20/10/11: Arroyomolinos, adjudicaciones de obras a las bravas.

El alcalde de Arroyomolinos (14.000 habitantes), Juan Velarde (PP), tendrá que declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero, que investiga si el regidor pudo haber cometido los delitos de malversación y prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La decisión judicial, que también incluye entre los imputados a otros ediles y cargos del Ayuntamiento, fue adelantada ayer por la cadena SER, que en su información asegura que el equipo de gobierno del municipio del sur de Madrid pudo haber aprobado contratos "fraudulentos" por un valor superior a los 40 millones de euros.

El caso fue denunciado inicialmente por los concejales socialistas de la oposición ante la fiscalía en 2007, y posteriormente presentada en el juzgado de Navalcarnero, que la admitió a trámite e inició sus pesquisas. En 2010 los ediles del PSM-PSOE ampliaron la denuncia, por la que deberán declarar el alcalde y su equipo de Gobierno.

Según la documentación aportada al juzgado por los socialistas, Velarde adjudicó la construcción y ejecución de obras de edificios municipales a través de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (Emuvisa), eludiendo hacerlo desde una de las concejalías del Consistorio. De esta manera, según la cadena SER que cita la denuncia, elegían a dedo las sociedades que iban a ejecutar el contrato, "saltándose así el concurso público al que está obligado el Ayuntamiento". Entre los edificios que habrían sido adjudicados de esta forma, presuntamente ilegal, estarían la casa cuartel de la Guardia Civil, el centro de artes, un recinto ferial, un aparcamiento, un centro de mayores, el vivero municipal, las dependencias de la policía local, un garaje-aparcamiento, una plaza pública y el acondicionamiento de zonas verdes. Además, los informes de la secretaría del Consistorio eran desfavorables.

18/10/11: Se extiende la “operación biblioteca”

El alcalde de Aledo (Murcia), Simón Alcaraz, ha sido detenido en el marco de la 'operación Biblioteca' contra una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la localidad de Librilla, y que se extiende ahora a la vecina población de Aledo.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el regidor municipal, del PP, es uno de los ocho detenidos en esta causa, que instruye el titular del juzgado número seis de Murcia, Andrés Carrillo.

El letrado ha dicho desconocer los cargos que se le imputan a Alcaraz, quien, según Guerrero, no ha prestado declaración ante los agentes de la UCO, que han requerido documentación del área de urbanismo municipal de esta pequeña localidad de algo más de un millar de habitantes.

Los agentes han pedido documentos relacionados con una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en la también localidad murciana de Librilla. En Murcia, los agentes de la UCO encargados de los registros han abandonado sobre las 22.00 horas el Palacio de San Esteban, sede de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, y el edificio de la Ronda de Levante donde está la de Sanidad y Política Social, adonde entraron sobre las 8:00 y de donde se han llevado expedientes relativos a contrataciones realizadas entre 2003 y 2007. La causa ha llevado a la detención de otras cinco personas en la provincia de Murcia y de una en la de Alicante.

La 'Operación Biblioteca', que investigó una supuesta caso de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, condujo en 2007 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja cautelar en el partido como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. (Fuente: 20 minutos)

14/10/11: Las dádivas de Fernández Vara.

El cambio de color político en Extremadura no ha sido precisamente tranquilo y sigue deparando sorpresas, la última de ellas por valor de medio millón de euros. Según ha averiguado El Confidencial, el ex presidente extremeño,Guillermo Fernández Vara, gastó más de 500.000 euros en una web oficial que presentó al público por todo lo alto, pero ocultó la factura a los ciudadanos, a quienes aseguró que no había “costado un euro”. La página está actualmente fuera de servicio, ya que el Gobierno extremeño debería pagar cerca de 200.000 euros adicionales para renovar su funcionamiento.

Vara se implicó personalmente en diciembre de 2010 en el lanzamiento de ‘opinaextremadura.es’, una página web con la que pretendía fomentar el diálogo entre los extremeños y su Gobierno cuando apenas restaban cinco meses para las elecciones autonómicas. “Esto hay que hacerlo porque es necesario. No porque sea moderno. Esto hay que hacerlo porque es la única manera de poder hacer y estar con toda una generación de gente”, afirmó el dirigente socialista durante la presentación del portal. No obstante, matizó queaprobó el proyecto en plena crisis porque no le había “costado un euro” a Extremadura.

“Les confieso que muy probablemente en un escenario de crisis como en el que vivimos, si no hubiera sido porque Telefónica ganó un concurso de la Junta hace unos años y se comprometió a desarrollarnos un proyecto tecnológico como mejora, y hemos elegido éste, muy probablemente no habríamos podido hacerlo”, sostuvo Vara. Sin embargo, lejos de resultar gratis a las arcas públicas, la web costó 513.300 euros.

En concreto, 19.802,47 euros en concepto de “modelización operativa”; 7.376,54 por “definición de contenidos”; 64.098,51 por “difusión y captación de participantes”; 99.400,19 por “servicio de mantenimiento estratégico y operativo”; 205.603,67 por “diseño y desarrollo de la plataforma eDemocracia”; 24.056,50 por “servicio de mantenimiento correctivo”; y 14.662,12 por “servicio de hosting y distribución de contenidos digitales”. Un conjunto de servicios que no fue objeto de contratación administrativa y a cuyas cifras hay que sumar el IVA.

