzo de 2006 Zerolo coincidió en un hotel madrileño con Félix de la Calle Montalvillo, empresario canario con negocios en Nicaragua, y un representante de la firma Luis Zamorano Tais, relacionado con la sociedad Tabacos La Nubia. El personal del hotel declaró que sus conversaciones se relacionaban con el desarrollo de negocios en Cuba, según el diario digital Canarias Ahora.

Aunque en el informe policial no figuran oficialmente cuentas abiertas en La Habana a nombre de Zerolo u otro de sus allegados, fuentes de la investigación señalan que las autoridades cubanas no descartan que puedan haber establecido negocios de forma directa con españoles afincados en la isla caribeña.

Junto al resto de los empresarios y políticos querellados en el proceso judicial por la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, en los próximos meses Zerolo tendrá que hacer frente ante el Tribunal Supremo de Justicia de España por cargos de prevaricación y malversación de caudales públicos. (Fuente: Café Fuerte)

20/12/11: Cárcel de Huelva; regalos por vista gorda.

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha destituido al director de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz, por su vinculación con una supuesta trama que ofreció sobornos a diferentes funcionarios de la prisión onubense. El Ministerio del Interior tiene previsto denunciar este miércoles ante la fiscalía los indicios delictivos de esta red relacionada con un narcotraficante interno en la cárcel y que apuntan a delitos de cohecho con regalos de diversos automóviles a cambio de tratos de favor.

Los inspectores de Interior interrogaron a Sanz el pasado viernes y tras sus explicaciones, poco convincentes para la investigación interna, Gallizo le destituyó el lunes por una “pérdida de confianza”, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. “Por diferentes vías” llegaron a Interior denuncias de “comportamientos irregulares” en la prisión, señalaron dichas fuentes. La investigación de los inspectores de Instituciones Penitenciarias está aún abierta y puede afectar al menos a otros tres funcionarios. Interior baraja que uno de los inspectores asuma la dirección del centro en los próximos días.

Entre los internos implicados en la investigación figura el supuesto narcotraficante onubense A. S., recluido en la prisión desde el pasado agosto, cuando fue detenido en su vivienda de Estepona (Málaga) por la policía en el marco de la Operación Celeste. Este preso podría ser el detonante de la destitución de Sanz. Anselmo Sevillano confesó, según informó TVE, que le había regalado a Francisco Sanz dos coches de alta gama a cambio de que le ayudara a conseguir el tercer grado al preso F. E., alias El Negro, primo suyo encarcelado en la prisión onubense y que logró finalmente salir los fines de semana.

La entrega de los coches se efectuó a través de la empresa del narcotraficante, Onucar Import, ubicada en el centro de Huelva, en un solar donde actualmente se construye un edificio.

La sorpresa ante la destitución de Sanz fue mayúscula en Interior por la trayectoria del director, “un histórico”, según fuentes del Ministerio. Sanz llevaba desde 1998 al frente de la prisión de Huelva y más de dos décadas en puestos de alta responsabilidad en prisiones. (Fuente: El Pais)

02/12/11: El caso Urdangarín arrastra a exdirectivos de la Ciudad de las Ciencias

El juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena ha imputado a dos ex directores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar, en relación con la investigación sobre el Instituto Nóos, la fundación presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Asimismo, se ha imputado a una tercera persona, cuya identidad no ha trascendido.

Los agentes judiciales se han desplazado hasta las oficinas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) para interrogar a los técnicos que participaron en la redacción de los contratos con el Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit. Por estas jornadas sobre grandes eventos deportivos y turismo, la entidad presidida por Iñaki Urdangarín recibió 3,5 millones de euros.

En paralelo, el vicealcalde de esta ciudad, Alfonso Grau ha prestado declaración este viernes ante el fiscal de Baleares. A su salida, ha aclarado que su comparecencia ha sido en calidad de testigo, aunque no ha adelantado más datos tras alegar que la causa es secreta.

Junto a Aguilar y Vela, también declaró el jueves José Salinas, el director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó con Nóos el convenio para organizar estas dos jornadas.

Salinas, preguntado por este periódico, aseguró que sólo fue requerido para certificar la veracidad de la documentación confiscada en su día por la Policía Judicial. El pasado 8 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en la Consejería de Presidencia y en Cacsa para llevarse todos los expedientes de los contratos.

A la celebración del Valencia Summit durante los años 2004 y 2005, unas jornadas sobre los efectos de los grandes eventos en el turismo por las que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia pagaron conjuntamente 3,5 millones de euros, según se ha reconocido de manera oficial, se suma otro contrato firmado por el ex presidente Francisco Camps y el propio Urdangarin, para lograr que la ciudad albergara unos hipotéticos Juegos Europeos. Por esta misión, el duque de Palma percibió 382.000 euros, aunque el montante total del convenio ascendía a tres millones de euros. (Fuente: El Mundo)

02/12/11: Corrupción condecorada

El miércoles de la semana pasada recibió una condecoración municipal con motivo del Día de la Policía local de Sevilla. Y dos días después fue imputado por el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, junto con dos de sus hijos, por un presunto delito de cohecho con motivo de una investigación sobre una trama de corrupción policial. M.S.A., mando de la unidad de Motoristas de la Policía Local, así como dos de sus hijos, también motoristas, y otro mando con las iniciales J.A. tendrán que declarar, junto con otros cinco compañeros más y dos civiles, los próximos días 6 y 7 de febrero ante la juez que instruye el caso, Carolina Herencia. Lo que se investiga es una posible trama ilegal de cobro de tasas por transporte de mercancías que estos policías podrían haber liderado aprovechándose de esta condición y fuera del horario de trabajo. Al parecer, los agentes acudían de uniforme a prestar estos servicios y podrían haberse apropiado de manera indebida de las tasas municipales.

Igualmente, se les investiga por otra trama que consistiría en el cobro de ciertas cantidades para retirar multas, mientras que la Fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación sobre la posible falsificación de sellos judiciales por otros agentes para cobrar las dietas por asistir a juicios, según ha podido confirmar ABC de fuentes judiciales. Lo cierto es que todos los que ahora han sido imputados penalmente ya lo estaban policialmente, pese a lo cual el Ayuntamiento condecoró a uno de los supuestos cabecillas de la trama la semana pasada.  (Fuente: ABC Sevilla)