Pero los gastos no terminan ahí. Si el nuevo Gobierno del popular José Antonio Monago quiere actualizar los servicios de la web y que ésta vuelva a estar disponible, deberá pagar otros 173.975 euros. De acuerdo con fuentes próximas a la administración autonómica, el Ejecutivo no tiene intención de renovar el contrato, ya que pretende reorganizar el “entramado digital” de más de 400 webs oficiales existentes en Extremadura. Además, el resultado de ‘opinaextramadura.es’ desde diciembre de 20120 no ha sido muy relevante: se registraron 2.175 usuarios, pero solo el 0,5% se mantuvo activo, y apenas se enviaron 300 iniciativas ciudadanas.

04/10/11: La “operación campeón”, delata a Blanco.

El 24 del pasado mayo el Juzgado número 2 de Lugo, por orden de la juez Estela San José, ordenaba la detención de 15 personas y la realización de 12 registros en sedes empresariales y en domicilios particulares, entre los que estaban los de directivos y personal de Nupel, la empresa propiedad de Jorge Dorribo, y de otras empresas que supuestamente colaboraron en una trama de cobro ilegal de subvenciones.

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo a que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. Se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El principal implicado y, aún en prisión por este caso, es el empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel. La trama se centra, principalmente, en él porque fue quien, presuntamente, manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas.

La farmaceutica Nupel fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio y Dorribo, que pavoneaba de ser uno de los empresarios más ricos de la provincia, llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya.

El ministro portavoz y de Fomento, José Blanco, apareció en escena tras la información publicada este martes por EL MUNDO. Dorribo lo acusa de cobrar 400.000 euros a cambio de facilitarle una ayuda de más de 467.000 euros de la Dirección de Ayudas Regionales para que el Ministerio de Sanidad agilizara unos permisos de Laboratorios Nupel. Los cobros de los supuestos sobornos se realizarían a través de las empresas Proitec, registrada en el marco de la trama, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad de un primo político del ministro. (Fuente: El Mundo)

27/09/11: Siete detenidos en Ronda por corrupción inmobiliaria

El exalcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara (PSOE), ha sido detenido como presunto autor un delito de corrupción urbanística en el municipio, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan nuevas detenciones. Agentes de la Policía Nacional llevan registrando tanto la sede del Consistorio como la delegación de Urbanismo desde primeras horas de la mañana. Se trata de una investigación por presunta corrupción urbanística. La causa ya se encuentra judicializada y desde hace al menos un año la Fiscalía Anticorrupción está investigando determinadas operaciones urbanísticas.

Según ha afirmado la actual alcaldesa del municipio, María Paz Fernández(PP), las actuaciones están relacionadas con el equipo de gobierno anterior. De hecho, ha informado de que los registros comenzaron a realizarse en los despachos del este detenido, así como del ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara. Los tres han sido detenidos juntos a otras tres personas de las que todavía se desconoce su identidad.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación. Los agentes de la Policía judicial han llegado a las nueve de esta mañana con un auto que les autorizaba la entrada en las dependencias municipales rondeñas y el registro de las mismas. La Policía mantiene acordonadas las sedes del Ayuntamiento y de Urbanismo y no permite ni entrar ni salir a los trabajadores municipales. El ex alcalde rondeño Martín Lara pertenecía originalmente al PA pero se pasó a las filas del PSOE en junio de 2009.

Los escándalos urbanísticos en el municipio rondeño vienen de antiguo. En el año 2007, la Fiscalía General del Estado, a través de su sala dedicada a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, se interesó por la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el complejo urbanístico de Los Merinos, en Ronda. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido envió una carta al entonces parlamentario andaluz por IU Antonio Romero en la que se le informaba de que la sala ha pedido "información sobre el estado de las diligencias de investigación" así como "sobre la procedencia de instar medidas cautelares" sobre el proyecto, que incluye 797 villas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje protegido por la Unesco.

IU denunció varias veces en la Audiencia de Málaga la polémica macrourbanización. La coalición acusó al alcalde, Antonio María Marín Lara, entonces en el Partido Andalucista y luego ‘fichado’ por el PSOE, de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por "permitir y amparar la continuación de las obras ilegales". (Fuente: El confidencial)

16/09/11: Debilidad en la Guardia Civil

Desaparición del dinero requisado a los detenidos, destrucción y alteración de atestados, cocaína confiscada que se sustituye por otra sustancia inocua... Una investigación judicial ha destapado esta supuesta trama de corrupción policial cuyo escenario era el cuartel de la Guardia Civil de Ibi (Alicante). Cuatro de los agentes adscritos al puesto -dos sargentos, un cabo y un guardia- han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público.

El juzgado de Ibi que ha investigado este asunto ha cerrado ya la fase de instrucción y ha dado traslado a las defensas, la acusación particular y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación de los hechos.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, donde el juez recopila los indicios contra los imputados, se recogen hasta cinco hechos delictivos supuestamente cometidos por estos agentes. Así, se hace referencia a la incautación, en marzo de 2010, de 325 euros que llevaban encima dos personas que fueron detenidas. La intervención de esta cantidad en metálico se hizo constar en las diligencias de la Policía Local y en el atestado que inicialmente redactó la Guardia Civil.

Entonces, uno de los imputados, el sargento que ocupaba entonces el cargo de comandante de puesto interino, «tras descalificar las diligencias de la Policía Local rompió las mismas, y por ello al juzgado se remitió un atestado que no contemplaba las actuaciones elaborados por dicho cuerpo».

Además, otro de los presuntos guardias corruptos, un cabo que estaba de jefe accidental del área de investigación, «pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto». Según relata el auto, «ante el asombro de la agente requerida», el comandante accidental «comentó que hiciese lo que considerase oportuno».

Así, aunque en las actuaciones originales de la Guardia Civil se reflejó el dinero intervenido, «se sustituyeron las mismas para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos hubiese cuantía monetaria alguna». Cuando los dos arrestados quedaron en libertad, uno de ellos echó en falta 300 euros entre los efectos personales que le devolvieron, y nadie fue capaz de explicar qué había pasado con el dinero. Dos meses después, esa cantidad fue ingresada en la cuenta del juzgado.

Uno de los imputados es el guardia que actuó como secretario del atestado y supuestamente «validó la copia manipulada». Por su parte, el juez también considera responsable de omisión del deber de perseguir delitos a la agente que «conoció las irregularidades relatadas y no procedió a denunciar los hechos».

Otro de los supuestos hechos delictivos por los que se les juzgará es la desaparición de una papelina de 'coca'. Supuestamente, el cabo investigado se dirigió a los baños con ella y después apareció sin contenido alguno. Cuando uno de los agentes del cuartel se dio cuenta y avisó a sus superiores, el propio cabo «se encargó de incorporar una bolsa distinta, que posteriormente se acreditó que no tenía sustancia estupefaciente». El sospechoso confesó haber rellenado la papelina, pero argumentó que la droga se había perdido y lo hizo para que nadie se diera cuenta. El juez considera que pudo incurrir en infidelidad en la custodia de documentos. ( Fuente: Las Provincias)

01/09/11: Introducción a la subvención

“Consideramos al proyecto a priori como elegible, en nuestras ayudas, y deseamos a sus promotores todo el éxito del mundo, por el bien de nuestro empleo, nuestra economía y nuestro medio ambiente”. Así remató Juan Tomás Hernani,secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y presidente del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una carta con membrete oficial dirigida a Andrés Bäcker, de la empresa Sustainable Reference S.L.. Después, esta compañía pidió y consiguió financiación del organismo que preside el propio Hernani. El CDTI, dependiente del Ministerio que dirige Cristina Garmendia, se dedica a apoyar económicamente proyectos relacionados con la innovación tecnológica, el I+D+i. Este año tiene un presupuesto de 1.400 millones de euros.

El funcionario encargado de la evaluación de las solicitudes debió quedarse perplejo cuando se topó, en la solicitud cursada por Sustainable Reference S.L., con la citada carta de recomendación firmada por el mismísimo presidente del CDTI, su jefe y alto cargo del Ministerio de Ciencia, quien aseguraba que “tras haber mantenido una reunión de análisis, me complace afirmar que la economía verde es uno de los ejes de nuestra Estrategia Nacional de Innovación, y que el proyecto de Sustainable Reference S.L. es un claro ejemplo de la cultura de emprendizaje (sic) y creación de valor que el Ministerio promueve”.

El Comité de empresa del CDTI envió una nota a trabajadores y directivos en la que calificaba esta carta de recomendación como “un trato de favor inaceptable del secretario general de Innovación hacia una empresa”. El código ético del organismo público refleja en su artículo 3.1.1. que “se evitará cualquier clase de interferencia o influencia de empresas, entidades, proveedores o terceros que pueda alterar la imparcialidad y la objetividad profesional de los trabajadores del CDTI”.

Lo más rocambolesco es que Juan Tomás Hernani, hombre de confianza de la ministra Cristina Garmendia y con atribuciones propias de secretario de Estado, contraatacó con un correo al director general del CDTI, Arturo Azcorra, al que ha tenido acceso El Confidencial. Hernani daba instrucciones: “Quiero que transmitas a las partes implicadas en tu equipo que no deben admitir ningún tipo de presión o influencia en la decisión de los proyectos. Es un tema tan importante que no pueden haber medias tintas”.

Pese al revuelo que se armó, finalmente, en enero de este año, el CDTI aprobó el proyecto presentado por Sustainable Reference, después de que los técnicos consideraran que encajaba en los fines de esta institución. Pese a que los importes no son públicos, El Confidencial ha podido saber que se trata de un proyecto de 591.000 euros, de los que el organismo público aporta 350.000 en un crédito a interés cero reembolsable en varios años y otros 5.000 a fondo perdido. El resto del coste del proyecto lo tiene que asumir la empresa.